Un grupo de personas perfectamente organizadas se apoderan cada fin de semana del espacio público para extorsionar y amenazan a la ciudadanía con total impunidad

Por: Bernardo Vera

El Centro Histórico de San Luis vive amedrentado por un grupo de personas organizadas para tomar buena parte de los espacios de estacionamiento. Sus prácticas son tan agresivas, violentas y organizadas que se le puede considerar una mafia: la mafia de los franeleros.

Por las mañana, el problemas no es tan grave, ya que gracias a los parquímetros estas personas se ven involucradas para cobrar una cuota fija para permitir a los y las conductoras estacionarse, y solo se limitan a ofrecer el servicio de lavado de automóviles y a pedir una cuota “por echarles un ojo”. El verdadero peligro llega por las noches, sobre todo los fines de semana; es entonces que se olvidan del lado de autos, se apoderan de las principales calles del primer cuadro de la ciudad para exigir cuotas obligatorias por adelantado bajo amenazas veladas a cambio de permitir estacionar, incluso en zonas prohibidas.

Decenas de visitantes del Centro Histórico reportaron a La Orquesta haber sido víctimas de prácticas intimidatorias que van desde agresiones verbales, amenazas con dañar sus vehículos, hasta conatos de peleas.

El problema parece no tener solución, pues esta mafia actúa con impunidad, a pesar de que cada fin de semana el Ayuntamiento de la capital despliega el operativo ‘Sello’, un conjunto de acciones para hacer valer los horarios de funcionamiento de los establecimientos, inhibir los delitos y evitar las situaciones de riesgo en la zona.

Nadie se salva. Alberto Narváez Arochi, ex presidente de la organización “Nuestro Centro” y representante de la Asociación de Comerciantes de Carranza, narró que ha sido testigo de las prácticas realizadas por los franeleros, e incluso sufrió un ataque hacia su integridad por salir a la defensa de una persona que era amedrentada:

“Cuando fui presidente de Nuestro Centro defendí a una persona anciana que se iba a estacionar en Madero, y sufrí un ataque directo de uno de ellos con un desarmador. Afortunadamente denunció alguien por ahí, llegó la policía y no pasó a mayores”, minutos después, los agentes dejaron libre al atacante.

El ex presidente de Nuestro Centro denunció otro caso, de hace un par de semanas en el que una joven fue abordada por una de estas personas en la calle de Arista. El franelero le insistía entre amenazas en que tenía que dejar dinero, porque ya había ocupado un lugar que él apartaba. Ella le argumentaba que no tenía derecho a cobrar, pues era un espacio en la vía pública. Solo al ver que la discusión escalaba, la Policía Vial intervino.

Narvaez dijo que ninguna persona tiene derecho de apoderarse de las calles, “por más que se diga que es para trabajar”. Añadió que las prácticas de extorsión son conductas que llevan una carga de criminalidad.

¿QUIÉN DEBE RESOLVERLO?

La Orquesta conversó con Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Ayuntamiento de San Luis Potosí; Héctor Trejo, vocero de la Dirección de Comercio Municipal; y con Juan Carlos Machinena, coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí, para tratar de definir quién debe resolver esta situación, sin embargo, ninguno asumió la responsabilidad e incluso, por momentos, justificaron la presencia de los franeleros.

Juan Antonio Villa aseguró que no tiene registro de quejas de los visitantes del Centro Histórico, esto a pesar de los múltiples testimonios recogidos por este medio. Sin embargo, comentó que los comerciantes del centro sí han manifestado molestias.

Héctor Trejo mencionó que la atribución de su retiro corresponde a la dirección de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital: “Los comerciantes se quejan, porque las calles están llenas de lavacoches. ¿Pero quién pone orden en las calles? Debe ser Tránsito”, mencionó.

Sobre la serie de amenazas por parte de este gremio hacia la ciudadanía, mencionó que la SSPC tiene la facultad para evitar prácticas intimidatorias en contra de la población:

“El problema es que les tienes que comprobar que está pasando, porque ellos te van a decir que no. Si no hay una denuncia, ¿con qué elementos trabaja Seguridad Pública?”.

En resumen: ninguna de las dos dependencias se hace cargo de esta situación.

Alberto Narvaez compartió que, debido al esquema de presunción de inocencia, la denuncia termina por resultar improcedente: “primero porque no es un delito grave, segundo debido a la presunción de inocencia; no siempre hay violencia física, nada más hay la intimidación y no se llega a ningún lado”.

¿LA SOLUCIÓN?

Juan Carlos Machinena Morales apuntó que la presencia de franeleros tiene “un trasfondo antropológico”, remarcó que las desigualdades sociales y la dificultad de establecerse en el mundo laboral son la causa del surgimiento de estas prácticas, pues en ocasiones incluso son personas con antecedentes penales a las que se les dificulta la inserción:

“Para poder ganarse la vida, sin delinquir, se ponen a lavar carros. El lado bueno de ellos es que son personas que quieren trabajar y es la forma que encontraron de trabajar”, no obstante, omitió hablar de aquellos que fuera del horario de parquímetros únicamente exigen una cuota para permitir aparcar, sin ofrecer siquiera el servicio de lavado de vehículos.

Machinena Morales aseveró que una solución al problema sería la regulación de esta actividad, ya que percibe un número limitado de personas que la, que podría llegar a las decenas. Detalló que las autoridades municipales serían las primeras involucradas en realizar un padrón de “franeleros”.

El coordinador de Centros Históricos propuso una alternativa: el empleo de estas personas en actividades relacionadas a los servicios municipales, como limpieza de banquetas, o atenciones de jardinería, a través de un contrato por tiempo determinado, y acordado por el ayuntamiento y los sindicatos.

“Pueden ser contratos específicos por tiempo determinado, no hay necesidad de darles plaza o de volverlos personas sindicalizadas a no ser que se dé que algunos resulten muy buenos en hacer su trabajo y tengan la opción de una contratación de otro nivel a elevarse a una posible plaza de desarrollo social en todos los municipios”.

Héctor Trejo añadió que durante el periodo de Victoria Labastida como alcaldesa de San Luis Potosí se realizó un censo para conocer el número de lavacoches y franeleros que existían en la capital, aquel trabajo estuvo a cargo de Juan Felipe Sánchez Rocha, entonces titular de Seguridad Pública Municipal, pero excuso a la Dirección de Comercio de tener alguna responsabilidad en la problemática, pues consideró que los franeleros “no realizan una actividad comercial”.

Finalmente, Alberto Narvaez se posicionó en contra de los tres funcionarios:

“Ellos (los franeleros) lo que venden son los espacios, más que lavar carros. Te venden el derecho a estacionarte. Eso se llama extorsión, y hay que decir las cosas por su nombre. Se empieza a dar ese tipo de permisos, concesiones, o tolerancia, y estás desprotegiendo el principal derecho que es la seguridad”, remarcó.

Narváez Arochi dijo que solución debería radicar en el retiro definitivo de estas personas: “no se les puede permitir esa clase de impunidad, en la que, cuando la autoridad los detiene, solo se les conmina a que se “porten bien”, y en cuanto se va la policía se mueren de la risa”.