Congreso del Estado
Diputadas Bernarda Reyes y Liliana Flores exhortan a cumplir la representación de pueblos indigenas
Buscan que personas no indígenas dejen de apropiarse de candidaturas indígenas
Por: Redacción
Las diputadas Bernarda Reyes Hernández y Liliana Flores Almazán, propusieron un Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para que tomen las medidas necesarias para garantizar que personas no indígenas pretendan hacerse pasar como indígenas para lograr ser candidatos de elección popular.
Señalan la necesidad de implementar medidas como la verificación de la autenticidad de la identidad indígena, mediante procedimientos y requisitos claros y específicos para la acreditación de la identidad indígena de los candidatos, como la presentación de documentos que acrediten su pertenencia a una comunidad indígena, la realización de entrevistas y/o pruebas de conocimiento sobre la cultura y la lengua indígena correspondiente.
También proponen una participación activa de las comunidades indígenas, mediante mecanismos de participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de candidatos, a través de consultas, asambleas y/o acuerdos comunitarios.
Fiscalización y sanciones para los candidatos que pretendan hacerse pasar como indígenas o que incurran en prácticas de fraude electoral. Estas sanciones pueden incluir la cancelación de su registro como candidatos, la anulación de sus votos y/o la imposición de multas y sanciones penales.
Fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, mediante la implementación de políticas públicas y programas de fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, con el fin de promover y preservar la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.
De manera general, establezcan medidas que garanticen la autenticidad de la identidad indígena de los candidatos y la participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de sus representantes.
La legisladora Bernarda Reyes manifestó que existen personas que de manera dolosa se autoidentifican como miembros de comunidades indígenas para conseguir un puesto de elección popular, 
Recordó que dichos pueblos y comunidades indígenas cuentan con el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y su respectiva Ley Reglamentaria.
Dijo que durante los procesos electorales existen muchas personas que con el afán de llegar a puestos públicos “se autoadscriben como indígenas, a pesar de no formar parte de ninguna comunidad y no tener ni las mismas costumbres o tradiciones de la comunidad a la que dicen pertenecer.
Cabe destacar que esta es una propuesta conjunta con la legisladora Liliana Flores, pues ambas diputadas representan distritos de la Huasteca Potosina que es donde se concentra la mayor cantidad de pueblos y comunidades indígenas del Estado, con más de 200,000 hablantes de lenguas indígenas.
El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis correspondiente.
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El diputado Héctor Serrano Cortés insistió en la necesidad de generar condiciones legales para que sus autoridades sean electas en las urnas en 2027
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá un exhorto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva a la brevedad, los temas que impiden a las autoridades electorales tener certeza legal para organizar los próximos comicios en el municipio de Villa de Pozos, para que las y los ciudadanos elijan a sus autoridades en 2027.
Así lo señaló el secretario de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés al manifestar que este retraso, está generando una crisis política y social, al dejar a las autoridades correspondientes en un estado de indefensión porque una vez más podría no permitirse que se lleve a cabo la elección, con todo lo que ello implica.
Explicó que la justificación del Tribunal es el turno, es decir, se trata de un tema de encarte pero ya se resolvió uno que era el más complejo y hay dos más que se promueven precisamente con ese fin, que se retrase todo el proceso para no dar continuidad, mientras en la instancia jurisdiccional no se puede desahogar por la carga de trabajo.
El diputado Héctor Serrano señaló que el tema ya fue abordado desde la delegación del Instituto Nacional Electoral
“Deben saber que el tema está escalando a una preocupación política y social, todos queremos que se haga una elección, que los representantes municipales sean electos de forma democrática, pero hay organizaciones que pretenden frenar este proceso con acciones que lastiman la vida social de ese municipio”.
De no resolverse el tema y no realizarse elecciones nuevamente, habrá una severa crisis que nadie desea, por ello es necesario que la autoridad jurisdiccional resuelva inmediatamente el tema, que seguramente procederá como ya se resolvió un primer asunto relacionado, a favor de la municipalización de Villa de Pozos.
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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones
Por: Redacción
La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.
Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.
“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.
Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.
“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.
Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.
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Busca establecer parámetros que informen a la población sobre distribución de recursos hídricos
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para modificar el artícu lo 191 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí
El legislador señala que la ley en la materia resulta ineficiente para garantizar que el derecho humano al agua se materialice, al no establecer parámetros que informen la distribución del recurso entre la población.
Esto, debido a que las obligaciones de informar, se encuentran dirigidas principalmente a autoridades y se limitan a aspectos financieros y administrativos; sin embargo, no establece procedimientos de transparencia operativa accesible a la ciudadanía.
Señala que la problemática no radica únicamente en la disponibilidad del recurso hídrico, sino en la falta de mecanismos de información, lo cual genera un escenario de desinformación para la población, lo que dificulta situaciones como el acceso al agua al distribuirse
Por ello, con esta iniciativa se propone generar un impacto positivo, abonando al derecho humano al agua, mediante el establecimiento de criterios que permiten una distribución del recurso, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Entre los impactos positivos esperados se encuentra la reducción de desigualdades en el acceso al servicio, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la mejora en la calidad de vida de la población.
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