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El Mijis presenta iniciativa sobre la Guardia Nacional en SLP
Según el diputado, la Guardia Nacional le entra al quite porque ya nadie confía en las policías de los tres órdenes de gobierno
Por: Fernando Garduza
Pese a reconocer que las policías de los municipios y los estados han perdido la confianza de la ciudadanía, el diputado Pedro César Carrizales Becerra presentó una propuesta para que las corporaciones de estos niveles en todo el país, contraten más personal y garanticen la existencia de 1.8 policías activos por cada mil habitantes.
De acuerdo con la propuesta de Carrizales Becerra, la Guardia Nacional solo atiende una urgencia de seguridad con una temporalidad de cinco años, plazo que consideró razonable “para perfeccionar y fortalecer las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno y garantizar una sustitución ordenada de las labores de seguridad al término del plazo establecido”.
Expresó que existen recomendaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde establecen estándares que pueden considerarse óptimos, como parte de la estrategia para asegurar un mínimo de seguridad, por lo cual consideró necesario que México los adopte para garantizar los parámetros mínimos internacionales.
El diputado local dijo que es necesario que los estados y municipios garanticen mejorar o mantener los estándares mínimos establecidos en el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “o de lo contrario el pleno del Consejo Nacional debe cancelar o suspender los recursos a las entidades federativas o municipios que incumplan con lo establecido en la norma”.
Dicho artículo establece: “las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley”.
Al respecto de la diferenciación entre la Guardia Nacional y las corporaciones municipales y estatales, Carrizales Becerra dijo que cada corporación tiene su labor, la municipal de prevención, la estatal “brindar la seguridad”, y “el Judicial es para (inaudible) presión”.
“Cada quien tiene su ejercicio, la Guardia Nacional lo que viene a hacer es reforzar por la falta de confianza que existe en los cuerpos policiacos, sin embargo, no debe de caer todo el esfuerzo en la Federación, es a cargo de los municipios y del Estado”.
Sobre cómo garantizar el respeto a los derechos humanos en el actuar de la Guardia Nacional, Carrizales Becerra consideró que, capacitándolos, para lo cual la ONU va a participar.
“Lo que nosotros exigimos es que se capacite a la Guardia Nacional en el manejo de las emociones y la escucha activa, entonces va a haber un proceso de capacitación, al igual de que nosotros no debemos de dejar esto a cargo de la Federación, tiene que ser desde los municipios y los estados”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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