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Ceepac a punto de concluir la investigación contra Tekmol por Violencia Política de Género
En caso de que se demuestre que ejerció violencia no podría registrarse como candidato a ningún cargo de elección popular
Por: Daniel Rocha
En diciembre de 2021, José Luis Romero Calzada “Tekmol” fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género en contra de María Soledad Carreño Linares, alcaldesa de Ébano, después de que en una transmisión en vivo, realizada en sus redes sociales, lanzara comentarios misóginos en contra de la edil. A partir de las elecciones de este 2024, la Ley 3 de 3 será aplicada, lo que garantizará que ninguna persona violentadora pueda ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular, además la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí prohíbe registros por Violencia Política de Género, de acuerdo con el artículo 277, fracción V, apartado J.
Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), explicó que se han demorado en poder retomar la investigación debido a los requerimientos que hizo el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) han sido complejos de agrupar, aunque se encuentran a unas semanas de concluirla:
“Dentro de los requerimientos que nos hizo el Tribunal fue la de hacer unos estudios de factibilidad económica, pero donde más nos demoramos fue con la información que se tiene que pedir a Facebook, ahora Meta, desafortunadamente esta empresa no se caracteriza por la celeridad de la información”.
La investigación fue recibida por el TEESLP el 17 de mayo de 2022 y fue regresada al Ceepac dos días después, con el argumento de que su integración fue deficiente. Desde aquella fecha a la actualidad, no se ha regresado al TEESLP, lo que toma relevancia, ya que estamos a un par de semanas de que oficialmente inicien las campañas y todo apunta a que Romero Calzada sería el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ciudad Valles.
La presidenta del Ceepac indicó que hace un par de meses el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con Meta para agilizar la información que se solicita. Agregó que ya se recaban los últimos datos sobre la denuncia en contra de Romero Calzada para poder enviarla al Tribunal, la cual se podría estar entregando durante las primeras semanas de marzo.
Por su parte, Zelandia Borquéz Estrada, explicó que la ley 3 de 3 es una manifestación que contiene supuestos adicionales a lo que se estableció en la constitución y actualmente lo que establece para no otorgar un registro es lo que señala el artículo 38. Comentó que se emitió un acuerdo para verificar que las personas candidatas hayan sido sentenciadas por parte de un juzgado penal:
“Eso es lo que establece la constitución federal, si una persona es sentenciada y tiene sentencia firme por delito sexual, violencia familiar, doméstica o violencia política de género, si está sentenciado penalmente, se suspenden los derechos políticos electorales”.
Ante esto, la titular del órgano electoral local detalló que en caso de que se declare que el Tekmol ejerció violencia política de género en contra de la alcaldesa de Ébano, “tendríamos qué hacer una verificación y en caso de que este candidato o cualquier otro sea registrado, tendríamos que realizar el procedimiento para hacer valer la candidatura”.
Finalmente, Bórquez Estrada refirió que para que el Romero Calzada pueda ser considerado candidato o no, dependerá del análisis de los documentos que presente el Ceepac al Tribunal Electoral.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
Ciudad
No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Ciudad
Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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