Roberto García reconoció que las tarifas “sí están un poco elevadas” tras volver de Huehuetlán

Por: Redacción

El diputado local José Roberto García Castillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, reconoció que las casetas de las autopistas que unen la capital con la Zona Media y la Huasteca “sí están un poco elevadas”, y se comprometió a buscar a los encargados de su mantenimiento para ver qué se puede hacer.

El legislador contestó así a una pregunta sobre los aumentos en casetas como la de Cerritos a Rioverde, la de Rioverde a Ciudad Valles y las de la Zona Industrial, que suben de precio sin aviso previo. García Castillo dijo que venía precisamente de Huehuetlán y que el costo de las casetas sí es alto.

“Estaremos atendiendo el tema y ver cómo podemos colaborar”, dijo. Planteó trabajar en equipo con quienes dan mantenimiento a esas carreteras para que los aumentos no afecten a las personas que viajan en vehículo.

Cuando se le recordó que varias administraciones ya buscaron a estas empresas y que se han negado a bajar los precios, el diputado insistió en que hará ese acercamiento “de manera coordinada y respetuosa” para dar una solución. “Vamos a atenderlo”, afirmó.

Según una revisión de tarifas publicada en julio por El Universal San Luis Potosí, la caseta de Cerritos, en la autopista San Luis Potosí–Rioverde, cuesta 110 pesos para automóvil, y la de Rayón, en el tramo Rioverde–Ciudad Valles, 55 pesos. El mismo medio señaló que La Pitahaya, en la ruta Ciudad Valles–Tamuín, es una de las más caras del estado, con 183 pesos.

En abril, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) publicó sus nuevas tarifas, con alzas que en algunos tramos del estado superan el 7 por ciento respecto de 2025.

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Gabriela Martínez dijo que la falta de agua se repite en escuelas y colonias del sexto distrito local

Por: Redacción

Las pipas que reparte el Gobierno Municipal de Villa de Pozos no alcanzan para cubrir la demanda, reconoció Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, diputada local, luego de que una escuela del municipio tuvo que pasar a clases en línea por falta de agua.

Madres y padres de familia de ese plantel se manifestaron en la presidencia municipal para exigir apoyo con pipas. Señalaron que ya llevaban gastos de más de 7 mil pesos para abastecer la escuela por su cuenta.

Cuestionada sobre el caso, la legisladora dijo que el Gobierno Municipal sí apoya con pipas, pero que “no se dan abasto”. Añadió que la falta de agua se ha visto en todas las colonias del municipio, no solo en la Cabecera.

Martínez Vázquez señaló que el problema se repite en las escuelas del sexto distrito local. Puso como ejemplo una escuela y una secundaria de Providencia, a las que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí lleva pipas prácticamente cada semana o cada quince días

En la colonia Jardines de Oriente, dijo, el agua faltó casi 10 días la semana pasada y el servicio apenas se restableció de forma parcial. La diputada lo relacionó con El Realito, acueducto que el 22 de septiembre registró su décima falla del año.

“Hay calles que no tienen agua por hasta dos años”, advirtió. Mencionó las calles Grecia y Luxemburgo, y dijo que hay varias más con la misma deficiencia, a las que se lleva agua en pipas con apoyo del Gobierno del Estado.

Consultado sobre el caso de la escuela, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) señaló que Villa de Pozos no tiene representante en la junta del organismo.

Sobre ese punto, la diputada dijo que primero buscará a Paty Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, para verificar cómo se maneja el tema con Interapas.

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Gabriela López cuestionó que el STJE rechazara por falta de presupuesto un convenio sin costo

Por: Redacción

Jessica Gabriela López Torres, diputada local de Morena, pidió al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) abrirse a la coordinación con el Congreso del Estado ante el rezago en los juicios familiares, que, dijo, afecta el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora señaló que hay menores que esperan procesos sin avance por falta de personal, y que la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, no ha sido clara sobre las causas del retroceso. Recordó que en su informe reciente presentó un panorama en orden y dentro de los tiempos establecidos, mientras en la práctica se acumulan las quejas de quienes llevan procesos familiares.

Como ejemplo, relató el caso de una abogada postulante, defensora de derechos de la infancia, que buscó un convenio con el Poder Judicial para una plataforma de prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes. Según la diputada, el convenio solo requería la firma y no implicaba gasto para el tribunal.

Aun así, dijo, la presidenta del STJE respondió mediante un oficio que no podían colaborar por falta de presupuesto. La abogada contestó que no se necesitaba dinero, sino voluntad.

“Así como hay reuniones con el Poder Ejecutivo, creo que debe de haber reuniones con el Poder Legislativo para saber si en algo podemos colaborar”, afirmó López Torres, quien reconoció que hay facultades exclusivas del Poder Judicial.

Sobre los retrasos en las diligencias de los actuarios, que detienen procesos cuando no localizan a las personas o por su agenda, la diputada dijo que no se trata de uno, tres ni cinco asuntos, sino de varios, y que el Legislativo puede buscar soluciones, incluso presupuestales, con el Ejecutivo o con la Comisión de Hacienda

“No es malo reconocer y decir hay un retroceso, hay una carga de trabajo acumulada”, señaló.

Un poder electo que no informa a sus electores

López Torres dijo que, tras analizar el informe del STJE, encontró que se rinde cuentas a los poderes, a jueces y a magistrados, pero no a la ciudadanía. “¿Qué se le ha informado a la ciudadanía que les eligió?”, cuestionó.

Planteó que, como poder electo, el Poder Judicial debe presentar un informe abierto a la población y escucharla, porque esa es la esencia de la reforma judicial: que jueces y magistrados estén cerca de la gente.

La diputada, que ha llevado a tribuna el tema de la violencia vicaria, pidió además que los juzgados incorporen la perspectiva de infancias, no solo la de género, una demanda que, dijo, también recibe el propio Poder Judicial.

El 25 de septiembre, abogadas de los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al STJE reforzar con personal los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante retrasos de hasta cuatro meses en acuerdos de convivencia y pensión alimenticia. En su primer informe tras la reforma, Zarazúa Martínez citó más de 25 mil resoluciones familiares.

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