Destacó que, con este Bachillerato Nacional, las y los jóvenes egresados de los plantelesobtendrán dos certificados

Por: Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca para garantizar que 2 mil 160 jóvenes del oriente del Estado de México tengan acceso a la educación como un derecho con más escuelas que queden cerca de su casa.

“Ya cumplimos las tres aquí: estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa; ya desaparecimos el examen del Comipems; vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, informó.

Recordó que desde el inicio de su administración propuso la creación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuyo objetivo es acercar los servicios públicos a través de obras de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos como el inaugurado hoy en Chimalhuacán

Destacó que, con el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes egresados obtendrán dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior. Además de que se implementaron nuevas carreras técnicas como Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios, Ciberseguridad, entre otras que responden a la demanda actual de profesionistas.

​El presidente de Estados Unidos anunció una coalición militar hemisférica de 13 países para combatir a los cárteles, de la cual México fue excluido

Por: Roberto Mendoza

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la “Coalición de las Américas contra los Cárteles” durante la Cumbre del Escudo de las Américas, celebrada el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida. Durante este encuentro, el mandatario estadounidense oficializó la conformación de un bloque multinacional enfocado en implementar tácticas castrenses para erradicar las organizaciones de tráfico de drogas en el continente.

​La medida operativa central de esta coalición es la aplicación de fuerza militar letal contra líderes delictivos y su infraestructura logística. El grupo está integrado por mandatarios y representantes de al menos 12 naciones latinoamericanas, entre ellos Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Chaves de Costa Rica y José Raúl Mulino de Panamá. Las representaciones diplomáticas y ejecutivas de México, Colombia y Brasil no participaron en el acuerdo.

​Durante el anuncio, Trump expuso los motivos y el enfoque territorial de las futuras operaciones bélicas de la alianza. El ejecutivo estadounidense declaró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México” y aseguró que “los cárteles gobiernan México. No podemos permitir eso”. Asimismo, detalló un intercambio directo con la jefa de Estado de México para solicitar el ingreso de fuerzas estadounidenses: “Le he dicho: ‘Déjenme erradicar los cárteles’, y ella dice: ‘No, no, no, por favor, presidente'”. Tras relatar la negativa, el mandatario estadounidense insistió ante la coalición: “Yo digo que tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos”. Sobre estas aseveraciones, no se localiza declaración pública oficial sobre este punto por parte de la Presidencia de la República de México.

​La justificación oficial de la Casa Blanca para instrumentar este pacto armado recae en el argumento de que “los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”.

Esta política exterior materializa los anuncios previos del Ejecutivo estadounidense sobre el empleo de tecnología militar, como misiles, fuera de su jurisdicción territorial. La consecuencia administrativa inmediata de la cumbre es la instauración de una estructura militar compartida por 13 países americanos que operará bajo la dirección de Washington.

Víctor Hugo Lobo confirmó que el dictamen se enviará al Pleno el próximo miércoles en sus términos originales para evitar pretextos de la oposición

Por Roberto Mendoza

​La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados estableció un plazo de cinco días para recibir observaciones sobre el dictamen de la iniciativa presidencial, con el objetivo de someterlo a votación en comisiones el martes y remitirlo al Pleno el miércoles por la mañana.

El presidente del órgano legislativo, Víctor Hugo Lobo Román, indicó que el documento se presentará sin alteraciones frente a las fracciones parlamentarias para obligarlas a fijar una postura directa. Sobre esta ruta, el legislador expresó: “Que cada partido político proponga y diga de frente a los ciudadanos el porqué no quieren acompañar esta iniciativa […] y que nos digan de una vez por todas cuál es la observación que tienen”.

​Para mantener la versión original del texto del Ejecutivo, la comisión determinó excluir temporalmente proyectos alternos, incluida la propuesta promovida por organizaciones civiles. Ante el cuestionamiento sobre el estatus de dicho documento, el diputado precisó: “Solo hay una que cumplió, digamos, los requisitos institucionales, que es la de Salvemos la Democracia […] no muere esta propuesta […] Siguen, por supuesto, en el diálogo”. Respecto a la decisión técnica de no unificar las iniciativas, la fuente detalló: “Tomamos la decisión de no contaminar o mezclar, si me permite el término, varias, para entrar directamente a la discusión. […] Para que no vayan a decir algunos partidos: ‘podríamos haber ido con la de la presidenta, pero como le agregaron más cosas, ya no vamos'”.

​La estrategia del bloque mayoritario se fundamenta en la justificación oficial de que la propuesta fortalece el sistema democrático mediante nuevos mecanismos de fiscalización, por lo que buscan cerrar cualquier vía de justificación para el voto en contra. Como consecuencia administrativa frente a un eventual rechazo constitucional en el Pleno, el órgano legislativo mantiene la previsión de recibir y procesar un paquete secundario de reformas electorales, conocido como “Plan B”, enviado por la titular del Ejecutivo.
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