“Entregar programas sociales a todos sin hacer un análisis socioeconómico, donde realmente se vea si la persona lo merece o lo necesita, pues está mal”, mencionó

Por: Redacción

Luego de que se diera a conocer que el ex gobernador panista Marcelo de los Santos se inscribió en el programa de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, criticó la forma en que el gobierno de Morena otorga los programas sociales sin realizar un análisis socioeconómico previo.

Guajardo Barrera reconoció que De los Santos cumple con los requisitos de edad para acceder a este beneficio, sin embargo, señaló que la entrega indiscriminada de apoyos sin considerar la situación económica de los beneficiarios es un error en la política social de Morena.

“Al final, él, hasta donde tengo entendido, tiene más de 65 años, por lo que está en todo su derecho de tramitar el apoyo. Pero fíjense, y lo voy a decir con mucho respeto, los programas sociales sí deben llevar un estudio socioeconómico profundo para ver a quién se les da

El diputado reiteró su postura en contra de la política social implementada por el gobierno federal, argumentando que la entrega masiva de apoyos sin criterios de necesidad genera un uso ineficiente de los recursos públicos.

“El ejemplo no es el idóneo, pero eso de entregar programas sociales a todos sin hacer un análisis socioeconómico, donde realmente se vea si la persona lo merece o lo necesita, pues está mal”, afirmó.

Finalmente, Guajardo Barrera insistió en la necesidad de reformar los programas sociales para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando que personas con una situación económica holgada se beneficien de recursos destinados a sectores vulnerables.

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Hay comunicación con la GCE, además de los mandos regionales para hacerles el llamado a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos

Por: Redacción

Con base al Plan Integral de Seguridad que se despliega en los 59 Ayuntamientos, la Guardia Civil Estatal con el acompañamiento de autoridades federales y municipales sigue dando resultados contundentes en el combate de los delitos incluyendo situaciones de alto impacto como es la desarticulación de células criminales, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, José Luis Ruiz Contreras.

En este sentido, externó que hay comunicación constante con el personal de la GCE, además de los mandos regionales para hacerles el llamado a no bajar la guardia, redoblar esfuerzos y seguir ofreciendo los mejores resultados para la mayor tranquilidad de la población.

Tales acciones han sido posibles mediante la cobertura de la GCE y el trabajo coordinado con la Sedena en algunos Municipios como Ciudad Valles, Cárdenas, Matehuala y Villa de Reyes. Ruiz Contreras, reconoció la entrega, dedicación y capacidad de las fuerzas estatales de seguridad lo que también representa que las autoridades les brinden todas las facilidades y el apoyo necesario para que los más de 2 mil 300 policías operativos se capaciten y actualicen de manera
constante en la Academia de Seguridad en el Estado.

El juez Juan Fernando Salazar aparece en las listas de candidatos para la elección; despojó a una víctima de su hogar

Por: Redacción

Liliana Vázquez denunció la corrupción y la violencia institucional que ha enfrentado en su proceso de divorcio en San Luis Potosí. Acusa directamente a Juan Fernando Salazar Hernández, juez primero de lo familiar, y a Luis Daniel Cifuentes Velázquez, secretario de acuerdos, de favorecer a su agresor, permitiendo que la desalojaran de su hogar en un acto de abuso de poder.

El pasado 21 de febrero, en lo que considera una violación procesal, el juez Cifuentes Velázquez ordenó que fuera desalojada con uso de la fuerza pública y que su vivienda quedara en posesión de su agresor, “dejándola en total indefensión, sin un lugar donde vivir y sin acceso a una pensión alimenticia justa”.

Vázquez asegura que, a pesar de haber denunciado violencia psicológica, física y económica, el sistema judicial ha actuado en su contra en lugar de protegerla.

En su testimonio, relató que durante 11 años de relación con su ex pareja, Juan Humberto “N”, trabajó en la construcción de un patrimonio y en la consolidación de dos empresas. Sin embargo, vivió abuso psicológico constante por parte de su ex esposo y, cuando las agresiones escalaron a violencia física, decidió denunciarlo.

La mujer relató que aunque logró obtener medidas de protección, enfrentó un proceso lleno de irregularidades y complicidades entre su agresor y las autoridades judiciales.

Señaló que su caso es un reflejo de una problemática estructural que afecta a muchas mujeres en San Luis Potosí y en el país: “la impunidad y la corrupción dentro del sistema de justicia, que permite que agresores despojen a sus víctimas de su patrimonio y dignidad”. Ante ello, hizo un llamado urgente a las autoridades para que revisen su caso y garanticen justicia.

Además, advierte que el juez Juan Fernando Salazar Hernández figura en la lista de personas que podrían ser votadas en la próxima elección extraordinaria de jueces y magistrados, por lo que exhorta a la ciudadanía a impedir que continúe en un cargo desde el cual, según su testimonio, ha perpetuado la violencia contra las mujeres.

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