octubre 28, 2026

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#Entrevista | «En la UASLP nadie debería ganar más que AMLO»: rector

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Alejandro Zermeño reveló que no conoce el precio del transporte público, afirmó que existe una élite académica alejada de la realidad y señaló que el presupuesto de la UASLP es insuficiente, aunque es igual al de Ayuntamiento de SLP.

Por: Luis Moreno

La Orquesta publicó semanas atrás un reportaje en el que se explicaba que 498 trabajadores y trabajadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al menos durante un mes del 2021, recibieron un salario superior a los 112 mil 122 pesos, que es el sueldo pagado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue obtenida del apartado de salarios netos de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que son datos emitidos por la propia UASLP.

El texto activó las quejas de decenas de mencionados (y no mencionados). Llama la atención que no defendían si era justa o injusta la obtención de ese sueldo, sino que se limitaban a negar que lo recibían, aún y cuando un ente oficial respalda los datos; por otra parte los quejosos decían sobre sí mismos estar en una situación de vulnerabilidad, pues consideraban que este medio los había exhibido, situación que resulta completamente falsa, pues al ser empleados dependientes del gobierno su información es pública y están obligados a rendir cuentas a quien así se los exija.

El conflicto dio pie a esta entrevista, en la que el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de una élite académica que se muestra ajena a la realidad que vive el resto del país, habló sobre los problemas que tiene la universidad al no poder contratar nuevos profesores de tiempo completo, la pensiones millonarias de sus antecesores y el presupuesto de la universidad.

 

La Orquesta: ¿Considera que es justo que algún funcionario o funcionaria pública reciba un sueldo mayor al de López Obrador?

Alejandro Zermeño: Diría que cualquier sueldo devengado de un trabajo honesto no debería tener un límite, ese es mi punto de vista.

 

LO: En la función pública, ¿no debería de ser un parámetro para el resto el sueldo del presidente?
AZ: Depende de las responsabilidades, pienso que una persona que tenga ciertas responsabilidades debe tener un sueldo justo. La máxima responsabilidad en el país la tiene el presidente de la República, sin duda, sin embargo, hay que reconocer que probablemente su sueldo real tenga además compensaciones de otro tipo que hacen que no necesita más dinero para vivir, por ejemplo: tiene casa que le da el Estado, tiene la luz, la servidumbre, cosas de ese tipo. Su sueldo es un referente, pero yo diría que si es por responsabilidad, sin duda el presidente es el hombre con más responsabilidades en el país y tiene que ser el tope para un funcionario.

 

LO: Basado en las responsabilidades que usted menciona, ¿considera que alguien de la UASLP debería ganar más que el presidente?
AZ: No, definitivamente, no. Nadie debería ganar más que el presidente. Déjame aclararte una cosa, si tú además de ser un profesor universitario perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), tienes un sobresueldo por ese trabajo extra, pagado con recursos que no son de la universidad, si no de otro ente, ahí no vería ningún inconveniente en que una persona gane el sueldo tope en la universidad, más una compensación por ser un investigador de alto nivel.

 

LO: Sin embargo, esos sueldos de investigadores también se pagan con recursos de la Federación.

AZ: Sí, claro, pero es una atribución que tiene la Federación para dar una compensación a ciertas personas que cumplen una acción superior.

 

LO: El presidente López Obrador, ha cuestionado en varias ocasiones la labor de la academia en México, en resumen la acusa de haberse convertido en una élite alejada de la realidad, ¿usted considera que esto pasa?

AZ: Lamentablemente, sí. Pienso que la inversión en educación en las últimas décadas, no estoy hablando solo del periodo del presidente actual, ha sido tan baja que ha hecho que no se pueda tener un nivel educativo alto en todo el país y que haya una gran diferencia entre las personas que pueden acceder a una educación superior privada o pública con respecto a la gente que en el siglo XXI, siguen en escuelas sin luz, sin pupitres, sin techos en algunos casos, sin servicios y, a veces, sin maestros. Estas grandes diferencias han hecho que se forme una élite con las personas que pueden acceder a una educación superior. Nuestro compromiso como una universidad pública es buscar que exista el acceso para todos. Estoy de acuerdo con el señor presidente con que existe una élite, pero es resultado de una política de las últimas tres o cuatro décadas, en la que se dejó de apostar por la educación, empezando desde la primaria, porque si todos los planteles fueran del mismo nivel, no habrían tantas diferencias de oportunidades entre un niño que estudia en escuela privada y el que lo hace en una pública del municipio más lejano.

 

LO: En el caso de los académicos, ¿le parece que constituyen una élite alejada de la realidad?

AZ: En algunos casos puede ser que sí. Existe un grupo de académicos que sus actividades no las relacionan con la sociedad. Insisto mucho en que la universidad tiene que tener una pertinencia social mayor. Hay maestros que su vida es un aula y sus alumnos y no tienen la visión de beneficiar a la sociedad más allá de lo que contribuyen sus salones.

 

LO: Usted, ¿se considera cercano a la sociedad, al ciudadano de a pie?

AZ: Por mi formación como médico creo que tengo un poco más cercanía con la sociedad.

 

LO: ¿Le molestaría si le hago una pregunta que considero que todo universitario debería de saber responder?

AZ: Adelante.

 

LO: ¿Cuál es el precio de la tarifa regular y preferente para estudiantes del transporte público?

AZ: Hasta donde yo me quedé eran 9.50 (pesos) al público en general y 5.50 para estudiante, eso es lo que yo tenía contemplado.

 

LO: Se lo comparto, la tarifa es de 10.10 y la de estudiantes de 4.62 pesos. Rector, cambiamos a lo político. Vivimos un periodo de transición con los gobiernos de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo, que terminan repercutiendo en la universidad de alguna manera, cómo califica el desempeño del alcalde Enrique Galindo en estos primeros meses.

AZ: Voy a contestar sobre ambos: no soy nada deportista, pero haré una analogía, es como ir a ver un partido de futbol, una final del Mundial, y a los diez minutos te preguntan ¿qué te pareció el partido?, cuando no has visto ni los tres primeros pases. Es muy difícil evaluar a una persona cuando no tiene ni un año en su cargo. El señor gobernador del estado tiene que estar gobernando 72 meses, es imposible dar una evaluación de su trabajo en este momento y del señor alcalde que tiene que estar 36 meses, tampoco. Del señor alcalde debe haber voluntad para generar un cambio real en la imágen de la capital, he visto que ya empezó con cosas como pintar puentes, reparar de calles, pero una de las decisiones más importantes es el nuevo sistema de seguridad pública que espero dé buenos resultados, porque nos beneficia a todos. Del señor gobernador, yo te puedo decir que lo tiene muy claro, es un hombre que sabe favorecer la cuestión social, el bienestar social.

 

LO: Este año, la universidad va a ejercer un presupuesto de 3 mil 355 millones de pesos, ¿es poco, mucho o suficiente para brindar una educación de calidad?

AZ: Es suficiente para brindar una educación de calidad, es poco si queremos crecer más. Me gustaría que todos los municipios tuvieran una preparatoria de la universidad, hay municipios aquí cercanos a San Luis que no tienen preparatoria ya sea privada o pública. Hemos descuidado la educación media. El presupuesto es suficiente para mantener lo que tenemos con calidad, sí, pero no hace falta más para tener una educación media de calidad.

 

LO: El Ayuntamiento de la capital tiene 6 mil trabajadores, la universidad 5 mil 874, el municipio atiende a una población de 845 mil 941 habitantes, mientras que la universidad tiene 33 mil 472 alumnos, pero este año, el presupuesto del Ayuntamiento es de 3 mil 396 millones, solo 41 millones más que la universidad, no obstante, tiene que dotar a la población de alumbrado público, seguridad, agua, incluso de educación, no le parece que entonces si lo cotejamos de esa manera, ¿es excesivo el presupuesto de la UASLP?

AZ: Bueno, es que depende de lo que consideres tú excesivo, pero vamos a pensar que nosotros, en cada uno de los alumnos, gastamos mucho más que de lo que ellos gastan en un ciudadano, porque vamos a decir que el alumbrado público, que en un momento dado incluso puede ser cobrado, una lámpara benéfica a equis cantidad de población, el agua potable te la cobran, el servicio de seguridad tiene un número de policías por ciudadano y si tú me dices que por ejemplo, cuánto se gasta en un alumno para una facultad como química, con los reactivos, los laboratorios, la luz, el agua, el servicio que tenemos que darle a cada alumno, pues tiene un gasto mucho mayor que un ciudadano en el municipio.

 

LO: No obstante, el 90% del presupuesto de la UASLP se va en la nómina.

AZ: Es el capítulo mil. Esos sueldos que están son prácticamente inamovibles. Por eso el crecimiento que nosotros tenemos está limitado, realmente el gran gasto de las instituciones es el sueldo.

 

LO: El Ayuntamiento también tiene que invertir en infraestructura, que es más notoria que la de la universidad.

AZ: Sí, nada más que checa sus ingresos, pagas tu predial, ellos tienen sus fondos de recuperación por servicios, lo que cobran son ingresos extra.

 

LO: La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la lucha contra el covid, no obstante, tienen a dos de los investigadores más relevantes en la materia. Hubo una cosa que me llamó la atención al revisar el tema de los sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia y es que el salario de uno de esos doctores (nos reservamos los nombres) fue de únicamente 11 mil 592 pesos mensuales y solo se le pagó entre septiembre y diciembre del 2021. Es muy sospechoso, ¿qué está pasando ahí, se le paga muy poco?

AZ: A ese investigador se le integró como profesor invitado, ya que no hay plazas como investigador en este momento, lamentablemente se le paga un sueldo muy bajo, hemos buscado cómo resolverlo, de hecho yo hablé hace unas semanas con la directora de medicina, para ver una posibilidad de buscar una plaza adecuada, el problema que tenemos es que no ha habido plazas nuevas desde 1996, entonces tenemos que esperar hasta que se desocupe una y no se desocupan cuando se jubila un profesor, porque hay que seguir pagando su pensión, sino hasta que muere. Es una pena que un investigador de ese nivel esté tan mal pagado y que afortunadamente ha tenido muchas solicitudes, de muchos lugares que le dicen que se vaya y que no ha aceptado, fielmente está con su institución, nos ha apoyado muchísimo, afortunadamente pudo entrar al Sistema Nacional de Investigadores que eso le da un pequeño ingreso extra, pero, sí, espero que no pase de este año sin que yo pueda solucionar la situación.

 

LO: ¿Trabaja de tiempo completo en la investigación contra el covid con un salario de profesor hora clase?

AZ: Sí, tristemente así es, porque no ha habido plazas para ese nivel, pero ya estamos buscando seriamente esa plaza, espero que este mismo año este resuelto ese tema, que pueda llegar a tener un nombramiento como profesor investigador que es lo que es él de tiempo completo y que si además pueda tener acceso a un sueldo mejor.

 

LO: Hace unos meses surgió una polémica en torno a las pensiones de los ex rectores, usted se había referido al respecto, me gustaría saber en qué va.

AZ: Hubo una sola pensión que está fuera del rango. La razón es muy clara, antes que entrara el presidente de la República no había límite de sueldo, entonces el rector se jubila con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo, entonces eso era correcto dentro de la ley, cuando llega el señor presidente y se pone un tope a los sueldos, en este caso tuvieron que ajustarse, cuando él se jubila, se jubila con el promedio de sus últimos cinco años, teniendo un desfase. Ya se hizo el estudio, se hizo el ajuste y a partir de este año va a empezar el descuento para ese ex rector, para que regrese el dinero que se pagó de más, un pago excesivo por esos meses que tiene y que va a ser un proceso para recuperar ese dinero.

 

LO: ¿Cuál es el tope de las pensiones en los exrectores?

AZ: No hay tope, o sea con decirte el número no hay tope, puede ser de 7 digitos, no hay tope para los anteriores, Guillermo Delgado, José Luis Rodríguez, el ingeniero Jaime Valle, Marío García, ellos tienen sus pensiones con relación a las ley que les tocó, es inamovible, son derechos adquirido.

 

LO: El pago hora clase actualmente es de aproximadamente 100 pesos, además se les hacen contratos semestrales a los profesores en dicho esquema, ¿le parece que hay mucha diferencia entre un docente de tiempo completo y uno por horas?

AZ: Absolutamente, muchísima, sí, por supuesto. Lamentablemente la situación es que, desde 1997, no ha habido plazas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública para las universidades, no solo para esta, por eso te digo que se ha dejado de invertir en educación. Supongamos que un profesor se jubila y daba 4 materias, le tenemos que seguir pagando, y para cubrirlo debemos contratar a otro que dé esas materias, o a dos profesores que den dos cada uno, pero no les podemos dar las prestaciones que tenía el profesor que se retiró, porque realmente no tenemos bases para sostener ese desfase económico que implicaría al profesor hora clase con uno de tiempo completo.

 

LO: ¿Qué se puede hacer, porque la plantilla está envejeciendo la educación de la universidad?

AZ: Absolutamente, nuestra comunidad académica debe de renovarse, somos una población académicamente vieja, necesitamos gente joven, pero para eso se necesita la inversión en educación superior que requiere el país o que las pensiones estén absorbidas por el gobierno federal, sería perfecto, tú ya te jubilas, pasas a otra chequera y me dejas libre ese dinero para contratar a un nuevo profesor, eso sería lo ideal, pero volvemos al principio: falta inversión en la educación.

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“Será caótico”: alertan ataques contra servidores PHP sin actualizar en México

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Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004

Por: Redacción

Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.

El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.

De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.

Qué es PHP2Shell

PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.

Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.

La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.

Cinco días de octubre

Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.

Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.

El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.

Una tercera falla, sin parche

El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.

Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.

Gobierno y universidades, los más expuestos

La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.

La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.

Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.

Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.

Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.

La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.

Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones

El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.

El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.

Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.

En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.

Argentina: datos de 172 mil estudiantes

Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.

Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.

Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.

La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.

La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.

Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.

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CEA: operadora de El Realito debe unos 200 mdp por incumplimientos

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La CEA dijo que busca cobrar con los mecanismos del contrato, mientras el Estado paga unos 6 millones al mes

Por: Redacción

La operadora de El Realito tiene adeudos por unos 200 millones de pesos por incumplimientos del contrato, que están en controversia, dijo Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Explicó que cada vez que hay una falla se aplican multas y esa parte se resta a la empresa en el pago: «nosotros le restamos y no se le paga esa parte».

Dijo que, conforme al contrato, el Gobierno del Estado paga alrededor de 6 millones de pesos al mes por el servicio. Cuando el sistema funciona, otra tarifa depende de la cantidad de agua que llega a la capital.

Sobre los 200 millones, dijo que la CEA busca «el mecanismo propio del contrato» para cobrarlos, pues es dinero que la empresa tendría que pagar. Agregó que la CEA trabaja en un diagnóstico que incluye parte del sistema administrativo del contrato.

La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado. Una administración anterior delegó la operación en una empresa española mediante contrato, explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, dependencia que acompaña jurídicamente a la CEA para explorar una rescisión o una mediación.

En septiembre se dio a conocer que Banobras y Conagua analizan rescindir el contrato. El acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días sin agua a la zona metropolitana, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).

También lee: Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA

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Evidencia exhibe a Sánchez Zumaya y David Azuara con la “Wiwa”

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Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular

Por: Jorge Saldaña

La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.

Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.

Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.

La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.

Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.

En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.

Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas

La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.

En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.

Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.

Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.

Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.

En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya

, confirmó públicamente el congelamiento de cuentas atribuidas a Sánchez Zumaya y a familiares suyos, así como la salida del empresario del país.

Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.

Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.

Los Azuara Zúñiga

La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.

En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.

La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.

La captura que volvió relevantes las fotografías

Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.

Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.

La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.

La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.

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