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Ceepac a punto de concluir la investigación contra Tekmol por Violencia Política de Género
En caso de que se demuestre que ejerció violencia no podría registrarse como candidato a ningún cargo de elección popular
Por: Daniel Rocha
En diciembre de 2021, José Luis Romero Calzada “Tekmol” fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género en contra de María Soledad Carreño Linares, alcaldesa de Ébano, después de que en una transmisión en vivo, realizada en sus redes sociales, lanzara comentarios misóginos en contra de la edil. A partir de las elecciones de este 2024, la Ley 3 de 3 será aplicada, lo que garantizará que ninguna persona violentadora pueda ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular, además la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí prohíbe registros por Violencia Política de Género, de acuerdo con el artículo 277, fracción V, apartado J.
Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), explicó que se han demorado en poder retomar la investigación debido a los requerimientos que hizo el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) han sido complejos de agrupar, aunque se encuentran a unas semanas de concluirla:
“Dentro de los requerimientos que nos hizo el Tribunal fue la de hacer unos estudios de factibilidad económica, pero donde más nos demoramos fue con la información que se tiene que pedir a Facebook, ahora Meta, desafortunadamente esta empresa no se caracteriza por la celeridad de la información”.
La investigación fue recibida por el TEESLP el 17 de mayo de 2022 y fue regresada al Ceepac dos días después, con el argumento de que su integración fue deficiente. Desde aquella fecha a la actualidad, no se ha regresado al TEESLP, lo que toma relevancia, ya que estamos a un par de semanas de que oficialmente inicien las campañas y todo apunta a que Romero Calzada sería el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ciudad Valles.
La presidenta del Ceepac indicó que hace un par de meses el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con Meta para agilizar la información que se solicita. Agregó que ya se recaban los últimos datos sobre la denuncia en contra de Romero Calzada para poder enviarla al Tribunal, la cual se podría estar entregando durante las primeras semanas de marzo.
Por su parte, Zelandia Borquéz Estrada, explicó que la ley 3 de 3 es una manifestación que contiene supuestos adicionales a lo que se estableció en la constitución y actualmente lo que establece para no otorgar un registro es lo que señala el artículo 38. Comentó que se emitió un acuerdo para verificar que las personas candidatas hayan sido sentenciadas por parte de un juzgado penal:
“Eso es lo que establece la constitución federal, si una persona es sentenciada y tiene sentencia firme por delito sexual, violencia familiar, doméstica o violencia política de género, si está sentenciado penalmente, se suspenden los derechos políticos electorales”.
Ante esto, la titular del órgano electoral local detalló que en caso de que se declare que el Tekmol ejerció violencia política de género en contra de la alcaldesa de Ébano, “tendríamos qué hacer una verificación y en caso de que este candidato o cualquier otro sea registrado, tendríamos que realizar el procedimiento para hacer valer la candidatura”.
Finalmente, Bórquez Estrada refirió que para que el Romero Calzada pueda ser considerado candidato o no, dependerá del análisis de los documentos que presente el Ceepac al Tribunal Electoral.
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Destacadas
Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum
El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Ciudad
Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas
Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica , particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Destacadas
Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez
Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez , en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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