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Integrante de “Los ADN” podría ir 6 años a prisión por violencia transfóbica: Fiscalía
El youtuber fue denunciado por discriminar a la activista Vanessa Hernández
Por: Karina González
Pablo Alvarado Silva, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, dijo que el youtuber de “Los ADN” que discriminó a la activista trasn, Vanessa Hernández, en plena marcha por el orgullo LGBT+, podría recibir una sanción de hasta seis años en prisión por el delito de discriminación en contra de la identidad y expresión de género.
El fiscal indicó que con la reforma que se hará al artículo 186 del Código Penal de San Luis Potosí se ampliará el concepto de discriminación y se ampliará como delito la discriminación por identidad y expresión de género, por lo que la sanción para el joven que durante la marcha se refirió a Vanessa Hernández con un pronombre incorrecto y que además utilizó este acto para mofarse de la activista a través de las redes sociales de “Los ADN”, al intentar ridiculizarla, pueden ser desde los tres a los seis años de prisión.
“Esta modificación que se está proponiendo en el delito de discriminación abarcaría situaciones como la que denuncia Vanessa, que atendiendo al contexto en el que se encontraba y las expresiones que señala su probable agresor nos llevarían a tipificar un delito de discriminación ya de manera más específica”, mencionó el fiscal.
La postura de la activista trans fue solicitar la “cancelación” de “Los ADN”, pues aseguró que no se debe normalizar la violencia ni la transfobia de las personas por intentar levantar el raiting de un canal digital. 
Al respecto de actos de discriminación en contra de miembros de la comunidad LGBTQ+, el fiscal Pablo Alvarado mencionó que desde 2019 a la fecha, cuando se creó la unidad especializada en derechos humanos, se han captado 10 denuncias de la comunidad LGBT, de las que 5 se han resuelto y 5 están en etapa de investigación, “no hemos llegado a conocer los delitos de homicidio y situaciones graves pero estaremos atendiéndolos”, explicó. Agregó que los delitos que incluyen son daños, robo, violación, discriminación y de estos, tres casos están vinculados a proceso, se ha logrado la reparación del daño y se sigue avanzando en las investigaciones.
También reconoció que el caso de Vanessa será un parteaguas para regular los contenidos digitales en redes sociales y otras páginas es un punto de partida para poner atención en las manifestaciones en redes sociales para que cuando se identifican las personas agresoras se pueda llegar a una sanción.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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