febrero 1, 2025

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Aún con irregularidades, la Fiscalía dejó a Cayeyo en la cárcel

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Cayeyo

El tribunal no consideró grave las supuestas faltas al debido proceso que la defensa de Cayeyo Jr intentó comprobar; la sentencia se dará a conocer después

Por: María José Puente Zavala

Visiblemente descompuesto, el Cayeyo Jr recibió el fallo del tribunal que condujo el juicio oral en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre, en la capital de San Luis Potosí.

El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.

También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.

El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.

Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.

Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.

La defensa: hubo irregularidades y vamos a apelar

Mientras la sentencia contra el Cayeyo se leía en la sala de audiencias, el equipo de abogados que integró la defensa no lograba ocultar su desagrado y, una vez abordados por los medios de comunicación, rechazaron el fallo del tribunal sobre su representado; además, aseguraron que acudirán ante otras instancias hasta agotar las posibilidades de que este quede en libertad.

“Esta defensa no comparte el criterio de los jueces, estamos inconformes, estamos muy molestos, creo que hubo arbitrariedad por parte de ellos. (…) Es del dominio público la crisis de procuración de justicia por la que estamos pasando en el estado. Estamos cansados y, concretamente en este juicio, el Poder Judicial del Estado suple las deficiencias de la acusación de la Fiscalía y eso pasa en muchos juicios”, indicó Rafael Aguilar, vocero del equipo.

“¿Con qué certeza el tribunal condena cuando está plenamente demostrado que se ocultó un video y se condujo esa perito con falsedad cuando subió de testigo? Eso, por sí solo, conlleva la nulidad del juicio. ¿Qué certeza nos da que se hayan escondido otras evidencias que nosotros no hayamos visto? ¿En qué otros juicios lo pueden estar haciendo? Nosotros obviamente apelaremos este fallo, pero independientemente de ello, acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, si esto continúa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, amenazó.

Sobre las consecuencias que para el acusado debió arrojar el proceso penal, Aguilar afirmó que: “nosotros, como ustedes lo escucharon desde un principio, planteamos que nuestro defendido efectivamente había cometido el hecho que se le atribuye, pero fue en una riña. Entonces, planteamos que había sido homicidio en riña, pero con la prueba nueva que fue admitida y, contrario a lo que dijo el juez, no fue obtenida ilícitamente, esperábamos haber obtenido la inmediata libertad de nuestro defendido”.

Finalmente, Aguilar también sugirió que Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado, también podría tener que responder por su responsabilidad en el caso, toda vez que, cometido el crimen, el Cayeyo buscó al funcionario en su domicilio para confesar: “como se planteó en las incidencias, el fiscal se tuvo que haber excusado en un principio, por la relación que tenía con ambos intervinientes”.

Estamos en paz: familiares de Eugenio Castañón

Por su parte, el tío paterno de la víctima se dijo tranquilo con el fallo del tribunal colegiado e incluso elogió la actuación de la Fiscalía General del Estado: “Yo creo que en esta etapa nos ha quedado claro que el imputado cometió el crimen; nada más estaremos en espera de que se dicte la sentencia.

Creemos que es lo correcto; fueron dos años muy complicados para la familia y el día de hoy nos vamos en paz y esperemos que lo que venga sea favorable. Yo, en lo personal, entiendo la actitud de la defensa, ellos tienen que devengar su sueldo”, concluyó.E

GARZA Y CASTILLO CELESTINO MIENTEN, DIJO CAYEYO

  • Ayer, antes de la sentencia, el acusado rindió su declaración

Ayer, previo a que se conociera la sentencia en contra de Cayeyo Jr, el acusado rindió su declaración.

Eugenio Castañón Elizondo “era un conocido mío”. Así comenzó el Cayeyo Jr su declaración ante el tribunal colegiado que encabeza el juicio oral en su contra por el homicidio que cometió el 5 de mayo del 2017, después de una prolongada borrachera, en la cocina de su casa ubicada en el Fraccionamiento Campestre.

Aunque el avanzado estado de ebriedad del homicida quedó manifiesto durante la llamada que hizo a los servicios de emergencia, su exposición de los hechos, el lunes, fue nítida.

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaníaco”:

-Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?-habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la tapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

Garza y Castillo mienten: Cayeyo

Pese a que dirigir la mirada al tribunal es exigencia manifiesta no bien el testigo toma asiento para emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.

El acusado siguió:

“Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad”.

Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho “que su yerno estaba muerto en mi cocina”.

También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.

“Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche”.

El Cayeyo asegura que, contrario a lo declarado por el fiscal general del estado y el titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.

“En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar”, indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.

Cabe recordar que, según Federico Garza y J. Guadalupe Castillo, al llegar el segundo al exclusivo fraccionamiento, fue conducido por el fiscal general al domicilio del acusado.

También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Tras vertir su testimonio, guiado por uno de los cuatro abogados que integran su defensa, el Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctimas

“No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir”, cerró.

Acto seguido se incorporó a la compañía de su defensa y con un visible temblor en las manos apuró un largo sorbo a su botella de agua.E

LA DEFENSA QUERÍA ANULAR EL JUICIO

  • Buscaban demostrar irregularidades en el debido proceso

La defensa de Eduardo Hernández Jannet, conocido como El Cayeyo Jr, pidió ayer en la misma audiencia en la que se le dictó sentencia a su representado, anular el juicio que se seguía contra él por el homicidio de Eugenio Castañón Elizondo debido a irregularidades en el debido proceso.

El pasado jueves la defensa presentó como última prueba un video filtrado por un presunto policía ministerial en el que podría apreciarse que personal de la corporación realizó de manera equivocada -por tanto, ilícita, acusa la defensa- el procesamiento de la escena del crimen.

El tribunal a cargo del caso se retiró a deliberar sobre esta solicitud, después de que fueron desahogadas todas las pruebas que ambas partes, tanto la defensa como la Fiscalía, reunieron a lo largo de la investigación complementaria.

Al inicio del juicio oral la defensa solicitó una sentencia de entre 4 y 8 años.

#4 Tiempos

Fuego cruzado y señalamientos precoces | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia, el Instituto de Fiscalización y el Ayuntamiento capitalino, hay fuego cruzado y no se avisora tregua.

Al respecto y si me lo permite, vamos poniendo las diéresis en las “us”, los puntos sobre las íes y las cartas sobre la mesa.

Quien encendió la hoguera, que hoy ya no saben controlar, fue el titular del Instituto de Fiscalización, Rodrigo Joaquín Lecortois, que desde diciembre pasado soltó una declaración precoz y maliciosa (en política lo que parece, es) respecto al monto y origen de supuestas y millonarias observaciones detectadas en las cuentas de algunos entes obligados pero al mismo tiempo haciendo un énfasis “velado” en el caso de la capital potosina.

Técnicamente y siendo muy “puristas” el titular del IFSE, no rompió ninguna norma y reglamento al hablar del tema, pero no le faltó nada para hacerlo y eso huele a imprudencia programada, a golpe sin que parezca golpe, y a la rienda suelta para la politización del asunto. Y así fue.

La postura del gobierno de Enrique Galindo por su parte, es la más simple: Primero ser notificados, segundo cumplir con el primer plazo para desahogo de observaciones (que terminó hoy) y usar los 60 días que restan y que marca la ley para que se sigan solventando las dudas y observaciones de cualquier índole y de cualquier tamaño.

Llamar, de cualquiera de las partes involucradas en este fuego cruzado, a la “no politización” del asunto no les queda. A ninguno. Ya están grandecitos.

El asunto es político por donde se le vea, y estando las cosas en el grado de tensión entre palacios, la intervención del IFSE en ese grado no puede creerse que sea obra ni de la casualidad ni de la “inocencia”. (¿O será que yo soy el único mal pensado?)

Están jugando a la bolsa de valores del descrédito, o al menos ese es el mensaje que están enviando. ¿De qué les sirve? Yo tengo mis teorías, pero la mejor opinión es la de Usted, mi Culto Público.

Entre tanto, los episodios declarativos y esgrimas verbales entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, específicamente entre el diputado presidente de dicha comisión, Fernando Gámez Macías y el legislador Marco Gama, vinieron a echar gasolina a la hoguera que inició en diciembre.

Por un lado, el legislador naranja puso de manifiesto que no se había tenido acceso al dictamen y se quejó del uso político de los “adelantos” a la opinión pública,

lo que interpretó (igual que muchos) como un acto de ataque dirigido.

En contra parte, la narrativa del diputado Fernando Gámez se centró dos líneas: demostrar que desde diciembre pasado todos los integrantes pudieron revisar los dictámenes y querer quejarse en último de enero era demasiado tarde.

Le dijeron a Gama algo así como “tu no hiciste la tarea y yo no te presto la mía”.

Por otro lado, tanto Gámez como el Instituto de Fiscalización acuden al argumento de los nuevos tiempos y de la transparencia encima de la prudencia que corresponde al manejo de las observaciones, que apenas entran a una segunda etapa de desahogo por 60 días más, es decir, no es tiempo de acusaciones completas. Ni hay nadie con un pié fuera de su esfera.

El argumento fue reforzado por declaraciones de éste mismo sábado en la mañana por el diputado José Luis Fernández y el senador Gilberto Hernández Villafuerte, ambos del Partido Verde, que respaldan al diputado Fernando Gámez y a Rodrigo Joaquín Lecortois y tienen razón, nadie en su sano juicio está en contra de que se explique y transparente el uso de los recursos, sin embargo el modo en que lo están haciendo, estando las circunstancias como están, se presta por lo menos a interpretaciones.

Sin embargo, hay que ser muy claros: adelantado o no, precoz o no, politizado o no, prudente o no, filtrado o no, si el ayuntamiento capitalino y otros entes obligados tienen encima millonarias observaciones pues deben ponerse a trabajar, evitar la esgrima mediática de asuntos técnicos, cumplir en tiempo y forma, dar la cara, ser responsables y cumplir no solamente con los personajes al frente de las instituciones, sino asumir responsabilidad ética y moral que tienen con nosotros los ciudadanos.

Jorge Saldaña.

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Miguel Ángel Lutzow abandona el Cereso de La Pila

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El ex funcionario de Salud en el periodo de Juan Manuel Carreras llevará su proceso en prisión domiciliaria en respuesta a un amarpo para revocar la prisión preventiva

Por. Redacción

La defensa legal de Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí durante el periodo de Juan Manuel Carreras López, logró retirar la prisión preventiva justificada, por lo que se determinó que llevará su proceso en arraigo domiciliario.

Luego de una audiencia efectuada este sábado por un Tribunal de Alzada, el ex funcionario estatal abandonó el Centro de Reinserción Social de La Pila, luego de determinarse en la audiencia que deberá llevar el cumplimiento de su sentencia en resguardo domiciliario, por lo que no podrá salir de su domicilio durante el tiempo que dure el procedimiento, además de otras medidas cautelares que estableció.

El Tribunal de Alzada presidido por la jueza Claudia Hernández Ibarra, sesionó por casi cuatro horas, en la que se dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo 1646-2924

del juzgado cuarto de distrito en San Luis Potosí, interpuesto en contra de la prisión preventiva justificada impuesta en agosto de 2023 por el Juez de Control, Javier Pérez Contreras.

Miguel Ángel Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, por lo cual permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila; posteriormente, condenado desde el 7 de octubre de 2024 a cinco años y tres meses de prisión, una multa de 46 mil 046 pesos (equivalente a 530 UMAs), y la reparación solidaria del daño al erario público.

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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas localiza área con restos óseos en Rioverde

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En la comunidad de Agua Dulce se inició la recuperación de éstos para su posterior identificación a través de métodos científicos

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil Estatal localizó un área con restos biológicos humanos en la comunidad de Agua Dulce, durante las jornadas de labores en el municipio de Rioverde.

Derivado del trabajo que realiza la dependencia estatal para la localización de personas no localizadas y/o desaparecidas en la entidad y brindar apoyo a las familias de las cuatro regiones fue posible la detección de un área con restos óseos.

Durante las jornadas que se realizan en Agua Dulce, personal de la CEBP identificó distintos tipos de restos óseos que serán recolectados y sometidos a pruebas por la Vicefiscalía Científica para determinar su identificación, en cumplimiento con la política del Gobierno del Estado de San Luis Potosí de fortalecer la búsqueda de las y los potosinos no localizados.

Los trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para el rastreo de restos humanos en Rioverde comenzaron desde el pasado 24 de enero y continuarán hasta la recuperación de todos los indicios.

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Opinión

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