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#Entrevista | «En la UASLP nadie debería ganar más que AMLO»: rector
Alejandro Zermeño reveló que no conoce el precio del transporte público, afirmó que existe una élite académica alejada de la realidad y señaló que el presupuesto de la UASLP es insuficiente, aunque es igual al de Ayuntamiento de SLP.
Por: Luis Moreno
La Orquesta publicó semanas atrás un reportaje en el que se explicaba que 498 trabajadores y trabajadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al menos durante un mes del 2021, recibieron un salario superior a los 112 mil 122 pesos, que es el sueldo pagado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue obtenida del apartado de salarios netos de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que son datos emitidos por la propia UASLP.
El texto activó las quejas de decenas de mencionados (y no mencionados). Llama la atención que no defendían si era justa o injusta la obtención de ese sueldo, sino que se limitaban a negar que lo recibían, aún y cuando un ente oficial respalda los datos; por otra parte los quejosos decían sobre sí mismos estar en una situación de vulnerabilidad, pues consideraban que este medio los había exhibido, situación que resulta completamente falsa, pues al ser empleados dependientes del gobierno su información es pública y están obligados a rendir cuentas a quien así se los exija.
El conflicto dio pie a esta entrevista, en la que el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de una élite académica que se muestra ajena a la realidad que vive el resto del país, habló sobre los problemas que tiene la universidad al no poder contratar nuevos profesores de tiempo completo, la pensiones millonarias de sus antecesores y el presupuesto de la universidad.
La Orquesta: ¿Considera que es justo que algún funcionario o funcionaria pública reciba un sueldo mayor al de López Obrador?
Alejandro Zermeño: Diría que cualquier sueldo devengado de un trabajo honesto no debería tener un límite, ese es mi punto de vista.
LO: En la función pública, ¿no debería de ser un parámetro para el resto el sueldo del presidente?
AZ: Depende de las responsabilidades, pienso que una persona que tenga ciertas responsabilidades debe tener un sueldo justo. La máxima responsabilidad en el país la tiene el presidente de la República, sin duda, sin embargo, hay que reconocer que probablemente su sueldo real tenga además compensaciones de otro tipo que hacen que no necesita más dinero para vivir, por ejemplo: tiene casa que le da el Estado, tiene la luz, la servidumbre, cosas de ese tipo. Su sueldo es un referente, pero yo diría que si es por responsabilidad, sin duda el presidente es el hombre con más responsabilidades en el país y tiene que ser el tope para un funcionario.
LO: Basado en las responsabilidades que usted menciona, ¿considera que alguien de la UASLP debería ganar más que el presidente?
AZ: No, definitivamente, no. Nadie debería ganar más que el presidente. Déjame aclararte una cosa, si tú además de ser un profesor universitario perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), tienes un sobresueldo por ese trabajo extra, pagado con recursos que no son de la universidad, si no de otro ente, ahí no vería ningún inconveniente en que una persona gane el sueldo tope en la universidad, más una compensación por ser un investigador de alto nivel.
LO: Sin embargo, esos sueldos de investigadores también se pagan con recursos de la Federación.
AZ: Sí, claro, pero es una atribución que tiene la Federación para dar una compensación a ciertas personas que cumplen una acción superior.
LO: El presidente López Obrador, ha cuestionado en varias ocasiones la labor de la academia en México, en resumen la acusa de haberse convertido en una élite alejada de la realidad, ¿usted considera que esto pasa?
AZ: Lamentablemente, sí. Pienso que la inversión en educación en las últimas décadas, no estoy hablando solo del periodo del presidente actual, ha sido tan baja que ha hecho que no se pueda tener un nivel educativo alto en todo el país y que haya una gran diferencia entre las personas que pueden acceder a una educación superior privada o pública con respecto a la gente que en el siglo XXI, siguen en escuelas sin luz, sin pupitres, sin techos en algunos casos, sin servicios y, a veces, sin maestros. Estas grandes diferencias han hecho que se forme una élite con las personas que pueden acceder a una educación superior. Nuestro compromiso como una universidad pública es buscar que exista el acceso para todos. Estoy de acuerdo con el señor presidente con que existe una élite, pero es resultado de una política de las últimas tres o cuatro décadas, en la que se dejó de apostar por la educación, empezando desde la primaria, porque si todos los planteles fueran del mismo nivel, no habrían tantas diferencias de oportunidades entre un niño que estudia en escuela privada y el que lo hace en una pública del municipio más lejano.
LO: En el caso de los académicos, ¿le parece que constituyen una élite alejada de la realidad?
AZ: En algunos casos puede ser que sí. Existe un grupo de académicos que sus actividades no las relacionan con la sociedad. Insisto mucho en que la universidad tiene que tener una pertinencia social mayor. Hay maestros que su vida es un aula y sus alumnos y no tienen la visión de beneficiar a la sociedad más allá de lo que contribuyen sus salones.
LO: Usted, ¿se considera cercano a la sociedad, al ciudadano de a pie?
AZ: Por mi formación como médico creo que tengo un poco más cercanía con la sociedad.
LO: ¿Le molestaría si le hago una pregunta que considero que todo universitario debería de saber responder?
AZ: Adelante.
LO: ¿Cuál es el precio de la tarifa regular y preferente para estudiantes del transporte público?
AZ: Hasta donde yo me quedé eran 9.50 (pesos) al público en general y 5.50 para estudiante, eso es lo que yo tenía contemplado.
LO: Se lo comparto, la tarifa es de 10.10 y la de estudiantes de 4.62 pesos. Rector, cambiamos a lo político. Vivimos un periodo de transición con los gobiernos de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo, que terminan repercutiendo en la universidad de alguna manera, cómo califica el desempeño del alcalde Enrique Galindo en estos primeros meses.
AZ: Voy a contestar sobre ambos: no soy nada deportista, pero haré una analogía, es como ir a ver un partido de futbol, una final del Mundial, y a los diez minutos te preguntan ¿qué te pareció el partido?, cuando no has visto ni los tres primeros pases. Es muy difícil evaluar a una persona cuando no tiene ni un año en su cargo. El señor gobernador del estado tiene que estar gobernando 72 meses, es imposible dar una evaluación de su trabajo en este momento y del señor alcalde que tiene que estar 36 meses, tampoco. Del señor alcalde debe haber voluntad para generar un cambio real en la imágen de la capital, he visto que ya empezó con cosas como pintar puentes, reparar de calles, pero una de las decisiones más importantes es el nuevo sistema de seguridad pública que espero dé buenos resultados, porque nos beneficia a todos. Del señor gobernador, yo te puedo decir que lo tiene muy claro, es un hombre que sabe favorecer la cuestión social, el bienestar social.
LO: Este año, la universidad va a ejercer un presupuesto de 3 mil 355 millones de pesos, ¿es poco, mucho o suficiente para brindar una educación de calidad?
AZ: Es suficiente para brindar una educación de calidad, es poco si queremos crecer más. Me gustaría que todos los municipios tuvieran una preparatoria de la universidad, hay municipios aquí cercanos a San Luis que no tienen preparatoria ya sea privada o pública. Hemos descuidado la educación media. El presupuesto es suficiente para mantener lo que tenemos con calidad, sí, pero no hace falta más para tener una educación media de calidad.
LO: El Ayuntamiento de la capital tiene 6 mil trabajadores, la universidad 5 mil 874, el municipio atiende a una población de 845 mil 941 habitantes, mientras que la universidad tiene 33 mil 472 alumnos, pero este año, el presupuesto del Ayuntamiento es de 3 mil 396 millones, solo 41 millones más que la universidad, no obstante, tiene que dotar a la población de alumbrado público, seguridad, agua, incluso de educación, no le parece que entonces si lo cotejamos de esa manera, ¿es excesivo el presupuesto de la UASLP?
AZ: Bueno, es que depende de lo que consideres tú excesivo, pero vamos a pensar que nosotros, en cada uno de los alumnos, gastamos mucho más que de lo que ellos gastan en un ciudadano, porque vamos a decir que el alumbrado público, que en un momento dado incluso puede ser cobrado, una lámpara benéfica a equis cantidad de población, el agua potable te la cobran, el servicio de seguridad tiene un número de policías por ciudadano y si tú me dices que por ejemplo, cuánto se gasta en un alumno para una facultad como química, con los reactivos, los laboratorios, la luz, el agua, el servicio que tenemos que darle a cada alumno, pues tiene un gasto mucho mayor que un ciudadano en el municipio.
LO: No obstante, el 90% del presupuesto de la UASLP se va en la nómina.
AZ: Es el capítulo mil. Esos sueldos que están son prácticamente inamovibles. Por eso el crecimiento que nosotros tenemos está limitado, realmente el gran gasto de las instituciones es el sueldo.
LO: El Ayuntamiento también tiene que invertir en infraestructura, que es más notoria que la de la universidad.
AZ: Sí, nada más que checa sus ingresos, pagas tu predial, ellos tienen sus fondos de recuperación por servicios, lo que cobran son ingresos extra.
LO: La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la lucha contra el covid, no obstante, tienen a dos de los investigadores más relevantes en la materia. Hubo una cosa que me llamó la atención al revisar el tema de los sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia y es que el salario de uno de esos doctores (nos reservamos los nombres) fue de únicamente 11 mil 592 pesos mensuales y solo se le pagó entre septiembre y diciembre del 2021. Es muy sospechoso, ¿qué está pasando ahí, se le paga muy poco?
AZ: A ese investigador se le integró como profesor invitado, ya que no hay plazas como investigador en este momento, lamentablemente se le paga un sueldo muy bajo, hemos buscado cómo resolverlo, de hecho yo hablé hace unas semanas con la directora de medicina, para ver una posibilidad de buscar una plaza adecuada, el problema que tenemos es que no ha habido plazas nuevas desde 1996, entonces tenemos que esperar hasta que se desocupe una y no se desocupan cuando se jubila un profesor, porque hay que seguir pagando su pensión, sino hasta que muere. Es una pena que un investigador de ese nivel esté tan mal pagado y que afortunadamente ha tenido muchas solicitudes, de muchos lugares que le dicen que se vaya y que no ha aceptado, fielmente está con su institución, nos ha apoyado muchísimo, afortunadamente pudo entrar al Sistema Nacional de Investigadores que eso le da un pequeño ingreso extra, pero, sí, espero que no pase de este año sin que yo pueda solucionar la situación.
LO: ¿Trabaja de tiempo completo en la investigación contra el covid con un salario de profesor hora clase?
AZ: Sí, tristemente así es, porque no ha habido plazas para ese nivel, pero ya estamos buscando seriamente esa plaza, espero que este mismo año este resuelto ese tema, que pueda llegar a tener un nombramiento como profesor investigador que es lo que es él de tiempo completo y que si además pueda tener acceso a un sueldo mejor.
LO: Hace unos meses surgió una polémica en torno a las pensiones de los ex rectores, usted se había referido al respecto, me gustaría saber en qué va.
AZ: Hubo una sola pensión que está fuera del rango. La razón es muy clara, antes que entrara el presidente de la República no había límite de sueldo, entonces el rector se jubila con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo, entonces eso era correcto dentro de la ley, cuando llega el señor presidente y se pone un tope a los sueldos, en este caso tuvieron que ajustarse, cuando él se jubila, se jubila con el promedio de sus últimos cinco años, teniendo un desfase. Ya se hizo el estudio, se hizo el ajuste y a partir de este año va a empezar el descuento para ese ex rector, para que regrese el dinero que se pagó de más, un pago excesivo por esos meses que tiene y que va a ser un proceso para recuperar ese dinero.
LO: ¿Cuál es el tope de las pensiones en los exrectores?
AZ: No hay tope, o sea con decirte el número no hay tope, puede ser de 7 digitos, no hay tope para los anteriores, Guillermo Delgado, José Luis Rodríguez, el ingeniero Jaime Valle, Marío García, ellos tienen sus pensiones con relación a las ley que les tocó, es inamovible, son derechos adquirido.
LO: El pago hora clase actualmente es de aproximadamente 100 pesos, además se les hacen contratos semestrales a los profesores en dicho esquema, ¿le parece que hay mucha diferencia entre un docente de tiempo completo y uno por horas?
AZ: Absolutamente, muchísima, sí, por supuesto. Lamentablemente la situación es que, desde 1997, no ha habido plazas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública para las universidades, no solo para esta, por eso te digo que se ha dejado de invertir en educación. Supongamos que un profesor se jubila y daba 4 materias, le tenemos que seguir pagando, y para cubrirlo debemos contratar a otro que dé esas materias, o a dos profesores que den dos cada uno, pero no les podemos dar las prestaciones que tenía el profesor que se retiró, porque realmente no tenemos bases para sostener ese desfase económico que implicaría al profesor hora clase con uno de tiempo completo.
LO: ¿Qué se puede hacer, porque la plantilla está envejeciendo la educación de la universidad?
AZ: Absolutamente, nuestra comunidad académica debe de renovarse, somos una población académicamente vieja, necesitamos gente joven, pero para eso se necesita la inversión en educación superior que requiere el país o que las pensiones estén absorbidas por el gobierno federal, sería perfecto, tú ya te jubilas, pasas a otra chequera y me dejas libre ese dinero para contratar a un nuevo profesor, eso sería lo ideal, pero volvemos al principio: falta inversión en la educación.
También lee: 498 trabajadores de la UASLP cobraron más que el presidente de la República
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
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Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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