Ciudad
Caso Tere Carrizales: Ayuntamiento se rajó y esconde más irregularidades
Diez días después del desalojo violento de Teresa Carrizales, el Ayuntamiento desistió para separar a la funcionaria de su cargo como oficial del Registro Civil
Por: Redacción
El caso de Teresa Carrizales, exoficial del Registro Civil en la capital de San Luis Potosí, continúa revelando inconsistencias y muestras de abuso de poder por parte de la administración que encabeza el alcalde Xavier Nava Palacios.
Documentos en poder de La Orquesta revelan que, diez días después de ocurrido el desalojo violento de Carrizales por parte de elementos de la Policía Municipal, el apoderado del Ayuntamiento, Rafael Armando López Puente, solicitó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el desistimiento por parte de la administración para separar a la funcionaria de su cargo; es decir, que posterior a dicha solicitud, Teresa Carrizales recuperó su estatus para continuar ejerciendo sus funciones… hasta el momento.
Dicha solicitud no fue notificada por la alcaldía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el informe que dicho órgano solicitó en el previo para emitir la recomendación 20/2019, donde reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza pública pero eximió de la responsabilidad al secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García.
Otros documentos que tampoco fueron puestos a disposición de la CEDH fueron una respuesta a una solicitud de información hecha a la Contraloría Interna, comandada por José Mejía Lira, donde se indica, un día después del desistimiento para retirar a la funcionaria de su cargo, que “NO SE ENCONTRARON evidencias de procedimientos iniciados en contra de la C. María Teresa Carrizales Hernández derivados de los hechos del desalojo”.
Lo anterior es relevante, pues otro documento que tampoco se tomó en cuenta una respuesta de la Dirección General de Seguridad Pública, cuyo titular estuvo presente en el desalojo, y donde, una vez que estalló el escándalo, modificó su versión afirmando que “Esta Dirección General de Seguridad Pública Municipal no llevó a cabo ningún desalojo relacionado con la oficialía número 11 del registro civil, permitiéndome informarle que personal de esta Dirección llevó a cabo EL ARRESTO de la C. María Teresa Carrizales Hernández…”, sin que hubiera, según la respuesta de la Contraloría Interna, ningún procedimiento iniciado en su contra.
Carrizales Hernández dejó entrever su intención para solicitar que se reabra el expediente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos íntegro sobre su caso y además consideró, en entrevista para este medio, que a las denuncias que ya interpuso en contra del alcalde Xavier Nava Palacios y su subalterno Sebastián Pérez, podrían sumarse otras, tanto por lo revelado en los documentos recientemente obtenidos, así como por la repentina aparición, hace un par de meses, de un acuerdo delegatorio, de Nava a Pérez, para legitimar su actuar a ordenar el desalojo de la exoficial en julio pasado.
Por ese hecho, tanto Nava Palacios como Sebastián Pérez podrían enfrentar acusaciones “por la probable falsificación de un documento público de la administración municipal, que conllevaría a la afectación de la fe pública del municipio…hecho considerado delictivo.”
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El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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