Inicia 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos; el Congreso aprobó un aumento, pero fue menor a lo solicitado

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) arrancará el ejercicio fiscal 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos, a pesar del incremento presupuestal aprobado por el Congreso del Estado, el cual resultó insuficiente para cubrir las necesidades operativas del organismo y las actividades preliminares del proceso electoral de 2027.

La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez explicó que el presupuesto originalmente solicitado fue elaborado bajo un esquema de gasto mínimo, contemplando únicamente los requerimientos indispensables tanto para la operación ordinaria del organismo como para los trabajos que, por ley, deben iniciar con un año de anticipación al proceso electoral.

Si bien reconoció la disposición del Poder Legislativo para otorgar un aumento parcial a los recursos del Ceepac, advirtió que el recorte al proyecto original dejó una brecha financiera significativa que obliga al organismo a replantear su planeación anual.

Entre las áreas que deberán priorizarse se encuentran el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos electorales, la capacitación de partidos políticos y personal, así como la planeación y logística para la instalación de los comités electorales, considerados elementos clave para garantizar la organización de los comicios.

Ante este panorama, el Ceepac prevé solicitar ampliaciones presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal 2026, además de implementar medidas de contención del gasto y reprogramar actividades que no resulten urgentes, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones legales sin comprometer la certeza y legalidad del proceso electoral.

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El TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina para garantizar continuidad del Estado

Por: Redacción

Tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en medio de una operación militar a gran escala en Caracas, Venezuela enfrenta un escenario inédito de incertidumbre política y jurídica. La pregunta central es clara: ¿quién gobierna ahora el país?

De acuerdo con una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá de manera temporal la Presidencia de la República, en calidad de presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación tras los bombardeos registrados en la capital.

El máximo tribunal determinó que Rodríguez deberá ejercer todas las atribuciones constitucionales del Ejecutivo, amparándose en los supuestos de “ausencia absoluta” del presidente previstos en la Constitución venezolana. Maduro había iniciado su tercer periodo presidencial el 10 de enero de 2024, por lo que, al no haber transcurrido los primeros cuatro años del mandato, corresponde al vicepresidente asumir el cargo.

La Carta Magna también establece que, ante una falta absoluta, deben convocarse elecciones presidenciales dentro de los 30 días consecutivos siguientes, lo que colocaría el proceso electoral en la primera semana de febrero. Sin embargo, el arresto del mandatario por fuerzas armadas extranjeras no está contemplado de forma explícita en la Constitución, lo que ha generado una crisis constitucional y obligó a la intervención del TSJ, un órgano integrado mayoritariamente por magistrados vinculados al oficialismo.

A la incertidumbre interna se suman las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos “gobernará Venezuela” hasta que exista una transición “segura, apropiada y legal

En su discurso, Rodríguez no se proclamó presidenta interina ni hizo referencia a una transición política. Identificada aún como vicepresidenta, defendió la legitimidad de Maduro y calificó la operación como una “agresión armada” promovida por sectores extremistas, advirtiendo que “la historia y la justicia les harán pagar”.

Delcy Rodríguez, abogada y figura clave del chavismo, ha ocupado diversos cargos desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es vicepresidenta desde 2018, ministra de Hidrocarburos desde 2024 y expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017. Su trayectoria política y su cercanía con el núcleo del poder refuerzan la percepción de continuidad del régimen, pese al vacío de poder que dejó la captura de Maduro.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Venezuela permanece abierto: elecciones anticipadas, una transición controlada o un escenario de mayor confrontación internacional siguen sobre la mesa.

Con información de El Financiero.

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Luego de la detención de Maduro, y la intervención militar en Venezuela, Trump anunció en entrevista que “algo tendremos que hacer con México”

​Por: Roberto Mendoza

​Donald Trump confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro en una entrevista telefónica otorgada a la cadena Fox News en su bloque informativo matutino. El mandatario detalló ante los conductores de la cadena que la operación militar se ejecutó en la madrugada en Caracas y recalcó que el líder venezolano se encuentra bajo custodia de autoridades federales para ser trasladado a Nueva York. Durante la transmisión, Trump anunció que a las 11:00 horas (tiempo del Este) brindará un informe oficial detallado desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida sobre las acciones tácticas realizadas en territorio venezolano y el estado de las fuerzas involucradas.

​En el transcurso de la entrevista, Trump vinculó la situación regional con la seguridad fronteriza y afirmó textualmente que “algo tendremos que hacer sobre México” debido a la operación de los grupos criminales. El mandatario estadounidense declaró respecto a la administración federal mexicana: “Somos muy amigables con ella, es una buena mujer. Pero los cárteles están dirigiendo a México. Ella no está dirigiendo a México…”.

​La Casa Blanca justificó estas afirmaciones como parte de la estrategia nacional de seguridad y la necesidad de intervenir ante lo que califican como una amenaza directa a la salud pública estadounidense por el tráfico de fentanilo. El posicionamiento oficial de Washington mantiene la defensa de las intervenciones directas como herramienta de control de narcóticos en el hemisferio.

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