mayo 19, 2026

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Congreso del Estado

Frinné Azuara exhorta a CFE aplicar tarifa 1F en municipios huastecos

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La tarifa 1F es un subsidio aplicado en zonas con temperaturas medias mínimas de 33°C durante al menos 3 años

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Congreso del Estado aprobó exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que realice los estudios técnicos, económicos, sociales y de factibilidad para implementar de manera retroactiva al 1º de mayo de 2025, el esquema de tarifa de energía eléctrica doméstica 1F, en beneficio de las personas que habitan en los municipios de la zona Huasteca del Estado de San Luis Potosí, durante la temporada de verano en la que se registran temperaturas extremadamente calurosas.

Justificó que “durante el verano, la región Huasteca de San Luis Potosí experimenta temperaturas bastante altas. Según reportes recientes, estas pueden alcanzar máximas de 40 a 45 grados centígrados, especialmente durante olas de calor, pero en algunos casos extremos, se han registrado temperaturas de hasta 50 grados centígrados en ciertas áreas”.

Expuso que el cambio climático ha tenido un impacto significativo en la Huasteca potosina, intensificando las temperaturas extremas y afectando tanto a las comunidades como al entorno natural. “Por ejemplo, en 2024, la región experimentó uno de los años más calurosos en más de cinco décadas, con temperaturas que alcanzaron hasta 50 grados centígrados en Ciudad Valles. Este calor extremo ha generado problemas de salud, como golpes de calor y deshidratación, especialmente en personas vulnerables”.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, consideró que extender el subsidio eléctrico a la región Huasteca de San Luis Potosí requeriría un enfoque integral que combine estudios técnicos, gestiones políticas y la participación de las comunidades locales.

Explicó que la Tarifa 1F de la CFE es una tarifa doméstica subsidiada que se aplica en localidades donde la temperatura media mínima en verano alcanza al menos 33 grados centígrados durante tres o más años de los últimos cinco. “Está diseñada para aliviar los costos de energía eléctrica en regiones con climas extremadamente cálidos, especialmente durante la temporada de verano”, finalizó.

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Congreso del Estado

Prepara JUCOPO exhorto a tribunal federal para caso de Villa de Pozos

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El diputado Héctor Serrano Cortés insistió en la necesidad de generar condiciones legales para que sus autoridades sean electas en las urnas en 2027

Por: Redacción

El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá un exhorto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva a la brevedad, los temas que impiden a las autoridades electorales tener certeza legal para organizar los próximos comicios en el municipio de Villa de Pozos, para que las y los ciudadanos elijan a sus autoridades en 2027.

Así lo señaló el secretario de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés al manifestar que este retraso, está generando una crisis política y social, al dejar a las autoridades correspondientes en un estado de indefensión porque una vez más podría no permitirse que se lleve a cabo la elección, con todo lo que ello implica.

Explicó que la justificación del Tribunal es el turno, es decir, se trata de un tema de encarte pero ya se resolvió uno que era el más complejo y hay dos más que se promueven precisamente con ese fin, que se retrase todo el proceso para no dar continuidad, mientras en la instancia jurisdiccional no se puede desahogar por la carga de trabajo.

El diputado Héctor Serrano señaló que el tema ya fue abordado desde la delegación del Instituto Nacional Electoral

, en el sentido de que no se puede avanzar en la cartografía precisamente por esa situación, por lo que todos los integrantes de la JUCOPO de manera unánime han decidido preparar el exhorto y el área jurídica buscará a los juzgadores para comunicarles la decisión.

“Deben saber que el tema está escalando a una preocupación política y social, todos queremos que se haga una elección, que los representantes municipales sean electos de forma democrática, pero hay organizaciones que pretenden frenar este proceso con acciones que lastiman la vida social de ese municipio”.

De no resolverse el tema y no realizarse elecciones nuevamente, habrá una severa crisis que nadie desea, por ello es necesario que la autoridad jurisdiccional resuelva inmediatamente el tema, que seguramente procederá como ya se resolvió un primer asunto relacionado, a favor de la municipalización de Villa de Pozos.

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Congreso del Estado

Congreso se matendrá al pendiente de avances en auditorías de obra municipal

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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.

Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.

“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.

Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.

“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.

Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.

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Congreso del Estado

Congreso busca reforma a la Ley de Aguas del Estado

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Busca establecer parámetros que informen a la población sobre distribución de recursos hídricos

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para modificar el artícu lo 191 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí

, con el objetivo de incorporar la realización de campañas de información que tengan como función, informar a la población la distribución transparente del agua como elementos del Plan Operativo Anual que deben elaborar los organismos operadores de agua.

El legislador señala que la ley en la materia resulta ineficiente para garantizar que el derecho humano al agua se materialice, al no establecer parámetros que informen la distribución del recurso entre la población.

Esto, debido a que las obligaciones de informar, se encuentran dirigidas principalmente a autoridades y se limitan a aspectos financieros y administrativos; sin embargo, no establece procedimientos de transparencia operativa accesible a la ciudadanía.

Señala que la problemática no radica únicamente en la disponibilidad del recurso hídrico, sino en la falta de mecanismos de información, lo cual genera un escenario de desinformación para la población, lo que dificulta situaciones como el acceso al agua al distribuirse

, esta condición impacta de manera desproporcionada a sectores vulnerables, particularmente en zonas con menor acceso histórico al servicio profundizando las brechas de desigualdad.

Por ello, con esta iniciativa se propone generar un impacto positivo, abonando al derecho humano al agua, mediante el establecimiento de criterios que permiten una distribución del recurso, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los impactos positivos esperados se encuentra la reducción de desigualdades en el acceso al servicio, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la mejora en la calidad de vida de la población.

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