octubre 30, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Entrevista: Ruth González defiende sus derechos políticos; Soy mujer antes que esposa

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En su segundo informe legislativo, la senadora reivindicó su condición de mujer por encima de sus vínculos familiares y rechazó que estos determinen su futuro político. En entrevista exclusiva, habló de las mujeres que enfrentan el machismo y la falta de oportunidades en San Luis Potosí, puntualizó que no ha decidido participar en 2027, pero defiende su derecho a hacerlo y, ante una pregunta sobre una eventual alianza entre el PVEM y Movimiento Ciudadano, respondió con humor: “Pues el verde y el naranja combinan, ¿no?”

Por: Jorge Saldaña

La senadora Ruth González Silva convirtió el cierre de su segundo informe legislativo en una defensa de los derechos políticos de las mujeres y, particularmente, de su derecho a participar en las decisiones públicas de San Luis Potosí sin que su condición de esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sea utilizada, por sí sola, para desacreditar sus capacidades o limitar sus aspiraciones.

Ante representantes de distintas fuerzas políticas reunidos en el Teatro de la Paz, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pronunció un mensaje que inevitablemente se inscribe en la discusión sobre la sucesión gubernamental de 2027, aunque reiteró que no ha anunciado su intención de competir.

“Ninguna mujer puede ver limitado su derecho a participar en la vida pública por sus circunstancias personales, por sus vínculos familiares o por las expectativas que otros tengan sobre ella”, sostuvo.

La declaración fue acompañada de un señalamiento sobre la diferencia entre exigir cuentas a quienes desempeñan cargos públicos y utilizar su vida personal como argumento para excluirlos de las decisiones del estado.

“La crítica forma parte de la democracia”, reconoció, pero advirtió que desacreditar o restringir la participación de una mujer por razones ajenas a su capacidad o desempeño reproduce una forma de violencia.

Su posicionamiento adquiere una dimensión particular en San Luis Potosí, donde la posibilidad de que la esposa del actual mandatario participe en la próxima elección ha colocado frente a frente dos debates: el derecho de las mujeres a competir por cargos públicos y las reglas destinadas a impedir el nepotismo electoral.

González Silva no anunció una candidatura. Por el contrario, dijo expresamente:

“Nunca me he pronunciado al respecto y jamás he dicho que quiera participar en el proceso electoral de 2027”.

Sin embargo, aseguró haber sido objeto de mentiras, señalamientos y críticas que también han involucrado a su familia y a su condición de mujer.

Por ello, explicó, su postura trasciende su situación personal y busca defender el derecho de otras potosinas a intervenir en la vida democrática.

“Antes de ser esposa, madre o senadora, soy mujer”

Uno de los momentos centrales de su discurso ocurrió cuando la senadora reivindicó su identidad personal frente a los papeles familiares y públicos con los que habitualmente se le identifica.

“Antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser esposa, incluso antes de ser senadora de la República, soy mujer”, expresó.

La legisladora vinculó esa afirmación con su experiencia en las cuatro regiones del estado, sus recorridos territoriales y el trabajo desarrollado desde el Senado, factores que presentó como parte de su trayectoria propia.

También manifestó su respaldo a la continuidad del proyecto político que actualmente gobierna San Luis Potosí, mencionando la ampliación de programas sociales, infraestructura carretera, transporte público y oportunidades laborales.

“San Luis Potosí es tiempo de mujeres”, afirmó al concluir su intervención, retomando el significado político de la llegada de una mujer a la Presidencia de la República.

La frase dejó abierta una cuestión de fondo: si su defensa de la participación femenina permanecerá en el terreno de los principios o si, llegado el momento, se traducirá en una decisión personal de competir por la gubernatura.

Entrevista exclusiva: las mujeres que todavía tienen miedo de denunciar

Al término del informe, en una entrevista exclusiva concedida a este medio, Ruth González amplió el sentido de su mensaje y trasladó la conversación del escenario electoral a la realidad de miles de mujeres potosinas que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos.

Al preguntarle si existen mujeres cuyo propio entorno les impide avanzar, la senadora reconoció que el machismo continúa presente en distintas comunidades, particularmente en la Huasteca y algunos puntos de la Zona Media.

“Desgraciadamente, definitivamente todavía vivimos en tiempos [en que] el machismo predomina”, señaló, al advertir que persisten mujeres que no se atreven a denunciar situaciones de violencia por miedo o desconfianza hacia las instituciones.

La legisladora identificó otra dificultad: las barreras que enfrentan quienes viven lejos de los centros de atención y carecen de infraestructura adecuada para acercarse a las autoridades.

Reconoció que, en ocasiones, las mujeres han dejado de creer en las instituciones, por lo que consideró indispensable recuperar su confianza y ofrecerles un acompañamiento cercano.

“Hoy estamos buscando que esas mujeres puedan obtener la confianza, que vuelvan a creer, que se acerquen, que sepan que en una servidora pueden contar”, expresó.

Aseguró que ha sostenido encuentros con grupos de mujeres para escucharlas y apoyarlas, y señaló que el acompañamiento debe incluir asesoría jurídica, atención psicológica y otras formas de apoyo integral.

Pero insistió en que el objetivo fundamental es que las mujeres desarrollen autonomía y puedan decidir sobre sus vidas.

“Yo creo que lo más importante es que ellas mismas se sientan capaces, que sepan por ellas mismas salir adelante sin depender de alguien”, explicó.

La conversación abordó también las condiciones de desigualdad que enfrentan mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza y aquellas a quienes su entorno social les ha hecho creer que no tienen posibilidades de superación.

Para la senadora, la defensa de los derechos femeninos no puede quedar reducida al acceso a candidaturas o cargos públicos. También debe traducirse en condiciones para que las potosinas puedan denunciar, recibir atención, superar la dependencia y construir sus propias oportunidades.

Sus declaraciones plantean así un desafío concreto: que el discurso sobre el empoderamiento femenino tenga correspondencia con el acceso efectivo a justicia, servicios y mecanismos de protección, particularmente fuera de la zona metropolitana.

¿Se atreverá en 2027? “Todavía no he decidido”

La entrevista derivó hacia la pregunta electoral que ha acompañado a González Silva durante los últimos meses: si finalmente buscará la gubernatura en 2027.

La senadora respondió que su presencia constante en las comunidades del estado ha sido interpretada por algunos sectores como actividad anticipada de campaña, una lectura que rechazó.

“Porque no están acostumbrados a ver que una legisladora federal pueda regresar, y entonces ustedes aseveran que estoy haciendo campaña, cuando no es así; más bien quise cambiar la forma de hacer política”, sostuvo.

Explicó que no ha tomado una decisión y que, cuando llegue el momento, deberá considerar no solamente sus aspiraciones personales, sino también a su familia.

“También es una decisión familiar, porque también mis hijos cuentan”, puntualizó.

Añadió que el Partido Verde le ha manifestado respaldo y libertad para decidir, siempre dentro de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

La senadora afirmó que no se siente presionada ni agobiada por la definición y que, llegado el momento, será una determinación primero personal y después familiar.

Su respuesta confirma que mantiene abierta la posibilidad de participar, pero no constituye un anuncio de candidatura.

“El verde y el naranja combinan”: la broma exclusiva sobre Movimiento Ciudadano

La entrevista dejó también un momento de humor político cuando se le preguntó a Ruth González sobre la presencia del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en su informe, así como sobre los acercamientos entre figuras de Movimiento Ciudadano de Nuevo León y representantes del gobierno potosino.

La pregunta fue directa: ¿existe alguna posibilidad de que el Partido Verde y Movimiento Ciudadano participen juntos en San Luis Potosí?

La respuesta inicial de la senadora, entre bromas, fue:

“Pues combina el verde y el naranja, ¿no? ¿Qué opinas?”.

La expresión dio pie a un intercambio distendido, pero González Silva aclaró inmediatamente que la visita de Colosio no debía interpretarse como el anuncio de un acercamiento electoral.

“No, mira, la verdad es que no. La verdad es que hay una gran relación con muchos senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas”, explicó.

Confirmó que mantiene una amistad cercana con Colosio Riojas y que, a su vez, asistirá a su informe en Nuevo León, al que fue invitada.

“Yo en una semana voy al informe de Colosio allá en Nuevo León, también me invitó y la verdad es que nos llevamos muy bien”, compartió.

La senadora mencionó también su cercanía con Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, con quien recordó coincidencias políticas durante su paso por el PRD, así como con Enrique Vargas, del PAN; Pablo Angulo, del PRI, y legisladores de Morena.

Explicó que las diferencias que se presentan durante los debates parlamentarios no han impedido construir relaciones personales con integrantes de distintas fuerzas políticas.

En consecuencia, la combinación del verde y el naranja quedó como un comentario humorístico de la legisladora ante una pregunta periodística, no como la confirmación de una negociación o de una alianza electoral.

El intercambio, sin embargo, resulta políticamente relevante porque ocurre en un contexto en el que las posibles coaliciones para 2027 todavía forman parte de la discusión pública.

El contexto de 2027: derechos políticos, nepotismo y nuevas alianzas

Las declaraciones de Ruth González se producen después de varios meses de controversia sobre las reglas de la sucesión gubernamental.

En diciembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma que obligaba a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027. Sin embargo, el gobernador Ricardo Gallardo ejerció su facultad de veto y la reforma fue modificada.

Finalmente, las disposiciones aprobadas en 2026 permiten que los partidos registren candidaturas de cualquier género en 2027 y establecen un esquema de alternancia para las siguientes elecciones gubernamentales.

A este escenario se suma la reforma constitucional federal contra el nepotismo electoral, publicada el 1 de abril de 2025, cuya prohibición específica será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030, no de 2027.

Esto no elimina el debate político de fondo. Por un lado, está el derecho de cualquier mujer a ser considerada por sus capacidades y trayectoria; por otro, la discusión sobre la concentración del poder y la sucesión entre familiares de quienes ejercen cargos públicos.

En el terreno de las alianzas también existen interrogantes. En septiembre, la senadora prácticamente descartó una coalición del Verde con Morena para la gubernatura de 2027, mientras que en octubre dejó abierta la posibilidad de ser considerada por su partido, sin asumir una candidatura formal.

En ese escenario, la presencia de Colosio y Barrales durante su informe adquiere interés político, aunque la propia González Silva atribuye esos vínculos a relaciones de amistad y trabajo legislativo, no a acuerdos partidistas.

La participación de representantes de cinco fuerzas políticas en su informe mostró, cuando menos, una red de interlocución que trasciende las fronteras del Partido Verde.

Entre la defensa de las mujeres y una decisión que sigue pendiente

El mensaje de Ruth González en su segundo informe tuvo dos dimensiones que se complementaron durante la entrevista posterior.

La primera fue personal y política: reivindicar su derecho a ser evaluada por su trayectoria, sin que sus relaciones familiares sean el único elemento que defina su participación pública.

La segunda fue social: llamar la atención sobre las mujeres potosinas que todavía enfrentan machismo, miedo, pobreza, dificultades para denunciar y falta de confianza en las instituciones.

Aunque su situación ocupa el centro de la discusión electoral, la senadora buscó colocar esa defensa dentro de una causa más amplia, relacionada con el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones y participar en condiciones de igualdad.

Su eventual candidatura sigue sin resolverse. También permanecen abiertas las definiciones partidistas para 2027 y los posibles acuerdos entre fuerzas políticas.

Por ahora, Ruth González dejó tres mensajes: no ha decidido competir por la gubernatura, no renunciará a defender su derecho a participar y considera que las mujeres de San Luis Potosí necesitan oportunidades reales para superar los obstáculos que todavía limitan sus vidas.

Y en medio de esas definiciones, dejó una frase exclusiva que, aunque pronunciada en tono de broma, seguramente alimentará las conversaciones políticas: “Pues combina el verde y el naranja, ¿no?”.

Una combinación de colores que la senadora deslizó y celebró con humor, sin convertirla aún en un anuncio de alianza electoral.

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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos

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Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.

Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%

del monto.

La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.

Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.

También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale

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Ciudad

En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento

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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo

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