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#Entrevista | «En la UASLP nadie debería ganar más que AMLO»: rector
Alejandro Zermeño reveló que no conoce el precio del transporte público, afirmó que existe una élite académica alejada de la realidad y señaló que el presupuesto de la UASLP es insuficiente, aunque es igual al de Ayuntamiento de SLP.
Por: Luis Moreno
La Orquesta publicó semanas atrás un reportaje en el que se explicaba que 498 trabajadores y trabajadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al menos durante un mes del 2021, recibieron un salario superior a los 112 mil 122 pesos, que es el sueldo pagado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue obtenida del apartado de salarios netos de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que son datos emitidos por la propia UASLP.
El texto activó las quejas de decenas de mencionados (y no mencionados). Llama la atención que no defendían si era justa o injusta la obtención de ese sueldo, sino que se limitaban a negar que lo recibían, aún y cuando un ente oficial respalda los datos; por otra parte los quejosos decían sobre sí mismos estar en una situación de vulnerabilidad, pues consideraban que este medio los había exhibido, situación que resulta completamente falsa, pues al ser empleados dependientes del gobierno su información es pública y están obligados a rendir cuentas a quien así se los exija.
El conflicto dio pie a esta entrevista, en la que el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de una élite académica que se muestra ajena a la realidad que vive el resto del país, habló sobre los problemas que tiene la universidad al no poder contratar nuevos profesores de tiempo completo, la pensiones millonarias de sus antecesores y el presupuesto de la universidad.
La Orquesta: ¿Considera que es justo que algún funcionario o funcionaria pública reciba un sueldo mayor al de López Obrador?
Alejandro Zermeño: Diría que cualquier sueldo devengado de un trabajo honesto no debería tener un límite, ese es mi punto de vista.
LO: En la función pública, ¿no debería de ser un parámetro para el resto el sueldo del presidente?
AZ: Depende de las responsabilidades, pienso que una persona que tenga ciertas responsabilidades debe tener un sueldo justo. La máxima responsabilidad en el país la tiene el presidente de la República, sin duda, sin embargo, hay que reconocer que probablemente su sueldo real tenga además compensaciones de otro tipo que hacen que no necesita más dinero para vivir, por ejemplo: tiene casa que le da el Estado, tiene la luz, la servidumbre, cosas de ese tipo. Su sueldo es un referente, pero yo diría que si es por responsabilidad, sin duda el presidente es el hombre con más responsabilidades en el país y tiene que ser el tope para un funcionario.
LO: Basado en las responsabilidades que usted menciona, ¿considera que alguien de la UASLP debería ganar más que el presidente?
AZ: No, definitivamente, no. Nadie debería ganar más que el presidente. Déjame aclararte una cosa, si tú además de ser un profesor universitario perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), tienes un sobresueldo por ese trabajo extra, pagado con recursos que no son de la universidad, si no de otro ente, ahí no vería ningún inconveniente en que una persona gane el sueldo tope en la universidad, más una compensación por ser un investigador de alto nivel.
LO: Sin embargo, esos sueldos de investigadores también se pagan con recursos de la Federación.
AZ: Sí, claro, pero es una atribución que tiene la Federación para dar una compensación a ciertas personas que cumplen una acción superior.
LO: El presidente López Obrador, ha cuestionado en varias ocasiones la labor de la academia en México, en resumen la acusa de haberse convertido en una élite alejada de la realidad, ¿usted considera que esto pasa?
AZ: Lamentablemente, sí. Pienso que la inversión en educación en las últimas décadas, no estoy hablando solo del periodo del presidente actual, ha sido tan baja que ha hecho que no se pueda tener un nivel educativo alto en todo el país y que haya una gran diferencia entre las personas que pueden acceder a una educación superior privada o pública con respecto a la gente que en el siglo XXI, siguen en escuelas sin luz, sin pupitres, sin techos en algunos casos, sin servicios y, a veces, sin maestros. Estas grandes diferencias han hecho que se forme una élite con las personas que pueden acceder a una educación superior. Nuestro compromiso como una universidad pública es buscar que exista el acceso para todos. Estoy de acuerdo con el señor presidente con que existe una élite, pero es resultado de una política de las últimas tres o cuatro décadas, en la que se dejó de apostar por la educación, empezando desde la primaria, porque si todos los planteles fueran del mismo nivel, no habrían tantas diferencias de oportunidades entre un niño que estudia en escuela privada y el que lo hace en una pública del municipio más lejano.
LO: En el caso de los académicos, ¿le parece que constituyen una élite alejada de la realidad?
AZ: En algunos casos puede ser que sí. Existe un grupo de académicos que sus actividades no las relacionan con la sociedad. Insisto mucho en que la universidad tiene que tener una pertinencia social mayor. Hay maestros que su vida es un aula y sus alumnos y no tienen la visión de beneficiar a la sociedad más allá de lo que contribuyen sus salones.
LO: Usted, ¿se considera cercano a la sociedad, al ciudadano de a pie?
AZ: Por mi formación como médico creo que tengo un poco más cercanía con la sociedad.
LO: ¿Le molestaría si le hago una pregunta que considero que todo universitario debería de saber responder?
AZ: Adelante.
LO: ¿Cuál es el precio de la tarifa regular y preferente para estudiantes del transporte público?
AZ: Hasta donde yo me quedé eran 9.50 (pesos) al público en general y 5.50 para estudiante, eso es lo que yo tenía contemplado.
LO: Se lo comparto, la tarifa es de 10.10 y la de estudiantes de 4.62 pesos. Rector, cambiamos a lo político. Vivimos un periodo de transición con los gobiernos de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo, que terminan repercutiendo en la universidad de alguna manera, cómo califica el desempeño del alcalde Enrique Galindo en estos primeros meses.
AZ: Voy a contestar sobre ambos: no soy nada deportista, pero haré una analogía, es como ir a ver un partido de futbol, una final del Mundial, y a los diez minutos te preguntan ¿qué te pareció el partido?, cuando no has visto ni los tres primeros pases. Es muy difícil evaluar a una persona cuando no tiene ni un año en su cargo. El señor gobernador del estado tiene que estar gobernando 72 meses, es imposible dar una evaluación de su trabajo en este momento y del señor alcalde que tiene que estar 36 meses, tampoco. Del señor alcalde debe haber voluntad para generar un cambio real en la imágen de la capital, he visto que ya empezó con cosas como pintar puentes, reparar de calles, pero una de las decisiones más importantes es el nuevo sistema de seguridad pública que espero dé buenos resultados, porque nos beneficia a todos. Del señor gobernador, yo te puedo decir que lo tiene muy claro, es un hombre que sabe favorecer la cuestión social, el bienestar social.
LO: Este año, la universidad va a ejercer un presupuesto de 3 mil 355 millones de pesos, ¿es poco, mucho o suficiente para brindar una educación de calidad?
AZ: Es suficiente para brindar una educación de calidad, es poco si queremos crecer más. Me gustaría que todos los municipios tuvieran una preparatoria de la universidad, hay municipios aquí cercanos a San Luis que no tienen preparatoria ya sea privada o pública. Hemos descuidado la educación media. El presupuesto es suficiente para mantener lo que tenemos con calidad, sí, pero no hace falta más para tener una educación media de calidad.
LO: El Ayuntamiento de la capital tiene 6 mil trabajadores, la universidad 5 mil 874, el municipio atiende a una población de 845 mil 941 habitantes, mientras que la universidad tiene 33 mil 472 alumnos, pero este año, el presupuesto del Ayuntamiento es de 3 mil 396 millones, solo 41 millones más que la universidad, no obstante, tiene que dotar a la población de alumbrado público, seguridad, agua, incluso de educación, no le parece que entonces si lo cotejamos de esa manera, ¿es excesivo el presupuesto de la UASLP?
AZ: Bueno, es que depende de lo que consideres tú excesivo, pero vamos a pensar que nosotros, en cada uno de los alumnos, gastamos mucho más que de lo que ellos gastan en un ciudadano, porque vamos a decir que el alumbrado público, que en un momento dado incluso puede ser cobrado, una lámpara benéfica a equis cantidad de población, el agua potable te la cobran, el servicio de seguridad tiene un número de policías por ciudadano y si tú me dices que por ejemplo, cuánto se gasta en un alumno para una facultad como química, con los reactivos, los laboratorios, la luz, el agua, el servicio que tenemos que darle a cada alumno, pues tiene un gasto mucho mayor que un ciudadano en el municipio.
LO: No obstante, el 90% del presupuesto de la UASLP se va en la nómina.
AZ: Es el capítulo mil. Esos sueldos que están son prácticamente inamovibles. Por eso el crecimiento que nosotros tenemos está limitado, realmente el gran gasto de las instituciones es el sueldo.
LO: El Ayuntamiento también tiene que invertir en infraestructura, que es más notoria que la de la universidad.
AZ: Sí, nada más que checa sus ingresos, pagas tu predial, ellos tienen sus fondos de recuperación por servicios, lo que cobran son ingresos extra.
LO: La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la lucha contra el covid, no obstante, tienen a dos de los investigadores más relevantes en la materia. Hubo una cosa que me llamó la atención al revisar el tema de los sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia y es que el salario de uno de esos doctores (nos reservamos los nombres) fue de únicamente 11 mil 592 pesos mensuales y solo se le pagó entre septiembre y diciembre del 2021. Es muy sospechoso, ¿qué está pasando ahí, se le paga muy poco?
AZ: A ese investigador se le integró como profesor invitado, ya que no hay plazas como investigador en este momento, lamentablemente se le paga un sueldo muy bajo, hemos buscado cómo resolverlo, de hecho yo hablé hace unas semanas con la directora de medicina, para ver una posibilidad de buscar una plaza adecuada, el problema que tenemos es que no ha habido plazas nuevas desde 1996, entonces tenemos que esperar hasta que se desocupe una y no se desocupan cuando se jubila un profesor, porque hay que seguir pagando su pensión, sino hasta que muere. Es una pena que un investigador de ese nivel esté tan mal pagado y que afortunadamente ha tenido muchas solicitudes, de muchos lugares que le dicen que se vaya y que no ha aceptado, fielmente está con su institución, nos ha apoyado muchísimo, afortunadamente pudo entrar al Sistema Nacional de Investigadores que eso le da un pequeño ingreso extra, pero, sí, espero que no pase de este año sin que yo pueda solucionar la situación.
LO: ¿Trabaja de tiempo completo en la investigación contra el covid con un salario de profesor hora clase?
AZ: Sí, tristemente así es, porque no ha habido plazas para ese nivel, pero ya estamos buscando seriamente esa plaza, espero que este mismo año este resuelto ese tema, que pueda llegar a tener un nombramiento como profesor investigador que es lo que es él de tiempo completo y que si además pueda tener acceso a un sueldo mejor.
LO: Hace unos meses surgió una polémica en torno a las pensiones de los ex rectores, usted se había referido al respecto, me gustaría saber en qué va.
AZ: Hubo una sola pensión que está fuera del rango. La razón es muy clara, antes que entrara el presidente de la República no había límite de sueldo, entonces el rector se jubila con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo, entonces eso era correcto dentro de la ley, cuando llega el señor presidente y se pone un tope a los sueldos, en este caso tuvieron que ajustarse, cuando él se jubila, se jubila con el promedio de sus últimos cinco años, teniendo un desfase. Ya se hizo el estudio, se hizo el ajuste y a partir de este año va a empezar el descuento para ese ex rector, para que regrese el dinero que se pagó de más, un pago excesivo por esos meses que tiene y que va a ser un proceso para recuperar ese dinero.
LO: ¿Cuál es el tope de las pensiones en los exrectores?
AZ: No hay tope, o sea con decirte el número no hay tope, puede ser de 7 digitos, no hay tope para los anteriores, Guillermo Delgado, José Luis Rodríguez, el ingeniero Jaime Valle, Marío García, ellos tienen sus pensiones con relación a las ley que les tocó, es inamovible, son derechos adquirido.
LO: El pago hora clase actualmente es de aproximadamente 100 pesos, además se les hacen contratos semestrales a los profesores en dicho esquema, ¿le parece que hay mucha diferencia entre un docente de tiempo completo y uno por horas?
AZ: Absolutamente, muchísima, sí, por supuesto. Lamentablemente la situación es que, desde 1997, no ha habido plazas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública para las universidades, no solo para esta, por eso te digo que se ha dejado de invertir en educación. Supongamos que un profesor se jubila y daba 4 materias, le tenemos que seguir pagando, y para cubrirlo debemos contratar a otro que dé esas materias, o a dos profesores que den dos cada uno, pero no les podemos dar las prestaciones que tenía el profesor que se retiró, porque realmente no tenemos bases para sostener ese desfase económico que implicaría al profesor hora clase con uno de tiempo completo.
LO: ¿Qué se puede hacer, porque la plantilla está envejeciendo la educación de la universidad?
AZ: Absolutamente, nuestra comunidad académica debe de renovarse, somos una población académicamente vieja, necesitamos gente joven, pero para eso se necesita la inversión en educación superior que requiere el país o que las pensiones estén absorbidas por el gobierno federal, sería perfecto, tú ya te jubilas, pasas a otra chequera y me dejas libre ese dinero para contratar a un nuevo profesor, eso sería lo ideal, pero volvemos al principio: falta inversión en la educación.
También lee: 498 trabajadores de la UASLP cobraron más que el presidente de la República
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Por cada peso de FISM en El Naranjo, sus migrantes mandan 28
El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
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SLP cerró 2025 con 369 homicidios, el menor registro en diez años
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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