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“Que Federico Garza esté a la altura”: activistas por caso Pontigo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reiniciar la investigación del asesinato de Karla Pontigo, ahora bajo el protocolo de feminicidio
Por: Abelardo Medellín y Roberto Rocha
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer que sea investigado nuevamente, y con perspectiva de género, el presunto feminicidio de Karla Pontigo Luccioto, una joven que, hace 7 años, fue encontrada con heridas mortales en el interior de un antro en la capital del estado de San Luis Potosí.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la solicitud de la familia de Karla Pontigo para que la investigación del caso sea realizada desde cero, con protocolo de feminicidio y no como un homicidio culposo, como determinó la autoridad de ese entonces en San Luis Potosí.
Ante dicha resolución, el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, respondió: “no puedo opinar hasta revisar los resolutivos de los señores ministros y, les repito, nosotros vamos a cumplir en los términos que se acuerden. Habría que leer la resolución para cumplirla”.
Garza Herrera también dijo que sería facultad de la Vicefiscalía Jurídica (a cargo de Maricela Meza) investigar y tomar parte de lo resuelto por la Suprema Corte” y que “habría que ver si surge alguna competencia para alguna otra área, pero lo más probable es que se nombre a un fiscal especializado”.
“No podemos aventurarnos, tenemos que esperar la notificación”, atajó el fiscal general del estado, quien reiteró que será hasta entonces que podrán revelarse ma yores detalles sobre el tema.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Atención de las Mujeres, Juana María Castillo Ortega, indicó que no correspondería a su división atraer la investigación del caso Pontigo.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también abarca la posible imposición de sanciones en contra de las autoridades y funcionarios a cargo de la investigación; entre ellos, al exprocurador de Justicia del Estado, Miguel Ángel Covarrubias.
El caso de Karla Pontigo ha sido promovido por organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, como es el caso de Amnistía Internacional y Fundación Justicia, desde cuyas redes se emitió el anuncio sobre la resolución de la Suprema Corte:
“La primera sala de la SCJN aprueba por unanimidad la petición de la familia de Karla Pontigo. Esto significa que la investigación por el feminicidio de Karla regresa a cero para investigarse como tal y no como accidente.
Las mujeres de México festejamos está decisión”, escribieron en su cuenta de Twitter.
Para Urenda Queletzú Navarro Sánchez, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí, esta resolución de la Corte “pone en evidencia la falta de capacidad, t anto en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial”. Además “pone en evidencia que se ha producido impunidad y se envía un mensaje muy claro contra los feminicidas. Además, para las mujeres, les muestra que existe la justicia y existen recursos para acceder a ella”.
Por su parte, Sofía Irene Córdova Nava, directora de la organización Educación y Ciudadanía AC (Educiac), la reapertura de la investigación del caso Karla Pontigo abre también un camino “para enfrentar estos mismos procesos con muchas mujeres, porque existe la posibilidad que se hagan nuevas investigaciones para otra víctimas de feminicidios, no solo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional”.
Según Córdova Nava, el caso de Karla Pontigo es emblemático de la violencia contra las mujeres, por lo que, a partir del reinicio de la investigación por este caso, se debería dar “el reconocimiento de la problemática de feminicidios en el país”. También debería llevar a que se reconozca una falta de “capacidad institucional en la Fiscalía” y se realicen los trabajos para resolverlo.
Córdova Nava también cree que un paso importante será la reparación del daño y la reparación de la memoria de Karla Pontigo. En eso coincide Navarro Sánchez: “Sancionar y juzgar con perspectiva de género permitirá traducirse en una sentencia que responda a la memoria de Karla, que no se trató de un accidente, sino un feminicidio. Este es un parteaguas en la historia, porque las autoridades ya no pueden empezar a investigar ninguna muerte violenta de mujeres, sin que se investiguen como feminicidios”.
Urenda Queletzú Navarro considera que además, en la reposición de la investigación, “se tendrán que valorar muchos elementos probatorios que fueron desechados en primera instancia. Se deberá entender el contexto, las relaciones de poder entre Karla y su victimario, escuchar a quienes tengan que aportar información relevante”.
Tanto para Córdova Nava como para Navarro Sánchez, para la Fiscalía General del Estado, esta nueva investigación representa un reto. Según la directora de Educiac, “el reto es generar las capacidades institucionales para que esto no vuelva a ocurrir, pues aunque implica tal vez un enfrentamiento político, tienen la oportunidad de meterse en el canal de la justicia y reparación de daño”.
Por su parte, Navarro Sánchez dijo que ella espera “que el fiscal esté a la altura, porque quedó de manifiesto que el procurador anterior se vio en intereses con grupos de poder”. Por eso, para Navarro Sánchez, “la Fiscalía General del Estado tiene ahora un compromiso para tener una investigación pulcra”.
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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum
El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Ciudad
Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas
Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica , particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez
Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez , en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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