#4 Tiempos
¿Encarcelar a expresidentes? Una misión imposible | Columna de Enrique Domínguez
Cuentas claras
La posibilidad de llevar a juicio a personajes de oscura reputación en estos tiempos es una labor que requiere mucho tesón, lograr hacer justicia se vuelve cada día más difícil, sobre todo si personajes encumbrados hicieron todo lo posible por saquear al país mediante actos de trampa, engaños y simulaciones. En el argot de lo moral encajaría como acto deshonesto.
Antes de emprender algo que redunde en beneficios económicos es menester emplear el sistema de justicia para un bien personal, la complicidad de legisladores es una tarea que involucra a un grupo de beneficiarios, para ello es necesario emitir leyes que sean novedosas e interesantes para la población y por otro lado a través de la simulación permitir actuar de manera libre para el robo descarado de bienes que le corresponden a la nación.
Es necesario ser un conocedor de las leyes, analizar la manera idónea para proteger a corruptos evitando futuros llamamientos a pagar por el daño y de esta manera actuar de manera inmoral.
Las prácticas que se mantienen y se ligan, son por lo general:
El soborno
Una práctica usual, es decir el pago por la prestación de un bien o servicio a quien concede esa posibilidad: “Si aceptas mi cotización recibirás dinero, privilegios, y/o bienes”. Hay casos muy sonados como la empresa brasileña Odebrecht que involucró de tal manera a grandes jerarcas de varios países, que incluso provocaron la caída de presidentes, México tiene estancada esa investigación.
Licitaciones
Es común que en las obras principalmente del estado, los concursantes propongan en teoría una propuesta que mantenga los lineamientos establecidos en una convocatoria. Establecer la mejor oferta siempre será el punto de más peso para otorgar la obra, servicio y/o concesión. Sin embargo, esto no sucede así, hay muchos casos, como el NAIM, la CFE, PEMEX, Salud, Transportes, etc., en que el presupuesto inicial es muy inferior al que se establece meses después. Cito el ejemplo de la barda perimetral del ex NAIM, en un inicio, el costo era de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significó un aumento de 89 por ciento.
Contratos
La esencia del contrato es un acuerdo generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen de manera recíproca a respetar y cumplir una serie de condiciones. El acto deshonesto se comete cuando las condiciones se adecuan de tal modo que la desventaja sea para el gobierno.
Un ejemplo muy claro es la pérdida significativa en perjuicio del estado, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el suministro de gas a través de ductos con 12 empresas, se establece que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo. La CFE tiene una serie de penas, y tan solo en 2018 pagó 5 mil millones de pesos, por lo que este año, de no negociarse los contratos, pagaría 16 mil millones de pesos. Además, también se obtuvo un préstamo por 16 mil millones de dólares, la CFE tendrá que pagar cerca de 70 mil millones de dólares en 25 años. Se han pagado desde 2015, 62 mil millones de pesos.
El contrato de Etileno Siglo XXI, desarrollado en Coatzacoalcos durante el gobierno de Felipe Calderón, consiste en que Pemex entrega etanol a la empresa Braskem (filial de Odebrecht e Idesa), para su procesamiento. Es una especie de política industrial inversa, se subsidia con dinero público a empresas de otros países y se afecta a las nacionales. La paraestatal pierde casi 2 mil millones de pesos cada año, sin considerar los gastos de administración.
Paraísos Fiscales
Un paraíso fiscal es un territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable para los no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de los paraísos fiscales en los años sesenta, si bien no fue hasta los años ochenta cuando se consolidaron como destino relevante del flujo internacional de capitales.
Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los países que pueden ser considerados como paraísos fiscales comparten cuatro factores identificativos:
La legislación no impone impuestos o estos son solo nominales. Hay falta de transparencia.
Las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países con relación a contribuyentes que se beneficien de los bajos impuestos.
Se permite a los no residentes beneficiarse de las ventajas impositivas, aun cuando no desarrollen su actividad de forma efectiva en dicho país.
No solo las islas Caimán, las islas Seychelles o Suiza mantienen ese calificativo, hay al menos 30 países que tienen esas posibilidades. Como dato curioso hay que decir que, generalmente, los paraísos fiscales se enmarcan en países pequeños en cuanto a extensión y población.
Lavado de dinero
El concepto de lavado de dinero es la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.
Quien lava dinero, por lo tanto, pretende legitimar los fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero.
Un ejemplo claro de lavado de dinero en nuestro país, más allá de la disputa política, es “la Estafa Maestra”, que reveló algunas estrategias de cómo se lleva a cabo la corrupción en México. Se trata de una operación que llevaba varios años en marcha, el origen fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014. La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos once dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos entre otras. En algunos casos, los contratos no se cumplieron y en otros, el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente.
Uno de los modos empleados es el uso de universidades públicas para desviar recursos. Y para concretarlo se aprovecha un resquicio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que en uno de sus artículos permite a dependencias públicas y universidades asignar contratos de manera directa, sin licitación o concurso.
El procedimiento es el siguiente: se contrata a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen personal para desarrollarlo. De esta manera, las universidades se ven obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo. Entonces piden los servicios de otra hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% del recurso asignado. Hubo casos donde se repitieron hasta ocho veces esos pasos y en todos, cada empresa se queda con una parte del dinero.
De esta manera, según la ASF, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos de la Sedesol. Ese año, los secretarios eran Rosario Robles, primero, y José Antonio Meade.
Empresas Fantasma
Está íntimamente relacionada con el lavado de dinero; las empresas fantasmas se les denomina de esta forma porque no se dedican precisamente a realizar operaciones comerciales, lo que significa que no aparecerán en ningún directorio comercial, no tienen venta al público ni cuentan con inventarios. Son “empresas” o personas físicas que no poseen ningún tipo de activo real ni tampoco ejecutan operaciones comerciales reales. Aunque están legalmente constituidas son creadas con el único objetivo de facilitar la evasión fiscal y la corrupción. “En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios”. Las operaciones que realizan son inexistentes, siendo esta la razón por la que se les considera ‘fantasma’.
El fallido estado de derecho
Se aglutinan los tres poderes del estado para corromper el sistema de justicia. Se modifican las leyes de tal manera que una actividad deshonesta no pueda ser castigada, se nombran fiscales anticorrupción para proteger de cualquier instancia al corruptor y su periodo puede alargarse, incluso excediendo los 10 años. Eso garantiza la tranquilidad, entorpeciendo trámites y gestionando su influencia para evitar que un “colega” sea detenido, incluso señalado.
En 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari durante su gestión (1988–1994), modificó la ley para quitar la condición de grave al delito de corrupción y con esto generar la era de las grandes estafas al país, para que los políticos corruptos no sufrieran consecuencias de cárcel, así como la ejecución de órdenes de extinción de dominio (el estado no puede incautar bienes que se hayan obtenido de manera ilícita desde 1994 hasta 2018).
La idea de juzgar a expresidentes no tiene sentido, además es necesario tener un marco jurídico adecuado, lo cual incluye reforma del artículo 35 constitucional y sus leyes reglamentarias. A pesar de esa modificación hay que recordar que las leyes no pueden ser retroactivas (no pueden aplicarse a periodos anteriores). Por ello, los expresidentes no pueden ser juzgados con penas que ameriten su encarcelamiento aún siendo tipificados en la Constitución como delitos graves.
Enriquecerse en menoscabo de la economía destruyendo instituciones fue la práctica que caracterizó a esa élite que se dedicó a engañar y anteponer los intereses personales a las necesidades reales del país quitando beneficios en obras de interés social y desarrollo de infraestructura.
La impunidad es uno de los principales desvaríos del sistema de justicia, es difícil condenar y hacer pagar al que comete actos corruptos. Decepcionante resulta entender que, aquellos que han saqueado y robado permanezcan en paz con la idea de no haber cometido algo Ilegal, amparados en modificaciones constitucionales para proteger y brindar una vida generosa, llena de lujos y frivolidades.
Ver en la cárcel a un personaje deshonesto de la élite oligarca del país es una tarea casi imposible, pues durante su gestión siempre se trabajó de manera sistemática para evitar ser condenados en lo futuro.
La estructura para cometer desfalcos, fraudes, asesinatos, desviaciones, componendas y vejaciones involucran a un conjunto de personajes incluyendo a empresarios, periodistas, legisladores, jueces, miembros de la alta esfera gubernamental, incluso organismos nacionales e internacionales.
Actualmente se ha legislado para revertir esa actuación dolosa en retirar el denominativo de “Delito no grave” a la corrupción, como lo es el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo) y además a: la Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
Las prisiones ahora están abarrotadas, en muchos casos, existen personas con presunción de inocencia y personas sin sentencia, víctimas de un sistema de justicia fallido.
En nuestro país el dinero corrompe para evitar la cárcel, quien no lo posea será víctima de la indefensión y en muchos casos la tortura existe para obtener incriminaciones artificiales.
Es común en esa élite que insiste en permanecer controlando el poder existan traiciones y la única manera de librarse de ellos es matando o pudriendo en la cárcel a quien no conviene a sus intereses con la fabricación de delitos que sí están calificados como graves.
“El ladrón pudiente paga para evitar la cárcel, el ladrón desventurado paga para sobrevivir en ella”.
Fuentes:
http://www.ciudadanosobservando.org.mx
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina
También lea: La bajeza moral de la Señora Wallace al amparo de un corrupto sistema judicial | Columna de Enrique Domínguez
El Cronopio
Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.
Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.
Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.
Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió
Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.
En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.
Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.
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ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.
Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
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