mayo 6, 2026

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Así fueron los dos años previos hasta la sentencia del Cayeyo Jr

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Este fue el camino en el polémico caso del homicidio en el Fraccionamiento Campestre perpetrado por Eduardo Hernández alias El Cayeyo Jr.

Por: Redacción 

La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes pasado, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.

Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del pasado lunes, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.

“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.

Vinculado a proceso

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo, programando la audiencia de vinculación a proceso para el viernes 12 de mayo de ese mismo año.

Ese día, Cayeyo Jr. estaba sentado de espaldas al público al costado derecho, aunque no se apreciaba su rostro debido a la posición, por su cabello se notaba desaliñado, su cuerpo con una notable reducción de peso y mostrando una fuerte ansiedad.

La defensa de Cayeyo solicitó la nulidad de pruebas de balística, sangre, orina y del propio cadáver, argumentando que fue violada la cadena de custodia en cada una de ellas, ya que no se asentaba en algún documento datos importantes como horas, nombres de los encargados de recolección, entre otras cosas. La juez dictaminó como improcedente la petición de nulidad, explicando que la cadena de custodia no es como tal un documento, además de que no hubo alteración de las pruebas.

Los asesores de la familia de la víctima solicitaron a la juez que se diera al delito las calificativas de ventaja y traición; sin embargo, la funcionaria solo accedió a otorgar la primera, pues se demostró que el disparo fue a menos de 70 centímetros de la víctima; desechando la traición, además, los testigos aseguraron no existía un lazo de amistad entre Castañón y Cayeyo.

En la audiencia del 12 de mayo de 2017, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja, quedando arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.

Cayeyo se amparó

En diciembre de 2017, el Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal Cuéllar, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso contra el Cayeyo Jr, luego de aceptar el amparo que interpuso la defensa del presunto homicida.

Este fallo se dio después de que el Ministerio Público (MP) presentó pruebas fuera de tiempo que no pueden ser consideradas para esta resolución, por lo que el Juez ordenó en ese momento a los magistrados y a la juez que llevan el caso, a dejar insubsistente la vinculación a proceso.

Asimismo, se les instruyó para que dicten un nuevo fallo, donde las pruebas presentadas fuera de tiempo por el MP podrán ser aportadas y tomadas en cuenta.

En respuesta al amparo otorgado a Eduardo N, la entonces Procuraduría General de Justicia envió un comunicado de prensa para aclarar que este no dejaría en libertad a Cayeyo y que la dependencia impugnará la decisión del Juez Cuarto de Distrito.

Defensa de Cayeyo quiso demostrar faltas al debido proceso

El 22 de abril de 2019, cerca del segundo aniversario del homicidio de Eugenio Castañón, comenzó el juicio oral, ahí, peritos de la Fiscalía General del estado fueron llamados a declarar.

En los primeros días de audiencia, la defensa logró instalar severos cuestionamientos acerca de la labor que desarrolló la Policía Investigadora en los peritajes en la escena del crimen e indicios recabados.

El equipo de Eduardo N exhibió que, al realizar el estudio de balística y análisis del arma con que se perpetró el ataque, se registró un número de serie que no corresponde con el que ostenta el arma que se presentó en el estrado; es decir, podría tratarse de un revólver distinto.

Además se cuestionó a un perito de la Policía Federal que aunque mencionó en su testimonio que revisó varios dictámenes para alimentar un modelo de reproducción en video, eso no fue referido en el informe en texto que presentó.

Para otra perito, los abogados de Eduardo N explicaron que la falta de título en criminalística “lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para ser perito se tiene que tener título en la materia”. En este caso se estableció que uno de los peritos intervinientes no tiene la carrera para poder ejercer como perito, es contador público.

En el juicio, también José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, rindió su declaración como testigo.

El funcionario fue interrogado por aproximadamente dos horas, y entre los cuestionamientos se encontraban preguntas relacionadas con su llegada al lugar de los hechos luego de recibir una llamada por parte del fiscal Federico Garza Herrera.

Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el residencial Campestre.

En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.

Garza Herrera le habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.

Castillo aseguró que fue el propio Garza Herrera quien lo condujo a la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar.

Ante los cuestionamientos de la defensa, profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar fallas en el protocolo para procesar la escena del crimen.

En un punto del interrogatorio, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres. Al cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas o documentos de valor para el expediente.

Dijo que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó forcejeos. Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con Castillo

, sin embargo la investigación ya había quedado formalmente abierta.

Garza: entre la espada y la pared

Federico Garza Herrera dijo que después de saber sobre el incidente, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.

En el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre la llamada a la policía y no a una ambulancia; sin embargo, el funcionario insistió en que lo consideró la medida correcta y sostuvo que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo no cruzó palabra alguna con el imputado.

Además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, ya que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija. Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.

Garza y Castillo Celestino mienten, dijo Cayeyo

Al emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.

El acusado siguió:

«Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad».

Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho «que su yerno estaba muerto en mi cocina».

También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.

«Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche».

Cayeyo aseguró que, contrario a lo declarado por el fiscal y el titular de la Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.

«En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar», indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.

También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y a él en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Castañón.

Tras vertir su testimonio, Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctima.

«No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir», cerró.

Culpable

Visiblemente descompuesto, el Cayeyo recibió el fallo del tribunal tras el juicio en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre en la capital de San Luis Potosí.

El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir defensa.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.

También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

Las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado.

Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.

El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.

Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.

Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.

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¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña

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Con la iniciativa de pedir como requisito un examen de control y confianza que expide el poder ejecutivo ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría ? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Culto Público, hijos del detector del Metil y del metal:

Ayer, cuando lo leí por primera vez pensé que era Feic nius. Me reí incrédulo. Luego lo verifiqué y pensé: naaaaa (así digo “no” cuando dudo lo que pienso), ¿Es neta? Ok, no se oye mal…pero en eso estaba cuando me llamaron, vía oficial, para confirmar si tenía la información. Dios misericordioso…es real.

Ya no supe si reír o llorar. Me sentí como Canio, el payaso, (aunque por distintas razones) o como Garrick, el de Juan de Dios Peza (el de “cambiadme la receta”).

Pero basta de dramas y vamos al punto:

El diputado Héctor Serrano Cortés presentó ayer en el Congreso una propuesta que suena impecable en el papel y que, letras más o letras menos, dice que todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde una regiduría hasta la gubernatura— deberán pasar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos.

Pruebas psicológicas para que no estén tocadiscos, poligráficas para que no echen mentiras, toxicológicas para que no anden pachecos, y análisis socioeconómico para ver si lo que ganan corresponde a como viven.

Todo un aparato. Toda una medida institucional para evitar que pillos, malandrines, viciosos, loquitos, tranzas o cosas peores, lleguen a cargos públicos.

Miren, Culto Público, yo quiero entender la intención, y hasta me gustaría creerla.

Y es que tal como presentan la iniciativa, parece que es muy noble porque trata de blindar la elección que viene de sujetos indeseables.

¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie, al contrario, la propuesta planteada así, pues se merecería aplausos, bravos y a la bio a la bao y a la bimbomba… Ra, ra, (Bis.) (Bis.) (Bis.)

Pero antes del confeti hay que detenerse en un pequeño detalle: no vivimos en una esfera color de rosa ni tenemos 5 años, por lo tanto volvamos a poner los pies en la tierra y pensemos el asunto más despacio y con mayor criterio….

Una pregunta: ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría de este nuevo requisito? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Claro, los malpensados y críticos alegarán -justificadamente- que es una iniciativa con una intención ulterior, y que el beneficiado es el poder ejecutivo al darle la capacidad de decir quién puede participar o quién no y le explico:

La propuesta exige como requisito para ser candidato que el resultado de las pruebas de confianza mencionadas, sean emitidas por el Centro de Evaluación de Control y Confianza, un órgano que depende ¿de quién cree? de la Secretaría General de Gobierno.

¿Ahora me entiende mi confusión entre frustración y risa, Culto Público?

Está bien fácil, al depender las candidaturas de un documento que expide el ejecutivo, la narrativa contra Ricardo Gallardo se escribe sola: “El gobernador quiere decidir quién participa y quién no”.

¿Qué necesidad?

Y por si se lo siguen preguntando, aquí va la respuesta de quién resulta favorecido con esta iniciativa: Todos los opositores al Verde.

Bueno, en una de esas hasta el Batman de Tanquián regresa y si me lo permite, vamos a usarlo de ejemplo:

Ese que anda en campaña diciendo que no anda en campaña. El señalado por contratos turbios con Pemex. El involucrado en lavado de dinero. El que tiene tanto que explicar sobre el origen de sus recursos que Washington se pondría en alerta si alguien preguntara demasiado fuerte.

Ese señor, Culto Público, no pasa un control de confianza ni en la salida de una tienda departamental. Si lo conectan al polígrafo, el aparato pide su liquidación y presenta renuncia. Si le preguntan por su entorno socioeconómico, la respuesta generaría una investigación internacional.

Y ese perfil de ejemplo, junto con todos los de su calibre, los que tienen cola que les pisen, o los que saben que no pasarán los exámenes, serán los primeros en hacer fiesta si la iniciativa en cuestión se aprueba.

¿Por qué? Pregunta sencilla. Respuesta sencilla.

Porque no hay mejor oportunidad para hacerse el mártir.

No importa que el señor Zumaya u otros aspirantes no aprueben ninguno de los exámenes.

Reprobar es oro puro para el discurso: “El Estado no me deja participar” “Gallardo me tiene miedo” “Ese requisito lo pusieron porque saben que les gano” “Quieren el camino libre.”

Con eso ya tienen narrativa para medio año de campaña victimista, con dramatismo incluido y costo político cobrado al jefe del ejecutivo.

No hace falta ser politólogo de Harvard para ver el tiro, y sin embargo, aquí estamos.

Y aquí es donde me guardo la risa.

El diputado Serrano Cortés no es un recién llegado. Es un hombre de colmillo curtido en estas lides, de los que conocen el terreno antes de pisarlo, de los que saben que en política las iniciativas no solo se leen en tribuna: se leen entre líneas, se leen hacia adelante y se leen en los periódicos del día siguiente.

Entonces, la pregunta que no me puedo quitar de encima es ¿qué no vieron o qué no estamos viendo?

No importa la respuesta, el resultado es el mismo: la iniciativa, incluso si no se aprueba, pone al Estado, al Partido Verde y al gobernador en el centro de la diana.

Lo de menos es el debate jurídico que venga. Lo grave es el desgaste político innecesario, ese que no se lo va a cargar el legislativo.

¿De qué vale que los números les den ventaja de más de 20 puntos a un proyecto  si parece —sea o no sea cierto— que ese proyecto quiere deshacerse a cualquier costo de sus rivales?

Primero la mal llamada Ley Esposa que tuvo que vetarse, y ahora esto, que seguro pronto van a llamar algo como “Ley Mártires”, “Ley Palomeo”, o la peor: “Ley Miedo”. Hagan sus apuestas.

¿Qué necesidad de impulsar algo que se parece a un discrecional “tu entras, tu no”?

Es entonces que uno se pregunta, y lo digo con genuina preocupación y sin ánimo de ofender a nadie: ¿Qué no hay ya quién se atreva a decirle al mandatario lo que se ve desde afuera, o a darle siquiera un análisis básico de cálculo?

No es que el ejecutivo tenga que conocer las iniciativas del legislativo pero…de verdad su amigo el diputado Héctor Serrano, no por obligación, sino por cortesía y confianza ¿no intercambió ideas con Ricardo antes de presentar la iniciativa?

A veces el mejor favor que le puede hacer alguien a un amigo es decirle: hermano, ¿para qué?

Los ciudadanos potosinos no somos niños. Sabemos quién tiene cola que le pisen. No necesitamos polígrafo para detectarlo: ellos mismos se delatan. No necesitamos análisis socioeconómico: ellos mismos lo presumen.

Para ya irme dejo esto aquí para quien lo quiera y me retiro despacito: Háganse un favor, no autogeneren oposición innecesaria a un movimiento que tanto ha transformado este estado. A veces lo que parece una idea brillante puede ser un error estratégico y la mejor arma del contrincante.

Si hubiera diputados mala onda, mala leche, o maquiavélicos…hasta lo aprobarían de inmediato, ganarían 2×1. Lo bueno es que no los hay.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

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Costo de asfalto golpea presupuesto de obras en SLP

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La administración estatal busca alternativas ante alza de precios de derivados del petróleo

Por: Redacción

El encarecimiento global de los derivados del petróleo alcanzó las arcas públicas del estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que el costo del asfalto se disparó un 60%, lo que llevó a la administración estatal a realizar reajustes financieros críticos para no detener proyectos de infraestructura clave, como las laterales de la Carretera 57.

De acuerdo con el mandatario, mientras que otros insumos para la construcción se mantuvieron estables, el asfalto —insumo vital para la conectividad terrestre— sufrió un incremento desproporcionado derivado de la volatilidad en los precios internacionales del crudo.

“Nos pegó poquito en el tema de los costos del asfalto… se disparó un 60%. Eso nos hizo un reajuste precisamente en las laterales de la Carretera 57“, admitió Gallardo Cardona.

​A pesar del boquete financiero que representa este aumento, el gobierno estatal aseguró que la obra en la Carretera 57 no se detendrá

. Actualmente, se mantiene un despliegue constante de maquinaria y pipas de asfalto para concluir los trabajos.

El compromiso del Ejecutivo es entregar estas laterales en un plazo máximo de 15 días, por lo que buscan mitigar el impacto que el retraso en la obra podría generar en el tráfico de una de las arterias más importantes del país.

​Este ajuste presupuestario coincide con la entrega de infraestructura en la Huasteca potosina, donde municipios como Aquismón esperan la inauguración de nuevas carreteras y unidades deportivas.

El reto para el cierre del semestre será mantener el ritmo de obra pública en el resto de las zonas del estado sin que el precio de los materiales comprometa la viabilidad de nuevos proyectos.

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Ciudad

Vehículos eléctricos y scooters deberán usar placas

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La distinción se hará por velocidad y tamaño; en el primer trimestre del año no se registró ningún incidente con este tipo de vehículos

Por: Redacción

El nuevo reglamento de tránsito que prepara el municipio de San Luis Potosí también contempla a los vehículos eléctricos y scooters, un sector que ha crecido en las calles de la ciudad pero que hasta ahora opera sin una regulación clara. Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, explicó que la clave para regularlos estará en la velocidad que alcanzan.

En cuanto a la velocidad que alcancen estos vehículos eléctricos, en razón de eso es que tendrán ciertas responsabilidades“, señaló el funcionario, dejando claro que no todos los vehículos de este tipo serán tratados igual bajo el nuevo marco normativo.

Para los de mayor velocidad y tamaño, la exigencia será similar a la de una motocicleta convencional: necesitarán placas. “Algunos, dependiendo del tamaño, va a ser necesario que requieran un pla queo como una motocicleta. Hay vehículos eléctricos que alcanzan velocidades ya similares a las de motos

“, detalló Villa Gutiérrez.

En cuanto al panorama actual, el secretario compartió un dato que da contexto a la urgencia de la regulación: durante el primer trimestre del año, las autoridades no registraron ningún incidente documentado en el que haya participado un vehículo eléctrico. “En este primer trimestre del año realmente no hemos tenido un conocimiento puntual en donde haya participación de un vehículo eléctrico, ya sea por tema de accidente o por tema de lesiones”, indicó, y apuntó que el problema en ese rubro sigue siendo las motocicletas.

El reglamento aún se encuentra en proceso y deberá ser aprobado antes de entrar en vigor.

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