El Congreso recibió un juicio ciudadano que impugna el nombramiento de Patricia Aradillas como presidenta concejal. Sara Rocha y Héctor Serrano aseguran que la designación fue legal y que hay “confusión” sobre el proceso.

El Congreso del Estado confirmó que ya recibió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que impugna la designación de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal de Villa de Pozos, nombramiento aprobado la semana pasada por el Poder Legislativo.

La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, informó que el recurso fue admitido en estrados y que el Congreso cuenta con 72 horas para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación requerida.
Rocha sostuvo que tanto la aceptación de la renuncia de Teresa Rivera como la designación de Aradillas se realizaron “conforme a la Constitución y a la ley”, y que el Poder Legislativo dará trámite formal al juicio sin intervenir en su resolución.

Por su parte, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que la impugnación parte de una “confusión” de quienes interpretan el relevo como si se tratara de un proceso electivo.
“No hubo elección popular. Fue una designación del Congreso. No sé qué derechos político-electorales pretende defender quien promueve el amparo”, criticó.

Serrano insistió en que el procedimiento estuvo “perfectamente cuidado” por los asesores jurídicos del Congreso y descartó riesgos legales para la continuidad de Aradillas.

“Aquí no hay conflicto democrático: hay un nombramiento legislativo. Y nuestro interés es garantizar que Villa de Pozos tenga estabilidad y servicios”, agregó.

Ambos legisladores aseguraron que el Congreso acatará lo que determine el Tribunal Electoral, pero reiteraron su confianza en la legalidad del proceso.

Esta reforma tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presentó una iniciativa de reforma a LA Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.

Busca complementar el proyecto presentado y elaborado en base a los planteamientos de asociaciones civiles que han manifestado su interés en la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los d elitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sumando los aspectos que mandata la citada reforma a la Ley General.

Tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General en la materia, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda y fortaleciendo la capacidad institucional para enfrentar este flagelo social.

El diputado Gámez Macías dijo que “la desaparición de personas es una problemática lacerante y prioritaria para nuestro Estado, no podemos quedarnos atrás en la protección de los derechos humanos y pasaremos de una unidad con capacidades limitadas a una institución robusta, con personal calificado y unidades mínimas que nos permitirán investigar y perseguir estos delitos con el enfoque de derechos humanos que las víctimas y sus familias merecen”.

Diputado Luis Fernando Gámez propone incluir el concepto de economía regenerativa en la ley estatal

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, con el fin de incorporar de manera explícita el concepto de Economía Regenerativa y establecer criterios claros para reconocer este tipo de proyectos.

La propuesta plantea que se consideren como iniciativas de economía regenerativa aquellas que generen una contribución ambiental y social positiva, entre ellas: reforestación, saneamiento de ríos y humedales, remediación y recuperación de suelos, infraestructura verde, aprovechamiento y valorización circular de residuos, y reconversión energética hacia tecnologías limpias.

Gámez Macías explicó que esta definición permitirá orientar la planeación económica estatal hacia un enfoque que no solo mitigue daños ambientales, sino que restaure ecosistemas, recupere suelos y cuerpos de agua, conserve la biodiversidad y promueva el uso eficiente y limpio del agua y la energía

La iniciativa también busca que los proyectos con impacto ambiental positivo puedan ser sujetos de incentivos fiscales, apoyos financieros o reconocimientos institucionales

El diputado destacó que avanzar hacia una economía regenerativa representa un cambio estructural en la política económica y ambiental del estado, al pasar de un modelo principalmente correctivo a uno restaurativo e inclusivo, que coloque a San Luis Potosí a la vanguardia de los nuevos paradigmas de desarrollo sostenible.

La iniciativa propone modificar diversas fracciones de los artículos 2, 3, 10, 17 y 30 de la Ley, y fue turnada a las comisiones de Desarrollo Económico y Social, y Ecología y Medio Ambiente para su análisis.

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