noviembre 22, 2024

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Combatir la contingencia con dinero de obras públicas, propone diputado

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El diputado Edgardo Hernández dijo estar en contra de que el estado de San Luis Potosí adquiera una deuda para enfrentar al Covid-19

Por: Abelardo Medellín

Posponer las obras públicas planteadas para San Luis Potosí rumbo al 2021 y ocupar el recurso destinado a ellas para combatir el coronavirus en la entidad, es la propuesta del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, para atender la emergencia sanitaria que se ha generado por la pandemia del covid-19.

El legislador del PVEM comentó que la propuesta viene como una solución alterna al endeudamiento, puesto que -dijo- él no está dispuesto a dejar que San Luis Potosí se endeude para combatir el coronavirus: “no permitiremos que se use como bono de marcha, no se debe usar el pretexto de la bancarrota porque recursos hay”.

Hernández Contreras señaló que de llegar a la necesidad de endeudar al estado, dicha deuda necesitaría lograr un consenso significativo al llegar al Congreso local, “cosa que hasta hoy no ha pasado en esos temas”. Además dijo que de no aplicar medidas inmediatas para paliar la problemática económica “las consecuencias serán terribles y desgarradoras porque no habrá circulante en las calles, la gente está desesperada, hoteleros, empresarios, informales, formales, todo será complicado

, pero no vamos a permitir que haya endeudamiento”.

Según Edgardo Hernández, bajo las condiciones actuales de la pandemia nacional por el coronavirus, sería imposible para el Ejecutivo estatal ejercer el presupuesto 2020 aprobado el año pasado, sin embargo, dichos recursos podrían utilizarse para evitar una problemática mayor: “No permitiremos que se use como bono de marcha, no se debe usar el pretexto de la bancarrota porque recursos hay”.

El diputado del PVEM agregó que, en una reunión reciente, el Secretario de Finanzas estatal, Daniel Pedroza Gaitán, no respondió a las preguntas sobre el presupuesto de la Secretaría de Salud ni de los recursos de libre disposición del primer trimestre del año, lo que impide hacer proyecciones presupuestarias ante la pandemia.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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