Perros husky y pastor alemán en los huesos, animales agonizando dentro de jaulas, cadáveres cubiertos con cal, restos reducidos a mechones de pelo, un olor nauseabundo que llegaba hasta la calle y hasta lechones muertos dentro del predio

Por: Ana G Silva

Lo que vecinos y rescatistas encontraron al ingresar a un presunto criadero clandestino de perros en la fracción Milpillas fue descrito por ellos mismos como una escena “horrible, difícil de ver, de oler y profundamente triste”.

La tarde del miércoles, colectivos animalistas potosinos acudieron al domicilio señalado desde hace semanas por habitantes de la zona como un sitio donde se criaban y comercializaban perros husky y pastor alemán en condiciones inadecuadas. La intervención ocurrió luego de que el caso se viralizara en redes sociales, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales, pese a denuncias previas realizadas por vecinos.

Al llegar al inmueble, las rescatistas no localizaron a los cachorros que anteriormente habían sido observados en el lugar y que presuntamente eran comercializados incluso a la orilla de la carretera. De acuerdo con testimonios de quienes participaron en el rescate, aparentemente algunos animales fueron retirados antes de su llegada y hubo intentos por limpiar parcialmente las instalaciones.

Entre las acciones que detectaron se encontraba la colocación de recipientes con agua; sin embargo, ésta permanecía fuera de las jaulas, imposibilitando que los perros encerrados pudieran acceder a ella.

A pesar de ello, numerosos ejemplares permanecían confinados en jaulas pequeñas, sin alimento y en condiciones de extrema desnutrición. Algunos perros se encontraban prácticamente reducidos a piel y huesos, mientras que otros presentaban un estado de salud tan delicado que las voluntarias consideraron que estaban al borde de la muerte.

Las activistas denunciaron además la presencia de grandes cantidades de cal esparcidas en distintas áreas del predio, particularmente en zonas donde localizaron perros muertos en avanzado estado de descomposición. El olor, señalaron, era nauseabundo y podía percibirse desde la calle, situación que vecinos consideraron incluso un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.

Durante la inspección también fueron encontrados restos de animales que consistían únicam ente en mechones de pelo y vestigios óseos.

Asimismo, localizaron varios lechones recién nacidos muertos, que, según sospechan algunas personas involucradas en el rescate, podrían haber sido utilizados ocasionalmente como alimento para los perros.

Los rescatistas sostuvieron que las condiciones encontradas permiten presumir que los animales sobrevivientes permanecían cotidianamente en ese entorno insalubre, rodeados de cadáveres, desechos y fuertes olores derivados de la descomposición.

Ante la gravedad de la situación, vecinos y colectivos decidieron sacar del inmueble a todos los perros que aún permanecían con vida. Algunos fueron adoptados de manera inmediata por ciudadanos que acudieron al sitio, mientras que el resto fue trasladado a un refugio para recibir atención, aunque hasta el momento se desconoce con precisión el estado de salud de cada uno de los ejemplares rescatados.

Habitantes de Milpillas recordaron que el funcionamiento del presunto criadero clandestino había sido denunciado con anterioridad ante diversas autoridades, pero aseguran que no obtuvieron respuesta ni inspecciones formales, situación que derivó en que las agrupaciones animalistas actuaran por cuenta propia una vez que el caso alcanzó notoriedad en redes sociales.

Respecto al propietario del inmueble, vecinos señalaron que presuntamente se encontraba hospitalizado y que recientemente habría sido dado de alta; sin embargo, hasta ahora no se ha presentado en la vivienda ni ha establecido contacto con quienes participaron en el rescate.

Las organizaciones animalistas anunciaron que este jueves acudirán a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por posibles actos de maltrato animal, abandono y operación irregular de un criadero, además de aportar evidencia sobre la presunta venta de perros en las inmediaciones de la carretera y las condiciones deplorables en que eran mantenidos.

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La titular de Sedesore reconoce que los apoyos —tortilla subsidiada, becas, madres solteras, adultos mayores— podrían no sobrevivir al cambio de administración en 2027

Por: Redacción

María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reconoció este miércoles que la continuidad de los programas sociales del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona dependerá de quien encabece la siguiente administración, al margen de los compromisos adquiridos.

La declaración ocurrió durante el anuncio de una nueva tortillería subsidiada en Residencial del Bosque, cuando se le preguntó si existe garantía de que los apoyos no se eliminen con el cambio de gobierno. “Cada administración tiene un tema muy diferente de trabajar”, respondió.

Martínez Galarza recordó que cuando Sedesore inició la gestión de Gallardo, la dependencia contaba con un solo programa activo: las despensas de emergencia de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, la Secretaría construyó una red que hoy incluye tortilla subsidiada

La titular planteó que estos apoyos deberían convertirse en políticas permanentes, sin embargo, sostuvo que “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.

La dependencia opera actualmente ocho tortillerías en el estado con una inversión de más de 3 millones de pesos y una distribución de más de 500 kilos diarios a 14 pesos el kilo, poco menos de la mitad del precio comercial.

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La propuesta busca limitar los delitos relacionados con inteligencia artificial y excluye de sanciones al periodismo, la crítica política y la sátira

Por: Redacción

Una iniciativa ciudadana para modificar la denominada Ley Serrano fue presentada ante el Congreso del Estado. El proyecto busca eliminar disposiciones que, según sus promotores, representan riesgos para la libertad de expresión.

La propuesta fue elaborada por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías y plantea derogar el artículo 272 Ter del Código Penal. Dicho apartado sanciona la manipulación de información institucional cuando afecte la confianza en las instituciones públicas del estado. El promovente argumenta que esa redacción permite restricciones incompatibles con derechos protegidos por la Constitución.

Además, propone modificar el artículo 272 Bis para reducir los supuestos bajo los cuales podrán perseguirse penalmente contenidos generados mediante inteligencia artificial. El documento fue entregado al Poder Legislativo y enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Facultad de Derecho de la UASLP para la elaboración de opiniones técnicas.

Entre los cambios planteados se establece que, para configurar un delito relacionado con manipulación digital o suplantación de identidad, la autoridad deberá acreditar simultáneamente que el contenido es falso, que existió dolo, que se produjo un daño verificable y que hubo una finalidad ilícita específica.

El promovente sostiene que conceptos actualmente vigentes, como provocar alarma social o afectar la confianza en las instituciones, permiten interpretaciones amplias que podrían alcanzar expresiones protegidas por la libertad de expresión.

La iniciativa también incorpora una cláusula que excluye expresamente de responsabilidad penal actividades como el ejercicio periodístico, la investigación comunicativa, la crítica política, la sátira, la parodia y la creación artística.

Adicionalmente, propone mecanismos para ordenar el retiro de contenidos considerados lesivos en plataformas digitales y medidas de protección para víctimas de violencia digital.

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