noviembre 11, 2026

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¿La Policía Cibernética en SLP funciona? Víctimas coinciden en que no

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Afectados y afectadas cuentan a La Orquesta sus experiencia con ciberacoso y la deficiencias de las autoridades

Por: Ana G. Silva

El 11 de septiembre del 2020, La Orquesta presentó una entrevista con Maximiliano Fernández, un activista por los derechos LGBT+ quien convocó a esta comunidad en San Luis Potosí para que se unieran a una denuncia colectiva en contra de páginas y grupos de Facebook y Twitter que comparten imágenes íntimas de personas sin su consentimiento, una actividad que a últimas fechas parece muy común y que encuentra su punto de abastecimiento en aplicaciones como Grindr o Tinder. En este momento el activista comentó que según las investigaciones de esta red de apoyo, la Policía Cibernética es capaz de dar buenos resultados:

“Suena a ciencia ficción, pero después de investigar resulta que es fácil dar con estas personas que administran estas páginas, pero sí es necesario que se especifiquen las pruebas para que sea más sencillo”.

Luego de la publicación, varias personas se acercaron a este medio para contar su experiencia con la Policías Cibernética en San Luis Potosí, y coincidieron en que no realiza sus funciones de manera adecuada. Por ello, La Orquesta visitó a Guadalupe Zárate Villanueva quien está a cargo de ese brazo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que es parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5):

“Contamos con el equipo y el personal adecuados para las investigaciones de localización de personas que se encargan de la difusión de imágenes de índole sexual a través de redes sociales sin el consentimiento de los implicados.

Dicha declaración contrasta con los testimonios de víctimas, que reportaron que estas investigaciones son deficientes y suelen quedar inconclusas. A continuación presentamos esas narraciones. Para proteger la identidad de los declarantes sus nombres han sido modificados: 

Berenice, una mujer de 31 años de edad, dijo que desde hace meses ha sido acosada por una persona quien le ha pedido fotos íntimas por Facebook Messenger y la amenaza con difundir un video en el que ella aparece sosteniendo relaciones con su exnovio:

“Ese video solo yo lo tenía en una computadora que ya no funciona, y me sacó de onda cuando me mandó una captura mostrando que, efectivamente, tiene el video. Al principio no le tomé importancia, pero después me amenazaba con difundir mi contenido en redes si no le mandaba fotos desnuda”.

Berenice acudió a la Fiscalía de la Mujer para denunciar el caso, que pasó a manos de la Policía Cibernética, sin embargo, estos no pudieron dar con el acosador.

De acuerdo con esta víctima, la Policía Cibernética lo único que pudo averiguar fue que había sido contactada de diversas cuentas desde varios lugares como la Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí.

Al respecto, Zárate Villanueva mencionó que en ocasiones los hackers logran acceder a correos o redes sociales de una víctima ya que estas no cuentan con una contraseña segura, y de este modo descargan su información para luego contactarlas y usarla en su contra.

Otro ejemplo es el de Natalia a quien usuarios de Facebook con el nombre “Betina Tina”, “Olivia” y “Twiss” le enviaron inbox en los cuales le exigían fotos de sus genitales a cambio de no enviarle otras imágenes a sus amigos y familiares donde aparecía desnuda.

“La verdad es que en esas fotos no se ve mi cara, pero en la parte del abdomen tengo un tatuaje muy característico, y juro que esas fotos nunca las envié, jamás salieron de mi celular, lo primero que pensé fue ‘me hackearon el celular’”.

Zárate Villanueva dijo que el C5 cuenta con excelentes ingenieros capacitados en la localización de estos hackers:

“En San Luis Potosí es más de utilizar Twitter para difundir imágenes porque creen, erróneamente, escudarse en el anonimato , sin embargo, todo deja una huella, un like o me gusta y eso nos ayuda para dar con los responsables”.

Natalia comentó que esto no es cierto: “Luego de que me amenazaron y sabía que las fotos jamás salieron de mi celular, lo entregué a la Policía Cibernética para que investigaran. Me quedé incomunicada cuatro o cinco meses, desde marzo, y cuando fui por él no adelantaron mucho la investigación. Me decían que no fuera por la contingencia y las veces que yo llegué a marcar me dijeron que no había nada. Al final me seguían llegando mensajes que nunca volví a abrir por miedo y otra porque no tenía acceso a mi Facebook. Como no avanzaba les dije que yo quería dejar todo así, solo quería mi teléfono para dar de baja mi cuenta. Todo comenzó en marzo y inicios de agosto fui por mi informe final que resultó muy pobre, me dijeron que no dieron con la persona y no saben quién es y siento que lo único que hicieron fue buscar a los contactos en Google“.

Zárate Villanueva justificó que además existen otras formas en que los hackers operan: “Para esconderse utilizan perfiles falsos, esconden su localización, utilizan chips de celulares que tiran muy rápido y no tienen vínculos en los perfiles y solamente atacan”.

Agregó que el objetivo de estos acosadores ya no es tanto el sexting si no el grooming, que es una práctica en la que mediante hostigamiento digital, el acosador logra tener control psicológico sobre su víctima para posteriormente abusar sexualmente de ella.

“Las autoridades me dijeron que si no me pidió dinero y les contesté que no fue así, solo me pedía que mandara las fotos, me dijeron que no lo hiciera aunque me amenazara ya que si accedía a esas peticiones”, comentó Natalia.

De la misma manera, Diana, una joven que también relató su situación a este medio, dijo que ha sido acosada por una persona con llamadas y WhatsApps, donde le exigían fotos íntimas:

“Empecé a recibir llamadas telefónicas en la madrugada, como a la una, era un número desconocido con lada local, por varias noches fue así y lo más extraño es que no me dejaba regresar la llamada. Después me llegó un Whats que decía “hola Diana”, me sorprendió porque el mensaje tenía mi nombre, pero no le di importancia, fue hasta dos o tres días en la madrugada que me hablaron y me decían que tenían algo que me interesaba y que si no cooperaba me iba a ir mal”.

El acosador le aseguró que la única manera en que dejaría de molestarla sería si le enviaba fotografías íntimas:

“Me decía “te juro que te dejo en paz, ayúdame”, decía que soy muy bella, que quería apreciar mi anatomía, le dije que no y que no jugara con mi intimidad, al no acceder no me bajaba de perra, de gata, de zorra, y dijo que le diría a mis conocidos “lo que soy”“.

Al día siguiente realizó la demanda: “me pidieron que no lo bloqueara para seguir el enlace URL y que no le contestara, me dieron mi número de expediente. Preguntaron si sospechaba de alguien cerca, pero la verdad es que no conozco a nadie que pueda hacerme eso. Hace más de seis meses de esto y no me han podido resolver nada”.

 

EL CASO DE LOS PERFILES DE TWITTER 

Guadalupe Zárate mencionó que en redes sociales hay personas que se dedican a la difusión de fotos sexuales en redes sociales en páginas los cuales tienen que ser denunciados para dar de baja las cuentas. Añadió que estas páginas no son difíciles de identificar ya que en su mayoría incluyen la palabra “Pack”.

También se refirió al caso de Maximiliano Fernández y la red de apoyo que se fragua en la comunidad LGBT+:

“Unos jóvenes de la comunidad LGBT pidieron asesoría y les dijimos que tienen que presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que nos permitan iniciar una investigación con una solicitud de coadyuvancia, ya que argumentaban que querían demandar a un perfil en Twitter. Donde se difundieron fotos en su mayoría de jóvenes.

Mencionó que de encontrar a los responsables, la pena puede ir de los dos a los cuatro años de cárcel: “Si es cónyuge o una persona con la que se tuvo una relación sentimental, podrían ser hasta de seis años”.

El encargado de la Policía Cibernética señaló que en el caso del perfil denunciado colectivamente por la comunidad LGBT+, se iniciaría una investigación de fuentes abiertas para dar con los responsables: “aunque ya le alertaron y cerró su cuenta”.

“Somos apoyados por las redes, donde nos proporcionan datos de conexión y de este tipo de perfil y me puede dar desde un correo electrónico, un teléfono, datos de conexión, todos nos conectamos de algún lado, es una IP que nos puede decir desde dónde se conectan, a través de qué servicio Telcel, Movistar, Telmex”, abundó.

Relató que han dado de baja alrededor de 20 páginas dedicadas a difundir imágenes de jóvenes; “pero es común que las vuelvan a abrir. Se sigue dando porque lo consumen, si no se consumiera no abrirían de nuevo estos perfiles”.

Por el momento, parece que aunque la Policía Cibernética insiste en estar bien capacitada, la realidad de las y los afectados demuestra que no es así. Mientras esto no se resuelva, la intimidad de todos y todas está desprotegida.

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Nueve municipios no han subido el sueldo a sus policías: Gallardo

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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno

Por: Redacción

Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.

“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.

Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.

La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación

del funcionario responsable.

El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.

Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.

También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC

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SLP, quinto lugar nacional en robos y asaltos contra negocios

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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó

Por: Ana G Silva

Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.

En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.

Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.

Más caro que hace dos años

La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.

San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos

por negocio. El promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos.

Pequeñas y grandes, las más expuestas

La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.

En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.

Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.

En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.

El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.

También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP

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Conagua clausura tres pozos de Tecmol: “No le puede robar a la gente”

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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal

Por: Redacción

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.

Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.

“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.

El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.

El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.

Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.

El pozo de la discordia

El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.

En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.

El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.

Las cifras de la dependencia

González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones

, de las que derivaron más de 45 procedimientos de clausura de sitios de extracción irregular, cifra que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en inspecciones y clausuras.

Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.

También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.

Más allá de Salinas

En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.

Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.

Qué sigue

Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.

Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.

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