Estado
Fiscal General tomó protesta a titulares de área
La Fiscal exhortó a los nuevos titulares a realizar sus funciones con bajos los principios rectores de legalidad, honradez y respeto
Por: Redacción
La Fiscal General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, tomó protesta a titulares de áreas fundamentales en la institución a quienes solicitó su compromiso para trabajar incansablemente de manera ejemplar, con ahínco y entusiasmo para fortalecer el ente autónomo.
Durante el acto protocolario realizado en el Salón Procuradores, García Cázares presentó a Xitlálic Sánchez Servín como Vicefiscal Jurídica, anunció dos cambios, designó a Pedro Gómez Ávila como Vicefiscal, mientras que Doroteo Paredes Granado quedó al fr ente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
De igual manera se tomó protesta a Juan José Posadas Rodríguez como Director Jurídico; a Evangelina Castillo Montero como titular en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; Martín Serrano Gómez
como Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación; Juan José Posadas Rodríguez como Director Jurídico; y Miguel Ángel Gallegos Cepeda como nuevo titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación.Al dirigir un mensaje a quienes asumieron la encomienda, la Fiscal General del Estado exhortó a los nuevos titulares a realizar sus funciones con bajos los principios rectores de legalidad, honradez, respeto a los derechos humanos y el profesionalismo que demanda la ciudadanía.
Estado
Estado localiza a trabajadores desaparecidos en límites de Matehuala
El despliegue coordinado permitió ubicar a siete personas que ya se encuentran en proceso de reunirse con sus familias
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) confirmó la localización con vida de siete trabajadores que habían sido reportados como no localizados durante su traslado de Cárdenas a Matehuala para realizar labores de electricidad.
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, informó que, de manera paralela, se mantuvo contacto cercano con sus familias, brindándoles acompañamiento integral mediante apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para alimentación y hospedaje, así como asesoría jurídica para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que refleja el cambio que se vive y se siente en la atención a víctimas.
Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezará hoy una Mesa de Seguridad en Matehuala, con la participación de autoridades estatales, municipales y federales, a fin de fortalecer la coordinación operativa, mantener la vigilancia permanente y garantizar condiciones de paz y tranquilidad para quienes habitan y transitan por esta zona del Estado.
Nota completa: Aparecen los 7 electricistas en Matehuala
Estado
Ruth González frena a Velasco: “Él no decide por mí”
Estado
“Nos rechazaron con una regla que no existe” – Denuncia sacude proceso de estímulos de la UPN en SLP
Con requisitos inventados, expedientes sin revisar y la ley reescrita en sus respuestas, la comisión dictaminadora —integrada por quienes también compiten por el mismo beneficio— excluyó a tres docentes del Estímulo al Desempeño Académico 2026
Por: Jorge Saldaña
La denuncia es grave y hay documentos que la sostienen. Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidades 241 y 242, acusan haber sido excluidos del Estímulo al Desempeño Académico 2026 mediante requisitos que no existen en ningún reglamento ni convocatoria, en un proceso operado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) —y presidido por personas que, al mismo tiempo, participan como beneficiarias del mismo programa que ellas mismas evalúan.
El señalamiento más grave no es la exclusión: es que los jueces también son concursantes. Y, según los afectados, algunos de esos jueces-concursantes podrían perder su lugar si los docentes excluidos fueran incluidos, pues los superan en puntuación, lo que claramente se configura como un conflicto de interés.
La irregularidad de fondo es la siguiente: la normativa vigente establece que el requisito para acceder al estímulo es ser personal académico de tiempo completo al momento de presentar la solicitud. La comisión dictaminadora aplicó un criterio distinto, sin sustento legal alguno: haber sido de tiempo completo durante la totalidad del año 2025. Un requisito que no existe. Que nadie redactó en la convocatoria. Que la comisión, de facto, inventó.
Lo mismo ocurrió con las horas de docencia, la normativa exige un mínimo de 60 horas frente a grupo durante el periodo evaluado. Los tres docentes afectados las superaron ampliamente. La comisión añadió una condición adicional que no aparece en ningún artículo.
Cuando los afectados impugnaron las resoluciones, la situación escaló: en su respuesta, la comisión habría alterado el contenido de los artículos reglamentarios, atribuyéndoles requisitos que no forman parte de su redacción original
.Modificaron la letra de la ley en el papel para que la ley dijera lo que a ellos les convenía.
Los expedientes presentados por los tres docentes —recibidos formalmente— nunca fueron evaluados en sus méritos. No hubo revisión.
Un elemento adicional agrava el asunto y es que antes de que se publicara la convocatoria, integrantes de la comisión habrían manifestado públicamente su intención de no permitir la participación de los ahora afectados. Ante esa señal, los académicos solicitaron la intervención de la autoridad para garantizar que el proceso se apegara a derecho, sin embargo la solicitud fue ignorada y la exclusión si fue ejecutada.
El agravio final —que la denuncia señala— es que algunos de estos mismos comisionados fueron beneficiados en procesos anteriores sin haber cumplido el mismo criterio que hoy le exigen a otros.
“El problema no es solo el resultado, sino que se nos excluyó con un requisito que no existe y sin siquiera revisar nuestro trabajo”, señalaron los afectados, quienes han iniciado recursos de impugnación, solicitado la intervención de órganos colegiados, presentado denuncias ante instancias de control interno y quejas ante organismos de derechos humanos.
Exigen que el proceso sea revisado y repuesto conforme a derecho, con una evaluación objetiva, transparente y estrictamente apegada a la normativa vigente.
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