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La mitad de los policías en SLP no son confiables
Con un número tan bajo, San Luis Potosí es el tercer estado con menos policías confiables en el país
Por Redacción
La mitad de todos los policías en San Luis Potosí no tienen vigente su aprobación a las pruebas de control y confianza hasta febrero de este año, según el Seguimiento de Evaluaciones por Entidad Federativa y Dependencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El registro muestra que del total de los oficiales policiacos del estado, tanto de Seguridad Pública Estatal, Prevención y Reinserción Social, la Fiscalía General del Estado y las policías municipales; solo el 51 por ciento 
Con un número tan bajo, San Luis Potosí es el tercer estado con menos policías confiables en el país, con el cierre a febrero de 2019. Solo Guerrero, con 48 por ciento de policías aprobados y Sinaloa, con 45 por ciento, tienen un menor porcentaje de policías aprobados que San Luis Potosí.
El estatus de aprobación vigente se refiere a aquellos oficiales que han pasado sus pruebas de control y confianza y que ese examen fue realizado recientemente. Por eso, el 49 por ciento de los policías en el estado que no tienen ese estatus no es porque hayan reprobado, sino que podrían haber aprobado en el pasado, lo que no los hace confiables actualmente.
En total, de los 6 mil 438 policías de San Luis Potosí, de todas las corporaciones, 84 por ciento fueron aprobados, 15 por ciento reprobados y 1 por ciento aún esperan su resultado.
De los 2 mil 727 policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el 88 por ciento fueron aprobados en su última evaluación, el 9 por ciento reprobaron y el 2 por ciento están esperando los resultados. En total solo el 41 por ciento de los policías estatales tienen su aprobación vigente.
Del área de Prevención y Reinserción Social, de 702 policías, el 89 por ciento fueron aprobados y el 10 por ciento reprobados. Ningún policía de esa área está pendiente de obtener su resultado, pero solo el 47 por ciento tiene su aprobación vigente.
De los 732 elementos policiales de la Fiscalía General del Estado, el 80 por ciento fueron aprobados, mientras que el 20 reprobaron las pruebas de control y confianza. El 53 por ciento están aprobados y vigentes.
De los 2 mil 277 policías de los 58 municipios, 77 por ciento están aprobados, 22 por ciento reprobados y 1 por ciento esperan sus resultados. Solo el 64 por ciento de los policías de todos los municipios tienen su aprobación vigente.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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