noviembre 21, 2024

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Empresa de transporte se defiende en el caso de migrantes secuestrados en Matehuala

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“Pasamos de ser víctimas a victimarios”, dijeron sus propietarios en una entrevista para Milenio

Por: Redacción

Accionistas de la empresa de Transporte Eiffel solicitaron a las autoridades, en una entrevista para el medio nacional Milenio, que realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso de los 86 migrantes que fueron rescatados en el municipio de Matehuala, para así limpiar su nombre: “Fuimos víctimas del crimen organizado y lo más lamentable, que ahora de ser víctimas, pasamos a ser victimarios”.

Los empresarios aseguraron que ellos solo dieron el servicio de transporte; argumentaron que están en disposición de apoyar a la autoridad, pues cuentan con el contrato y la ruta que siguieron las unidades.

Oswaldo, uno de los propietarios, declaró que el servicio de transporte fue solicitado como cualquier otro y que en esta ocasión el traslado era para una familia: “Este es un servicio o fue un servicio, como préstamos a todo público en general, a nosotros en esta temporada, Semana Santa, que es una de las fechas con más afluencia a nivel nacional, tenemos una gran demanda de trabajo, en esta ocasión, nos contratan para un traslado de servicio de al parecer y que a nosotros nos consta que son familia y radican en la ciudad de San Felipe, Guanajuato, de diversas comunidades donde su principal destino, es la ciudad de Saltillo, Coahuila”,.

El empresario explicó que cuando se ofrecen paquetes con hospedaje se le requiere a los contratantes una lista de todas las personas que abordan, pero en este caso al solo tratarse de transporte: “Se firmó un contrato donde únicamente hay un representante y se e labora a él mismo, quien se tiene que identificar con alguna creeencial vigente, toda empresa prestadora de servicios turísticos, en todo el país, realizan un listado de todas y cada una de las personas que abordan”.

Oswaldo detalló que en este caso, el servicio que prestaron era para 21 personas y solo era de transporte, por lo que se tiene la identificación del contratante y que es originario de la comunidad de La Peña, en San Felipe

; además señaló que tienen la ruta que siguió la unidad desde su salida de San Felipe, hasta que fue localizada en San Luis Potosí.

El accionista exhortó a las autoridades a que conozcan la ruta, ya que en ella se muestran puntos claves donde debería haber cámaras de vigilancia, como en una gasolinera de nombre Pocitos en el libramiento de Matehuala en San Luis Potosí, en donde se presume que fue donde secuestraron las unidades:

“Esta unidad, sigue un recorrido, donde llega en una hora a un sitio nocturno en la ciudad de Matehuala, misma que sin duda debe tener una cámara de vigilancia, reitero esta ruta a las autoridades para que hagan la investigación correspondiente”.

Las camionetas, al salir de la gasolinera, se dirigen a una zona desconocida, la cual ya no era la ruta a seguir para Saltillo, Coahuila y una hora después se pierden en el sitio donde encontraron a más de 100 personas.

Los socios de la empresa comentaron que al darse cuenta que las unidades no estaban siguiendo la ruta adecuada, denunciaron a las autoridades el hecho, lo que derivó en la localización de las más de 100 personas secuestradas.

Los empresarios apuntaron que sobre el caso de Joel, el operador que murió en el suceso, era familiar de ellos: “Joel a parte de un gran compañero, de una persona intachable en su labor, es también un familiar, desafortunadamente pierde la vida y es algo que quisiéramos que se haga justicia”.

Adrián, otro de los socios de Eiffel, resaltó que como empresa tienen nueve años en el ramo de transporte y que nunca habían tenido una situación similar.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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