Congreso del Estado
Deudores alimentarios podrían enfrentar cárcel por ocultar bienes en SLP
Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.
La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.
Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.
La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.
Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.
Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.
La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.
Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.
De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.
Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
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La nueva fiscalía tendrá estructura y presupuesto propios dentro de la Fiscalía General del Estado
Por: Redacción
La LXIV Legislatura de San Luis Potosí aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías señaló que la nueva fiscalía sustituirá a la Unidad Especializada y contará con estructura y presupuesto propios dentro de la Fiscalía General del Estado.
La reforma establece que el personal ministerial, policial, pericial, de análisis de contexto y de apoyo psicosocial deberá cumplir con los perfiles y requisitos establecidos en la legislación federal y por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
De acuerdo con el legislador, la modificación busca cumplir con la normativa federal
El decreto también contempla investigaciones con perspectiva de análisis de contexto, además de modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y a la legislación estatal en materia de desaparición y búsqueda de personas.
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Se informa que está investigación reúne y analiza cerca de 550 decretos emitidos entre 1824 y 1835
Por: Redacción
Como parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí de 1826, el Congreso del Estado presentó el Índice Histórico Digital de Decretos del Congreso del Estado; el Libro Índice Comentado de Decretos del Congreso del Estado; y el Área de Consulta Digital de la Biblioteca “Octavio Paz”.
Durante el evento, participaron los diputados José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, así como el Lic. Salvador Milton Vázquez Pérez, encargado del proyecto de rescate de la memoria histórica del Congreso del Estado y autor del libro Índice comentado de decretos del Congreso del Estado de San Luis Potosí: 1824-1835.
El legislador José Roberto García Castillo, destacó la importancia de impulsar proyectos que permitan conocer, ordenar y difundir el patrimonio documental del Poder Legislativo. Además señaló que la obra representa una oportunidad para conocer los orígenes de las instituciones que actualmente tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía, al tiempo que permite recuperar una parte fundamental de la historia política de San Luis Potosí.
Explicó que la investigación reúne y analiza cerca de 550 decretos emitidos entre 1824 y 1835, documentos que permiten conocer las preocupaciones, debates y decisiones que marcaron la formación del régimen constitucional del estado.
El coordinador de Morena en el Congreso dijo que las reglas internas prohíben atacar a los compañeros
Por: Redacción
El diputado local José Roberto García Castillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, respaldó el mensaje de la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, sobre la próxima convocatoria para las coordinaciones de distritos federales, locales y municipales rumbo al proceso electoral de 2027.
García Castillo dijo que en los próximos días saldrá la convocatoria y que el mensaje de Montiel Reyes, difundido un día antes en redes sociales bajo la consigna de que “Morena no es de nadie”, deja claro que ningún proyecto individual, ni la suma de varios proyectos individuales, pesa más que lo que decida el pueblo.
Puso su propio caso como ejemplo: dijo que él puede tener un proyecto personal, como otros seis diputados locales, pero que ni sumados esos proyectos valen lo que decida la ciudadanía, y que Morena acatará y respetará esa decisión.
El coordinador parlamentario señaló que los estatutos de Morena, junto con las reglas ya fijadas para la actual convocatoria de coordinación, prohíben que un compañero o compañera ataque o agreda a otro dentro del partido. Los desacuerdos internos, dijo, deben resolverse en la mesa de diálogo, no fuera de ella.
Advirtió que quien incumpla esas reglas y recurra al golpeteo fuera del partido incurre en algo indebido. “Podría ser, digamos, no tomado en cuenta en las encuestas”, dijo sobre las consecuencias de romper ese acuerdo, y no descartó que también pueda haber sanciones.
La convocatoria por la que espera Morena forma parte del proceso electoral 2027 en San Luis Potosí, que arrancará en noviembre, de acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado en julio. García Castillo ya había dicho, el 15 de septiembre, que sería “lo correctamente adecuado” que los diputados con miras a otro cargo en 2027 pidan licencia, aunque remitió esa decisión a la misma convocatoria.
García Castillo dijo que por ahora está concentrado en sus tareas legislativas, aunque mantiene un trabajo territorial y contempla participar en una coordinación distrital cuando se abran las convocatorias. Descartó buscarla en el municipio de Santa Catarina y confirmó que, de participar, sería en una coordinación federal.
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