Congreso del Estado
Congreso de SLP endurecerá penas por robo de ganado
La Comisión de Justicia en el legislativo reformará el Código Penal del Estado para castigar el abigeato: Segovia Colunga
Por: Redacción
Cinthia Verónica Segovia Colunga, diputada local y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer que se aprobó el dictamen para reformar el Código Penal del Estado, y sancionar con mayor con mayor severidad el delito de abigeato, cuando este tipo penal se cometa en perjuicio de pequeños productores pecuarios. De esa manera, la pena máxima llegaría de 10 a 12 años de prisión.
La Comisión de Justicia del legislativo, aprobó el dictamen para reformar los artículos, 239, y 242 en sus párrafos, primero, y ahora último, y en sus fracciones, VI, y VII; adicionar al artículo 242 la fracción VIII, y un párrafo último; y derogar del artículo 237 el párrafo cuarto del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
Segovia Colunga dijo que los principales afectados por el robo de ganado son los pequeños productores, qui enes ven disminuido en casi la totalidad o la totalidad de su patrimonio 
La legisladora señaló que los pequeños propietarios sólo tienen como actividad la cría de ganado bovino, ovino, o equino, y producen lo mínimo y necesario para obtener el sustento diario al tener pérdida ocasionada por el hurto de su ganado. “Les genera pérdidas irreparables, al sumarse a ello otros problemas como la erosión de la tierra, inundaciones, la falta de tecnificación agrícola y altos precios de los insumos y medicamentos veterinarios”, detalló
La diputada presidenta de dicha comisión dijo que en los próximos días, el dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado, para ser discutido y en su caso ser votado.
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En su exposición de motivos se advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y de salud pública”
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal (Luz Elena González Escobar), para qué dentro de sus atribuciones se tomen medidas para evitar la práctica del “Fracking” en el territorio de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y negativos para la salud pública, en pocas palabras un impacto socioambiental negativo. Además el fracking puede entenderse como un proceso que sirve para identificar, explorar y extraer gas natural y petróleo, mediante una fracturación hidráulica”.
Se debe valorar detenidamente y con mucho detalle las autorizaciones para esta práctica, se debe consultar y sensibilizar a las comunidades de los efectos que pudieran tener; además, se debe de tomar en cuenta y respetar sus puntos de vista y opiniones de todas las personas cercanas a las zonas en donde se pretendan llevar estas perforaciones.
Sánchez López, puntualizó que “en caso de aplicarse en el Estado, en específico en la zona Huasteca, la situación seria muy crítica, ya que el 70% de sus habitantes es población indígena, a quienes se les debe respetar y garantizar sus usos y costumbres, consultándoles en todo momento las intenciones de aplicar métodos de perforación y establecer medidas para proteger las zonas en donde habitan”.
Héctor Serrano Cortés, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación
Por: Redacción
Con la participación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, asociaciones de abogados y especialistas el tema, el Congreso del Estado llevó a cabo el último foro sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que es analizada en comisiones y será aprobada y expedida en los próximos días, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.
Participaron como ponentes el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Arturo Morales Silva y la magistrada electa Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; asistieron magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, destacó que en el marco de esta nueva era jurídica para México, el Poder Legislativo ha realizado mesas de diálogo con responsabilidad, voluntad política y altura de miras de los tres Poderes, para tener un ordenamiento a la altura de las necesidades del nuevo Poder Judicial.
El legislador Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación, en un procedimiento institucional que será cubierto a cabalidad y sumando esfuerzos, para presentar al Pleno un solo dictamen consensuado.
Se mantendrán reuniones previas para generar la estrategia para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo de requisitos
Por: Redacción
Dulcelina Sánchez de Lira, informó que en conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), se estará trabajando en diversos municipios de la zona Altipla no para apoyar a la población que lo requiere en la regularización de sus predios y viviendas y con ello, brindar una certeza jurídica sobre sus propiedades.
Precisó que se iniciará con la revisión de algunos casos en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde se buscará generar una estrategia para que se puedan poner en orden estas propiedades.
“En días pasados estuvimos ahí en una reunión con el titular del Instituto de vivienda, pues hay varios municipios que tienen una condición en la cual pues la ciudadanía no cuenta con una certeza jurídica de los predios que habitan o de sus tierras. Y, se buscará trabajar de manera coordinada con el Instituto, para generar un plan o una estrategia para poder dar de esa certeza que la ciudadanía, y en este caso, el municipio de Mexquitic es uno de los municipios con mayor rezago en ese sentido”.
Dijo que se mantendrán las reuniones previas, para generar la estrategia a seguir para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo con los requisitos documentales necesarios para que la población inicie su procedimiento de regularización de su situación sobre la tenencia de sus propiedades.
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