enero 22, 2026

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México

Ofrecen hasta 10 mdp por información del caso Ayotzinapa

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Se ofrecerá un millón y medio de pesos por información de la localización por cada uno de los estudiantes

Por: Redacción

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que el gobierno federal ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcione información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y una más de 10 millones para localizar a un presunto implicado.

El funcionario detalló que se entregarán 10 millones de pesos a quien proporcione información para la localización y detención de Alejandro Tenescalco Mejía, quien se desempeñaba como supervisor en turno de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, ya que el mando policíaco es considerado uno de los principales perpetradores de la desaparición de los estudiantes.

Encinas Rodríguez precisó que por cada uno de los estudiantes se ofrece un millón 500 mil pesos, a quien proporcione información para su localización; “para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos”.

Por otra parte, dio a conocer que a la fecha, se han realizado ocho operativos en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco, en estos tres últimos todavía en proceso y en ninguno de estos puntos, aclaró, ha habido un hallazgo positivo.

También, mencionó, se han hecho operaciones de búsqueda en más de 210 puntos, y se han encontrado más de 200 fosas clandestinas con 184 cuerpos, de los cuales 44 han sido identificados, pero ninguno corresponde a alguno de los estudiantes desaparecidos.

Por su parte, el Comité Científico Asesor de la Comisión Presidencial, encabezado por el Centro GEO de Conacyt, en coordinación con la Fiscalía Especial de Ayotzinapa, la Fiscalía de Desaparición Forzada, la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía de Guerrero, hizo el análisis de 80 millones de llamadas realizadas durante cuatro años.

De estas comunicaciones, se identificaron 206 mil llamadas de interés, que permitieron construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos, con las que no solamente se ha podido identificar las horas críticas, sino el seguimiento minuto a minuto de esta operación, expuso.

Encinas Rodríguez afirmó que “hay certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos” en el municipio de Iguala y en su zona suburbana. Sin embargo, en ningún momento hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes.

De igual manera, Alejandro Encinas sostuvo que después del análisis de las pruebas que se han recaudado hay “indicios claros de que ningún estudiante salió de la entidad”, aunque acotó que no se descarta otra línea de investigación, incluida de Cocula, que es “la parte medular de la verdad histórica”.

Con información de López Dóriga.

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México

Detienen a “El Botox“ en Michoacán por extorsión y homicidio

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​El operativo entre fuerzas federales y estatales desarticuló la estructura operativa de este delincuente vinculado a la extorsión de productores de limón

Por: Roberto Mendoza

​La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron a Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, durante un operativo en el municipio de Buenavista Tomatlán. La captura fue confirmada este 22 de enero de 2026 por el secretario federal Omar García Harfuch, quien informó que el detenido es considerado un generador de violencia y el principal responsable de las extorsiones contra el sector citrícola en la región de Tierra Caliente.

​El detenido contaba con 11 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de homicidio y extorsión, además de un registro de recompensa por 100 mil pesos emitido por la fiscalía local. Los informes de inteligencia lo identifican como líder de la célula “Los Blancos de Troya”, grupo operativo de la organización “Los Viagras”, con funciones de control territorial en Apatzingán y Buenavista. Los reportes técnicos señalan que su estructura utilizaba drones con carga explosiva y coordinaba movilizaciones de civiles para impedir la entrada de fuerzas armadas a sus zonas de influencia.

​La intervención oficial responde a la parálisis económica reportada por la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán debido al cobro de cuotas por la cosecha de limón. Carlos Alejandro “N” registra un antecedente de detención previa en 2018, tras la cual recuperó su libertad meses después por falta de elementos legales. La fiscalía estatal lo vincula con la autoría intelectual del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien era un líder de limonero. El detenido fue trasladado para su puesta a disposición inmediata ante la autoridad judicial correspondiente para iniciar su vinculación a proceso.

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México

La Suprema Corte de Justicia definirá si Mario Aburto es liberado 

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El tribunal constitucional determinará si la condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio concluyó tras 30 años de reclusión

​Por: Roberto Mendoza

​La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó atraer el expediente para resolver de forma definitiva si Mario Aburto Martínez cumplió la sentencia impuesta por el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Durante la sesión de este miércoles, los integrantes de la Primera Sala aprobaron con seis votos a favor la facultad de atracción del caso, el cual fue turnado a la ponencia de un ministro para la elaboración del proyecto de resolución que determinará la situación jurídica del sentenciado.

 

La ministra Sara Irene Herrerías se abstuvo de participar en la votación tras manifestar un impedimento legal, debido a que el asunto se vincula con investigaciones que estuvieron bajo su responsabilidad durante su desempeño previo como funcionaria en la Fiscalía General de la República (FGR).

 

​El procedimiento jurídico deriva de un fallo obtenido por Aburto en 2024, el cual estableció que la condena de 45 años de prisión se dictó bajo criterios legales erróneos al aplicarse el Código Penal Federal. La resolución técnica previa determinó que la entonces Procuraduría General de la República debió sustentar la acusación en el Código Penal de Baja California vigente en el año de los hechos, el cual fijaba una pena máxima de 30 años de prisión para el delito de homicidio calificado.

 

El argumento central de la defensa sostiene que Luis Donaldo Colosio

no ostentaba un cargo público federal al momento del atentado, sino que participaba como candidato presidencial, lo que invalida la aplicación de la normativa federal en la cuantificación de la pena. Ante la atracción del caso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá remitir el expediente original del amparo directo 104/2021 a la sede del máximo tribunal para su análisis técnico.

 

​La Fiscalía General de la República mantiene la postura de que el magnicidio debe considerarse un delito del orden federal debido a la naturaleza de la figura política de la víctima y el impacto institucional del suceso. No obstante, el cumplimiento cronológico de los 30 años de reclusión el pasado 23 de marzo de 2024 sitúa al sistema judicial ante la obligación de definir si la permanencia de Aburto en el sistema penitenciario federal carece de sustento legal vigente bajo el marco del derecho local de Baja California.

 

Una vez que el expediente sea integrado en la ponencia asignada, la Suprema Corte emitirá un fallo inapelable que ratificará la sentencia original o decretará la libertad inmediata del procesado por compurgación de la pena conforme a la legislación estatal aplicable en 1994.

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México

Asegura el Partido Verde que la reforma electoral no está condicionada a ningún puesto político

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Raúl Bolaños asegura que el gobernador Gallardo está haciendo un muy buen trabajo y están muy orgullosos

Por: Roberto Mendoza

El diputado federal del Partido Verde, ​Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó durante los trabajos de la Comisión Permanente que su partido esta participando en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para analizar una posible reforma política. El legislador precisó que, tras la reunión celebrada el 20 de enero de 2026 con las coordinaciones parlamentarias de Morena y el PT, no se ha presentado un documento formal ni una iniciativa técnica.

Bolaños Cacho calificó el proceso como un acercamiento inicial para construir una propuesta basada en los acuerdos de la coalición mayoritaria, reafirmando la alianza legislativa con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal aseguró que la discusión de la reforma electoral no se encuentra condicionada a la asignación de puestos políticos, tales como diputaciones, senadurías o gubernaturas. Afirmó que “de ninguna manera” existen acuerdos de esta índole y que el objetivo del diálogo republicano es alcanzar una mayor representatividad en el país.

Sobre la situación política en San Luis Potosí, el legislador manifestó: “para nosotros el gobernador Gallardo está haciendo un muy buen trabajo y nos sentimos muy orgullosos de su trabajo“. Respecto a la senadora Ruth González Silva, la describió como una “gran compañera de partido” y señaló que ella realizará “lo que el pueblo de San Luis decida”.

​El legislador enfatizó que el PVEM evitará fijar posturas definitivas sobre temas específicos, como la reducción de legisladores de representación proporcional o el financiamiento público, hasta que exista un proyecto de ley cierto. Bolaños Cacho sostuvo que la postura institucional debe ser “seria” y no basada en “narrativas de trascendidos”, con el fin de mantener la unidad con el Ejecutivo Federal.

La ruta establecida por la Cámara de Diputados prevé que la comisión encargada de la reforma analice las conclusiones de diversos foros nacionales para elaborar un documento técnico que será puesto a consideración de las dirigencias partidistas antes de su presentación formal ante el pleno.

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