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SLP | ¿Existe una red que obliga a niños a pedir dinero?
Autoridades cierran los ojos a la mendicidad forzada en San Luis Potosí
Por: El Saxofón
Tras la publicación en redes sociales de un video en el que se observa a niñas y niños mendigando en los cruceros de la Avenida Industrias, y a un par de sujetos vigilándolos y exigiéndoles una cuota de seiscientos pesos, diversas instituciones, encabezadas por el DIF estatal se dieron a la tarea de recorrer diversos puntos de la ciudad para ir en “rescate”, de estos menores que, probablemente, son víctimas de una red de explotación infantil y trata de personas que opera en el estado.
Mediante un boletín de prensa, las autoridades estatales pretendieron hacer ver que están tomando cartas en el asunto e hicieron un “respetuoso llamado” a las autoridades municipales a hacer su parte aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno. El texto, bastante escaso de información, solo refiere las autoridades que participaron en los recorridos, aclara que estos ya se venían haciendo por parte de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), y añade que, de ahora en adelante, la Comisión para prevenir la trata de personas, sesionará cada 15 días para atender este problema.
El comunicado omitió algunos datos importantes, por ejemplo: ¿cuántos niños fueron atendidos? ¿De qué manera se garantizará que no vuelvan a ser explotados? Y, muy importante: ¿hay abierta una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzada?
El pasado 22 de septiembre, antes de que los videos se volvieran virales en las redes sociales, el DIF estatal difundió un comunicado de prensa, titulado “DIF estatal realiza recorridos por cruceros para proteger derechos de NNA”, con un subtítulo que rezaba: “A las autoridades municipales también les corresponden este tipo de acciones.”
Sobra decir que el gobierno encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios no se dio por aludido, y más de diez días después no ha emprendido ninguna acción para frenar la explotación infantil que se registra a la vista de ciudadanos y autoridades en los cruceros más importantes de la capital.
Dicho comunicado señala que, “El personal de la Procuraduría se acerca a madres, padres o personas adultas que acompañan a niñas, niños o adolescentes, para conminarles a que los retiren de esta situación, ya que representa un peligro para ellas y ellos”.
Este párrafo hace suponer que no hay una investigación abierta por el delito de trata de personas, pues se presume que quienes acompañan a los menores son sus madres y/o padres, sin embargo, al emplear la expresión “personas adultas”, abre la posibilidad de que quienes “acompañan” a los llamados niños pedigüeños, no tengan ninguna relación de parentesco con estos, lo cual implicaría que hay un esquema de explotación o bien de coacción para obligar a estos menores a pedir dinero a automovilistas y transeúntes.
Sobre el delito de mendicidad forzada hay pocos datos oficiales pero muchas evidencias en la vida diaria. Niños vestidos con ropas viejas y sucias pueden verse en distintos puntos de la ciudad, pidiendo dinero; también es posible identificar a sus “cuidadores”, e incluso a quienes los trasladan a bordo de camionetas o autos a los cruceros en los cuales deberán pasar varias horas hasta juntar la cantidad que les exigen sus explotadores.
En Avenida Industrias, Capitán Caldera, Av. Muñoz, Venustiano Carranza, 18 de Marzo, Av. Reforma, Rutilo Torres, Carretera 57, Salvador Nava rumbo a la carretera Guadalajara, y en Himno Nacional, se puede observar a los menores acercarse a los vehículos para solicitar una moneda.
Por ahora se habla de niños, pero estas redes también explotan a migrantes o presuntos migrantes, personas discapacitadas, así como a personas adultas mayores. Se trata de un negocio, y quienes lo encabezan, hasta ahora, gozan de total impunidad.
El artículo 24 de la Ley General contra la trata de personas establece que “Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.
“Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.
“Si se utiliza para mendicidad forzada a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”.
Larga lista de instituciones y funcionarios omisos
En agosto pasado, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A. C., y el Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, publicaron el informe “Legislación, política pública, y trata de personas. Informe de la situación en 6 estados de la república”, que incluye a San Luis Potosí. El documento deja constancia de las omisiones de las autoridades locales:
SEGE culpa al Covid-19
“Con la finalidad de conocer las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Educación, se realizó la solicitud con número de folio 00912783, en la cual fue
requerida la siguiente información: ¿Cuántos módulos de prevención del delito de
trata de personas han realizado para prevenir la trata en escuelas? ¿Se ha creado
el protocolo de detección y prevención de la trata? ¿Se han registrado las
estadísticas sobre posibles casos de trata de personas? ¿Se ha capacitado al
personal en materia de trat a? Solicitud a la que se respondió que por motivos de la contingencia sanitaria (COVID-19) no se contaba con esa información en ese momento.
Se le solicitó también información a los ayuntamientos de los municipios del Estado acerca de ¿Qué ha hecho el municipio en torno a la detección, prevención, atención de las personas víctimas de trata?, solicitudes de las cuales no se recibió respuesta alguna.
DIF estatal calla
Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, se le solicitó la información sobre: ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí de 2017-2020?, solicitud a la cual no se recibió ninguna respuesta.
De igual manera se le solicitó información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios, a los que se les preguntó ¿Qué acciones de prevención han realizado para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes en San Luis Potosí?
Legislación y autoridades responsables
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, para el estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial, el jueves 30 de agosto de 2018, sin embargo, la primera versión de esta ley data del 2011. Desde entonces, no hay registro de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, mucho menos, en su forma de mendicidad forzosa.
Según la ley, es obligación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de trata de personas en agravio de menores, personas adultas, con o sin discapacidad, y personas adultas mayores; lo que hará del inmediato conocimiento del Ministerio Público.
Instituciones y funcionarios omisos
Además del DIF y la PPNA, la ley incluye una larga lista de dependencias que deben coadyuvar en la atención, prevención y erradicación de este delito, entre las que destacan: la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Leal Tovías; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Manuel Lozano Nieto; el Instituto de las Mujeres, a cargo de Érika Velazquez, la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaiman; el Instituto Potosino de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Alonso; el Instituto del Atención a Migrantes, a cargo de Enrique Malacara; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que dirige Jorge Vega Arroyo; la Coordinación Estatal de Atención a Pueblos Indígenas; la Procuraduría General de Justicia que dirige Federico Garza, la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Jaime Pineda, entre otras.
Todos ellos, hasta ahora, han sido omisos en atender el delito de trata de personas en lo tocante a mendicidad forzada.
De las autoridades a las que el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos les solicitó información, solo la Secretaría General de Gobierno respondió, diciendo que se habían implementado una serie de medidas que incluyen capacitaciones a funcionarios y a la población sobre el delito de trata en general.
De la información entregada, se destaca que en 2017, se atendieron a 69 posibles víctimas de trata, de las cuales, solo 3 eran en la modalidad de mendicidad forzosa.
De 2017 a 2019 se abrieron en total 14 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales no se conoce cuantas sentencias se lograron.
Técnicas de investigación
Si bien es difícil identificar si las personas que están en mendicidad forman parte de algún esquema de explotación, la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata, da herramientas a las autoridades para hacer su trabajo.
En el Capítulo II Técnicas de investigación de la citada ley, el artículo 26 refiere las facultades del Ministerio Público en las indagatorias de presuntos casos de esta naturaleza y lo obliga, entre otras cosas, a procurar:
- Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra, con la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, y demás derechos humanos de ésta;
- Identificación del modus operandi de los involucrados;
- Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;
Del mismo modo lo faculta, para: I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable; y III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, entre otras cosas.
Hay una gran cifra negra en cuanto al delito de trata de personas en todas sus modalidades. Cuando hablamos de trata, lo primero en lo que pensamos es en la prostitución, pero hay al menos once modalidades de trata de personas, la que más se denuncia es la explotación laboral (jornaleros, campos agrícolas), pero la más silenciosa y más difícil de probar es la mendicidad forzada, pues, en un país como México, dicen los expertos, al tratar de castigar este delito, se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Lo cierto es que en la realidad, existen redes que pueden ser familiares, pero también organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de las personas, las movilizan y las obligan a mendigar exigiéndoles cuotas bajo amenazas o agresiones. Que la incapacidad o torpeza de las autoridades les impida evitar y castigar este delito, no quiere decir que debamos dejarlo pasar.
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No habrá centro comercial, será centro deportivo: Rector de la UASLP sobre terrenos
Alejandro Zermeño aclaró que la condición para rentar el terreno cerca de Ciencias de la Comunicación fue para crear un proyecto deportivo
Por: Redacción
Ayer, distintos medios locales dieron a conocer que el terreno, propiedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), localizado en la colonia Lomas Cuarta Sección sería utilizado para construir una nueva plaza comercial denominada Distrito Santa Fe. No obstante, Alejandro Zermeño Guerra, rector de la universidad, desmintió esto.
El rector de la máxima casa de estudios de San Luis Potosí comentó que el Consejo Directivo Universitario autorizó la renta del espacio para un proyecto deportivo, el cual tendrá canchas, un pequeño espacio comercial para cafetería y venta de materiales atléticos.
“Es un proyecto en el que hay dos condiciones: primero que sea deportivo, para que los universitarios puedan hacer uso de él con unas condiciones especiales; también, una parte será estacionamiento, los alumnos podrán hacer uso de sus espacios; y que terminado la renta, las instalaciones quedan a favor de la universidad ”.
Zermeño Guerra reiteró que el terreno no se rentará para construir un centro comercial, sino un centro deportivo que beneficiará a los alumnos.
El representante de la UASLP comentó que la renta de este espacio se comenzará a cobrar a partir de 2025, esta tendrá un monto de 3 millones y medio de pesos los primeros dos años, y a partir del tercer año será un incremento según la inflación.
Recordó que estos acuerdos comenzaron en noviembre de 2023, donde la universidad se comprometió a no cobrar renta hasta terminada la construcción, que deberá ser en los próximos meses.
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#4 Tiempos
El facturero berrinchudo que quiere ser gobernador | Columna de Jorge Saldaña
Tercera Llamada
Las pruebas expuestas en medios nacionales como Reforma, demuestran que a Gerardo Sánchez Zumaya el gobierno de López Obrador le abrió las puertas a conexiones y contratos que lo hicieron multimillonario en un parpadeo.
Con dinero rápido, inesperado y a manos llenas, producto principalmente de contratos con Pemex, el potosino, oriundo de Tanquián de Escobedo, tejió una red de personas físicas y morales que empezaron a facturar humo usando modestos negocios ubicados como mercerías, casas de clase media baja, tienditas de abarrotes y otras direcciones con las mismas características.
En el caso de las personas físicas, como lo pudo comprobar el periódico Reforma en su investigación recientemente publicada, extrañamente no existe registros de compra de insumos (si a caso gasolina) y sin embargo de 2018 a 2023 vendieron piezas y servicios especializados a Pemex por 15 mil millones de pesos.
Los personajes y empresas están directamente ligadas con Sánchez Zumaya, sus familiares tanto directos como políticos.
Las personas físicas involucradas son menores de 30 años y de acuerdo a sus movimientos en el SAT no hay registro de compra de materiales o insumos para su venta, tampoco dieron ningún servicio y lo único que se presume en realidad vendieron fueron las facturas, lo que les permitió manejar, bancarizar y retirar recursos por más de 15 mil millones de pesos, a eso se le conoce como lavado de dinero y, al estar involucradas más de tres personas se convierte en delincuencia organizada.
En su defensa, tras la publicación de la investigación, Sánchez Zumaya ha sido disperso, contradictorio y omiso, pues nada ha dicho sobre la red de lavado de dinero y de la familiaridad o relación que tiene con los personajes factureros.
También sostiene que los contratos con Petróleos Mexicanos fueron producto de una licitación y desvía una y otra vez el tema aduciendo que se trata de una persecución política del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona a pesar de que la investigación en su contra no se generó en territorio potosino sino en Tabasco, estado en el que Sánchez Zumaya intentó ser candidato a gobernador en las elecciones pasadas pero tras su fracaso regresó a San Luis y ha manifestado querer ser ahora el candidato de Morena a la primera magistratura del Estado en 2027.
Con este contexto, Culto Público, es que nacen cuestionamientos y reflexiones que comparto con Usted:
Para poder comprender mejor el asunto y sus alcances, hay que tener muy claro quién es y de dónde salió el personaje en cuestión:
Sánchez hasta hace apenas unos meses era un desconocido para la mayoría de los potosinos, pero de pronto brotó como un hongo en la humedad de su enojo causado porque la justicia fue a localizar a su padre de quien se sabe también tiene pendientes con la ley. (Por algo lo buscaron y seguramente no por ser buena persona)
Sintiéndose protegido y valiente gracias a sus relaciones con la federación, embriagado de sus inmejorables conexiones con el poder, el asunto de la búsqueda y detención de un par de escoltas armados de su progenitor le ofendió y motivó.
Aquí cabe una pregunta: Si nada deben ni él ni su padre y son tan honrados y trabajadores el y su familia ¿Por qué tienen como escoltas a ex militares armados?.
Seguramente dirán que se trata de una medida de seguridad derivado de su fortuna, sin embargo, como se sabe y se investiga, dicha fortuna proviene de actividades ilícitas lo que resulta en una tremenda paradoja: ¿Quiere que la ley le proteja a él y a su patrimonio que consiguió violando le ley?
En otras palabras se queja de la acción de la justicia cuando actúa en su contra, pero no se quejó cuando el aparato del Estado le ha jugado a favor haciéndolo millonario.
A partir de ese episodio y sintiéndose él plenamente convencido de ser intocable, se entiende que se sintió agredido por la autoridad y asumió la salida fácil de la victimización construyendo a través de un primer video en redes la narrativa de ser perseguido político, es decir, aprovechó la circunstancia para matar dos pájaros de un tiro: reclamar su impunidad, y lanzarse como aspirante a la gubernatura tomando su decisión en un enojo, en un berrinche, estando colérico, tomando decisiones emocionales o como se dice coloquialmente, con las tripas.
Se podría hacer una lista por las causas, motivaciones y razones por las que una persona quisiera ser gobernador de su estado y seguramente todas serían nobles. Vengarse y saciar un berrinche no debe siquiera estar en esa lista y eso es lo que quiere Sánchez únicamente: sacarse la espina de no haber podido ser ni candidato en Tabasco y desquitarse de, lo que él piensa, fue un agravio directo del gobernador en su contra.
También circula la versión respecto a un impago de una carretera por parte del gobierno, asunto que de ser cierto sería peor para los potosinos: Entonces… ¿quiere ser gobernador para cobrarse el dinero que le deben?
Un asunto que no debe de perderse de vista (y de ningún otro sentido) es que la denuncia en su contra, misma que motivó el reportaje del periódico Reforma, se interpuso en Tabasco, por lo que ni San Luis ni el gobernador potosino ni la fiscalía de este estado tienen vela en el entierro.
Asumir que el escándalo en el que está involucrado Sánchez está orquestado por el gobernador potosino es un absurdo tan grande como el suponer que Ricardo Gallardo pudo colocar en la portada de Reforma una investigación, que primero, le es ajena, y segundo porque la línea editorial de ese periódico es frontalmente enemiga del gobierno federal del que es aliado Ricardo.
¿Qué razón tendría Gallardo para colocar en un diario que le es adverso a su aliada la presidenta una investigación de una denuncia que le es ajena?
Solo Sánchez, sus periodistas militantes convertidos en estrategas políticos, y su operador financiero y consejero de origen cubano (que se cree un sabelotodo de la política potosina) lo saben.
Hay que decir también que Sánchez fue descuidado. El presumir en sus redes sus relaciones cercanas con los personajes en el poder como AMLO, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como sus asistencias a bautizos en Tabasco con los hijos del ex presidente, hacen inverosímil y de plano ridícula su postura de defensa cuando dice que ganó honrada y equitativamente los contratos con Pemex.
Ser proveedor de la paraestatal ya es difícil, ganar una licitación por productos o servicios es lo triple de complicado, hace falta experiencia, antecedentes, garantías, pólizas, seguros y un larguísimo etcétera de tecnicismos…pero como siempre, hay una excepción que es cuando el gobierno federal lo ordena (lamentable para la 4T que tanto promulga el combate a la corrupción)
Teniendo las relaciones que presumió sin empacho el de Tanquián, es fácil saber que conseguir contratos de cientos de millones se convierte en lo más sencillo del mundo, y te pagan rápido, sobre todo si como “bonus” se tiene armado un tinglado de jóvenes ambiciosos que por ganarse un 4 por ciento de comisión emitiendo facturas de miles de millones encuentran la manera de hacerse ricos rápidamente.
Preguntémo nos ¿Tendría esos contratos Sánchez si no fuera amigo del hijo del ex presidente?
¿Accedería a Adán Augusto y a Marcelo Ebrard solamente por ser un militante entusiasta de la huasteca potosina?
Sus relaciones explícitamente presumidas no solo lo hacen del delito, también exhibe indirectamente a sus benefactores, razón -más que justificada- para que un periódico como Reforma le ponga atención al asunto.
Nada es casualidad, el se lo buscó. No quiera venir ahora a inventar historias para escurrir el bulto. En SLP nadie lo persigue mas que el desprestigio.
¿A Morena le convendrá tener un candidato en 2027 con esos señalamientos encima?
¿Por qué los morenistas potosinos iban a aceptar a un militante sin mayor trayectoria, cartel o credenciales que sus fotos con funcionarios de primer nivel como proyecto político y un escándalo nacional de corrupción y lavado?
No es lo mismo tener el dinero para hacer una campaña, que merecer ser el candidato y tener una causa. Sobre todo si la forma de conseguir el dinero para dicha campaña es producto de la antítesis de los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
En el escenario local, es abierta y plenamente sabido que Sánchez está ligado con los hermanos Azuara Zúñiga, que sin pena no solamente reconocen su amistad y cercanía con su paisano, también sin filtro aceptan que está involucrado en actividades ilícitas.
Al menos así lo reconoció el mayor de los Azuara en una comida en el restaurante Pescatore el año pasado.
Por cierto, que los Azuara y el PAN son el plan “B” del hoy señalado de enriquecimiento al cobijo de la federación y están jugándose el pellejo con la candidata a la dirigencia estatal de ese partido, Lidia Argüello, que no dudó en traicionar a Verónica su otrora aliada y protectora para ir a encabezar un proyecto en el que ella no manda.
Da mucha risa que en su discurso al inscribirse, la propia Lidia dijera que no dejaría entrar a Morena “de eso me encargo yo” -dijo-cuando sabe bien que todo el impulso económico de su campaña vendrá del dinero ilícito de Sánchez, que se asume, presume y goza de los privilegios de un Morenista corrupto (sí, aunque no lo crea, Culto Público, hay entre los 97 panistas consejeros personajes centaveros que piden desde cambio de llantas hasta liquidaciones de tarjetas de crédito o dinero en efectivo a cambio de su voto)
¿Cuánta carencia de ideales se debe tener para que le de lo mismo a Sánchez contender por Morena que por el PAN? Y la misma pregunta a los panistas que lo quieren dejar entrar.
Lo único que están haciendo al exhibir tanto desparpajo, es que sus rivales se unan y frenen en conjunto ese plan “B” Azuarista porque estando como están las cosas, Verónica tiene dos grandes apoyos para su candidatura.
Ya casi para finalizar con estas reflexiones y cuestionamientos solo diré que la reunión del secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez con la secretaria de gobernación de nuestro país, Rosa Icela Rodríguez justo en medio del escándalo Sánchez Zumaya no fue producto de la casualidad y, dígase lo que se diga, la realidad es que el gobierno federal está del lado del estado, de otra forma no hubieran circulado la fotografía de ambos.
Al mismo tiempo, es fácil leer que ni sus compadres, ni el senador Adán Augusto ni el secretario Ebrard van a meter las manos por el tanquianense a quien van a negar tres veces conforme avancen las investigaciones (porque se anticipa que hay más tela de donde cortar)
¿Dónde está tu AndyMesías ahora?
En una atropellada y torpe defensa que hizo ayer en grupo Imagen con Ciro Gómez, el personaje hoy señalado aseguró que si se comprueban las denuncias en su contra, el solito iría caminando al bote.
Yo le aconsejaría que ya vaya tomando camino. ¿Cómo cuánto tiempo se hará caminando de Tanquián a la Pila?
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
BEMOLES
GATO ENCERRADO EN LOS TERRENOS UASLP
El asunto del “Distrito Santa Fe” ofende por donde se le vea.
Se trata de la construcción de un centro comercial que la familia Del Valle y los hermanos Macabeos Espinoza Diaz de León (lo que apesta a Juan Manuel Carreras y amigos) pretenden construir en terrenos propiedad de la universidad ubicados en una zona de gran privilegio y mejor plusvalía justo detrás del hotel Hilton y a un costado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
El mega negocio millonario, del que ya circulan renders y planos, se supone está avalado por la comisión de hacienda y el Consejo Directivo Universitario, y radica en que, de acuerdo a lo que se sabe del convenio aprobado, los empresarios estarían rentando a la Uni por una cantidad ridícula de 3 millones de pesos al año los terrenos que valen más de 150 millones de pesos en un calculo moderado.
La empresa, con todo el sello de “herencia maldita” subarrendarían a decenas de locatarios, restaurantes, tienda ancla, la BMW y otros negocios justificando el uso “deportivo” con la construcción de seis canchas de Padel.
¿Que no hay expertos en finanzas en la UASLP? ¿Nadie de nuestra universidad sabe sacar un factor de rentas? ¿No hay un arquitecto, edificador, maestro o valuador dentro de la plantilla académica? ¿No hay nadie que le diga al rector que es un pésimo negocio?
¿Qué no se puede dar cuenta la UASLP que con ese convenio les están viendo la cara y que las familias arriba mencionadas están haciendo un negocio multimillonario a cambio de migajas?
¿Quién firmó ese convenio y quién se está beneficiando?
Qué negociazo. Para alguien, será un negociazo, excepto la Universidad claro está.
La confirmación de ese proyecto abriría justificadamente la especulación sobre trafico de influencias.
De ser cierto y de ser ejecutado el mega centro comercial significaría que los chamaquearon, que hicieron un mega negocio en sus narices, o que alguien desde dentro de la institución está metido hasta el fondo en el “bisne”.
Ojalá que no y solo sean sueños guajiros de empresarios ambiciosos. Como sea, eso no va a terminar bien.
Ahora sí, hasta la próxima.
Jorge Saldaña
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Ciudad
Planean incrementar costo de parquímetros de SLP
El alcalde dijo que este cobro no se había modificado en muchos años; aseguró que el ajuste será moderado
Por: Redacción
La Tesorería de la capital potosina propuso un cambio la Ley de Ingresos 2025, para incrementar la tarifa de los parquímetros, una medida que busca actualizar un cobro que no ha sido modificado desde 2008.
Según Margarita Hernández Fiscal, regidora de la Comisión de Hacienda del Cabildo, la tarifa aumentaría 1 peso por cada 15 minutos, estableciendo un costo de 12 pesos por hora, cifra que se considera baja en comparación con los estacionamientos del Centro Histórico.
Por otro lado, el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que el aumento podría ser más significativo, alcanzando 2 o 3 pesos por cada 15 minutos, según lo planteado en la propuesta de Ley de Ingresos aprobada por la Comisión de Hacienda.
Galindo destacó que este ajuste, aunque moderado, responde al contexto económico nacional y a la necesidad de compensar la pérdida de ingresos tras la municipalización de Villa de Pozos.
El alcalde subrayó que los parquímetros no representan un impuesto, sino un derecho opcional para los ciudadanos, cuyos ingresos contribuyen al financiamiento de servicios como el Cuerpo de Bomberos y otros proyectos municipales.
Además, señaló que la Ley de Ingresos 2025 incluye ajustes en multas relacionadas con Comercio Municipal y Protección Civil, manteniendo un presupuesto similar al de 2024.
Ambas propuestas serán votadas en el Cabildo capitalino en próximas sesiones. En el caso del aumento en los parquímetros, este deberá ser aprobado el 25 de noviembre y posteriormente enviado al Congreso del Estado para su validación definitiva.
El alcalde dijo que confía en que los diputados darán su visto bueno, ya que los ingresos adicionales permitirían la realización de obra pública en beneficio de la ciudadanía.
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