agosto 4, 2026

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#Entrevista | «En la UASLP nadie debería ganar más que AMLO»: rector

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Alejandro Zermeño reveló que no conoce el precio del transporte público, afirmó que existe una élite académica alejada de la realidad y señaló que el presupuesto de la UASLP es insuficiente, aunque es igual al de Ayuntamiento de SLP.

Por: Luis Moreno

La Orquesta publicó semanas atrás un reportaje en el que se explicaba que 498 trabajadores y trabajadoras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al menos durante un mes del 2021, recibieron un salario superior a los 112 mil 122 pesos, que es el sueldo pagado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue obtenida del apartado de salarios netos de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que son datos emitidos por la propia UASLP.

El texto activó las quejas de decenas de mencionados (y no mencionados). Llama la atención que no defendían si era justa o injusta la obtención de ese sueldo, sino que se limitaban a negar que lo recibían, aún y cuando un ente oficial respalda los datos; por otra parte los quejosos decían sobre sí mismos estar en una situación de vulnerabilidad, pues consideraban que este medio los había exhibido, situación que resulta completamente falsa, pues al ser empleados dependientes del gobierno su información es pública y están obligados a rendir cuentas a quien así se los exija.

El conflicto dio pie a esta entrevista, en la que el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de una élite académica que se muestra ajena a la realidad que vive el resto del país, habló sobre los problemas que tiene la universidad al no poder contratar nuevos profesores de tiempo completo, la pensiones millonarias de sus antecesores y el presupuesto de la universidad.

 

La Orquesta: ¿Considera que es justo que algún funcionario o funcionaria pública reciba un sueldo mayor al de López Obrador?

Alejandro Zermeño: Diría que cualquier sueldo devengado de un trabajo honesto no debería tener un límite, ese es mi punto de vista.

 

LO: En la función pública, ¿no debería de ser un parámetro para el resto el sueldo del presidente?
AZ: Depende de las responsabilidades, pienso que una persona que tenga ciertas responsabilidades debe tener un sueldo justo. La máxima responsabilidad en el país la tiene el presidente de la República, sin duda, sin embargo, hay que reconocer que probablemente su sueldo real tenga además compensaciones de otro tipo que hacen que no necesita más dinero para vivir, por ejemplo: tiene casa que le da el Estado, tiene la luz, la servidumbre, cosas de ese tipo. Su sueldo es un referente, pero yo diría que si es por responsabilidad, sin duda el presidente es el hombre con más responsabilidades en el país y tiene que ser el tope para un funcionario.

 

LO: Basado en las responsabilidades que usted menciona, ¿considera que alguien de la UASLP debería ganar más que el presidente?
AZ: No, definitivamente, no. Nadie debería ganar más que el presidente. Déjame aclararte una cosa, si tú además de ser un profesor universitario perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, que es parte del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), tienes un sobresueldo por ese trabajo extra, pagado con recursos que no son de la universidad, si no de otro ente, ahí no vería ningún inconveniente en que una persona gane el sueldo tope en la universidad, más una compensación por ser un investigador de alto nivel.

 

LO: Sin embargo, esos sueldos de investigadores también se pagan con recursos de la Federación.

AZ: Sí, claro, pero es una atribución que tiene la Federación para dar una compensación a ciertas personas que cumplen una acción superior.

 

LO: El presidente López Obrador, ha cuestionado en varias ocasiones la labor de la academia en México, en resumen la acusa de haberse convertido en una élite alejada de la realidad, ¿usted considera que esto pasa?

AZ: Lamentablemente, sí. Pienso que la inversión en educación en las últimas décadas, no estoy hablando solo del periodo del presidente actual, ha sido tan baja que ha hecho que no se pueda tener un nivel educativo alto en todo el país y que haya una gran diferencia entre las personas que pueden acceder a una educación superior privada o pública con respecto a la gente que en el siglo XXI, siguen en escuelas sin luz, sin pupitres, sin techos en algunos casos, sin servicios y, a veces, sin maestros. Estas grandes diferencias han hecho que se forme una élite con las personas que pueden acceder a una educación superior. Nuestro compromiso como una universidad pública es buscar que exista el acceso para todos. Estoy de acuerdo con el señor presidente con que existe una élite, pero es resultado de una política de las últimas tres o cuatro décadas, en la que se dejó de apostar por la educación, empezando desde la primaria, porque si todos los planteles fueran del mismo nivel, no habrían tantas diferencias de oportunidades entre un niño que estudia en escuela privada y el que lo hace en una pública del municipio más lejano.

 

LO: En el caso de los académicos, ¿le parece que constituyen una élite alejada de la realidad?

AZ: En algunos casos puede ser que sí. Existe un grupo de académicos que sus actividades no las relacionan con la sociedad. Insisto mucho en que la universidad tiene que tener una pertinencia social mayor. Hay maestros que su vida es un aula y sus alumnos y no tienen la visión de beneficiar a la sociedad más allá de lo que contribuyen sus salones.

 

LO: Usted, ¿se considera cercano a la sociedad, al ciudadano de a pie?

AZ: Por mi formación como médico creo que tengo un poco más cercanía con la sociedad.

 

LO: ¿Le molestaría si le hago una pregunta que considero que todo universitario debería de saber responder?

AZ: Adelante.

 

LO: ¿Cuál es el precio de la tarifa regular y preferente para estudiantes del transporte público?

AZ: Hasta donde yo me quedé eran 9.50 (pesos) al público en general y 5.50 para estudiante, eso es lo que yo tenía contemplado.

 

LO: Se lo comparto, la tarifa es de 10.10 y la de estudiantes de 4.62 pesos. Rector, cambiamos a lo político. Vivimos un periodo de transición con los gobiernos de Enrique Galindo y Ricardo Gallardo, que terminan repercutiendo en la universidad de alguna manera, cómo califica el desempeño del alcalde Enrique Galindo en estos primeros meses.

AZ: Voy a contestar sobre ambos: no soy nada deportista, pero haré una analogía, es como ir a ver un partido de futbol, una final del Mundial, y a los diez minutos te preguntan ¿qué te pareció el partido?, cuando no has visto ni los tres primeros pases. Es muy difícil evaluar a una persona cuando no tiene ni un año en su cargo. El señor gobernador del estado tiene que estar gobernando 72 meses, es imposible dar una evaluación de su trabajo en este momento y del señor alcalde que tiene que estar 36 meses, tampoco. Del señor alcalde debe haber voluntad para generar un cambio real en la imágen de la capital, he visto que ya empezó con cosas como pintar puentes, reparar de calles, pero una de las decisiones más importantes es el nuevo sistema de seguridad pública que espero dé buenos resultados, porque nos beneficia a todos. Del señor gobernador, yo te puedo decir que lo tiene muy claro, es un hombre que sabe favorecer la cuestión social, el bienestar social.

 

LO: Este año, la universidad va a ejercer un presupuesto de 3 mil 355 millones de pesos, ¿es poco, mucho o suficiente para brindar una educación de calidad?

AZ: Es suficiente para brindar una educación de calidad, es poco si queremos crecer más. Me gustaría que todos los municipios tuvieran una preparatoria de la universidad, hay municipios aquí cercanos a San Luis que no tienen preparatoria ya sea privada o pública. Hemos descuidado la educación media. El presupuesto es suficiente para mantener lo que tenemos con calidad, sí, pero no hace falta más para tener una educación media de calidad.

 

LO: El Ayuntamiento de la capital tiene 6 mil trabajadores, la universidad 5 mil 874, el municipio atiende a una población de 845 mil 941 habitantes, mientras que la universidad tiene 33 mil 472 alumnos, pero este año, el presupuesto del Ayuntamiento es de 3 mil 396 millones, solo 41 millones más que la universidad, no obstante, tiene que dotar a la población de alumbrado público, seguridad, agua, incluso de educación, no le parece que entonces si lo cotejamos de esa manera, ¿es excesivo el presupuesto de la UASLP?

AZ: Bueno, es que depende de lo que consideres tú excesivo, pero vamos a pensar que nosotros, en cada uno de los alumnos, gastamos mucho más que de lo que ellos gastan en un ciudadano, porque vamos a decir que el alumbrado público, que en un momento dado incluso puede ser cobrado, una lámpara benéfica a equis cantidad de población, el agua potable te la cobran, el servicio de seguridad tiene un número de policías por ciudadano y si tú me dices que por ejemplo, cuánto se gasta en un alumno para una facultad como química, con los reactivos, los laboratorios, la luz, el agua, el servicio que tenemos que darle a cada alumno, pues tiene un gasto mucho mayor que un ciudadano en el municipio.

 

LO: No obstante, el 90% del presupuesto de la UASLP se va en la nómina.

AZ: Es el capítulo mil. Esos sueldos que están son prácticamente inamovibles. Por eso el crecimiento que nosotros tenemos está limitado, realmente el gran gasto de las instituciones es el sueldo.

 

LO: El Ayuntamiento también tiene que invertir en infraestructura, que es más notoria que la de la universidad.

AZ: Sí, nada más que checa sus ingresos, pagas tu predial, ellos tienen sus fondos de recuperación por servicios, lo que cobran son ingresos extra.

 

LO: La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la lucha contra el covid, no obstante, tienen a dos de los investigadores más relevantes en la materia. Hubo una cosa que me llamó la atención al revisar el tema de los sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia y es que el salario de uno de esos doctores (nos reservamos los nombres) fue de únicamente 11 mil 592 pesos mensuales y solo se le pagó entre septiembre y diciembre del 2021. Es muy sospechoso, ¿qué está pasando ahí, se le paga muy poco?

AZ: A ese investigador se le integró como profesor invitado, ya que no hay plazas como investigador en este momento, lamentablemente se le paga un sueldo muy bajo, hemos buscado cómo resolverlo, de hecho yo hablé hace unas semanas con la directora de medicina, para ver una posibilidad de buscar una plaza adecuada, el problema que tenemos es que no ha habido plazas nuevas desde 1996, entonces tenemos que esperar hasta que se desocupe una y no se desocupan cuando se jubila un profesor, porque hay que seguir pagando su pensión, sino hasta que muere. Es una pena que un investigador de ese nivel esté tan mal pagado y que afortunadamente ha tenido muchas solicitudes, de muchos lugares que le dicen que se vaya y que no ha aceptado, fielmente está con su institución, nos ha apoyado muchísimo, afortunadamente pudo entrar al Sistema Nacional de Investigadores que eso le da un pequeño ingreso extra, pero, sí, espero que no pase de este año sin que yo pueda solucionar la situación.

 

LO: ¿Trabaja de tiempo completo en la investigación contra el covid con un salario de profesor hora clase?

AZ: Sí, tristemente así es, porque no ha habido plazas para ese nivel, pero ya estamos buscando seriamente esa plaza, espero que este mismo año este resuelto ese tema, que pueda llegar a tener un nombramiento como profesor investigador que es lo que es él de tiempo completo y que si además pueda tener acceso a un sueldo mejor.

 

LO: Hace unos meses surgió una polémica en torno a las pensiones de los ex rectores, usted se había referido al respecto, me gustaría saber en qué va.

AZ: Hubo una sola pensión que está fuera del rango. La razón es muy clara, antes que entrara el presidente de la República no había límite de sueldo, entonces el rector se jubila con el promedio de los últimos cinco años, de acuerdo, entonces eso era correcto dentro de la ley, cuando llega el señor presidente y se pone un tope a los sueldos, en este caso tuvieron que ajustarse, cuando él se jubila, se jubila con el promedio de sus últimos cinco años, teniendo un desfase. Ya se hizo el estudio, se hizo el ajuste y a partir de este año va a empezar el descuento para ese ex rector, para que regrese el dinero que se pagó de más, un pago excesivo por esos meses que tiene y que va a ser un proceso para recuperar ese dinero.

 

LO: ¿Cuál es el tope de las pensiones en los exrectores?

AZ: No hay tope, o sea con decirte el número no hay tope, puede ser de 7 digitos, no hay tope para los anteriores, Guillermo Delgado, José Luis Rodríguez, el ingeniero Jaime Valle, Marío García, ellos tienen sus pensiones con relación a las ley que les tocó, es inamovible, son derechos adquirido.

 

LO: El pago hora clase actualmente es de aproximadamente 100 pesos, además se les hacen contratos semestrales a los profesores en dicho esquema, ¿le parece que hay mucha diferencia entre un docente de tiempo completo y uno por horas?

AZ: Absolutamente, muchísima, sí, por supuesto. Lamentablemente la situación es que, desde 1997, no ha habido plazas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública para las universidades, no solo para esta, por eso te digo que se ha dejado de invertir en educación. Supongamos que un profesor se jubila y daba 4 materias, le tenemos que seguir pagando, y para cubrirlo debemos contratar a otro que dé esas materias, o a dos profesores que den dos cada uno, pero no les podemos dar las prestaciones que tenía el profesor que se retiró, porque realmente no tenemos bases para sostener ese desfase económico que implicaría al profesor hora clase con uno de tiempo completo.

 

LO: ¿Qué se puede hacer, porque la plantilla está envejeciendo la educación de la universidad?

AZ: Absolutamente, nuestra comunidad académica debe de renovarse, somos una población académicamente vieja, necesitamos gente joven, pero para eso se necesita la inversión en educación superior que requiere el país o que las pensiones estén absorbidas por el gobierno federal, sería perfecto, tú ya te jubilas, pasas a otra chequera y me dejas libre ese dinero para contratar a un nuevo profesor, eso sería lo ideal, pero volvemos al principio: falta inversión en la educación.

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Ocho años de silencio institucional y expedientes contra maestros en SLP

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Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios

Por: Haniel Valdés Velázquez

En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.

Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.

En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.

En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.

En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.

En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.

En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.

El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.

Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.

Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?

La ola de 2026

Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.

La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo

, luego de que estudiantes tomaran las instalaciones del campus Pedregal en protesta. El 6 de marzo, la fiscal María Manuela García Cázares informó que un juez lo vinculó a proceso por violencia familiar y lesiones. La Fiscalía aclaró que la vinculación no implica sentencia y que el profesor presentó, a su vez, una denuncia contra la joven que sigue sin resolverse.

En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.

La cifra que cambió sin explicación

Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.

Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.

Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.

El sistema que no se ve

Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.

El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.

Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.

Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.

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Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP

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La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas

Por: Redacción

Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.

Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.

Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum

, produce 100 millones de moscas estériles por semana. “Ya la están tirando”, confirmó Díaz Salinas, indicando que el lanzamiento ya ha comenzado en varias regiones del estado.

Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.

Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.

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Crisis financiera impide rehabilitar todos los pozos de Interapas: Galindo

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El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador

Por Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.

El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.

“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.

Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.

En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.

El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.

Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.

A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.

“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.

El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.

Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.

“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.

Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.

Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.

“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.

Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.

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