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Caso Daniel Esqueda: sin fecha para dar resultados por ser “complicado”
Aunque han pasado dos años desde el asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda, las autoridades afirman que es un caso “complicado” y prometieron resultados
Por: Abelardo Medellín
“No tiene plazo para entregar resultados, porque es una investigación, pero va a ser resuelta y esclarecida, estamos seguros de eso”, comentó el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez sobre el caso de asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda, y detalló que, si bien no se tiene planteado cuándo entregar resultados, creen podrán resolverlo.
Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, dijo que no considera que exista impunidad en el caso de asesinato de Daniel Esqueda, a pesar que, a dos años del caso, no hay nueva información ni detenidos.
En días pasados, La Orquesta publicó cómo el secretario general de gobierno, y presidente de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, Alejandro Leal Tobías, y el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez, declararon que la investigación sobre el asesinato de Daniel Esqueda continuaba pero que este era un “caso complicado”.
Ayer, Aarón Edmundo Castro comentó en entrevista que la línea de investigación que consideraba como sospechosos a elem entos de la Policía Ministerial había sido desechada y continuaban investigando.
Cuestionado sobre si desechar esta línea de investigación se podrían retrasar más las averiguaciones, Carreras López añadió que: “Yo creo que… a mí no me gusta opinar de los temas procesales, porque son temas que deben darse en el proceso así que voy a dejar que la Fiscalía mantenga la comunicación en ese proceso”.
En cuanto al tema de agresiones a periodistas, el vicefiscal Aarón Edmundo Castro comentó que ya hay un nuevo espacio denominado “Fiscalía para Derechos Humanos”, donde “se llevan los temas de periodistas y defensores de derechos humanos, ellos han avanzado en todo un protocolo y son ellos quienes tienen toda la información”.
Comentó que el mecanismo estatal y nacional tiene los datos precisos de quienes son los periodistas protegidos, pero que no se puede revelar quiénes son ni cuántos son.
Finalmente, el vicefiscal comentó que los servidores públicos “no son una amenaza como tal y no tienen incidencia” en los casos de agresiones a periodistas, esto a pesar de que en México el 55 por ciento de los defensores de derechos humanos y periodistas protegidos por el Mecanismo de Protección de la ONU han declarado que sus agresores fueron servidores públicos, esto de acuerdo con la alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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