Guadalupe Torres indicó que el Estado y el Ceepac están en constante comunicación

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí aseguró que el proceso electoral judicial avanza conforme al calendario establecido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), así lo informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien destacó que la etapa de campañas para los candidatos comenzará el 29 de abril y finalizará el 28 de mayo, brindando 30 días para que presenten sus propuestas a la ciudadanía.

Torres Sánchez también mencionó que recientemente se reunió con la presidenta consejera del Ceepac, Paloma Blanco López, y con la secretaria de Finanzas, Ariadna García Vidal,

para discutir la suficiencia presupuestaria y asegurar que el proceso transcurra sin contratiempos y que impere la gobernabilidad como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El secretario general de Gobierno enfatizó la importancia de este proceso histórico, que se llevará a cabo el 1 de junio, donde se elegirán 69 jueces y juezas de primera instancia, 15 magistraturas del Tribunal de Apelación y tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

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“Debe fincarse responsabilidad al médico”, mencionó la legisladora potosina

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal lamentó profundamente el fallecimiento de una joven mujer que acudió a practicarse un aborto en un consultorio clandestino ubicado en la colonia Fovissste de la capital potosina. Recalcó la necesidad de fincar responsabilidades al médico involucrado, quien permanece prófugo.

“Desafortunadamente acudió con una persona que no estaba completamente capacitada, informada, y que además cometió el grave error de abandonarla a media intervención”, declaró la legisladora.

Subrayó que el procedimiento fue realizado en un entorno sin condiciones ni equipo médico adecuado, lo cual derivó en una tragedia que pudo evitarse si se hubiera seguido el protocolo legal y sanitario vigente.

La diputada potosina aseguró que el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en proceso de investigación, y que el consultorio ha sido clausurado tras confirmarse su operación fuera de norma.

“Existen protocolos perfectamente definidos por la Secretaría de Salud, y en este caso fueron completamente ignorados”, indicó.

Frinné Azuara también hizo un llamado urgente a la población, especialmente a las mujeres jóvenes, para que acudan a las instancias oficiales, donde la interrupción legal del embarazo es un derecho garantizado y se brinda atención gratuita, segura y profesional.

“Desde que se autorizó este procedimiento en San Luis Potosí, no habíamos visto un caso así. Por eso insisto en que sigamos haciendo labor de información. Este derecho existe, y se tiene que ejercer en condiciones seguras para evitar tragedias como la del viernes”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía, la joven tenía más de 12 semanas de embarazo y falleció dentro de una camioneta, frente al consultorio, mientras su familia intentaba trasladarla de emergencia.

La necropsia reveló que aún conservaba restos del feto en el útero, evidencia de que el procedimiento fue abandonado a la mitad. La mujer que fungía como asistente del médico ya fue judicializada, mientras que el presunto responsable continúa siendo buscado por las autoridades.

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El trámite para el permiso de explotación se realiza en la Secretaría de Economía y en al menos otras 8 dependencias del Gobierno Federal.

Por: Redacción 

El Gobierno del Estado puntualiza que es competencia exclusiva del Gobierno Federal otorgar o no la autorización a la empresa Cemat Construction, para desarrollar un proyecto industrial vinculado a la producción de cemento en el ejido Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo.

El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez manifestó que actualmente, la empresa se encuentra negociando con las y los ejidatarios la posible adquisición de 500 hectáreas de terreno de uso común que requiere y la decisión de vender o no corresponde exclusivamente a estas personas. En caso de concretarse la transacción será la Secretaría de Economía la responsable de otorgar la concesión para la explotación del yacimiento.

La pres encia de funcionarios de la secretaría a su cargo, concretamente de la Dirección de Minería,

obedece a la naturaleza del proyecto, dado que en una de sus etapas contempla la extracción de roca caliza. El trámite para obtener el permiso de explotación respectivo se realiza en la Secretaría de Economía y en al menos otras 8 dependencias del Gobierno Federal.

Este proyecto de inversión contempla un desarrollo a tres años, con un capital de 400 millones de dólares y la generación de hasta 2 mil empleos directos en distintas fases del proyecto.

Aún con la oportunidad que representa para el Estado el hecho de que se invierta en una zona donde hacen falta fuentes de empleo y donde existen marginación y una migración histórica, corresponde al Gobierno Federal y a los ejidatarios la decisión de si la empresa se instala o no en esa zona.