octubre 17, 2026

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Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años

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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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Acento Ajeno

Ni Moisés dividió tanto el agua | Columna de Haniel Valdés

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Por: Haniel Valdés

Hoy escribo porque cometí un error. Fui de los periodistas que estuvimos en rueda de prensa con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, al terminar la Junta de Gobierno con Interapas. El miércoles pasado ofreció declaraciones a medios de prensa que sí acudimos a la cita nocturna y compartió los acuerdos tomados en dicha reunión.

Ahí está mi error: al parecer mis notas no fueron lo suficientemente claras. O quizás solo fue que varios medios salieron a llenar huecos que no había.

Lo interesante de ese encuentro es que se aprobó el plan de estímulos fiscales que se llevará al Congreso del Estado para su aprobación de cara a 2027, donde se aclaró además (y se insistió mucho en eso) que la tarifa de cobro del líquido se mantendría igual que en este año.

Al día siguiente muchos medios ya traían la nota de que aumentaría la tarifa y quién sabe cuántos inventos más de colegas que no estuvieron en la conferencia de prensa y que les pareció divertido el imaginar datos e informar a medias.

Pero lo que más me preocupa no es el ruido que generaron esas notas, sino la incoherencia que se vivió en dicha reunión por parte del síndico y el alcalde de Soledad, así como de Pascual Martínez.

Según informa Galindo, entre las decisiones tomadas, está la de revisar si es posible cumplir con la petición que hizo el gobernador de no cobrar el servicio a adultos mayores. Ni los participantes por Soledad, ni el titular de la CEA, votaron a favor de dicha propuesta. ¿No están de acuerdo con la idea de Gallardo? Es que la primera vez que el gobernador habló sobre el tema, fui muy cuidadoso y me fijé claramente que ambos, Pascual

y Navarro, estaban aplaudiendo esa iniciativa.

La CEA ya es habitual que no aporte a esas reuniones, según Galindo, el titular solo ha ido a tres y no votó en esta última, tampoco dio razones ni propuso algo. Sí, el organismo responsable de la política pública del agua en el Estado no tiene nada que aportar sobre el tema.

Según informó el presidente de la junta, Juan Manuel Navarro sí aportó algo, propuso un estímulo fiscal que también quedó dentro de los acuerdos que se enviaron al Congreso. Ahora, cuando tocó votar, Navarro se abstuvo de hacerlo, ¿no está de acuerdo con una idea que él mismo había planteado? ¿o algo lo hizo cambiar de opinión?

Lo cierto es que mientras la diputada Nancy Jeannine García, presidenta de la Comisión del Agua, llama a no politizar, todos lo continúan haciendo, lo hace el aquaman Gámez Macías, lo hace el alcalde capitalino, lo hace el gobernador del estado, lo hace el alcalde de Soledad y la CEA. Mientras hay cuentas sin pagar, tinacos sin llenar, conductoras sin reparar y rezos por hacer para que El Realito no vuelva a fallar.

“Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo 14:21)

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Gallardo promete «mano dura» contra delincuentes de otros estados

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Ricardo Gallardo dijo que la Guardia Civil Estatal sigue en las colonias para frenar el robo de autos y casas

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que los homicidios dolosos bajaron más de 85% en San Luis Potosí y que ahora la Guardia Civil Estatal entra a las colonias para combatir los robos.

Afirmó que ningún gobierno había logrado esa reducción. Agregó que no permitirán que delincuentes de otros estados lleguen a delinquir a la entidad: «los detenemos y los mandamos a los penales». Dijo que irán «con mano dura».

Gallardo señaló que lo que más le duele a la ciudadanía son los robos de carros y de casas en las colonias, los asaltos a quienes salen a trabajar por la mañana, los robos a transeúntes y los cristalazos. Sostuvo que esos delitos corresponden a la policía municipal y a las corporaciones municipales, y que por eso las patrullas de la Guardia Civil Estatal están en las colonias. «Ya no nos vamos a salir de la colonia hasta que acabemos con la delincuencia común

», afirmó.

El gobernador aseguró que su gobierno trabaja «todos los días» como ningún ayuntamiento lo hace. Dijo que en la zona metropolitana no hay patrullas trabajando después de las 10 de la noche más que las de la Guardia Civil Estatal.

Sobre las patrullas clonadas detectadas en otros estados cercanos, Gallardo respondió que en San Luis Potosí no hay ningún caso. Advirtió que la primera que aparezca será detenida y puesta a disposición de las autoridades.

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Ciudad

Galindo: Interapas tiene crisis financiera y el Estado le debe casi 300 mdp

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El alcalde dijo que quiere explicar a los diputados por qué hay crisis financiera en el organismo y dónde está la responsabilidad

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, pidió que el Congreso del Estado lo invite a hablar del agua para explicar por qué el organismo atraviesa una crisis financiera y quién tiene la responsabilidad.

«Ojalá pronto el Congreso me invite. Es más, este es un buen motivo para que me inviten y platicar del agua», dijo. Recordó que hace dos años acudió a hablar de la tarifa y que ahora le gustaría «revelar» por qué «parece que hay crisis [del agua] cuando creo que no la hay», y dónde está la responsabilidad. «Y de una vez definir exactamente la tarifa», añadió.

En agosto, Galindo admitió que la situación financiera limita la rehabilitación de los más de 170 pozos del organismo, todos con necesidad de mantenimiento mayor, de los cuales más de 70 ya recibieron reparación integral. Dijo entonces que los recursos federales del año pasado y de este no llegaron y que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado seguía pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones.

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Opinión

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