noviembre 20, 2025

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“Que Federico Garza esté a la altura”: activistas por caso Pontigo

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caso Pontigo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reiniciar la investigación del asesinato de Karla Pontigo, ahora bajo el protocolo de feminicidio

Por: Abelardo Medellín y Roberto Rocha

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer que sea investigado nuevamente, y con perspectiva de género, el presunto feminicidio de Karla Pontigo Luccioto, una joven que, hace 7 años, fue encontrada con heridas mortales en el interior de un antro en la capital del estado de San Luis Potosí.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la solicitud de la familia de Karla Pontigo para que la investigación del caso sea realizada desde cero, con protocolo de feminicidio y no como un homicidio culposo, como determinó la autoridad de ese entonces en San Luis Potosí.

Ante dicha resolución, el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, respondió: “no puedo opinar hasta revisar los resolutivos de los señores ministros y, les repito, nosotros vamos a cumplir en los términos que se acuerden. Habría que leer la resolución para cumplirla”.

Garza Herrera también dijo que sería facultad de la Vicefiscalía Jurídica (a cargo de Maricela Meza) investigar y tomar parte de lo resuelto por la Suprema Corte” y que “habría que ver si surge alguna competencia para alguna otra área, pero lo más probable es que se nombre a un fiscal especializado”.

“No podemos aventurarnos, tenemos que esperar la notificación”, atajó el fiscal general del estado, quien reiteró que será hasta entonces que podrán revelarse ma yores detalles sobre el tema.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Atención de las Mujeres, Juana María Castillo Ortega, indicó que no correspondería a su división atraer la investigación del caso Pontigo.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también abarca la posible imposición de sanciones en contra de las autoridades y funcionarios a cargo de la investigación; entre ellos, al exprocurador de Justicia del Estado, Miguel Ángel Covarrubias.

El caso de Karla Pontigo ha sido promovido por organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, como es el caso de Amnistía Internacional y Fundación Justicia, desde cuyas redes se emitió el anuncio sobre la resolución de la Suprema Corte:

“La primera sala de la SCJN aprueba por unanimidad la petición de la familia de Karla Pontigo. Esto significa que la investigación por el feminicidio de Karla regresa a cero para investigarse como tal y no como accidente.
Las mujeres de México festejamos está decisión”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Para Urenda Queletzú Navarro Sánchez, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Género en San Luis Potosí, esta resolución de la Corte “pone en evidencia la falta de capacidad, t anto en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial”. Además “pone en evidencia que se ha producido impunidad

y se envía un mensaje muy claro contra los feminicidas. Además, para las mujeres, les muestra que existe la justicia y existen recursos para acceder a ella”.

Por su parte, Sofía Irene Córdova Nava, directora de la organización Educación y Ciudadanía AC (Educiac), la reapertura de la investigación del caso Karla Pontigo abre también un camino “para enfrentar estos mismos procesos con muchas mujeres, porque existe la posibilidad que se hagan nuevas investigaciones para otra víctimas de feminicidios, no solo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional”.

Según Córdova Nava, el caso de Karla Pontigo es emblemático de la violencia contra las mujeres, por lo que, a partir del reinicio de la investigación por este caso, se debería dar “el reconocimiento de la problemática de feminicidios en el país”. También debería llevar a que se reconozca una falta de “capacidad institucional en la Fiscalía” y se realicen los trabajos para resolverlo.

Córdova Nava también cree que un paso importante será la reparación del daño y la reparación de la memoria de Karla Pontigo. En eso coincide Navarro Sánchez: “Sancionar y juzgar con perspectiva de género permitirá traducirse en una sentencia que responda a la memoria de Karla, que no se trató de un accidente, sino un feminicidio. Este es un parteaguas en la historia, porque las autoridades ya no pueden empezar a investigar ninguna muerte violenta de mujeres, sin que se investiguen como feminicidios”.

Urenda Queletzú Navarro considera que además, en la reposición de la investigación, “se tendrán que valorar muchos elementos probatorios que fueron desechados en primera instancia. Se deberá entender el contexto, las relaciones de poder entre Karla y su victimario, escuchar a quienes tengan que aportar información relevante”.

Tanto para Córdova Nava como para Navarro Sánchez, para la Fiscalía General del Estado, esta nueva investigación representa un reto. Según la directora de Educiac, “el reto es generar las capacidades institucionales para que esto no vuelva a ocurrir, pues aunque implica tal vez un enfrentamiento político, tienen la oportunidad de meterse en el canal de la justicia y reparación de daño”.

Por su parte, Navarro Sánchez dijo que ella espera “que el fiscal esté a la altura, porque quedó de manifiesto que el procurador anterior se vio en intereses con grupos de poder”. Por eso, para Navarro Sánchez, “la Fiscalía General del Estado tiene ahora un compromiso para tener una investigación pulcra”.

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Congreso del Estado

Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones

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gobierno entrega paquete económico al congreso en slp el presupuesto es de mas de 70 mil millones de pesos

La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.

El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.

Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.

La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.

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Ciudad

No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.

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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.

Por: Redacción

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.

Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo  140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.

El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.

“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal. 

Galindo aclaró que el huachicol  o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.

Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Ciudad

Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas

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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo

Por: Redacción

La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.

Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.

En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.

Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.

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Opinión

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