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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Candidatos podrían usar exámenes de confianza como estrategia electoral: Ceepac
El consejero Juan Manuel Ramírez recordó que los exámenes ya no serán obligatorios para quienes busquen un cargo público en SLP
Por: Redacción
Aunque los exámenes de control y confianza serán voluntarios para quienes aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí, su aplicación podría convertirse en una herramienta de campaña para que las candidaturas busquen generar confianza entre el electorado, consideró Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
El funcionario explicó que, tras la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, las personas candidatas podrán decidir libremente si se someten a estas evaluaciones, sin que el resultado o la negativa a realizarlas represente un impedimento para competir en las elecciones de 2027.
“Puede convertirse en un elemento adicional de campaña”, señaló Ramírez García, al considerar que algunos partidos o aspirantes podrían utilizar voluntariamente estas pruebas como una forma de demostrar transparencia o fortalecer su imagen ante la ciudadanía.
El consejero indicó que el próximo proceso electoral será el primero en el que exista esta posibilidad, por lo que también servirá para evaluar el interés de las candidaturas en participar en el mecanismo y la respuesta que tenga entre el electorado.
Recordó que, durante la discusión de la reforma, el Congreso decidió eliminar la obligatoriedad de los exámenes de control y confianza al considerar que exigirlos como requisito para registrarse podría vulnerar el derecho constitucional de las personas a ser votadas.
Además de este cambio, la reforma electoral incorporó otras modificaciones relevantes que entrarán en vigor para el proceso electoral local de 2027, el cual iniciará formalmente en noviembre.
Entre ellas destaca la posibilidad de que personas en prisión preventiva, sin sentencia firme, puedan ejercer su derecho al voto; el uso de plataformas digitales para el registro de candidaturas y la realización de diversos trámites ante la autoridad electoral; así como nuevas reglas para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos.
En este último punto, la legislación contempla mayores recursos destinados a actividades relacionadas con juventudes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Ramírez García señaló que será hasta el desarrollo del proceso electoral cuando pueda medirse el impacto real de estas modificaciones y, particularmente, si los exámenes de control y confianza terminan convirtiéndose en un factor que influya en las campañas o en la percepción de los votantes.
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Cerca de 200 migrantes potosinos son repatriados cada mes
El Gobierno estatal afirmó que las deportaciones no alcanzaron los niveles que se preveían
Por: Redacción
Aunque el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump generó expectativas de deportaciones masivas, en San Luis Potosí el fenómeno ha sido menor de lo previsto. Cada mes, alrededor de 200 potosinos repatriados desde Estados Unidos reciben atención por parte del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), informó su director, Luis Enrique Hernández Segura.
El funcionario aclaró que la cifra aún es estimada, ya que el Gobierno del Estado mantiene un proceso de validación de datos junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar el número oficial de personas que han regresado a la entidad durante este año.
Hernández explicó que 2026 ha sido un periodo atípico en materia migratoria y aseguró que, contrario a lo que se anticipaba tras el cambio de políticas en Estados Unidos, las repatriaciones han mostrado una tendencia a la baja.
“El comportamiento de nuestros connacionales ha sido muy responsable”, señaló el titular del IMEI, al considerar que el impacto real de las medidas migratorias estadounidenses no ha alcanzado las dimensiones que se pronosticaban cuando comenzaron los anuncios del gobierno de Trump.
El director del instituto indicó que las personas que retornan a San Luis Potosí reciben acompañamiento a través de protocolos enfocados en cuatro ejes: identidad, salud, seguridad y asistencia social, con el objetivo de facilitar su reincorporación al estado.
Añadió que estos mecanismos también contemplan a familias que regresan con hijos nacidos en Estados Unidos o con doble nacionalidad, aunque reconoció que no existen datos específicos sobre programas diferenciados para menores binacionales ni sobre estrategias particulares para su incorporación a los sistemas educativo o de salud.
Hernández sostuvo que, además de atender a quienes regresan al estado, el IMEI participa en caravanas de servicios dirigidas a comunidades migrantes y sus familias, acciones que incluso se han extendido a otras entidades del país, aunque no precisó cuáles ni la frecuencia con la que se realizan.
Finalmente, insistió en que, pese a la atención mediática que ha recibido el tema migratorio durante los últimos meses, San Luis Potosí no ha registrado un incremento extraordinario en el número de repatriaciones y confió en que la tendencia continúe durante el resto del año.
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Reabren casi todos los parajes de la Huasteca tras tregua de las lluvias
La mayoría de los parajes de la Huasteca ya están abiertos tras mejorar las condiciones de los ríos. Solo El Jabalí sigue fuera de operación
Por: Redacción
Tras tres días consecutivos sin lluvias, la mayoría de los parajes turísticos de la Huasteca Potosina reanudaron actividades y ya reciben visitantes, informó la Secretaría de Turismo del Estado con base en el reporte más reciente elaborado en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La disminución de las precipitaciones permitió que los niveles de los ríos descendieran y que el agua recuperara mayor claridad, lo que redujo los riesgos para los turistas que visitan la región durante el actual periodo vacacional.
De acuerdo con el informe correspondiente a este sábado 27 de junio, únicamente el paraje El Jabalí, en el municipio de Aquismón, permanece cerrado al público debido a las condiciones que aún presenta la zona.
En contraste, los principales atractivos turísticos de Tamasopo, Ciudad Valles, El Naranjo, Xilitla y el resto de Aquismón ya se encuentran abiertos, aunque algunos mantienen restricciones para determinadas actividades acuáticas como medida preventiva.
Las autoridades señalaron que la reapertura fue posible gracias a la mejora en las condiciones hidrológicas registradas durante la última mitad de la semana, luego de las intensas lluvias que provocaron el cierre temporal de diversos parajes por el incremento en los caudales y la alta turbiedad del agua.
La Secretaría de Turismo exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones del personal de Protección Civil y de los operadores turísticos, ya que las restricciones vigentes buscan garantizar la seguridad de quienes acuden a disfrutar de los destinos naturales de la Huasteca.
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