#4 Tiempos
Poder de tribuna | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
En aquellos ejercicios de pulcra transparencia y rendición de cuentas sin precedentes que tienen lugar en Palacio Nacional durante la mañana, nos toca escuchar a nuestro presidente desenmascarar a los más malos de todos los malos y a los más corruptos de todos los corruptos. Así lo hizo, por ejemplo, con los fideicomisos. Otra cosa es que prometió los informes de sus malos manejos en un plazo no mayor a 10 (diez) días, y que desde entonces los benditos informes vienen con un ligero retraso (desde octubre) y aún no se han presentado para su revisión.
También se cargó en contra del Juez Gómez Fierro, a quien acusó de actuar en favor de intereses privados por haber concedido suspensiones contra los efectos de la Ley de la Industria Eléctrica y ahora contra el padrón de datos biométricos. Ya acusó a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de ser incapaces de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, por lo que esa tarea le corresponde únicamente a Arturo Zaldívar.
La semana antepasada le tocó el turno al candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. En la conferencia del 07 de mayo, el presidente acusó a De la Garza de cometer fraude electoral por repartir unas tarjetas rosas, dice, “con la intención de comprar el voto”. No perdió la oportunidad para repetir que él, al haber sido víctima de hartos fraudes electorales, tiene la obligación como ciudadano de señalar todos estos actos antidemocráticos. Claro, tampoco perdió la oportunidad de acusar a los medios de comunicación (“sus adversarios”) de hacer campaña en favor de los políticos de la oposición.
Y aunque la lista es interminable y todas sus injurias son igual de graves, me detendré en la del pasado miércoles 12 de mayo. Al presidente le hicieron una pregunta sobre la entrega de tarjetas de Carlos Lomelí en Guadalajara, de Clara Luz Flores en Nuevo León y de Ricardo Gallardo en nuestro estado, pero, como se imaginarán, no hubo respuesta alguna a ese cuestionamiento, sino que terminaron proyectando en pantalla una imagen del consejo consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción. Acusó personalmente a algunos cuantos y en general lanzó varios calificativos y falsedades, ante lo que a mi parecer es un cuadro de honor de personalidades de la sociedad civil que no merecen más que un profundo respeto.
Hablando al menos de quienes ejercen la profesión jurídica en ese consejo consultivo, tengamos siempre presente que la trayectoria intachable y el trabajo serio de José Ramón Cossío, Sergio López Ayllón, Pedro Salazar Ugarte, María Marván Laborde y de María Amparo Casar ha sido invaluable en la construcción de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en este país.
Siempre alegando que sus desafortunados vituperios en las mañaneras son fruto de su pleno ejercicio de libertad de expresión, de su derecho de réplica o simplemente alegando que “como ciudadano no se puede quedar callado”, es de gran importancia realizar unas cuantas precisiones. ¿Puede nuestro presidente decir y hacer todo lo anterior?
Ciertamente, la mera intuición y el sentido común nos dicen que algo anda mal cuando un Jefe de Estado dedica dos horas de todas las mañanas a lanzar retos bravucones e insultos desde una tribuna oficial a medios de comunicación, sociedad civil, órganos autónomos, gobernadores, candidatos de oposición o cual sea el adversario en turno. Pero más allá de la sola intuición, existe una sutil pero muy significativa distinción jurídica que el presidente está pasando por alto, seguramente con pleno conocimiento de ello y con toda intención. Esa distinción radica en aquellas acciones que realiza en su carácter de autoridad y en aquellas que puede realizar como ciudadano.
Podemos describir la relación entre autoridad pública y ciudadanía en términos muy sencillos con aquella máxima jurídica que se conoce como Principio de Legalidad: «Para civiles, todo lo que no está prohibido está permitido. Para autoridades, todo lo que no está permitido está prohibido ».
Aunque en una primera lectura el principio de legalidad pareciera una frase muy sencilla y lógica, es importante reconocer que sobre esta fórmula están construidos el ejercicio de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos; y también las responsabilidades de quienes ostentan el poder. Por una parte, podemos desprender del principio de legalidad que el marco de acción de la ciudadanía es virtualmente ilimitado: uno puede hacer tantas cosas como se le ocurran, siempre y cuando no sean ilícitas . En otras palabras, los civiles tienen libertad en términos positivos y funcionan como un contrapeso a la autoridad. Por otra parte, dichas autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente; no más, no menos. Dicho de otro modo, las acciones de la autoridad están acotadas en términos negativos. En síntesis: la ciudadanía tiene derechos y las autoridades tienen facultades.
Lo anterior no quiere decir que el ciudadano Andrés Manuel y que el presidente Andrés Manuel sean personas distintas, ni que al momento de tomar protesta se extingue por seis años el ciudadano. Lo que quiere decir es que hay momentos en los que Andrés Manuel actúa en su carácter de autoridad —nada menos que como Jefe del Estado mexicano— y momentos en los que actúa en su carácter de ciudadano. En ese sentido, los domingos en su casa y fuera de su horario laboral puede realizar las actividades que le plazcan y señalar a los más malos de todos los malos y a los más corruptos de todos los corruptos. Pero hacerlo desde Palacio Nacional y ejerciendo sus funciones de presidente, cada palabra que pronuncie desde esa tribuna se configura como una declaración oficial que tiene efectos que son relevantes para todo el país.
El presidente tiene la facultad e incluso la obligación de informar de sus políticas y acciones gubernamentales y también de defenderlas. Pero esa defensa sólo podrá ser realizada a través de los mecanismos que la ley prevé para ello. Si sus políticas están siendo detenidas en tribunales por un pobre diseño legislativo, sus argumentos sólo podrán ser esgrimidos en los mismos tribunales y no hostigando a los jueces o pidiendo a la UIF que les investiguen hasta a sus familiares. También está completamente fuera de lugar acusar a actores de la sociedad civil —que, valga decir, lo han sido antes de él y lo seguirán siendo después— de ser sus “adversarios” o de “intentar derrocarlo” con financiamiento ilegítimo.
El presidente, con poder de tribuna, busca ganar amedrentando y hostigando desde lo más alto del poder todo lo que no está ganando en tribunales ni en elecciones. Desde hace tiempo, su discurso ha deteriorado las condiciones para la discusión democrática y eso no es normal ni tenemos por qué justificar su uso faccioso de espacios e instituciones oficiales. Claro que se puede defender, pero no puede seguir defendiéndose como lo hacía en campaña. Nos acercamos a la mitad del sexenio y aún actúa como candidato.
Hace falta que nuestra arquitectura institucional evolucione y se fortalezca para garantizar el cumplimiento de estas facultades y el respeto a los derechos de la ciudadanía. Las medidas cautelares que pueda emitir el INE con relación a los comentarios emitidos por el presidente sobre las elecciones realmente son insuficientes. ¿Acaso le van a dictar un arresto administrativo de 36 horas? Ciertamente no.

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Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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