Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.

Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.

Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,

incluso en asuntos relacionados con delitos de alto impacto o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.

El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.

Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.

“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.

Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.

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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.

Por: Redacción

De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.

El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.

El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.

García Cázares no precisó en qué municipio ocurrió ni si hay personas imputadas.

Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.

En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.

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En la Plaza de Armas, el alcalde encabezó el inicio de la formación de 130 cadetes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Capital

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de la formación de la Cuarta Generación de Policías de Proximidad de San Luis Capital, integrada por 130 cadetes que se prepararán durante los próximos seis meses bajo un modelo de seguridad ciudadana basado en la cercanía con la población, con oficiales sensibles y bien entrenados en la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.

El presidente municipal destacó que la seguridad pública exige instituciones sólidas, profesionales y con capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Señaló que San Luis Capital ha apostado por una policía mejor preparada, presente en las calles y con una visión humana del servicio público, capaz de actuar con disciplina, criterio, sensibilidad y cercanía con las personas.

El arranque de esta nueva generación contó con la participación de Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Elías Ruíz Aldaco, coordinador del 40/o Batallón de la Guardia Nacional; Mónica Heredia Sáinz, Presidenta del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Alejandro Chavarría Santos, Director del Instituto de Profesionalización Policial, así como integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, lo que reafirma que el modelo de seguridad impulsado por el alcalde Enrique Galindo se construye con profesionalización, coordinación institucional y participación activa de la sociedad.

“Vivimos tiempos complejos que demandan instituciones sólidas. La ciudadanía necesita una policía que esté presente, que trabaje todos los días por su seguridad, con elementos bien entrenados y capacitados, pero también sensibles, con criterio y capacidad para entender a las personas”, expresó el alcalde Enrique Galindo, al subrayar que la profesionalización policial es uno de los pilares de su estrategia de seguridad.

Galindo Ceballos resaltó que, durante los últimos cuatro años, se han incorporado 350 nuevos policías

a la corporación municipal, lo que ha permitido fortalecer la capacidad operativa, la presencia territorial y la atención directa a la ciudadanía. Además, reconoció la incorporación de dos cadetes con discapacidad visual, hecho que calificó como un avance significativo para construir una institución más incluyente, humana y abierta a nuevas oportunidades.

“Su incorporación nos coloca a la vanguardia en la atención y apertura de oportunidades para las personas con discapacidad. Es una muestra de que estamos construyendo una institución más incluyente y humana, enviando un mensaje positivo a todo México”, afirmó el presidente municipal, al destacar que la seguridad también debe construirse desde la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de todas las personas.

Durante su preparación en el Instituto de Profesionalización Policial, las y los cadetes desarrollarán competencias para la resolución de conflictos, la toma de decisiones bajo presión, la atención ciudadana, la proximidad social y la construcción de entornos más seguros mediante el diálogo, la empatía y la participación comunitaria.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que esta nueva generación refrenda el compromiso del Gobierno de la Capital con una corporación profesional, preparada y sensible a las necesidades sociales. Añadió que la formación de policías de proximidad fortalece el modelo municipal de seguridad, orientado no solo a reaccionar ante los delitos, sino a prevenirlos y atender sus causas desde la comunidad.

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