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Activistas proponen prohibir pirotecnia explosiva en SLP
A través de una iniciativa ciudadana se busca prohibir la venta y uso de pirotecnia explosiva en el Estado, tras los incendios y la muerte de un perro comunitario
Por: Redacción
La activista Arely Torres Miranda y el analista político Oswaldo Ríos Medrano presentaron una iniciativa ante el Congreso del Estado con el fin de prohibir la venta y uso de pirotecnia explosiva, al añadir un segundo párrafo al artículo 95 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
En la exposición de motivos se explica que se debe salvaguardar el derecho de las personas a un medio ambiente sin contaminación auditiva por el uso de pirotecnia explosiva con fines de entretenimiento, y al mismo tiempo, prevenir los accidentes, incendios y ataques a personas adultas, infantes y animales.
Por otra parte, la iniciativa señala que el uso de la pirotecnia causa contaminación auditiva, misma que en la actualidad se vuelve particularmente nociva por la gran cantidad de bebés y adultos mayores que hay en las familias, pero también porque muchas de ellas poseen mascotas.
Cabe recordar que durante las festividades de año nuevo se reportaron cerca de 15 incendios en distintos puntos de la Zona Metropolitana, entre ellos un puesto de artículos de pirotecnia en Avenida Muñoz; además, el perro comunitario Miguel murió en el fraccionamiento San Ángel tras acercarse a un artefacto pirotécnico encendido.
Ante esta situación, el documento plantea que prohibir la pirotecnia explosiva reduciría de forma efectiva los siniestros, toda vez que se darían más elementos a las corporaciones de seguridad pública y protección del delito para actuar en caso de que alguien los usara ilegalmente.
Así, los promoventes de la iniciativa proponen utilizar, en su defecto, pirotecnia lumínica 
El artículo 95 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí quedaría entonces de la siguiente manera:
ARTÍCULO 95. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y la generación de contaminación visual en cuanto rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental que para tal efecto emita la federación y el Estado. Las autoridades estatales y los ayuntamientos adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites, y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En el estado de San Luis Potosí queda prohibida la fabricación, depósito, distribución, comercio, uso y venta al público de fuegos pirotécnicos explosivos con fines de entretenimiento, cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 85 decibeles. Quedan exentos de esta disposición, los artefactos de pirotecnia que produzcan efectos lumínicos, siempre que su combustión se encuentre por debajo de los decibeles permitidos.
Será motivo de sanción administrativa el uso indebido de claxón, considerándose como tal aquél que se realice en intérvalos o periodos repetitivos, así como los escapes abiertos de cualquier vehículo automotor que circule dentro de los centros de población.
“Para qué quiero más reflectores”, revira El Mijis a taurinos y denuncia amenazas de muerte
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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