El gobernador mencionó que la STPS realizará operativos en SLP para verificar que las empresas cumplan

Por: Redacción

Tras el anuncio nacional del incremento al salario mínimo a 315.04 pesos diarios para 2025, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que en San Luis Potosí “casi nadie gana el salario mínimo”, al destacar que la mayoría de las empresas ofrecen sueldos por encima de esa base.

El mandatario señaló que será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la encargada de realizar operativos para garantizar que el aumento obligatorio se respete en todo el estado. Sin embargo, sostuvo que en la entidad el salario mínimo “ya es obsoleto” y funciona prácticamente sólo como referencia para multas.

“La Secretaría del Trabajo va a estar haciendo operativos para respetar el salario mínimo, pero en San Luis Potosí ya casi nadie gana el mínimo. Esa es la realidad. Ya no se usa el mínimo más que para cobrar multas. Cualquier compañía que te contrata ya no te ofrece el mínimo porque ya es obsoleto”, dijo.

Gallardo afirmó que la población potosina ya no puede vivir con un salario mínimo y que por ello el mercado laboral local tiende, según dijo, a ofrecer ingresos “arriba del mínimo”, aunque sin precisar cifras, sectores o regiones donde esto ocurra.

El incremento al salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y será obligatorio para todas las empresas y centros de trabajo del país.

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La Legislatura mantuvo intacto el Paquete Económico, excepto en el rubro universitario y el aumento al Ceepac

La aportación estatal baja de 506 MDP que propuso el ejecutivo a 320 millones y reaviva el choque político con la Máxima Casa de Estudios

Por: Jorge Saldaña

El Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 con una modificación de alto impacto: un recorte de 186 millones de pesos a la partida destinada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a que el Ejecutivo había solicitado asignar 506 millones para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario del siguiente año.

La Legislatura mantuvo sin cambios el resto del Paquete Económico, a excepción de un incremento al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 20 millones de pesos, y en contra parte redujo la aportación universitaria a 320 millones, apenas 20 millones más que lo aprobado para 2025, un monto que demostró ser insuficiente y que dejó a la institución al borde.

El ajuste se vota en el punto más tenso de la relación entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados, luego de semanas de desencuentros públicos e invitaciones de ida y vuelta entre el poder legislativo y la máxima casa de estudios.

En ese contexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda argumentó que el recorte obedece a la falta de información suficiente sobre la aplicación del gasto universitario. Pero en los hechos, la decisión se interpreta como una respuesta política a lo que los legisladores consideran desplantes de la institución.

Un error que se repite.

En 2024, el Congreso aprobó en diciembre solo 300 millones para la UASLP, pero el Gobierno estatal firmó en enero un acuerdo con la Federación por 506 millones, diferencia que generó un conflicto que escaló en todos los niveles.

La tensión terminó con un pago tardío —y políticamente costoso— tanto para el Ejecutivo como para la UASLP.

Ahora, para 2026, el escenario se repite, pero sin que exista un adeudo pendiente que obligue al Gobierno a intervenir: el Congreso dejó la aportación en 320 millones, muy por debajo de lo requerido para operar con estabilidad.

Diputadas como Gabriela López Torres advirtieron que el ajuste “repite el error del año pasado”, pero la Comisión no abrió deliberación y procedió directamente con la votación.

De mantenerse la cifra aprobada, la UASLP enfrentaría en 2026 un déficit similar o peor al vivido este año, cuando la falta de recursos amenazó con paros generalizados al no contar con los recursos para el pago de nóminas y prestaciones. La diferencia para el próximo año es que la institución no tiene una compensación federal garantizada para cubrir el faltante.

La aprobación del paquete económico 2026 entrará en vigor tras su publicación, pero deja sembrada una nueva batalla política: la Universidad busca instalarse en la narrativa de víctima frente al poder, mientras el Congreso presume el recorte como una medida de “responsabilidad” ante la supuesta falta de transparencia universitaria.

En medio, una comunidad de más de 30 mil estudiantes y trabajadores espera que la pugna no vuelva a traducirse en incertidumbre financiera y un constante enfrentamiento político.

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La titular de la Casa Cuna Margarita Maza de Juarez también destacó que el proceso de adopción ahora concluye en solo seis meses

Por: Ana G Silva

En entrevista para La Orquesta, Ana María Luqueño Castro, directora de la Casa Cuna Margarita Maza de Juárez, aseguró que el trámite de adopción en San Luis Potosí se agilizó en los últimos años, permitiendo que más niñas y niños encuentren una familia sin procesos desgastantes o interminables.

Luqueño aclaró que, aunque la Casa Cuna no realiza los trámites directamente —pues estos corresponden a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes—, sí ha observado que los procedimientos “se están resolviendo más rápido, en algunos casos en menos de seis meses para obtener el certificado de idoneidad”.

La directora enfatizó que ninguno de los factores tradicionalmente estigmatizados —estado civil, orientación sexual o nivel socioeconómico alto— son condicionantes para adoptar.

“Hemos tenido papás solteros, mamás solteras, parejas que viven juntas, divorciados y también familias de la diversidad sexual. No importa el estado civil”, explicó. Hasta el momento, una pareja LGBT+ ha logrado adopción, pero la institución afirmó que el proceso está completamente abierto.

Sobre la economía de las personas que desean adoptar, Luqueño apuntó que no es necesario tener dinero, sino estabilidad: “Con que tengan un hogar, aunque lo estén pagando, y lo indispensable para vivir como una familia normal, es suficiente”, dijo.

Respecto a la edad, señaló que no existe una restricción formal; sin embargo, personas mayores suelen ser canalizadas hacia niñas y niños más grandes, ya que “los pequeños requieren mucha energía”.

Actualmente, la Casa Cuna alberga 30 niñas y niños, desde recién nacidos hasta seis años. Aunque cuentan con personal médico, psicológico y de cuidados especializado, Luqueño fue clara: “Aquí los queremos y estamos con ellos todo el tiempo, pero no se sustituye una familia

Los menores reciben atención integral —pediatría, psicología, enfermería y fisioterapia— y cuando cumplen seis años, si no están liberados jurídicamente para adopción, deben ser trasladados a otros centros para niños mayores.

La directora informó que este año se han concretado 11 adopciones, con un nuevo evento programado para el próximo lunes. En abril se entregaron otros seis menores.

Uno de los programas que más ha ayudado, dijo, es el de familias de acogida, que permite que niñas y niños permanezcan temporalmente en entornos familiares mientras concluyen sus procesos legales.

Citó el caso de una niña llamada Grecia, quien recientemente fue acogida por una familia que busca adoptarla en cuanto quede jurídicamente liberada.

Sobre grupos de hermanos, Luqueño explicó que el criterio principal es mantenerlos juntos: “Tratamos de que no se separen, a menos que la situación del menor lo haga necesario”.

Para la directora, la adopción sigue siendo un acto profundamente humano: “Es una forma hermosa de dar amor y convertirse en familia, especialmente para quienes no han podido tener hijos”.

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