marzo 28, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Agua que no has de beber | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la llave que no sabes si abrir o persignarte:

La UASLP, a través de su Grupo Universitario del Agua, presentó el lunes —con bata blanca, microscopio moral y tono de Moisés dictando las tablas de la Alianza— sus avances de la agenda hídrica 2025. Muy bien.

Dentro de los hallazgos de estos avances y actualizaciones científicas de sus estudios, alertaron que en al menos el 13% de más de 300 pozos que analizaron hay arsénico, fluoruro y hasta Uranio. (Sí, Uranio)

Treinta y nueve pozos. Traducido al español de a pie: hay zonas donde abrir la llave es jugarse la vida.

¿En cuáles zonas y en cuáles pozos? (No dijeron y al rato vuelvo al asunto)

El dato es grave. Gravísimo, y nadie aquí le regatea un milímetro a la ciencia ni a los académicos universitarios quienes la producen.

Pero la ciencia no opera en el vacío y la forma en que esto se da a conocer también es un mensaje, y este mensaje está envuelto en un paquete muy particular:

¿Quién fue el público receptor de semejantes y tan relevantes resultados?

Por mi cuenta, pregunté a la autoridad municipal de la capital si fue invitada y no, no fue invitada.

Pregunté al alcalde de Soledad, tampoco. Pregunté a la delegación de CONAGUA. Nada. Pregunté al titular de la CEA. Menos. Pregunté a la Comisión de Agua del poder legislativo, cero. Tampoco a los regidores. Es decir, ni un alma de las que podrían —al menos en teoría— hacer algo con esa relevante información.

¿Entonces? Una presentación cerrada, de élite académica o casi de logia masónica, pero con efecto y eco mediático calculado para que el mensaje explotara afuera como granada de fragmentación: “El agua de San Luis está envenenada”. (A los medios sí nos invitaron)

¿Qué hacer? Yo no sé Culto Público si llamar a los bomberos o a la Haya para presentar cargos por delitos de lesa humanidad contra todas las autoridades involucradas.

Claro, me contuve porque noté que los resultados se los entregaron entre ellos mismos, como quien se da su propio premio Nobel de la Paz.

A ver y ¿cuándo lo presentaron? Un día después del Día Mundial del Agua —correcto, la foto de calendario no falla— pero cuatro meses después de que cualquier autoridad pudiera haber empatado esos datos con sus presupuestos de egresos y proyectos.

Los presupuestos se aprueban en diciembre, no en marzo, y esto es como si el cardiólogo te diagnosticara el infarto… pero te diera la receta cuando las farmacias ya cerraron. (Aunque hay versiones que si hubo reuniones previas con la autoridad local)

En la misma presentación se supo que, para los universitarios, la norma mexicana vigente que usa la Secretaría de Salud federal para medir niveles seguros de agua potable, y que usa el Interapas, no es suficiente —y quizá tengan razón— pero tampoco han propuesto formalmente a esa dependencia que la modifique. Es decir: la norma no sirve, pero tampoco hacemos nada por cambiarla. Solo lo exhibimos.

Entonces la pregunta se aleja del campo científico y entra a la cancha política:

¿A quién beneficia un diagnóstico tan alarmante que sin embargo no se articula con quien puede recetar el tratamiento?

Porque el estudio golpea mediáticamente a INTERAPAS, que es el responsable directo del agua que llega a nuestras casas.

Golpea al alcalde Enrique Galindo, que carga con la operación cotidiana del sistema. Y —más silenciosamente, como quien mueve alfil sin hacer ruido— golpea al tablero electoral del 2027.

Esto no ocurre en el vacío ni sin antecedentes. Ocurre después de meses de fricción de la Universidad con el Congreso, de desencuentros con el gobierno del estado por recursos, de desplantes y comparecencias negadas.

Ocurre en el marco de una universidad que reclama autonomía pero que no rehúye al protagonismo inquisitorial cuando le conviene, de señalar a todos los que “lo hacen mal” —o en traducción sin filtros: a todos aquellos que no lo hacen como el águila manda.

Y en medio de todo, un dato que no es menor: el gobernador Ricardo Gallardo no solo cumplió con los adeudos del año pasado con la uni, sino que para 2026 elevó la aportación estatal a la institución por encima de lo aprobado originalmente y eso en la práctica política, son gestos que rara vez son gratuitos.

Mientras el estudio desgasta al municipio (porque parece que para eso estuvo diseñada la presentación) extrañamente el gobierno del estado sale ileso de la narrativa.

(El enemigo de mi enemigo —máxima más vieja que el agua misma— es mi amigo)

Mientras tanto, el rector Alejandro Zermeño juega su propia partida: a ratos víctima, a ratos confrontador, a ratos académico impecable y a ratos —cada vez más— intenta subir al ring político con sotana de científico y sin querer ser golpeado.

Porque exhibir no es lo mismo que solucionar. Alertar no es lo mismo que articular. Y tener razón no es lo mismo que tener responsabilidad.

¿A qué voy? Muy fácil: Si la UASLP sabe que hay pozos envenenados, ¿por qué no lo comunica directamente a CONAGUA –que es la autoridad competente- para que revise concesiones de los pozos y los cancele?

Y aquí vuelvo: ¿Por qué no dicen exactamente cuaáles pozos son los 39 que tienen agua tóxica? ¿Qué tal que son los que darán agua al DinoOasis Aqua Park?

¿También van a revisar esa agua? Digo porque yo ya me vi en la alberca de olas pero no quiero andar nadando en Uranio.

Otra cosa: ¿A quién beneficia que en una circunstancia hídrica como la que vive la Zona Metropolitana se clausuren 39 pozos? ¿A quién le va exigir agua la población?

¿Por qué no articular con los tres niveles de gobierno la situación antes de publicar resultados alarmistas en tono de nota roja para que los recoja la prensa?

¿Por qué la doctora Gabriela Palestino aseguró en un comunicado universitario que será “en el mediano plazo” que se articularán sus estudios con las autoridades de los tres niveles y harán mesas de trabajo? ¿No sería mejor hacerlas antes?

Porque así como se hizo, huele a política o más bien a grilla, y en la grilla, ya lo sabemos, se privilegia a quien defiende mejor su verdad en lugar de usar esa verdad para aportar en cambiar las cosas.

¿De qué nos sirve el dato alarmante, aceptado o no por las autoridades, si los estudios no trascienden a la Secretaría de Salud, Conagua, Cea, Interapas, San Luis, Soledad, Cerro de San Pedro y Pozos?

De qué sirve compartir el conocimiento encontrado entre los que lo encontraron…

Mire, Culto Público, algo no me cuadra y yo no voy lo a afirmar todavía, pero lo dejo sobre la mesa ¿Está buscando el rector algo más que incidir en la agenda hídrica? (Como por ejemplo desgastar a los enemigos de tu nuevo amigo)

¿No estará Zermeño Guerra buscando boleta?

Me atrevo a decirlo porque al menos dos personas me han soltado la versión de una reunión hace unas semanas en la que se le “deslizó” al oftalmólogo esa posibilidad.

Si encuentro mayores datos, se los “deslizo” el lunes.

Mientras tanto, me pregunto e imagino cuál sería el slogan de campaña a la capital por parte del doctor Zermeño.

A mí no se me ocurre nada, pero seguro a alguna creativa estudiante de medicina se le podría ocurrir alguna variante de aquella famosa cartulina que lo mismo defendió que hundió al rector en los tiempos de crisis. ¿Si saben cuál, verdad?

De remate un par de apuntes que no quiero dejar en el tintero:

Ignorante como soy, no sabía que para opinar sobre la UASLP hacía falta ser egresado de la misma y además presentar acta de nacimiento potosina. (Bendito sea Dios yo tengo ambas)

Pero lo menciono porque eso fue exactamente lo que sugirió el rector al referirse al diputado Héctor Serrano, quien —ojo al dato— ni siquiera afirmó que la universidad debería recortar las pensiones millonarias de los ex rectores y funcionarios.

Lo que declaró fue que al menos las dieran a conocer, junto con los sueldos actuales de los altos mandos. Es decir, pidió transparencia, no recortes.

La respuesta del rector a través de una reportera, fue querer darle cátedra con guante blanco al legislador sobre la no retroactividad de la ley y demeritar su opinión (“hay que tomarlo de quien viene”) porque Serrano -según dijo Zermeño- no es egresado de la Universidad y tampoco es potosino. Tómala.

En lugar de verse elegante, el rector se vio reactivo y herido —como quien se defiende de algo de lo que nadie le atacó.

Y aquí va el bonus, Culto Público, porque a mí las ideas no me las detiene ni el punto final.

Es cierto: Zermeño no puede legalmente recortar ni un peso a las pensiones de ex rectores, ex funcionarios y hasta ex acosadores que no dan una sola clase, pero siguen cobrando como si dictaran cátedra desde la impunidad y la desvergüenza.

La ley no es retroactiva y eso no está a discusión.

Pero lo que sí puede hacer —y nadie se lo impide— es convocar a los ex rectores vivos y proponerles un acuerdo solidario: que por amor a la UASLP y en congruencia con la crisis financiera que todos conocen, renuncien voluntariamente a sus pensiones de privilegio y las ajusten a la realidad de las finanzas universitarias. Un gesto de grandeza institucional. Un acto de decencia magnánimo que no necesita reforma legal, solo voluntad.

Claro… para eso tendría que poder sentarlos en la misma mesa. Y es que según tengo entendido, el rector solo se habla con Jaime Valle. Con los demás ex rectores ya rompió lanzas, puentes y hasta el saludo… igual que con prácticamente todas las autoridades de los tres niveles.

Allá ellos. Y allá todos, porque Todos Somos la Uni…dicen.

Buen fin de semana y abran a la llave con fe.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Con desdén y sarcasmo, rector educa a Serrano sobre leyes y defiende pensiones millonarias

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ZERMEÑO

Alejandro Zermeño respondió al cuestionamiento del diputado Héctor Serrano no con datos sobre las pensiones privilegiadas, sino que con tono de superioridad desestimó su crítica por “no ser universitario ni potosino” y le recuerda que la nueva ley que topa pensiones no puede aplicarse de forma retroactiva

Por: Redacción

Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, respondió con tono irónico a los señalamientos del diputado Héctor Serrano Cortés sobre el sistema de pensiones de la institución, minimizando sus críticas y defendiendo la legalidad de los beneficios otorgados en el pasado.

“Hay que tomar las cosas de quien viene”, soltó el rector, al referirse al legislador, de quien incluso puso en duda su vínculo con la entidad y con la propia universidad. “Que yo sepa, él no ha ingresado a nuestra universidad… es más, creo que no es ni potosino”, agregó.

Las declaraciones surgen luego de que Serrano Cortés cuestionara que la universidad no deba quedar fuera de la reforma nacional en materia de pensiones, al advertir que la autonomía universitaria no puede ser utilizada para evadir obligaciones en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, Zermeño Guerra defendió el modelo vigente en la UASLP, asegurando que su sistema de pensiones ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública

como uno de los mejor estructurados a nivel nacional.

Además, subrayó que la universidad ha realizado cuatro modificaciones a su esquema de pensiones en los últimos años, y que desde 2021 o 2022 estos beneficios ya cuentan con topes, lo que —dijo— demuestra una evolución en su regulación.

En su respuesta, el rector también recurrió a un argumento legal para justificar las pensiones otorgadas en el pasado, incluyendo aquellas que han sido señaladas como elevadas.

“No soy abogado, probablemente esta persona que usted dice sí sea abogado muy versado en esto, pero yo no, pero entiendo que las leyes no son retroactivas… lo que están recibiendo los rectores en su momento era lo correcto”, expresó.

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¿Cómo se entregará el recurso a la UASLP en 2026 y qué incluye?

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La máxima casa de estudios del estado recibirá su presupuesto 2026 en pagos mensuales y contará con un recurso adicional al cierre del año

Por: Redacción

Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que el Gobierno del Estado ya tiene definido el esquema de financiamiento para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante este 2026, el cual contempla tanto el presupuesto ordinario como una ampliación de recursos hacia el cierre del año.

Explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso local se distribuirá en doceavas, es decir, en pagos mensuales iguales a lo largo del año, como parte del funcionamiento regular del gasto público.

“Lo que autoriza el Congreso se entrega en doceavas, que son 12 meses de pagos iguales”, detalló.

En este sentido, indicó que el monto base aprobado ronda los 300 millones de pesos, los cuales se ministran mensualmente a la institución educativa.

Además, García Vidal señaló que, tras gestiones realizadas con la Federación y con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un incremento cercano al 3% respecto al convenio anterior, lo que representa una bolsa adicional aproximada de 216 millones de pesos

.

Este recurso extraordinario será entregado durante el último trimestre del año, con el objetivo de apoyar a la universidad en compromisos financieros más elevados, como el pago de prestaciones de fin de año.

“El recurso adicional se va a aplicar en el último trimestre para apoyar en temas como aguinaldos, donde los montos son más fuertes”, explicó.

La funcionaria agregó que este esquema fue acordado directamente con el rector Alejandro Zermeño Guerra, con quien —aseguró— existe coordinación y consenso sobre la forma en que se entregarán los recursos.

Asimismo, destacó que, a diferencia del año anterior, en esta ocasión se logró una mejor coordinación con la Federación, particularmente con la Secretaría de Educación Pública, para garantizar la participación conjunta en el financiamiento de la universidad.

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