junio 18, 2026

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Así fueron los dos años previos hasta la sentencia del Cayeyo Jr

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Este fue el camino en el polémico caso del homicidio en el Fraccionamiento Campestre perpetrado por Eduardo Hernández alias El Cayeyo Jr.

Por: Redacción 

La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes pasado, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.

Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del pasado lunes, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.

“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.

Vinculado a proceso

El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo, programando la audiencia de vinculación a proceso para el viernes 12 de mayo de ese mismo año.

Ese día, Cayeyo Jr. estaba sentado de espaldas al público al costado derecho, aunque no se apreciaba su rostro debido a la posición, por su cabello se notaba desaliñado, su cuerpo con una notable reducción de peso y mostrando una fuerte ansiedad.

La defensa de Cayeyo solicitó la nulidad de pruebas de balística, sangre, orina y del propio cadáver, argumentando que fue violada la cadena de custodia en cada una de ellas, ya que no se asentaba en algún documento datos importantes como horas, nombres de los encargados de recolección, entre otras cosas. La juez dictaminó como improcedente la petición de nulidad, explicando que la cadena de custodia no es como tal un documento, además de que no hubo alteración de las pruebas.

Los asesores de la familia de la víctima solicitaron a la juez que se diera al delito las calificativas de ventaja y traición; sin embargo, la funcionaria solo accedió a otorgar la primera, pues se demostró que el disparo fue a menos de 70 centímetros de la víctima; desechando la traición, además, los testigos aseguraron no existía un lazo de amistad entre Castañón y Cayeyo.

En la audiencia del 12 de mayo de 2017, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja, quedando arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.

Cayeyo se amparó

En diciembre de 2017, el Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal Cuéllar, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso contra el Cayeyo Jr, luego de aceptar el amparo que interpuso la defensa del presunto homicida.

Este fallo se dio después de que el Ministerio Público (MP) presentó pruebas fuera de tiempo que no pueden ser consideradas para esta resolución, por lo que el Juez ordenó en ese momento a los magistrados y a la juez que llevan el caso, a dejar insubsistente la vinculación a proceso.

Asimismo, se les instruyó para que dicten un nuevo fallo, donde las pruebas presentadas fuera de tiempo por el MP podrán ser aportadas y tomadas en cuenta.

En respuesta al amparo otorgado a Eduardo N, la entonces Procuraduría General de Justicia envió un comunicado de prensa para aclarar que este no dejaría en libertad a Cayeyo y que la dependencia impugnará la decisión del Juez Cuarto de Distrito.

Defensa de Cayeyo quiso demostrar faltas al debido proceso

El 22 de abril de 2019, cerca del segundo aniversario del homicidio de Eugenio Castañón, comenzó el juicio oral, ahí, peritos de la Fiscalía General del estado fueron llamados a declarar.

En los primeros días de audiencia, la defensa logró instalar severos cuestionamientos acerca de la labor que desarrolló la Policía Investigadora en los peritajes en la escena del crimen e indicios recabados.

El equipo de Eduardo N exhibió que, al realizar el estudio de balística y análisis del arma con que se perpetró el ataque, se registró un número de serie que no corresponde con el que ostenta el arma que se presentó en el estrado; es decir, podría tratarse de un revólver distinto.

Además se cuestionó a un perito de la Policía Federal que aunque mencionó en su testimonio que revisó varios dictámenes para alimentar un modelo de reproducción en video, eso no fue referido en el informe en texto que presentó.

Para otra perito, los abogados de Eduardo N explicaron que la falta de título en criminalística “lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para ser perito se tiene que tener título en la materia”. En este caso se estableció que uno de los peritos intervinientes no tiene la carrera para poder ejercer como perito, es contador público.

En el juicio, también José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, rindió su declaración como testigo.

El funcionario fue interrogado por aproximadamente dos horas, y entre los cuestionamientos se encontraban preguntas relacionadas con su llegada al lugar de los hechos luego de recibir una llamada por parte del fiscal Federico Garza Herrera.

Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el residencial Campestre.

En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.

Garza Herrera le habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.

Castillo aseguró que fue el propio Garza Herrera quien lo condujo a la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar.

Ante los cuestionamientos de la defensa, profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar fallas en el protocolo para procesar la escena del crimen.

En un punto del interrogatorio, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres. Al cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas o documentos de valor para el expediente.

Dijo que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó forcejeos. Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con Castillo

, sin embargo la investigación ya había quedado formalmente abierta.

Garza: entre la espada y la pared

Federico Garza Herrera dijo que después de saber sobre el incidente, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.

En el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre la llamada a la policía y no a una ambulancia; sin embargo, el funcionario insistió en que lo consideró la medida correcta y sostuvo que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo no cruzó palabra alguna con el imputado.

Además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, ya que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija. Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.

Garza y Castillo Celestino mienten, dijo Cayeyo

Al emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.

El acusado siguió:

«Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad».

Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho «que su yerno estaba muerto en mi cocina».

También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.

«Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche».

Cayeyo aseguró que, contrario a lo declarado por el fiscal y el titular de la Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.

«En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar», indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.

También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y a él en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Castañón.

Tras vertir su testimonio, Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctima.

«No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir», cerró.

Culpable

Visiblemente descompuesto, el Cayeyo recibió el fallo del tribunal tras el juicio en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre en la capital de San Luis Potosí.

El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir defensa.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.

También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

Las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado.

Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.

El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.

Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.

Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.

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Era peor de lo que se imaginaba: Animalistas rescatan a perros de criadero clandestino de Milpillas

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Perros husky y pastor alemán en los huesos, animales agonizando dentro de jaulas, cadáveres cubiertos con cal, restos reducidos a mechones de pelo, un olor nauseabundo que llegaba hasta la calle y hasta lechones muertos dentro del predio

Por: Ana G Silva

Lo que vecinos y rescatistas encontraron al ingresar a un presunto criadero clandestino de perros en la fracción Milpillas fue descrito por ellos mismos como una escena “horrible, difícil de ver, de oler y profundamente triste”.

La tarde del miércoles, colectivos animalistas potosinos acudieron al domicilio señalado desde hace semanas por habitantes de la zona como un sitio donde se criaban y comercializaban perros husky y pastor alemán en condiciones inadecuadas. La intervención ocurrió luego de que el caso se viralizara en redes sociales, ante la falta de respuesta de autoridades municipales y estatales, pese a denuncias previas realizadas por vecinos.

Al llegar al inmueble, las rescatistas no localizaron a los cachorros que anteriormente habían sido observados en el lugar y que presuntamente eran comercializados incluso a la orilla de la carretera. De acuerdo con testimonios de quienes participaron en el rescate, aparentemente algunos animales fueron retirados antes de su llegada y hubo intentos por limpiar parcialmente las instalaciones.

Entre las acciones que detectaron se encontraba la colocación de recipientes con agua; sin embargo, ésta permanecía fuera de las jaulas, imposibilitando que los perros encerrados pudieran acceder a ella.

A pesar de ello, numerosos ejemplares permanecían confinados en jaulas pequeñas, sin alimento y en condiciones de extrema desnutrición. Algunos perros se encontraban prácticamente reducidos a piel y huesos, mientras que otros presentaban un estado de salud tan delicado que las voluntarias consideraron que estaban al borde de la muerte.

Las activistas denunciaron además la presencia de grandes cantidades de cal esparcidas en distintas áreas del predio, particularmente en zonas donde localizaron perros muertos en avanzado estado de descomposición. El olor, señalaron, era nauseabundo y podía percibirse desde la calle, situación que vecinos consideraron incluso un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.

Durante la inspección también fueron encontrados restos de animales que consistían únicam ente en mechones de pelo y vestigios óseos.

Asimismo, localizaron varios lechones recién nacidos muertos, que, según sospechan algunas personas involucradas en el rescate, podrían haber sido utilizados ocasionalmente como alimento para los perros.

Los rescatistas sostuvieron que las condiciones encontradas permiten presumir que los animales sobrevivientes permanecían cotidianamente en ese entorno insalubre, rodeados de cadáveres, desechos y fuertes olores derivados de la descomposición.

Ante la gravedad de la situación, vecinos y colectivos decidieron sacar del inmueble a todos los perros que aún permanecían con vida. Algunos fueron adoptados de manera inmediata por ciudadanos que acudieron al sitio, mientras que el resto fue trasladado a un refugio para recibir atención, aunque hasta el momento se desconoce con precisión el estado de salud de cada uno de los ejemplares rescatados.

Habitantes de Milpillas recordaron que el funcionamiento del presunto criadero clandestino había sido denunciado con anterioridad ante diversas autoridades, pero aseguran que no obtuvieron respuesta ni inspecciones formales, situación que derivó en que las agrupaciones animalistas actuaran por cuenta propia una vez que el caso alcanzó notoriedad en redes sociales.

Respecto al propietario del inmueble, vecinos señalaron que presuntamente se encontraba hospitalizado y que recientemente habría sido dado de alta; sin embargo, hasta ahora no se ha presentado en la vivienda ni ha establecido contacto con quienes participaron en el rescate.

Las organizaciones animalistas anunciaron que este jueves acudirán a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por posibles actos de maltrato animal, abandono y operación irregular de un criadero, además de aportar evidencia sobre la presunta venta de perros en las inmediaciones de la carretera y las condiciones deplorables en que eran mantenidos.

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“Dependerá del gobierno entrante”: Sedesore sobre sus programas sociales

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La titular de Sedesore reconoce que los apoyos —tortilla subsidiada, becas, madres solteras, adultos mayores— podrían no sobrevivir al cambio de administración en 2027

Por: Redacción

María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reconoció este miércoles que la continuidad de los programas sociales del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona dependerá de quien encabece la siguiente administración, al margen de los compromisos adquiridos.

La declaración ocurrió durante el anuncio de una nueva tortillería subsidiada en Residencial del Bosque, cuando se le preguntó si existe garantía de que los apoyos no se eliminen con el cambio de gobierno. “Cada administración tiene un tema muy diferente de trabajar”, respondió.

Martínez Galarza recordó que cuando Sedesore inició la gestión de Gallardo, la dependencia contaba con un solo programa activo: las despensas de emergencia de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, la Secretaría construyó una red que hoy incluye tortilla subsidiada

, apoyos a madres solteras, adultos mayores y becas escolares.

La titular planteó que estos apoyos deberían convertirse en políticas permanentes, sin embargo, sostuvo que “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.

La dependencia opera actualmente ocho tortillerías en el estado con una inversión de más de 3 millones de pesos y una distribución de más de 500 kilos diarios a 14 pesos el kilo, poco menos de la mitad del precio comercial.

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Presentan alternativa a Ley Serrano para regular uso de IA

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La propuesta busca limitar los delitos relacionados con inteligencia artificial y excluye de sanciones al periodismo, la crítica política y la sátira

Por: Redacción

Una iniciativa ciudadana para modificar la denominada Ley Serrano fue presentada ante el Congreso del Estado. El proyecto busca eliminar disposiciones que, según sus promotores, representan riesgos para la libertad de expresión.

La propuesta fue elaborada por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías y plantea derogar el artículo 272 Ter del Código Penal. Dicho apartado sanciona la manipulación de información institucional cuando afecte la confianza en las instituciones públicas del estado. El promovente argumenta que esa redacción permite restricciones incompatibles con derechos protegidos por la Constitución.

Además, propone modificar el artículo 272 Bis para reducir los supuestos bajo los cuales podrán perseguirse penalmente contenidos generados mediante inteligencia artificial. El documento fue entregado al Poder Legislativo y enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Facultad de Derecho de la UASLP para la elaboración de opiniones técnicas.

Entre los cambios planteados se establece que, para configurar un delito relacionado con manipulación digital o suplantación de identidad, la autoridad deberá acreditar simultáneamente que el contenido es falso, que existió dolo, que se produjo un daño verificable y que hubo una finalidad ilícita específica.

El promovente sostiene que conceptos actualmente vigentes, como provocar alarma social o afectar la confianza en las instituciones, permiten interpretaciones amplias que podrían alcanzar expresiones protegidas por la libertad de expresión.

La iniciativa también incorpora una cláusula que excluye expresamente de responsabilidad penal actividades como el ejercicio periodístico, la investigación comunicativa, la crítica política, la sátira, la parodia y la creación artística.

Adicionalmente, propone mecanismos para ordenar el retiro de contenidos considerados lesivos en plataformas digitales y medidas de protección para víctimas de violencia digital.

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