agosto 17, 2026

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#Entrevista | «En la UASLP nadie debería ganar más que AMLO»: rector

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Alejandro Zermeño reveló que no conoce el precio del transporte público, afirmó que existe una élite académica alejada de la realidad y señaló que el presupuesto de la UASLP es insuficiente, aunque es igual al de Ayuntamiento de SLP.

Por: Luis Moreno

La Orquesta publicó semanas atrás un reportaje en el que se explicaba que 498 trabajadores y trabajadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al menos durante un mes del 2021, recibieron un salario superior a los 112 mil 122 pesos, que es el sueldo pagado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue obtenida del apartado de salarios netos de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que son datos emitidos por la propia UASLP.

El texto activó las quejas de decenas de mencionados (y no mencionados). Llama la atención que no defendían si era justa o injusta la obtención de ese sueldo, sino que se limitaban a negar que lo recibían, aún y cuando un ente oficial respalda los datos; por otra parte los quejosos decían sobre sí mismos estar en una situación de vulnerabilidad, pues consideraban que este medio los había exhibido, situación que resulta completamente falsa, pues al ser empleados dependientes del gobierno su información es pública y están obligados a rendir cuentas a quien así se los exija.

El conflicto dio pie a esta entrevista, en la que el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de una élite académica que se muestra ajena a la realidad que vive el resto del país, habló sobre los problemas que tiene la universidad al no poder contratar nuevos profesores de tiempo completo, la pensiones millonarias de sus antecesores y el presupuesto de la universidad.

 

La Orquesta: ¿Considera que es justo que algún funcionario o funcionaria pública reciba un sueldo mayor al de López Obrador?

Alejandro Zermeño: Diría que cualquier sueldo devengado de un trabajo honesto no debería tener un límite, ese es mi punto de vista.

 

LO: En la función pública, ¿no debería de ser un parámetro para el resto el sueldo del presidente?
AZ: Depende de las responsabilidades, pienso que una persona que tenga ciertas responsabilidades debe tener un sueldo justo. La máxima responsabilidad en el país la tiene el presidente de la República, sin duda, sin embargo, hay que reconocer que probablemente su sueldo real tenga además compensaciones de otro tipo que hacen que no necesita más dinero para vivir, por ejemplo: tiene casa que le da el Estado, tiene la luz, la servidumbre, cosas de ese tipo. Su sueldo es un referente, pero yo diría que si es por responsabilidad, sin duda el presidente es el hombre con más responsabilidades en el país y tiene que ser el tope para un funcionario.

 

LO: Basado en las responsabilidades que usted menciona, ¿considera que alguien de la UASLP debería ganar más que el presidente?
AZ: No, definitivamente, no. Nadie debería ganar más que el presidente. Déjame aclararte una cosa, si tú además de ser un profesor universitario perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), tienes un sobresueldo por ese trabajo extra, pagado con recursos que no son de la universidad, si no de otro ente, ahí no vería ningún inconveniente en que una persona gane el sueldo tope en la universidad, más una compensación por ser un investigador de alto nivel.

 

LO: Sin embargo, esos sueldos de investigadores también se pagan con recursos de la Federación.

AZ: Sí, claro, pero es una atribución que tiene la Federación para dar una compensación a ciertas personas que cumplen una acción superior.

 

LO: El presidente López Obrador, ha cuestionado en varias ocasiones la labor de la academia en México, en resumen la acusa de haberse convertido en una élite alejada de la realidad, ¿usted considera que esto pasa?

AZ: Lamentablemente, sí. Pienso que la inversión en educación en las últimas décadas, no estoy hablando solo del periodo del presidente actual, ha sido tan baja que ha hecho que no se pueda tener un nivel educativo alto en todo el país y que haya una gran diferencia entre las personas que pueden acceder a una educación superior privada o pública con respecto a la gente que en el siglo XXI, siguen en escuelas sin luz, sin pupitres, sin techos en algunos casos, sin servicios y, a veces, sin maestros. Estas grandes diferencias han hecho que se forme una élite con las personas que pueden acceder a una educación superior. Nuestro compromiso como una universidad pública es buscar que exista el acceso para todos. Estoy de acuerdo con el señor presidente con que existe una élite, pero es resultado de una política de las últimas tres o cuatro décadas, en la que se dejó de apostar por la educación, empezando desde la primaria, porque si todos los planteles fueran del mismo nivel, no habrían tantas diferencias de oportunidades entre un niño que estudia en escuela privada y el que lo hace en una pública del municipio más lejano.

 

LO: En el caso de los académicos, ¿le parece que constituyen una élite alejada de la realidad?

AZ: En algunos casos puede ser que sí. Existe un grupo de académicos que sus actividades no las relacionan con la sociedad. Insisto mucho en que la universidad tiene que tener una pertinencia social mayor. Hay maestros que su vida es un aula y sus alumnos y no tienen la visión de beneficiar a la sociedad más allá de lo que contribuyen sus salones.

 

LO: Usted, ¿se considera cercano a la sociedad, al ciudadano de a pie?

AZ: Por mi formación como médico creo que tengo un poco más cercanía con la sociedad.

 

LO: ¿Le molestaría si le hago una pregunta que considero que todo universitario debería de saber responder?

AZ: Adelante.

 

LO: ¿Cuál es el precio de la tarifa regular y preferente para estudiantes del transporte público?

AZ: Hasta donde yo me quedé eran 9.50 (pesos) al público en general y 5.50 para estudiante, eso es lo que yo tenía contemplado.

 

LO: Se lo comparto, la tarifa es de 10.10 y la de estudiantes de 4.62 pesos. Rector, cambiamos a lo político. Vivimos un periodo de transición con los gobiernos de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo, que terminan repercutiendo en la universidad de alguna manera, cómo califica el desempeño del alcalde Enrique Galindo en estos primeros meses.

AZ: Voy a contestar sobre ambos: no soy nada deportista, pero haré una analogía, es como ir a ver un partido de futbol, una final del Mundial, y a los diez minutos te preguntan ¿qué te pareció el partido?, cuando no has visto ni los tres primeros pases. Es muy difícil evaluar a una persona cuando no tiene ni un año en su cargo. El señor gobernador del estado tiene que estar gobernando 72 meses, es imposible dar una evaluación de su trabajo en este momento y del señor alcalde que tiene que estar 36 meses, tampoco. Del señor alcalde debe haber voluntad para generar un cambio real en la imágen de la capital, he visto que ya empezó con cosas como pintar puentes, reparar de calles, pero una de las decisiones más importantes es el nuevo sistema de seguridad pública que espero dé buenos resultados, porque nos beneficia a todos. Del señor gobernador, yo te puedo decir que lo tiene muy claro, es un hombre que sabe favorecer la cuestión social, el bienestar social.

 

LO: Este año, la universidad va a ejercer un presupuesto de 3 mil 355 millones de pesos, ¿es poco, mucho o suficiente para brindar una educación de calidad?

AZ: Es suficiente para brindar una educación de calidad, es poco si queremos crecer más. Me gustaría que todos los municipios tuvieran una preparatoria de la universidad, hay municipios aquí cercanos a San Luis que no tienen preparatoria ya sea privada o pública. Hemos descuidado la educación media. El presupuesto es suficiente para mantener lo que tenemos con calidad, sí, pero no hace falta más para tener una educación media de calidad.

 

LO: El Ayuntamiento de la capital tiene 6 mil trabajadores, la universidad 5 mil 874, el municipio atiende a una población de 845 mil 941 habitantes, mientras que la universidad tiene 33 mil 472 alumnos, pero este año, el presupuesto del Ayuntamiento es de 3 mil 396 millones, solo 41 millones más que la universidad, no obstante, tiene que dotar a la población de alumbrado público, seguridad, agua, incluso de educación, no le parece que entonces si lo cotejamos de esa manera, ¿es excesivo el presupuesto de la UASLP?

AZ: Bueno, es que depende de lo que consideres tú excesivo, pero vamos a pensar que nosotros, en cada uno de los alumnos, gastamos mucho más que de lo que ellos gastan en un ciudadano, porque vamos a decir que el alumbrado público, que en un momento dado incluso puede ser cobrado, una lámpara benéfica a equis cantidad de población, el agua potable te la cobran, el servicio de seguridad tiene un número de policías por ciudadano y si tú me dices que por ejemplo, cuánto se gasta en un alumno para una facultad como química, con los reactivos, los laboratorios, la luz, el agua, el servicio que tenemos que darle a cada alumno, pues tiene un gasto mucho mayor que un ciudadano en el municipio.

 

LO: No obstante, el 90% del presupuesto de la UASLP se va en la nómina.

AZ: Es el capítulo mil. Esos sueldos que están son prácticamente inamovibles. Por eso el crecimiento que nosotros tenemos está limitado, realmente el gran gasto de las instituciones es el sueldo.

 

LO: El Ayuntamiento también tiene que invertir en infraestructura, que es más notoria que la de la universidad.

AZ: Sí, nada más que checa sus ingresos, pagas tu predial, ellos tienen sus fondos de recuperación por servicios, lo que cobran son ingresos extra.

 

LO: La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la lucha contra el covid, no obstante, tienen a dos de los investigadores más relevantes en la materia. Hubo una cosa que me llamó la atención al revisar el tema de los sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia y es que el salario de uno de esos doctores (nos reservamos los nombres) fue de únicamente 11 mil 592 pesos mensuales y solo se le pagó entre septiembre y diciembre del 2021. Es muy sospechoso, ¿qué está pasando ahí, se le paga muy poco?

AZ: A ese investigador se le integró como profesor invitado, ya que no hay plazas como investigador en este momento, lamentablemente se le paga un sueldo muy bajo, hemos buscado cómo resolverlo, de hecho yo hablé hace unas semanas con la directora de medicina, para ver una posibilidad de buscar una plaza adecuada, el problema que tenemos es que no ha habido plazas nuevas desde 1996, entonces tenemos que esperar hasta que se desocupe una y no se desocupan cuando se jubila un profesor, porque hay que seguir pagando su pensión, sino hasta que muere. Es una pena que un investigador de ese nivel esté tan mal pagado y que afortunadamente ha tenido muchas solicitudes, de muchos lugares que le dicen que se vaya y que no ha aceptado, fielmente está con su institución, nos ha apoyado muchísimo, afortunadamente pudo entrar al Sistema Nacional de Investigadores que eso le da un pequeño ingreso extra, pero, sí, espero que no pase de este año sin que yo pueda solucionar la situación.

 

LO: ¿Trabaja de tiempo completo en la investigación contra el covid con un salario de profesor hora clase?

AZ: Sí, tristemente así es, porque no ha habido plazas para ese nivel, pero ya estamos buscando seriamente esa plaza, espero que este mismo año este resuelto ese tema, que pueda llegar a tener un nombramiento como profesor investigador que es lo que es él de tiempo completo y que si además pueda tener acceso a un sueldo mejor.

 

LO: Hace unos meses surgió una polémica en torno a las pensiones de los ex rectores, usted se había referido al respecto, me gustaría saber en qué va.

AZ: Hubo una sola pensión que está fuera del rango. La razón es muy clara, antes que entrara el presidente de la República no había límite de sueldo, entonces el rector se jubila con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo, entonces eso era correcto dentro de la ley, cuando llega el señor presidente y se pone un tope a los sueldos, en este caso tuvieron que ajustarse, cuando él se jubila, se jubila con el promedio de sus últimos cinco años, teniendo un desfase. Ya se hizo el estudio, se hizo el ajuste y a partir de este año va a empezar el descuento para ese ex rector, para que regrese el dinero que se pagó de más, un pago excesivo por esos meses que tiene y que va a ser un proceso para recuperar ese dinero.

 

LO: ¿Cuál es el tope de las pensiones en los exrectores?

AZ: No hay tope, o sea con decirte el número no hay tope, puede ser de 7 digitos, no hay tope para los anteriores, Guillermo Delgado, José Luis Rodríguez, el ingeniero Jaime Valle, Marío García, ellos tienen sus pensiones con relación a las ley que les tocó, es inamovible, son derechos adquirido.

 

LO: El pago hora clase actualmente es de aproximadamente 100 pesos, además se les hacen contratos semestrales a los profesores en dicho esquema, ¿le parece que hay mucha diferencia entre un docente de tiempo completo y uno por horas?

AZ: Absolutamente, muchísima, sí, por supuesto. Lamentablemente la situación es que, desde 1997, no ha habido plazas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública para las universidades, no solo para esta, por eso te digo que se ha dejado de invertir en educación. Supongamos que un profesor se jubila y daba 4 materias, le tenemos que seguir pagando, y para cubrirlo debemos contratar a otro que dé esas materias, o a dos profesores que den dos cada uno, pero no les podemos dar las prestaciones que tenía el profesor que se retiró, porque realmente no tenemos bases para sostener ese desfase económico que implicaría al profesor hora clase con uno de tiempo completo.

 

LO: ¿Qué se puede hacer, porque la plantilla está envejeciendo la educación de la universidad?

AZ: Absolutamente, nuestra comunidad académica debe de renovarse, somos una población académicamente vieja, necesitamos gente joven, pero para eso se necesita la inversión en educación superior que requiere el país o que las pensiones estén absorbidas por el gobierno federal, sería perfecto, tú ya te jubilas, pasas a otra chequera y me dejas libre ese dinero para contratar a un nuevo profesor, eso sería lo ideal, pero volvemos al principio: falta inversión en la educación.

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Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto

Por: Haniel Valdés Velázquez

Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.

Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”

Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.

Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.

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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO- Dirige Jorge Saldaña

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Lunes 17 de agosto de 2026

Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:

El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.

Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.

Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*

EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.

Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.

No es sugerencia. No hay prórroga.

Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.

La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.

El problema es el calendario.

Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.

Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.

Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.

Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.

Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:

Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)

LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA

Este es otro hallazgo documental de Pulso.

Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.

El problema es que la resolución existe.

El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.

Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.

Lo que no está pendiente es la sentencia.

SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE

Este es tema de seguimiento.

Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.

Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.

Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.

ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD

El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.

Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.

Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.

La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.

BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY

…y quizá pronto a ningún otro lado.

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.

La Embajada de Estados Unidos

dice que una visa puede cancelarse cuando existan razones para hacerlo, pero no ha explicado públicamente cuáles fueron las de Andy.

Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.

La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.

Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.

—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—

CONVERSACIÓN DE COLUMNAS

Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.

Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.

La campaña formal se hizo más corta.

La campaña real, evidentemente, no.

La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.

El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…

LOS 3 HALLAZGOS

1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.

2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.

3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.

LAS DE 8

Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.

Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.

Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.

MAÑANERA

La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.

San Luis Potosí no fue tema específico.

¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?

1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?

INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA

2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?

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(Viernes 14 de agosto de 2026)

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Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años

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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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