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Así fueron los dos años previos hasta la sentencia del Cayeyo Jr
Este fue el camino en el polémico caso del homicidio en el Fraccionamiento Campestre perpetrado por Eduardo Hernández alias El Cayeyo Jr.
Por: Redacción
La madrugada del 5 de mayo de 2017, Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, apenas el lunes pasado, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición.
Este caso resultó relevante debido al lazo que tienen las familias de ambos jóvenes, tanto Cayeyo como Eugenio Castañón, con el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera. Por un lado la víctima sostenía una relación sentimental con la hija de Garza Herrera, mientras, Eduardo N en su declaración del pasado lunes, sostuvo que el fiscal era el abogado de su padre, un empresario ganadero.
“Me abstengo de contestar, lo único que sí les puedo decir es que no soy padrino de quien se me dice que soy padrino y nunca fui ni he sido abogado de quién dicen”, había dicho Garza Herrera a La Orquesta en mayo de 2015, acerca de sus supuestos nexos con Cayeyo Jr.
Vinculado a proceso
El sábado 6 de mayo de 2017 se llevó a cabo la formulación de imputación de Eduardo, programando la audiencia de vinculación a proceso para el viernes 12 de mayo de ese mismo año.
Ese día, Cayeyo Jr. estaba sentado de espaldas al público al costado derecho, aunque no se apreciaba su rostro debido a la posición, por su cabello se notaba desaliñado, su cuerpo con una notable reducción de peso y mostrando una fuerte ansiedad.
La defensa de Cayeyo solicitó la nulidad de pruebas de balística, sangre, orina y del propio cadáver, argumentando que fue violada la cadena de custodia en cada una de ellas, ya que no se asentaba en algún documento datos importantes como horas, nombres de los encargados de recolección, entre otras cosas. La juez dictaminó como improcedente la petición de nulidad, explicando que la cadena de custodia no es como tal un documento, además de que no hubo alteración de las pruebas.
Los asesores de la familia de la víctima solicitaron a la juez que se diera al delito las calificativas de ventaja y traición; sin embargo, la funcionaria solo accedió a otorgar la primera, pues se demostró que el disparo fue a menos de 70 centímetros de la víctima; desechando la traición, además, los testigos aseguraron no existía un lazo de amistad entre Castañón y Cayeyo.
En la audiencia del 12 de mayo de 2017, la jueza dictó la vinculación a proceso de Cayeyo por homicidio calificado con ventaja, quedando arraigado durante el proceso en el Centro Penitenciario La Pila.
Cayeyo se amparó
En diciembre de 2017, el Juez Cuarto de Distrito, Juan de Dios Monreal Cuéllar, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso contra el Cayeyo Jr, luego de aceptar el amparo que interpuso la defensa del presunto homicida.
Este fallo se dio después de que el Ministerio Público (MP) presentó pruebas fuera de tiempo que no pueden ser consideradas para esta resolución, por lo que el Juez ordenó en ese momento a los magistrados y a la juez que llevan el caso, a dejar insubsistente la vinculación a proceso.
Asimismo, se les instruyó para que dicten un nuevo fallo, donde las pruebas presentadas fuera de tiempo por el MP podrán ser aportadas y tomadas en cuenta.
En respuesta al amparo otorgado a Eduardo N, la entonces Procuraduría General de Justicia envió un comunicado de prensa para aclarar que este no dejaría en libertad a Cayeyo y que la dependencia impugnará la decisión del Juez Cuarto de Distrito.
Defensa de Cayeyo quiso demostrar faltas al debido proceso
El 22 de abril de 2019, cerca del segundo aniversario del homicidio de Eugenio Castañón, comenzó el juicio oral, ahí, peritos de la Fiscalía General del estado fueron llamados a declarar.
En los primeros días de audiencia, la defensa logró instalar severos cuestionamientos acerca de la labor que desarrolló la Policía Investigadora en los peritajes en la escena del crimen e indicios recabados.
El equipo de Eduardo N exhibió que, al realizar el estudio de balística y análisis del arma con que se perpetró el ataque, se registró un número de serie que no corresponde con el que ostenta el arma que se presentó en el estrado; es decir, podría tratarse de un revólver distinto.
Además se cuestionó a un perito de la Policía Federal que aunque mencionó en su testimonio que revisó varios dictámenes para alimentar un modelo de reproducción en video, eso no fue referido en el informe en texto que presentó.
Para otra perito, los abogados de Eduardo N explicaron que la falta de título en criminalística “lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para ser perito se tiene que tener título en la materia”. En este caso se estableció que uno de los peritos intervinientes no tiene la carrera para poder ejercer como perito, es contador público.
En el juicio, también José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, rindió su declaración como testigo.
El funcionario fue interrogado por aproximadamente dos horas, y entre los cuestionamientos se encontraban preguntas relacionadas con su llegada al lugar de los hechos luego de recibir una llamada por parte del fiscal Federico Garza Herrera.
Según el relato de Castillo Celestino cerca de las seis de la mañana del 5 de mayo de 2017 recibió un llamado de Federico Garza Herrera, quien lo urgió a presentarse en su domicilio particular, ubicado en el residencial Campestre.
En menos de diez minutos, según su propio testimonio, arribó al frente del domicilio del fiscal, donde este lo esperaba en compañía de El Cayeyo, quien estaba sentado en la banqueta.
Garza Herrera le habría indicado que en el domicilio de su vecino se encontraba una persona herida (no muerta), sin precisar de quién se trataba; sin embargo, al interrogar al chico, este no logró sino mirar repetidamente al cielo sin articular palabra.
Castillo aseguró que fue el propio Garza Herrera quien lo condujo a la escena del crimen y al llegar, con la mano izquierda, señaló el sitio exacto para después retirarse sin ingresar.
Ante los cuestionamientos de la defensa, profundamente molesto y vacilante, Castillo Celestino se contradijo una y otra vez durante el contrainterrogatorio. La defensa logró evidenciar fallas en el protocolo para procesar la escena del crimen.
En un punto del interrogatorio, el policía ministerial expuso que en el pasado, El Cayeyo fue acusado por consumo de drogas e incluso por la violación de dos mujeres. Al cierre de su declaración, Castillo Celestino tuvo que reconocer que hubo aspectos ocurridos durante la detención que no hizo constar en actas o documentos de valor para el expediente.
Dijo que una vez conducido a donde yacía la víctima, el Cayeyo solicitó retirarse para ir al baño; sin embargo, optó por dirigirse a la puerta en un intento por escapar, lo que provocó forcejeos. Una vez detenido, el agresor habría hecho nuevos intentos por obtener un “acuerdo” con Castillo , sin embargo la investigación ya había quedado formalmente abierta.
Garza: entre la espada y la pared
Federico Garza Herrera dijo que después de saber sobre el incidente, al recibir al chico optó por mantenerlo en la parte exterior de su domicilio, sentado en una banqueta, y llamar a Castillo Celestino para que evaluara la escena del crimen.
En el interrogatorio, Garza fue cuestionado sobre la llamada a la policía y no a una ambulancia; sin embargo, el funcionario insistió en que lo consideró la medida correcta y sostuvo que durante los minutos que aguardó a la llegada de Castillo no cruzó palabra alguna con el imputado.
Además, reconoció tener a “un gran amigo” en el padre del Cayeyo; y por otro lado, tener una relación con la víctima, ya que el joven sostenía una relación de noviazgo con su hija. Su muerte, dijo el fiscal, le provocó “una profunda tristeza”.
Garza y Castillo Celestino mienten, dijo Cayeyo
Al emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.
El acusado siguió:
«Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad».
Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho «que su yerno estaba muerto en mi cocina».
También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.
«Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche».
Cayeyo aseguró que, contrario a lo declarado por el fiscal y el titular de la Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.
«En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar», indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.
También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y a él en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Castañón.
Tras vertir su testimonio, Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctima.
«No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir», cerró.
Culpable
Visiblemente descompuesto, el Cayeyo recibió el fallo del tribunal tras el juicio en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre en la capital de San Luis Potosí.
El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir defensa.
Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.
También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.
Las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado.
Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.
El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.
Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.
Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.
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Por cada peso de FISM en El Naranjo, sus migrantes mandan 28
El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
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SLP cerró 2025 con 369 homicidios, el menor registro en diez años
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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