junio 20, 2021

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Columna de Victor Meade C.

Qué manera de legislar (I / II) | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Nos encontramos a escasas dos semanas de las elecciones más grandes de la historia del país. El calificativo sensacionalista —pero cierto— ahora suena trivial y meramente retórico; parece que lo escuchamos cada vez que hay elecciones y que la votación próxima siempre es más importante que la anterior. Sin embargo, vale la pena dimensionar la magnitud del asunto. El próximo 6 de junio, más de 92 millones de mexicanos y mexicanas —tres millones más que en las elecciones de 2018— podrán salir a votar para renovar gubernaturas en 15 estados, 1,926 ayuntamientos en 30 estados, 30 congresos locales y la totalidad de la Cámara de Diputados (300 por voto directo y 200 plurinominales).

Sumado al enorme número de personas involucradas en estas elecciones, tanto votantes como candidatos y candidatas, esta elección es sumamente importante por el momento coyuntural que atraviesa el país. Este gobierno —que cuenta con una legitimidad democrática nunca antes vista por la cantidad de votos que les llevaron al poder— ahora enfrenta el reto de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados que le ha permitido llevar a puerto favorable sus múltiples proyectos legislativos, sobra decirlo, muchos de ellos desfiguros y despropósitos (la nueva Ley de la FGR, la nueva Ley del CONACYT, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Zaldívar, entre otras).

Por su parte, los congresos locales han sido instrumentales para validar las infames (por su cantidad y su contenido) reformas constitucionales que ha impulsado esta administración. En ese sentido, queda más que claro que la mayor parte de nuestra atención como votantes debe dirigirse a las y los legisladores federales y locales que elegiremos. Ciertamente, es muy importante ejercer un voto informado y consciente cuando se trata de gubernaturas y ayuntamientos, pero reitero que el ojo y el verdadero escrutinio debe concretarse en las y los legisladores.

Sobre esta cuestión, es menester poner sobre la mesa el tema de la sobrerrepresentación tramposa e ilegal en que han incurrido en la Cámara de Diputados desde hace algunos trienios, particularmente notorio en la legislatura que recién terminó. Nuestro sistema de representación en los congresos federales y locales es mixto: hay representantes por principio de mayoría relativa (voto directo) y por principio de representación proporcional (plurinominales).

En este punto aprovecho para abrir un breve paréntesis reivindicativo de los muy atacados legisladores plurinominales. La razón de existencia de los plurinominales es un tema que ha sido ampliamente discutido, mayormente por la apariencia de déficit democrático que les reviste. A mi parecer, su existencia está justificada y el debate del déficit democrático está superado con el siguiente ejemplo hipotético. Pensemos en un sistema electoral de solo dos partidos y con 10 curules en disputa. Si el partido A consigue el 51% de los votos en todos los curules en disputa, el partido A tendría los 10 curules y el B no tendría ninguno, aún siendo que el B consiguió el 49% restante de los votos. Por este motivo, atendiendo a una sociedad amplia y diversa como la nuestra, hace sentido que las candidaturas que no alcanzaron la mayoría de los votos tengan escaños que les permitan representar a la población que votó por ellos.

Ahora bien, en cuanto a la sobrerrepresentación, el artículo 54 de la Constitución es muy claro al señalar que «[e]n ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida». En principio, parecería contraintuitivo pensar que pueda existir tal cosa como la sobrerrepresentación; la lógica nos lleva a pensar que si la mayor parte de la ciudadanía votó por cierto partido o coalición, tiene sentido que ese partido o coalición tenga la mayoría de curules en el congreso. Si un partido o coalición recibió X porcentaje de votos, ¿cómo puede tener más de los que le corresponden? La clave está en el propio sistema de coaliciones, los partidos satélite y en la repartición de diputaciones plurinominales. La jugada fraudulenta parece complicada de explicar, pero seré lo más claro posible.

En la elección de diputaciones federales de 2018, Morena obtuvo casi 20.9 millones de votos, el PT obtuvo 2.2 y el PES obtuvo 1.3, dando un total de 24.5 millones de votos para la coalición Juntos Haremos Historia (JHH). Este número de votos obtenidos por la coalición representó al 45.9% del total de sufragios emitidos, que fue de alrededor de 53 millones. Es decir, los partidos de oposición obtuvieron más votos que la coalición comandada por Morena. Esos números se traducen en 220 distritos electorales ganados por Morena, sin embargo, mediante los convenios de coalición, el partido del presidente transfirió 58 de ellos al PT y 56 al PES.

Esto dejó a Morena con solo 106 diputaciones de mayoría relativa, lo cual le dio el derecho a que se le compensara con 85 diputaciones plurinominales. El PT, por los votos obtenidos, tuvo derecho a solo 3 diputados plurinominales y el PES no alcanzó los votos necesarios ni para un solo plurinominal; no ganaron ni un solo distrito, pero Morena les transfirió 56 diputados de mayoría relativa. ¿Considera usted que un partido que no alcanzó ni el 3% de los votos merezca 56 curules en la Cámara?

En total, la coalición JHH alcanzó 220 diputados de mayoría relativa y 88 de representación proporcional, dando un total de 308 diputados. Eso quiere decir que, aunque solo obtuvieron el 45% de los votos, Morena, PT y PES dieron vuelta al límite constitucional y se hicieron del 61.6% de la Cámara. Lo anterior significó una subrepresentación del 1% para Morena, mientras que el PT y el PES violaron lo dispuesto en el artículo 54 constitucional con una sobrerrepresentación del 8.1% y 8.7% respectivamente. Dicho de otro modo, la coalición JHH obtuvo una sobrerrepresentación de 15.7%, casi el doble de lo permitido por la Constitución.

Sumado a todo esto, el fraude continúa: una vez iniciada la legislatura, muchos de los diputados y diputadas que llegaron a la Cámara bajo las banderas del PT y del PES se trasladaron a la bancada de Morena. El ejemplo más claro es el de Mario Delgado, que, siendo militante activo de Morena, llegó a la Cámara como diputado del PT, pero una vez iniciado el periodo legislativo, regresó a Morena, partido que hoy dirige.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede, pues los precursores de este fraude a la Constitución fueron el PRI y el Partido Verde (PVEM) en 2012. En la legislatura del 2015, la coalición del PRI-PVEM aplicó la fórmula en cuestión y obtuvieron una sobrerrepresentación de 8% y 1.7% respectivamente; es decir, un total de 9.7% más de los curules que les correspondían.

El fraude era antes imperceptible por una razón: el artículo 54 de la Constitución hace referencia a partidos políticos y no a las coaliciones, lo cual hoy es completamente incongruente con el resto de las reglas electorales. Esta disposición se añadió a la Constitución en 1996, cuando el sistema de coaliciones presentaba a los partidos bajo un mismo escudo, distinto a lo que sucede el día de hoy. Es por ello que, comprendiendo que las mismas reglas, facultades y obligaciones que aplican a los partidos aplican también a las coaliciones, hoy podemos comprender que la sobrerrepresentación debe entenderse entre coaliciones y no solo entre partidos.

Para remediar el asunto, el INE acordó una serie de medidas que buscan detener este proceso fraudulento, como obligar a los partidos a acreditar la militancia de sus candidatos y candidatas. Dicho acuerdo fue cínicamente impugnado por Morena, el PES y el PAN, sin embargo, el Tribunal Electoral dio la razón al INE y validó las medidas propuestas. Sin duda es un paso en la dirección correcta, pero ¿por qué permanece la regla del 8%? Sin duda es una disposición constitucional que hoy no tiene sentido mantener. Hacer la modificación al artículo 54 de la Constitución, como sabemos, corresponde al Poder Legislativo, por lo que hay que agradecer al INE haber implementado las medidas posibles dentro del ámbito de sus competencias.

La importancia de estudiar correcta y profundamente a nuestros candidatos y candidatas al congreso local y federal no debe pasar desapercibida. Muy atentamente le invito a consultar quiénes son las personas que quieren representarle en el Legislativo. Me permito compartirle un par de herramientas (https://www.sabervotar.mx/ y https://www.reeleccionocambio.com/) para emitir un voto informado y consciente el próximo 6 de junio.

Ya tuvimos un trienio desastroso de legisladores fraudulentos, serviles y sin cualificaciones en la Cámara de Diputados. Como pudo advertir en el título de este texto, esta opinión es la primera de una serie de dos que comentaré sobre el Legislativo. Asimismo, hago notar que el título de esta serie lo tomo prestado de las emblemáticas palabras pronunciadas por Porfirio Muñoz Ledo el 4 de septiembre del 2019 desde la silla de la presidencia de la Cámara: “Chinguen a su madre, ¡qué manera de legislar…!”

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#4 Tiempos

El Derecho a Votar | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

La Constitución General establece de manera clara y concisa en su artículo 35, fracción I, que es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares. A su vez, la fracción II del mismo artículo considera que toda persona ostenta el derecho a ser votada; con las reformas de 2012 y de 2019, esta garantía dio grandes pasos en la dirección correcta al incluir la posibilidad de ser votado a través de una candidatura independiente y en condiciones de paridad de género. La lectura de ambas fracciones de nuestro texto constitucional configura el derecho que tenemos todos los mexicanos y mexicanas a votar y ser votados: es el principio rector de nuestra (joven) democracia y la garantía que debe respetarse para seguir consolidando nuestro Estado democrático y de derecho.

Claro, es del amplio conocimiento de todas y todos que los derechos consagrados en nuestra Constitución pueden parecer en muchos casos letra muerta o una simple expresión de buenos deseos; finalmente las constituciones estipulan tipos ideales que deben cumplirse en la mayor medida posible, aunque siempre habrá restricciones tanto legales como fácticas. También, siempre habrá quienes consideren que el ejercicio de los derechos es ilimitado y sin restricciones. Pensemos, por ejemplo, en el impresentable Salgado Macedonio, quien no logró entender que no reportar sus gastos de precampaña es un motivo completamente legítimo para restringir su derecho a ser votado. Félix —y otras decenas de candidatos y candidatas— se toparon con restricciones legales que vedaron su derecho en cierta medida.

Mucho se podrá discutir de la pertinencia, dureza o laxitud de las restricciones legales que se imponen al ejercicio de los derechos. Sin embargo, generalmente muy poco se discute de las restricciones fácticas (reales, prácticas, objetivas o cualquier otro sinónimo) que impiden a las y los ciudadanos ejercer a plenitud los derechos que la Constitución les reconoce. Las restricciones fácticas limitan el ejercicio de los derechos por motivos ajenos a lo contenido en el ordenamiento jurídico, sean estos motivos, por ejemplo, presupuestales, físicos, de infraestructura, entre otros. El gran problema de estas limitaciones fácticas es que por lo general recaen en las minorías; el gran problema con las minorías es que poco se les toma en cuenta, poco se les observa y poco se les escucha.

Ayer, millones de mexicanos y mexicanas tuvimos el derecho —obligación, considero yo— de salir a votar por nuestros representantes en las elecciones más grandes de la historia. Afortunadamente, muchos pudimos hacerlo en cuestión de minutos y sin mayores complicaciones. El INE y los miles de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la causa democrática lograron la hazaña de instalar 156 mil 940 casillas a lo largo y ancho del país. Fueron 30 casillas las que no se pudieron instalar, pues las condiciones de inseguridad (en su mayoría) en aquellas localidades configuraron una terriblemente injusta restricción fáctica al derecho de la ciudadanía a votar.

La anterior es solo una de las innumerables condiciones fácticas que no permiten a la población emitir su sufragio en las jornadas electorales. Por fortuna, algunas demandas de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil han llegado a buen puerto y logrado ser atendidas tanto por el Tribunal Electoral como por el INE. Tal fue el caso de dos ciudadanos tsolsiles recluidos en el CERESO “El Amate” en Cintalapa, Chiapas, quienes se encuentran en prisión desde el 2002 sin que aún se les haya dictado sentencia. Estas personas reclamaron ante el Tribunal la omisión del INE de emitir lineamientos que permitan el ejercicio del derecho a votar para las personas que se encuentran recluidas sin haber sido sentenciadas. El Tribunal resolvió en febrero de 2019 y ordenó al INE tomar medidas en consecuencia.

El artículo 38 constitucional establece que ciertos derechos —libertad de tránsito, a votar y ser votado, entre otros— se suspenden por el periodo en que una persona paga con cárcel su condena. Sin embargo, atendiendo al hecho de que estas personas no habían recibido condena y, por lo tanto, aún gozan de presunción de inocencia, el Estado debe garantizar plenamente su derecho a votar. En concreto, habiéndose desahogado la limitante jurídica, le correspondió al INE deshacerse de las limitaciones fácticas: por un lado, al ingresar al CERESO le son retiradas las credenciales de elector a los reclusos; por otro lado, evidentemente no se les permite la salida para acudir a las casillas electorales a emitir su voto.

Es así que el INE aprobó un programa piloto para cinco Centros de Reinserción Social (Hidalgo, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Tabasco) con población masculina, femenina y de grupos originarios, donde se consideró a más de dos mil personas que tuvieron la posibilidad de votar anticipadamente en estos comicios mediante boletas enviadas por el servicio postal, similar a la modalidad de voto en el extranjero. Quienes decidieron atender a la convocatoria y contaban con credencial para votar vigente recibieron únicamente la boleta de diputaciones federales, así como propaganda de las y los candidatos para poder emitir un voto informado. De nuevo, este fue solo un programa piloto para afinar el mecanismo y asegurar que en las elecciones de 2024 puedan tener acceso al voto todas las personas privadas de la libertad sin sentencia de las prisiones federales y locales —una población de cerca de 90 mil personas.

En 2020, el INEGI estimó que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia. Es fundamental para la vida de nuestro Estado democrático y de derecho proveer de certeza jurídica a todos sus habitantes, se encuentren privados de su libertad o no. La penumbra que representa estar en prisión sin condena invisibiliza a un sector de la población que no es menor, al tiempo que les vuelve vulnerables y objeto de violaciones a sus derechos y garantías. No recibir una condena es tan injusto para el acusado como para las víctimas.

La votación de ayer conformará nuevas legislaturas tanto a nivel federal como local. Esperemos que ahora legislen desde una perspectiva garantista y no punitivista. La conformación anterior del Congreso de la Unión amplió de manera ridícula el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lejos han quedado las promesas de justicia transicional; la Ley de Amnistía es prácticamente letra muerta y el gobierno actual ha optado por darle más vida al populismo penal.

Mi reconocimiento al Tribunal Electoral por juzgar conforme a los principios de progresividad y de respeto a la presunción de inocencia, garantizados en nuestra Constitución y en los distintos tratados internacionales suscritos por México. Muy bien por el INE por remover las limitaciones fácticas para el ejercicio del derecho a votar. Aunque no comparto la expresión, la “Fiesta de la Democracia” no será fiesta ni será democrática si no están todas y todos invitados. Mucho menos cuando los comicios están marcados por una violencia desenfrenada que el gobierno decide no reconocer.

Reproduzco un fragmento de la sentencia del Tribunal (SUP-JDC-0352-2018), cuya lectura recomiendo ampliamente:

«Negar a las personas procesadas el derecho al voto, debilita el empoderamiento de la ciudadanía para decidir y participar en la creación o modificación de leyes, como aquellas que pueden mejorar las situaciones de vida dentro de las cárceles, reforzar sus vínculos sociales y su compromiso con el bien común, y esto, impide el desempoderamiento político de un segmento de la sociedad que pone en peligro la legitimidad de una democracia.»

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Engrasar la maquinaria | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Termina el mes de mayo y con él se da vuelta a la página que contabiliza los registros de violencia en el país para comenzar nuevamente con las aflictivas cifras de asesinatos, secuestros, extorsiones y demás crímenes. En particular, el mes que hoy se termina estuvo marcado por un par de situaciones que, si bien son formalmente distintas, su esencia nos dice mucho del problema que como país tenemos entre las manos. Por una parte, hace un par de semanas fue detenido un presunto feminicida serial radicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Por otra parte, la terrible ola de violencia que ha caracterizado este periodo electoral cobró la vida de cuatro aspirantes a cargos de elección popular; tres de Movimiento Ciudadano y uno de Chiapas Unido.

Andrés, el presunto feminicida de Atizapán, habitaba la colonia Lomas de San Miguel desde hace 40 años. En esas cuatro décadas, las y los habitantes de la zona nunca sospecharon nada de él ni lo notaban particularmente extraño. Por el contrario, Andrés incluso llegó a fungir como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Nadie imaginaba los hechos que el propio Andrés testificó: desde hace 30 años asesina mujeres en su casa y guarda registro de sus víctimas en una libreta. Fueron 30 años de que esta persona pasara completamente desapercibida por las autoridades; nadie lo buscó a él y nadie buscó a las víctimas. La interrupción a esta serie de feminicidios pudo suceder solo porque la última víctima de Andrés fue Reyna, una mujer casada con un policía que investigó por su cuenta y logró dar con el paradero de su esposa.  

Sobre la violencia sufrida por centenares de políticos, las cifras de este periodo electoral están cerca de alcanzar los números históricos de la elección de 2018. Hasta el pasado jueves, en el presente periodo electoral se han registrado cerca de 730 actos delictivos, 89 asesinatos a políticos y 35 de ellos a aspirantes y candidatos. Ha sido la consultora Etellekt quien ha guardado estos registros desde el 2008, aunque evidentemente las autoridades tienen otros datos. La interpretación de las estadísticas existentes aún no permiten determinar una relación causal entre los índices de violencia propios de cada estado y la violencia ejercida en contra de los candidatos y candidatas. Por nombrar un par de ejemplos, el estado de Colima —que se ha visto duramente azotado por el crimen organizado— afortunadamente no ha registrado ningún asesinato a políticos en este periodo electoral, mientras que Zacatecas solo ha registrado uno. Guanajuato, discutiblemente uno de los estados más violentos del país, registra siete políticos asesinados; Veracruz y Oaxaca registran once cada uno. Nuestro estado, por su parte, ha registrado dos.

Sin embargo, lo que sí indican las cifras hasta ahora es que poco más de la mitad de las y los candidatos asesinados son de la coalición opositora, mientras que cerca del 25% del total pertenecen a la coalición oficialista y el resto a partidos como MC, RSP o Fuerza X México. Estos indicadores debieron —y aún deben— de ser utilizados por las autoridades para identificar patrones y factores de riesgo por entidad, así como atender con seriedad a todas las denuncias que se realicen. En tanto se mantenga el subregistro oficial de datos y no coadyuve la federación con los estados y los municipios, la espiral de violencia política no verá posibilidades de detenerse.

Mientras todo esto sucede, la morenista Gabriela Gamboa —alcaldesa de Metepec con licencia— busca reelegirse y no ha tenido recato en amenazar a su adversario Fernando Flores —PRI-PAN-PRD— y a su hija. Al menos esta es la versión que sustentan las notas de voz filtradas a la prensa que, claro, dice Gamboa que están editadas.

En un tenor similar, el presidente de Morena, Mario Delgado, denunció con un video en sus redes sociales que él y un grupo de senadoras y diputados fueron detenidos por una camioneta con armas largas mientras hacían una gira por el estado de Tamaulipas. Aunque hay versiones encontradas sobre la veracidad de los hechos narrados, en el video se alcanza a escuchar a Delgado solicitar ayuda por teléfono y decir “nada más para que le avises a Rosa Isela”, refiriéndose a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.

Es aquí en donde convergen tanto el relato de Andrés, presunto feminicida serial de Atizapán, y el relato de la realidad que vive la clase política del país mientras está en campaña. Andrés pudo ser aprehendido gracias a que tuvo el mal tino de que el esposo de su última víctima es un policía que supo cómo echar a andar la maquinaria del estado y rápidamente dar con la localización del teléfono de su esposa y conseguir una orden de cateo. De otro modo, la historia de Reyna seguramente hubiese sido solo un registro más en la lista de Andrés y perdida entre las miles de denuncias que terminan solo en eso: en denuncia.

Paralelamente, en el plano político las denuncias de candidatos y candidatas embotellan un sistema que no tiene la capacidad de desahogar las demandas que son interpuestas. La justicia responde a aquellos que saben cómo engrasar los engranes de la maquinaria; responde más rápido cuando se le puede llamar directamente al teléfono. Cuestionado el jueves pasado por la violencia álgida y desenfrenada que ha protagonizado este proceso electoral, el presidente respondió que «es normal, es un asunto de la temporada». A su vez, el presidente tildó a todo este asunto de ser amarillismo y nota roja magnificada por los medios conservadores. Imagine usted.

El día de ayer el INE hizo un llamado a responder a toda esta violencia política con una participación masiva y decidida en los comicios del próximo domingo 06 de junio. No me queda más que suscribir el exhorto del Instituto y reiterarlo. Atentamente le solicito, estimada lectora o lector, que salga a votar razonadamente y sin presiones externas. Como el lunes anterior, me permito dejar por aquí un par de herramientas que espero les sean de utilidad (https://www.sabervotar.mx/ y https://www.reeleccionocambio.com/).

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#4 Tiempos

Poder de tribuna | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

En aquellos ejercicios de pulcra transparencia y rendición de cuentas sin precedentes que tienen lugar en Palacio Nacional durante la mañana, nos toca escuchar a nuestro presidente desenmascarar a los más malos de todos los malos y a los más corruptos de todos los corruptos. Así lo hizo, por ejemplo, con los fideicomisos. Otra cosa es que prometió los informes de sus malos manejos en un plazo no mayor a 10 (diez) días, y que desde entonces los benditos informes vienen con un ligero retraso (desde octubre) y aún no se han presentado para su revisión.

También se cargó en contra del Juez Gómez Fierro, a quien acusó de actuar en favor de intereses privados por haber concedido suspensiones contra los efectos de la Ley de la Industria Eléctrica y ahora contra el padrón de datos biométricos. Ya acusó a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de ser incapaces de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, por lo que esa tarea le corresponde únicamente a Arturo Zaldívar.

La semana antepasada le tocó el turno al candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. En la conferencia del 07 de mayo, el presidente acusó a De la Garza de cometer fraude electoral por repartir unas tarjetas rosas, dice, “con la intención de comprar el voto”. No perdió la oportunidad para repetir que él, al haber sido víctima de hartos fraudes electorales, tiene la obligación como ciudadano de señalar todos estos actos antidemocráticos. Claro, tampoco perdió la oportunidad de acusar a los medios de comunicación (“sus adversarios”) de hacer campaña en favor de los políticos de la oposición.

Y aunque la lista es interminable y todas sus injurias son igual de graves, me detendré en la del pasado miércoles 12 de mayo. Al presidente le hicieron una pregunta sobre la entrega de tarjetas de Carlos Lomelí en Guadalajara, de Clara Luz Flores en Nuevo León y de Ricardo Gallardo en nuestro estado, pero, como se imaginarán, no hubo respuesta alguna a ese cuestionamiento, sino que terminaron proyectando en pantalla una imagen del consejo consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción. Acusó personalmente a algunos cuantos y en general lanzó varios calificativos y falsedades, ante lo que a mi parecer es un cuadro de honor de personalidades de la sociedad civil que no merecen más que un profundo respeto.

Hablando al menos de quienes ejercen la profesión jurídica en ese consejo consultivo, tengamos siempre presente que la trayectoria intachable y el trabajo serio de José Ramón Cossío, Sergio López Ayllón, Pedro Salazar Ugarte, María Marván Laborde y de María Amparo Casar ha sido invaluable en la construcción de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en este país.

Siempre alegando que sus desafortunados vituperios en las mañaneras son fruto de su pleno ejercicio de libertad de expresión, de su derecho de réplica o simplemente alegando que “como ciudadano no se puede quedar callado”, es de gran importancia realizar unas cuantas precisiones. ¿Puede nuestro presidente decir y hacer todo lo anterior?

Ciertamente, la mera intuición y el sentido común nos dicen que algo anda mal cuando un Jefe de Estado dedica dos horas de todas las mañanas a lanzar retos bravucones e insultos desde una tribuna oficial a medios de comunicación, sociedad civil, órganos autónomos, gobernadores, candidatos de oposición o cual sea el adversario en turno. Pero más allá de la sola intuición, existe una sutil pero muy significativa distinción jurídica que el presidente está pasando por alto, seguramente con pleno conocimiento de ello y con toda intención. Esa distinción radica en aquellas acciones que realiza en su carácter de autoridad y en aquellas que puede realizar como ciudadano.

Podemos describir la relación entre autoridad pública y ciudadanía en términos muy sencillos con aquella máxima jurídica que se conoce como Principio de Legalidad: «Para civiles, todo lo que no está prohibido está permitido. Para autoridades, todo lo que no está permitido está prohibido».  

Aunque en una primera lectura el principio de legalidad pareciera una frase muy sencilla y lógica, es importante reconocer que sobre esta fórmula están construidos el ejercicio de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos;  y también las responsabilidades de quienes ostentan el poder. Por una parte, podemos desprender del principio de legalidad que el marco de acción de la ciudadanía es virtualmente ilimitado: uno puede hacer tantas cosas como se le ocurran, siempre y cuando no sean ilícitas. En otras palabras, los civiles tienen libertad en términos positivos y funcionan como un contrapeso a la autoridad. Por otra parte, dichas autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente; no más, no menos. Dicho de otro modo, las acciones de la autoridad están acotadas en términos negativos. En síntesis: la ciudadanía tiene derechos y las autoridades tienen facultades.

Lo anterior no quiere decir que el ciudadano Andrés Manuel y que el presidente Andrés Manuel sean personas distintas, ni que al momento de tomar protesta se extingue por seis años el ciudadano. Lo que quiere decir es que hay momentos en los que Andrés Manuel actúa en su carácter de autoridad —nada menos que como Jefe del Estado mexicano— y momentos en los que actúa en su carácter de ciudadano. En ese sentido, los domingos en su casa y fuera de su horario laboral puede realizar las actividades que le plazcan y señalar a los más malos de todos los malos y a los más corruptos de todos los corruptos. Pero hacerlo desde Palacio Nacional y ejerciendo sus funciones de presidente, cada palabra que pronuncie desde esa tribuna se configura como una declaración oficial que tiene efectos que son relevantes para todo el país.

El presidente tiene la facultad e incluso la obligación de informar de sus políticas y acciones gubernamentales y también de defenderlas. Pero esa defensa sólo podrá ser realizada a través de los mecanismos que la ley prevé para ello. Si sus políticas están siendo detenidas en tribunales por un pobre diseño legislativo, sus argumentos sólo podrán ser esgrimidos en los mismos tribunales y no hostigando a los jueces o pidiendo a la UIF que les investiguen hasta a sus familiares. También está completamente fuera de lugar acusar a actores de la sociedad civil —que, valga decir, lo han sido antes de él y lo seguirán siendo después— de ser sus “adversarios” o de “intentar derrocarlo” con financiamiento ilegítimo.

El presidente, con poder de tribuna, busca ganar amedrentando y hostigando desde lo más alto del poder todo lo que no está ganando en tribunales ni en elecciones. Desde hace tiempo, su discurso ha deteriorado las condiciones para la discusión democrática y eso no es normal ni tenemos por qué justificar su uso faccioso de espacios e instituciones oficiales. Claro que se puede defender, pero no puede seguir defendiéndose como lo hacía en campaña. Nos acercamos a la mitad del sexenio y aún actúa como candidato.

Hace falta que nuestra arquitectura institucional evolucione y se fortalezca para garantizar el cumplimiento de estas facultades y el respeto a los derechos de la ciudadanía. Las medidas cautelares que pueda emitir el INE con relación a los comentarios emitidos por el presidente sobre las elecciones realmente son insuficientes. ¿Acaso le van a dictar un arresto administrativo de 36 horas? Ciertamente no.

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