“Uste nunca vio por mi abuelita y así quiere el terreno?” | Esto se acabaría con la propuesta morenista

Por: Redacción

Para que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento o intestado, a las personas que incurran en violación a la Ley de las Personas Adultas Mayores o que hayan cometido conductas de discriminación, lesiones, violencia física o moral, violencia sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que les perjudique a las personas adultas mayores, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que plantea adicionar fracción al artículo 1162 del Código Civil del Estado.

El legislador expuso que, “en nuestro estado existe la normatividad adecuada para hacer frente a este grave problema, pues contamos con la Ley de las Personas Adultas Mayores, la cual establece un marco jurídico que contempla programas y acciones encaminadas a valorar sus condiciones de vida, así como la protección de sus derechos. Sin embargo, esto no es suficiente, ya en el todo el estado se presentan casos en que las familias solo tienen interés en los adultos mayores con motivo de algún bien, ya sea dinero, inmuebles o pensiones las cuales pretenden quedarse con ellas como sucesión”, advirtió.

Además, refirió que los ancianos son cada vez con mayor frecuencia e intensidad víctimas de maltrato físico y verbal, así como despojados y abusados por parte de su propia familia o de personas ajenas, situaciones que acentúan su vulnerabilidad. Por lo tanto, indicó que “toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano”, añadió.

Consideró que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Por lo anterior, puntualizó que su iniciativa busca establecer entre los puntos más importantes que son incapaces de heredar por testamento o por intestado:

I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. II.- El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge.

En la fracción III.- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge inocente. V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; entre otros.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.

También lee: SLP, sede de Reunión Regional de Seguridad

Buscan que personas no indígenas dejen de apropiarse de candidaturas indígenas

Por: Redacción

Las diputadas Bernarda Reyes Hernández y Liliana Flores Almazán, propusieron un Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para que tomen las medidas necesarias para garantizar que personas no indígenas pretendan hacerse pasar como indígenas para lograr ser candidatos de elección popular.

Señalan la necesidad de implementar medidas como la verificación de la autenticidad de la identidad indígena, mediante procedimientos y requisitos claros y específicos para la acreditación de la identidad indígena de los candidatos, como la presentación de documentos que acrediten su pertenencia a una comunidad indígena, la realización de entrevistas y/o pruebas de conocimiento sobre la cultura y la lengua indígena correspondiente.

También proponen una participación activa de las comunidades indígenas, mediante mecanismos de participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de candidatos, a través de consultas, asambleas y/o acuerdos comunitarios.

Fiscalización y sanciones para los candidatos que pretendan hacerse pasar como indígenas o que incurran en prácticas de fraude electoral. Estas sanciones pueden incluir la cancelación de su registro como candidatos, la anulación de sus votos y/o la imposición de multas y sanciones penales.

Fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, mediante la implementación de políticas públicas y programas de fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, con el fin de promover y preservar la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.

De manera general, establezcan medidas que garanticen la autenticidad de la identidad indígena de los candidatos y la participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de sus representantes.

La legisladora Bernarda Reyes manifestó que existen personas que de manera dolosa se autoidentifican como miembros de comunidades indígenas para conseguir un puesto de elección popular,

ocasionando con esto un daño a la representación y participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas dentro de la vida política.

Recordó que dichos pueblos y comunidades indígenas cuentan con el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y su respectiva Ley Reglamentaria.

Dijo que durante los procesos electorales existen muchas personas que con el afán de llegar a puestos públicos “se autoadscriben como indígenas, a pesar de no formar parte de ninguna comunidad y no tener ni las mismas costumbres o tradiciones de la comunidad a la que dicen pertenecer.

Cabe destacar que esta es una propuesta conjunta con la legisladora Liliana Flores, pues ambas diputadas representan distritos de la Huasteca Potosina que es donde se concentra la mayor cantidad de pueblos y comunidades indígenas del Estado, con más de 200,000 hablantes de lenguas indígenas.

El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis correspondiente.

También lee: Congreso del Estado aprobó punto de acuerdo para solucionar el problema de los tiraderos clandestinos

Se exhortó a los 58 Ayuntamientos a identificar y atender la problemática en cada uno de sus municipios

Por: Redacción

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, diputado Eloy Franklin Sarabia, informó que en reunión de trabajo, fue aprobado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Direcciones de Ecología de los 58 ayuntamientos del Estado, para que identifiquen los tiraderos clandestinos de basura en sus respectivos municipios e informen las acciones que están realizando para atender esta problemática.

Comentó que, según algunos medios de comunicación, informaron que, desde el año 2021 vecinos de las colonias de las periferias de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez han reportado olores insoportables que llegan a sus viviendas, afectando su salud con fuertes dolores de cabeza, tos e irritación en la garganta, los olores son tan intensos que muchos han considerado cambiarse de residencia.

“El exhorto busca dar solución a esta problemática que afecta la salud de quienes habitan cerca de uno de estos tiraderos clandestinos de basura a lo largo del Estado de San Luis Potosí.”

Finalmente el diputado Eloy Franklin Sarabia comentó que, los tiraderos clandestinos de basura representan una amenaza para la salud y la calidad de vida de las y los potosinos, siendo un tema de suma importancia que los 58 municipios de la entidad implementen las acciones necesarias para la solución de esta problemática.

En los próximos días, el dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso, ser votado.

También lee: