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Así fueron los dos años previos hasta la sentencia del Cayeyo Jr
Este fue el camino en el polémico caso del homicidio en el Fraccionamiento Campestre perpetrado por Eduardo Hernández alias El Cayeyo Jr.
Por: Redacción
La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes pasado, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.
Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del pasado lunes, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.
“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.
Vinculado a proceso
El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo, programando la audiencia de vinculación a proceso para el viernes 12 de mayo de ese mismo año.
Ese día, Cayeyo Jr. estaba sentado de espaldas al público al costado derecho, aunque no se apreciaba su rostro debido a la posición, por su cabello se notaba desaliñado, su cuerpo con una notable reducción de peso y mostrando una fuerte ansiedad.
La defensa de Cayeyo solicitó la nulidad de pruebas de balística, sangre, orina y del propio cadáver, argumentando que fue violada la cadena de custodia en cada una de ellas, ya que no se asentaba en algún documento datos importantes como horas, nombres de los encargados de recolección, entre otras cosas. La juez dictaminó como improcedente la petición de nulidad, explicando que la cadena de custodia no es como tal un documento, además de que no hubo alteración de las pruebas.
Los asesores de la familia de la víctima solicitaron a la juez que se diera al delito las calificativas de ventaja y traición; sin embargo, la funcionaria solo accedió a otorgar la primera, pues se demostró que el disparo fue a menos de 70 centímetros de la víctima; desechando la traición, además, los testigos aseguraron no existía un lazo de amistad entre Castañón y Cayeyo.
En la audiencia del 12 de mayo de 2017, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja, quedando arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.
Cayeyo se amparó
En diciembre de 2017, el Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal Cuéllar, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso contra el Cayeyo Jr, luego de aceptar el amparo que interpuso la defensa del presunto homicida.
Este fallo se dio después de que el Ministerio Público (MP) presentó pruebas fuera de tiempo que no pueden ser consideradas para esta resolución, por lo que el Juez ordenó en ese momento a los magistrados y a la juez que llevan el caso, a dejar insubsistente la vinculación a proceso.
Asimismo, se les instruyó para que dicten un nuevo fallo, donde las pruebas presentadas fuera de tiempo por el MP podrán ser aportadas y tomadas en cuenta.
En respuesta al amparo otorgado a Eduardo N, la entonces Procuraduría General de Justicia envió un comunicado de prensa para aclarar que este no dejaría en libertad a Cayeyo y que la dependencia impugnará la decisión del Juez Cuarto de Distrito.
Defensa de Cayeyo quiso demostrar faltas al debido proceso
El 22 de abril de 2019, cerca del segundo aniversario del homicidio de Eugenio Castañón, comenzó el juicio oral, ahí, peritos de la Fiscalía General del estado fueron llamados a declarar.
En los primeros días de audiencia, la defensa logró instalar severos cuestionamientos acerca de la labor que desarrolló la Policía Investigadora en los peritajes en la escena del crimen e indicios recabados.
El equipo de Eduardo N exhibió que, al realizar el estudio de balística y análisis del arma con que se perpetró el ataque, se registró un número de serie que no corresponde con el que ostenta el arma que se presentó en el estrado; es decir, podría tratarse de un revólver distinto.
Además se cuestionó a un perito de la Policía Federal que aunque mencionó en su testimonio que revisó varios dictámenes para alimentar un modelo de reproducción en video, eso no fue referido en el informe en texto que presentó.
Para otra perito, los abogados de Eduardo N explicaron que la falta de título en criminalística “lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para ser perito se tiene que tener título en la materia”. En este caso se estableció que uno de los peritos intervinientes no tiene la carrera para poder ejercer como perito, es contador público.
En el juicio, también José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, rindió su declaración como testigo.
El funcionario fue interrogado por aproximadamente dos horas, y entre los cuestionamientos se encontraban preguntas relacionadas con su llegada al lugar de los hechos luego de recibir una llamada por parte del fiscal Federico Garza Herrera.
Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el residencial Campestre.
En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.
Garza Herrera le habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.
Castillo aseguró que fue el propio Garza Herrera quien lo condujo a la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar.
Ante los cuestionamientos de la defensa, profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar fallas en el protocolo para procesar la escena del crimen.
En un punto del interrogatorio, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres. Al cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas o documentos de valor para el expediente.
Dijo que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó forcejeos. Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con Castillo , sin embargo la investigación ya había quedado formalmente abierta.
Garza: entre la espada y la pared
Federico Garza Herrera dijo que después de saber sobre el incidente, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.
En el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre la llamada a la policía y no a una ambulancia; sin embargo, el funcionario insistió en que lo consideró la medida correcta y sostuvo que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo no cruzó palabra alguna con el imputado.
Además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, ya que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija. Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.
Garza y Castillo Celestino mienten, dijo Cayeyo
Al emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.
El acusado siguió:
«Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad».
Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho «que su yerno estaba muerto en mi cocina».
También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.
«Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche».
Cayeyo aseguró que, contrario a lo declarado por el fiscal y el titular de la Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.
«En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar», indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.
También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y a él en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Castañón.
Tras vertir su testimonio, Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctima.
«No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir», cerró.
Culpable
Visiblemente descompuesto, el Cayeyo recibió el fallo del tribunal tras el juicio en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre en la capital de San Luis Potosí.
El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir defensa.
Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.
También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.
Las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado.
Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.
El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.
Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.
Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.
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Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO- Dirige Jorge Saldaña
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
dice que una visa puede cancelarse cuando existan razones para hacerlo, pero no ha explicado públicamente cuáles fueron las de Andy.Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
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Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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