noviembre 25, 2025

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La deuda de la justicia con #SanjuanaLibre

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La oriunda de Guadalcázar accedería al indulto tras haber sido sentenciada a 30 años de prisión por un delito que no cometió

Por: Redacción

En el año 2009, Sanjuana Maldonado Amaya fue detenida junto a otros hombres afuera de un establecimiento comercial, tras ser señalada de copartícipe en delincuencia organizada y secuestro agravado de un comerciante de ropa. Sin embargo, la historia detrás de esa versión de las autoridades posee un trasfondo de violencia de género y abuso de autoridad en su contra.

Han transcurrido 15 años desde que Sanjuana fue detenida por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), procesada y juzgada en Matehuala por secuestro, sentenciada a 30 años de prisión e ingresada al cárcel de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz. Esto, pese a que su entonces pareja y otro sujeto la habrían extorsionado para participar en la recolección de un dinero, haber sufrido abusos de parte de los elementos de la SIEDO, y no haber aceptado su declaración.

Todo ello, ocurrido en el contexto de la llamada “guerra contra el narco”, periodo en el que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, mantuvo un despliegue militar por todo el país para erradicar células criminales y en combate a la delincuencia organizada, que produjo daños colaterales contra la población civil en materia de impartición de justicia, privación de la libertad y de la vida.

La organización “Perteneces” ha documentado el caso de Sanjuana, y ha dado seguimiento a su proceso, en exigencia de su liberación. No obstante, los esfuerzos ante las autoridades procuradoras de justicia han sido insuficientes.

Actualmente, la organización a cargo del abogado José Mario de la Garza ha enviado el expediente de Sanjuana al Congreso del Estado de San Luis Potosí, acompañado de una solicitud de indulto, recurso que le permitiría su libertad y que actualmente figura como la única alternativa que gozaría tras haber agotado todos los recursos legales existentes.

El Congreso local es el único ente facultado para aprobar dicha solicitud, para lo cual se necesita el voto a favor de 14 de los 27 legisladores.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, también se sumó al reclamo de justicia, y exhortó al Legislativo local para que dicha solicitud sea aprobada; y en próximos días serán quienes definan su libertad.

También lee: Poder Ejecutivo solicita al Congreso análisis de indulto a Sanjuana

Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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