enero 13, 2026

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Estado

Colectivas buscan ampliar derechos reproductivos en SLP

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Presentan iniciativa para reformar el Código Penal y garantizar el acceso al aborto seguro y legal en más circunstancias

Por: Redacción

Las organizaciones civiles Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Nueva Luna Salud de las Mujeres presentaron una propuesta ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para modificar el artículo 150 del Código Penal, con esta iniciativa, buscan ampliar las causales de exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto, alineándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las necesidades de las mujeres.

Entre las principales modificaciones propuestas, destaca la inclusión de nuevas causales como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento y los casos de pobreza extrema; además se plantea garantizar el acceso al aborto seguro cuando la vida o salud de la persona gestante esté en riesgo o en casos de malformaciones fetales graves.

Las activistas argumentan que la legislación actual es insuficiente y deja desprotegidas a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad

Los colectivos feministas proponen eliminar la obligación de denuncia previa en casos de violencia sexual, una medida que consideran inconstitucional y un obstáculo para las víctimas.

Otro punto crucial de la iniciativa es garantizar el derecho al aborto incluso ante la objeción de conciencia del personal médico, las colectivas consideran que el estado tiene la responsabilidad de asegurar que nadie se quede sin recibir este servicio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones anunciaron que presentarán una nueva iniciativa para sancionar la negativa injustificada de los servicios de aborto como una forma de violencia reproductiva.

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Estado

Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández

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El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad

Por: Redacción

José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.

Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.

Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.

Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”

, echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.

Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.

Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.

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Estado

Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente

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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital

Por: Redacción

Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.

La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.

Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.

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Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente

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Vapeadores SS

La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley

Por: Redacción

Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.

La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.

Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores

.

La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.

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