noviembre 21, 2026

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Congreso del Estado

Diputadas Bernarda Reyes y Liliana Flores exhortan a cumplir la representación de pueblos indigenas

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Buscan que personas no indígenas dejen de apropiarse de candidaturas indígenas

Por: Redacción

Las diputadas Bernarda Reyes Hernández y Liliana Flores Almazán, propusieron un Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para que tomen las medidas necesarias para garantizar que personas no indígenas pretendan hacerse pasar como indígenas para lograr ser candidatos de elección popular.

Señalan la necesidad de implementar medidas como la verificación de la autenticidad de la identidad indígena, mediante procedimientos y requisitos claros y específicos para la acreditación de la identidad indígena de los candidatos, como la presentación de documentos que acrediten su pertenencia a una comunidad indígena, la realización de entrevistas y/o pruebas de conocimiento sobre la cultura y la lengua indígena correspondiente.

También proponen una participación activa de las comunidades indígenas, mediante mecanismos de participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de candidatos, a través de consultas, asambleas y/o acuerdos comunitarios.

Fiscalización y sanciones para los candidatos que pretendan hacerse pasar como indígenas o que incurran en prácticas de fraude electoral. Estas sanciones pueden incluir la cancelación de su registro como candidatos, la anulación de sus votos y/o la imposición de multas y sanciones penales.

Fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, mediante la implementación de políticas públicas y programas de fortalecimiento de la cultura y lengua indígena, con el fin de promover y preservar la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas.

De manera general, establezcan medidas que garanticen la autenticidad de la identidad indígena de los candidatos y la participación activa y directa de las comunidades indígenas en la selección de sus representantes.

La legisladora Bernarda Reyes manifestó que existen personas que de manera dolosa se autoidentifican como miembros de comunidades indígenas para conseguir un puesto de elección popular,

ocasionando con esto un daño a la representación y participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas dentro de la vida política.

Recordó que dichos pueblos y comunidades indígenas cuentan con el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, los cuales se encuentran contenidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y su respectiva Ley Reglamentaria.

Dijo que durante los procesos electorales existen muchas personas que con el afán de llegar a puestos públicos “se autoadscriben como indígenas, a pesar de no formar parte de ninguna comunidad y no tener ni las mismas costumbres o tradiciones de la comunidad a la que dicen pertenecer.

Cabe destacar que esta es una propuesta conjunta con la legisladora Liliana Flores, pues ambas diputadas representan distritos de la Huasteca Potosina que es donde se concentra la mayor cantidad de pueblos y comunidades indígenas del Estado, con más de 200,000 hablantes de lenguas indígenas.

El Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis correspondiente.

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Congreso del Estado

Proponen ampliar de 12 a 20 días el plazo para recuperar animales en resguardo en SLP

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Después de ese periodo, podrían ser entregados a asociaciones protectoras legalmente constituidas

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la operación de refugios sin fines de lucro, ampliar el plazo para recuperar animales resguardados y promover su adopción responsable.

Entre los principales cambios propuestos se encuentra modificar el artículo 101 para ampliar de 12 a 20 días hábiles el periodo que tienen los propietarios para reclamar a sus animales cuando ingresen a un centro de resguardo.

Una vez transcurrido ese plazo, la propuesta contempla que puedan ser entregados a asociaciones protectoras legalmente constituidas que se comprometan a garantizar su cuidado y protección, además de promover su adopción.

Otro de los puntos relevantes es eliminar el sacrificio como alternativa cuando no sea posible entregar a los animales a alguna asociación protectora, de manera que la falta de espacio en estos organismos no implique que los ejemplares se queden sin opciones de resguardo.

La iniciativa también busca reconocer expresamente la labor de personas físicas y morales que establezcan refugios sin fines de lucro, ya sea para brindar protección temporal o permanente a animales abandonados, rescatados de situaciones de maltrato o que no cuentan con un hogar.

En su exposición de motivos, Sánchez de Lira señaló que las asociaciones protectoras y los rescatistas independientes destinan recursos, tiempo y espacios para atender a estos animales, pero requieren instalaciones adecuadas, alimentación y atención veterinaria para garantizar su bienestar.

Además, la propuesta establece que los ayuntamientos deberán realizar campañas periódicas de adopción y difusión, mediante medios de comunicación, plataformas digitales y otros mecanismos disponibles, con la posibilidad de colaborar con organizaciones civiles y asociaciones protectoras.

La legisladora argumentó que no basta con mantener a los animales bajo resguardo, sino que también es necesario facilitar que la ciudadanía conozca cuáles están disponibles para adopción y promover una cultura de tenencia responsable.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.

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Congreso del Estado

Congreso recibe el Paquete Económico 2027 del Gobierno del Estado

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La Comisión de Hacienda revisará primero los ingresos, luego los egresos y después los dictámenes

Por: Redacción

Funcionarios de la Secretaría de Finanzas entregaron al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, el proyecto de Paquete Económico 2027 del Gobierno del Estado. Lo informó la presidenta de la comisión, la diputada María Dolores Robles Chairez.

El paquete contiene las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027. La primera establece cuánto dinero se espera recaudar y la segunda define en qué se va a gastar. La entrega se hizo en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución estatal.

Entregaron los tomos ante personal de la Oficialía de Partes la directora general de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta

, y el director general de Ingresos, Ricardo René Ibarra Pérez.

Cómo se revisará

Robles Chairez dijo que ambas iniciativas se turnarán al Pleno en la próxima sesión y que, cuando se envíen a su comisión, comenzará el análisis. Explicó que la entrega se hizo en la fecha límite que marca la ley, el 20 de noviembre

.

“En la comisión manejamos un calendario de actividades, donde veremos, primero la revisión de ingresos, después la revisión de egresos y, posteriormente, reuniones para los dictámenes”, dijo.

Lo que sigue

La diputada informó que el próximo martes la comisión se reunirá para dar cuenta del paquete. Después se citará a funcionarios de Finanzas y a la propia secretaria, en una fecha por definir.

Otras revisiones en el Congreso

Aparte, otra comisión, la Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, revisa las leyes de ingresos 2027 de 30 municipios. Los ayuntamientos tienen hasta el 25 de noviembre para presentar sus iniciativas.

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Congreso del Estado

Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio

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El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.

La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.

Qué se agrega

Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.

También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.

Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.

Cuál es la pena

El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.

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