Diez días después del desalojo violento de Teresa Carrizales, el Ayuntamiento desistió para separar a la funcionaria de su cargo como oficial del Registro Civil

Por: Redacción 

El caso de Teresa Carrizales, exoficial del Registro Civil en la capital de San Luis Potosí, continúa revelando inconsistencias y muestras de abuso de poder por parte de la administración que encabeza el alcalde Xavier Nava Palacios. 

Documentos en poder de La Orquesta revelan que, diez días después de ocurrido el desalojo violento de Carrizales por parte de elementos de la Policía Municipal, el apoderado del Ayuntamiento, Rafael Armando López Puente, solicitó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el desistimiento por parte de la administración para separar a la funcionaria de su cargo; es decir, que posterior a dicha solicitud, Teresa Carrizales recuperó su estatus para continuar ejerciendo sus funciones… hasta el momento.  

Dicha solicitud no fue notificada por la alcaldía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el informe que dicho órgano solicitó en el previo para emitir la recomendación 20/2019, donde reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza pública pero eximió de la responsabilidad al secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García. 

Otros documentos que tampoco fueron puestos a disposición de la CEDH fueron una respuesta a una solicitud de información hecha a la Contraloría Interna, comandada por José Mejía Lira, donde se indica, un día después del desistimiento para retirar a la funcionaria de su cargo, que “NO SE ENCONTRARON evidencias de procedimientos iniciados en contra de la C. María Teresa Carrizales Hernández derivados de los hechos del desalojo”.

Lo anterior es relevante, pues otro documento que tampoco se tomó en cuenta una respuesta de la Dirección General de Seguridad Pública, cuyo titular estuvo presente en el desalojo, y donde, una vez que estalló el escándalo, modificó su versión afirmando que “Esta Dirección General de Seguridad Pública Municipal no llevó a cabo ningún desalojo relacionado con la oficialía número 11 del registro civil, permitiéndome informarle que personal de esta Dirección llevó a cabo EL ARRESTO de la C. María Teresa Carrizales Hernández…”, sin que hubiera, según la respuesta de la Contraloría Interna, ningún procedimiento iniciado en su contra. 

Carrizales Hernández dejó entrever su intención para solicitar que se reabra el expediente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos íntegro sobre su caso y además consideró, en entrevista para este medio, que a las denuncias que ya interpuso en contra del alcalde Xavier Nava Palacios y su subalterno Sebastián Pérez, podrían sumarse otras, tanto por lo revelado en los documentos recientemente obtenidos, así como por la repentina aparición, hace un par de meses, de un acuerdo delegatorio, de Nava a Pérez, para legitimar su actuar a ordenar el desalojo de la exoficial en julio pasado. 

Por ese hecho, tanto Nava Palacios como Sebastián Pérez podrían enfrentar acusaciones “por la probable falsificación de un documento público de la administración municipal, que conllevaría a la afectación de la fe pública del municipio…hecho considerado delictivo.”

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