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Caso Lozoya o la Santa Inquisición | Colaboración de Octavio Pedroza Gaitán

Contrario a lo que se cree, la Inquisición no se originó en la España medieval. Fue en el sur de Francia en el Siglo XII, particularmente en la región de Languedoc.

El Sumo Pontífice Lucio III, intentando separar el grano de la paja, para evitar las revanchas ideológicas y pretendiendo dirimir quién podía ser considerado como hereje y quien no, instituyó el Santo Oficio para
combatir a quienes no se sometían a su supremo mandato.

Todo aquel que osara disentir, discrepar o cuestionar la iluminada postura del Papa, era señalado, acusado y perseguido; en la mayoría de los casos, castigado brutalmente, mucho de ellos terminaron en la hoguera.

El término Inquisición deriva del concepto inquirir, Interrogar. Bastaba un señalamiento de cualquiera, que se prestara para exculparse de sus faltas o de sus pecados y señalara con índice flamígero a aquellos que no eran
cómodos para el autoritarismo eclesiástico primero y monarcal después.

Juicios sumarios, en total estado de indefensión, cientos, miles de ciudadanos fueron sometidos a estos procedimientos.

Los que salvaron la vida, quedaron estigmatizados por la sociedad, por afrentas que solo existían en la intención de los inquisidores. Criminales y verdaderos apóstatas con el solo hecho de prestarse a imputar a los incómodos, salvaron su pellejo.

La Santa Inquisición es uno de los episodios más oscuros y vergonzantes de la historia de la humanidad.

¿Porqué viene a mi memoria este pasaje casi olvidado?

La respuesta es obvia, un personaje que a los ojos del país entero delinquió en diferentes modalidades; acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita podrá no pisar la cárcel a cambio de señalar a presuntos implicados en actos de corrupción desde las más altas esferas del Gobierno Mexicano.
Nadie en su sano juicio estaría en contra del combate a la corrupción y la aplicación de la justicia con todo el rigor de la Ley, a quienes se les COMPRUEBE la comisión de delitos. No se podría defender lo
indefendible.

Lo verdaderamente preocupante es, que basado en el Criterio de Oportunidad (figura de testigo protegido), se repatríe a un indiciado que desde el confort de un hospital privado con pretexto de una supuesta
anemia y molestias del esófago y sin pisar la cárcel, ha comenzado a  disparar en redondo.

Es la hora de que, si sus señalamientos son fundados, que se presenten las pruebas.

Si existieron actos de complicidad y corrupción de otros personajes, que se persigan y se castiguen. Así hayan sido funcionarios del más alto nivel, presidentes, secretarios o legisladores.

El que acusa tiene que probar. La autoridad correspondiente investigar y la Justicia sancionar.

Lo que es inadmisible, inaceptable, imperdonable, es que esta extradición se convierta en una pantomima planeada y diseñada para que el verdadero infractor sea exonerado a cambio de utilizarlo para denostar, difamar y calumniar a figuras públicas con propósitos aviesos, para destruir prestigios y afectar a personas e Instituciones con fines políticos y electorales de cara a los procesos del 2021, ¿ y 2024?

Que no estemos siendo testigos de un juicio de Torquemada versión siglo XXI, como los de la España medieval que se utilizaron para eliminar a los adversarios políticos y, a aquellos que no pensaban como la autoridad en turno. A los que estorbaban, flagelo, hierro candente o cadalso y hoguera.

Si Lozoya no paga sus culpas, si no se demuestra y comprueba la responsabilidad de varios de los inculpados por simples dichos y versiones de pasillo, el fantasma de Tomás de Torquemada será parte de la nueva realidad en la política mexicana.

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