Crisógono Sánchez Lara destacó que Daikin, Mabe y Canel’s se encuentran entre las firmas participantes en esta feria del empleo

Por: Redacción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí llevará a cabo este jueves una feria del empleo dirigida principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral y garantizar oportunidades equitativas en el mercado de trabajo.

El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, aseguró que esta acción responde a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una política de cero discriminación y empleo para todos.

“En San Luis Potosí no hay discriminación para nadie. Todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Aquí debe trabajar todo el mundo, y literalmente no trabaja el que no quiere”, expresó.

De acuerdo con el funcionario, en la feria se ofrecerán entre 300 y 350 plazas laborales, negociadas con más de 30 empresas, entre ellas Daikin, Mabe y Canel’s, que han mostrado apertura para contratar a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Sánchez Lara destacó que algunas compañías, como Daikin, ya cuentan con más de 100 trabajadores con discapacidad, lo que demuestra —dijo— que el sector privado entiende la importancia de sumar a la inclusión como parte de su responsabilidad social y productiva.

Además, recordó que en caso de que algún trabajador enfrente discriminación laboral, puede acudir directamente a la Secretaría del Trabajo, donde se atienden las denuncias de inmediato mediante inspecciones y sanciones conforme a la gravedad del caso.

El funcionario reiteró que el objetivo a largo plazo es reducir el empleo informal y erradicar el desempleo general en el estado:

“Estamos trabajando muy bien con los empresarios, sin rechazo ni barreras. La puerta de la Secretaría del Trabajo está abierta para todos”, subrayó.

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Alcalde Enrique Galindo revela red de irregularidades en autorizaciones; se investiga posible cobro de hasta 120 mil pesos por trámites

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó sobre la destitución de siete funcionarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil, como resultado de una investigación interna que detectó actos de corrupción relacionados con la emisión irregular de permisos.

Según detalló el edil, la investigación comenzó tras recibir varias quejas ciudadanas, principalmente por la liberación de autorizaciones de Protección Civil sin que los expedientes estuvieran completos ni cumplieran con los requisitos necesarios para continuar con los trámites de licencia de funcionamiento.

Ante estas denuncias, Galindo ordenó la intervención de la Contraloría Municipal, que envió un grupo de auditores. La revisión confirmó la existencia de expedientes incompletos e insuficientes, que de manera indebida estaban siendo utilizados para otorgar permisos.

Uno de los casos más graves fue el de una gasera que estaba a punto de obtener su autorización sin contar con ningún documento. Por el alto riesgo que representaba, fue clausurada de inmediato antes de que pudiera operar.

La Contraloría id entificó un caso completo de corrupción

Actualmente, el municipio mantiene bajo observación más de 20 casos, principalmente relacionados con licencias de funcionamiento —no de construcción—, en giros de alto riesgo como gaseras, almacenes químicos y empresas en la zona industrial

Galindo Ceballos exhortó a los ciudadanos que hayan tramitado permisos en Protección Civil a acercarse nuevamente a las autoridades para verificar la validez de sus autorizaciones y evitar posibles accidentes o desgracias.

“Invito a todos los ciudadanos con trámites pendientes a acudir directamente a Protección Civil. No necesitan gestores ni consultores. Estamos simplificando el proceso, eliminando requisitos que no están en el reglamento ni en la ley, pero que lo hacían complejo y propiciaban la corrupción”, declaró.

El alcalde también reveló que, en los casos donde se ha comprobado el pago de sobornos, las cantidades oscilan entre los 60 mil y 120 mil pesos. Por ello, pidió a las personas afectadas presentar denuncias formales, ya que considera que la denuncia ciudadana es clave para que se haga justicia.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan. Ya me reuní con las áreas de Desarrollo Urbano, Comercio y Ecología para revisar a fondo sus procedimientos. No quiero que mi administración se manche con estos actos”, enfatizó Galindo.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que de momento no hay investigaciones abiertas en otras dependencias, aunque anunció que seguirá haciendo ajustes en su gabinete para evitar más actos de corrupción.

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Solo tres particulares han sido vinculados al proceso por la operación del antro; ningún funcionario ha sido llamado a declarar

Por: Redacción

A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) ampliar las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el siniestro.

Hasta ahora, la carpeta de investigación de la FGE solo contempla a tres personas relacionadas con la propiedad y operación del establecimiento. Sin embargo, las familias sostienen que el caso no puede limitarse a los particulares, pues también existen responsabilidades de las autoridades que otorgaron permisos o fallaron en la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.

“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, señalaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.

Los familiares recordaron que la Contraloría Interna Municipal ya determinó responsabilidades de varios funcionarios por falta de supervisión y control

“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar los antecedentes del caso”, advirtieron.

A un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, lo que, según los familiares, refleja un preocupante estancamiento y envía un mensaje de impunidad: “El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”, subrayaron.

Los padres insistieron en que la Fiscalía tiene la obligación de continuar las investigaciones hasta deslindar responsabilidades, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos involucrados.

“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley. El silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice”, concluye el comunicado.

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