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“Que Federico Garza esté a la altura”: activistas por caso Pontigo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reiniciar la investigación del asesinato de Karla Pontigo, ahora bajo el protocolo de feminicidio
Por: Abelardo Medellín y Roberto Rocha
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer que sea investigado nuevamente, y con perspectiva de género, el presunto feminicidio de Karla Pontigo Luccioto, una joven que, hace 7 años, fue encontrada con heridas mortales en el interior de un antro en la capital del estado de San Luis Potosí.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la solicitud de la familia de Karla Pontigo para que la investigación del caso sea realizada desde cero, con protocolo de feminicidio y no como un homicidio culposo, como determinó la autoridad de ese entonces en San Luis Potosí.
Ante dicha resolución, el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, respondió: “no puedo opinar hasta revisar los resolutivos de los señores ministros y, les repito, nosotros vamos a cumplir en los términos que se acuerden. Habría que leer la resolución para cumplirla”.
Garza Herrera también dijo que sería facultad de la Vicefiscalía Jurídica (a cargo de Maricela Meza) investigar y tomar parte de lo resuelto por la Suprema Corte” y que “habría que ver si surge alguna competencia para alguna otra área, pero lo más probable es que se nombre a un fiscal especializado”.
“No podemos aventurarnos, tenemos que esperar la notificación”, atajó el fiscal general del estado, quien reiteró que será hasta entonces que podrán revelarse ma yores detalles sobre el tema.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Atención de las Mujeres, Juana María Castillo Ortega, indicó que no correspondería a su división atraer la investigación del caso Pontigo.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también abarca la posible imposición de sanciones en contra de las autoridades y funcionarios a cargo de la investigación; entre ellos, al exprocurador de Justicia del Estado, Miguel Ángel Covarrubias.
El caso de Karla Pontigo ha sido promovido por organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, como es el caso de Amnistía Internacional y Fundación Justicia, desde cuyas redes se emitió el anuncio sobre la resolución de la Suprema Corte:
“La primera sala de la SCJN aprueba por unanimidad la petición de la familia de Karla Pontigo. Esto significa que la investigación por el feminicidio de Karla regresa a cero para investigarse como tal y no como accidente.
Las mujeres de México festejamos está decisión”, escribieron en su cuenta de Twitter.
Para Urenda Queletzú Navarro Sánchez, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí, esta resolución de la Corte “pone en evidencia la falta de capacidad, t anto en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial”. Además “pone en evidencia que se ha producido impunidad 
Por su parte, Sofía Irene Córdova Nava, directora de la organización Educación y Ciudadanía AC (Educiac), la reapertura de la investigación del caso Karla Pontigo abre también un camino “para enfrentar estos mismos procesos con muchas mujeres, porque existe la posibilidad que se hagan nuevas investigaciones para otra víctimas de feminicidios, no solo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional”.
Según Córdova Nava, el caso de Karla Pontigo es emblemático de la violencia contra las mujeres, por lo que, a partir del reinicio de la investigación por este caso, se debería dar “el reconocimiento de la problemática de feminicidios en el país”. También debería llevar a que se reconozca una falta de “capacidad institucional en la Fiscalía” y se realicen los trabajos para resolverlo.
Córdova Nava también cree que un paso importante será la reparación del daño y la reparación de la memoria de Karla Pontigo. En eso coincide Navarro Sánchez: “Sancionar y juzgar con perspectiva de género permitirá traducirse en una sentencia que responda a la memoria de Karla, que no se trató de un accidente, sino un feminicidio. Este es un parteaguas en la historia, porque las autoridades ya no pueden empezar a investigar ninguna muerte violenta de mujeres, sin que se investiguen como feminicidios”.
Urenda Queletzú Navarro considera que además, en la reposición de la investigación, “se tendrán que valorar muchos elementos probatorios que fueron desechados en primera instancia. Se deberá entender el contexto, las relaciones de poder entre Karla y su victimario, escuchar a quienes tengan que aportar información relevante”.
Tanto para Córdova Nava como para Navarro Sánchez, para la Fiscalía General del Estado, esta nueva investigación representa un reto. Según la directora de Educiac, “el reto es generar las capacidades institucionales para que esto no vuelva a ocurrir, pues aunque implica tal vez un enfrentamiento político, tienen la oportunidad de meterse en el canal de la justicia y reparación de daño”.
Por su parte, Navarro Sánchez dijo que ella espera “que el fiscal esté a la altura, porque quedó de manifiesto que el procurador anterior se vio en intereses con grupos de poder”. Por eso, para Navarro Sánchez, “la Fiscalía General del Estado tiene ahora un compromiso para tener una investigación pulcra”.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.
David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.
De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:
- $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
- $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
- $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
- $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
- $3,839.00 en La Gran Vía.
- $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
- $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
- Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.
En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.
Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.
Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.
Otros gastos en bares y restaurantes:
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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.
Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.
El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.
Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.
Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
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