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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.


El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.
Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.
En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Ciudad
Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP
El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva
Por: Redacción
El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.
Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.
González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.
Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.
Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.
La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas
porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.
Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.
La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.
González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.
El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.
La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.
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Ciudad
SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita
La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo
Por: Redacción
La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.
Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.
Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.
El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.
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Destacadas
Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles
El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles
Por: Redacción
La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.
Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.
El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.
Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.
La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.
Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.
Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.
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