Estado
Firmaron iniciativa para la Ley de Consulta a personas con discapacidad en SLP
El Congreso, CEDH y asociaciones civiles en la materia elaboraron esta ley para que se obligue a tomar en cuenta la opinión de personas con discapacidad en las políticas públicas
Por: Redacción
Martín Juárez Córdova, presidente de la diputación permanente en el Congreso del Estado, participó en la firma de la iniciativa que insta expedir la Ley de Consulta para las Personas con Discapacidad para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, donde participaron Jorge Andrés López Espinoza, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Zeferina Catalina Torres Cuevas, secretaria General de fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C. capitulo San Luis y José de Jesús Sánchez Pineda, presidente de “Juntos, una experiencia compartida AC”.
De esta manera, las instituciones públicas deberán realizar consultas en materia de discapacidad, y ello permitirá conocer la posición o aportaciones sobre temas o asuntos que puedan afectar de forma directa o indirecta los derechos y condiciones de vida de este sector poblacional.
“Es necesario escuchar las voces de la ciudadanía cuando se pretendan instrumentar medidas legislativas, administrativas, o políticas públicas , y sobre todo impulsar la participación efectiva de las personas con discapacidad en el diseño, la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orientados a fomentar su inclusión”, apuntó Juárez Córdova.
Detalló que el artículo 4.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, lo cual implica la colaboración con la sociedad civil organizada en torno a los temas que les atañen.
Durante la reunión se destacó que en San Luis Potosí un 5.7 por ciento de potosinos y potosinas tienen alguna discapacidad, esta cifra es superior al promedio nacional que es de 5.1 por ciento; por ello, esta ley constitue una herramienta que da certeza y respeto a los Derechos Humanos Universales.
Dicha iniciativa plantea en su artículo 43 que se considerará violatorio a esta ley que las y los servidores públicos del Estado y Municipios, así como sus dependencias y entidades, pretendan aplicar programas, proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que afectan a las personas con discapacidad, sin haberlas consultado en los términos previstos por la presente Ley.
La iniciativa será presentada al Congreso del Estado para que se turne a las comisiones respectivas para su análisis y posible aprobación para ponerla a consideración del pleno del Poder Legislativo.
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Estado
Inaceptable que ayuntamientos sigan teniendo observaciones: SGG
J. Guadalupe Torres Sánchez denunció que los municipios “se ven mal” cuando registran estas inconsistencias
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que es inexcusable que todavía existan gobiernos municipales que registren observaciones en cuanto al manejo de sus finanzas.
El secretario general señaló que estas son situaciones que cada ayuntamiento se debe encargar de resolver, ya que hasta “se ven mal” cuando andan denunciando o reportando sus inconsistencias.
Explicó que en los tiempos modernos existen muchos mecanismos y avances tecnológicos para facilitar estos procesos, así como para hacerlos más precisos en búsqueda de que no existan estos errores.
Añadió que desde el Gobierno del Estado tienen diversas certificaciones a disposición de los municipios, en especial para los funcionarios encargados de temas financieros y de administración.
Hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las conclusiones de sus revisiones de la cuenta pública de los ayuntamientos potosinos durante el ejercicio 2024.
El gobernador Ricardo Gallardo calificó de “desastrosos” estos resultados, asegurando que existen algunos municipios que arrojaron observaciones de hasta 40 millones de pesos en obras que nunca se realizaron.
No todos los órdenes registraron estas advertencias, pues algunos como el Gobierno del Estado, así los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos salieron limpios de estas evaluaciones.
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Estado
Buscan reducir impunidad para evasores de pensión alimentaria
Las sanciones que se estarían manejando abarcarían de seis meses a tres años de prisión, así como una sanción de sesenta a 300 días del valor de la UMA
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de cerrar los espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.
Propone establecer claramente que la persona que se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, estaría cometiendo el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo éste su único o principal medio de obtener ingresos.
Habrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien: durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias
Asimismo, también se penalizará a quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.
La legisladora Robles Chairez señaló que, comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que tienen como fin el desamparo del acreedor. Algunos ejemplos son la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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Ciudad
Refuerzan seguridad en escuelas de Villa de Pozos
Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil
Por: Redacción
Con el compromiso de garantizar entornos seguros para la comunidad estudiantil, luego del regreso a clases, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos realizó durante esta semana una serie de inspecciones en distintos centros educativos del municipio, a fin de verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para la protección de alumnas, alumnos y personal docente.
El director de Protección Civil, Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, durante estos recorridos, el personal especializado supervisó aspectos clave como rutas de evacuación, señalética, condiciones estructurales, extintores y protocolos de emergencia, para asegurar que cada plantel cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de sus actividades.
Llanas Texon, mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil en escuelas de todos los niveles, por lo que se prioriza la seguridad de niñas, niños, docentes y personal administrativo, además se brindaron recomendaciones a las autoridades educativas para mejorar o reforzar ciertos aspectos para promover una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.
El funcionario municipal, destacó la importancia de mantener una vigilancia constante en los planteles; de igual manera, reiteró el compromiso de continuar con este tipo de inspecciones de manera periódica, con el fin de garantizar espacios educativos seguros y preparados ante cualquier situación de riesgo.
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