agosto 18, 2026

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Recortes en la 4T dejarán sin chamba a trabajadores del RAN en SLP

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Registro Agrario Nacional

Trabajadores de confianza del Registor Agrario Nacional no han sido notificados formalmente sobre su despido; además, denunciaron chantajes y amenazas

Por: Roberto Rocha

Trabajadores del Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí fueron avisados ayer que sus nombramientos como personal de confianza en esa dependencia serán dejados sin efecto. Un empleado que ni siquiera pertenece a la institución es quien les exige su renuncia en condiciones que podrían interpretarse como chantaje o amenazas

Según denuncian once empleados, que dicen tener al menos seis años en sus cargos y haber ingresado a ellos por la vía del Servicio Profesional de Carrera, se les exige firmar su renuncia voluntaria, o de lo contrario tendrán que enfrentar un cese: “Para firmar las renuncias, nos dicen que si lo hacemos considerarán recontratarnos; en cambio, si no firmamos, nos dicen que pasará como cese, por lo que tendríamos que defendernos en un laudo y la amenaza del comisionado es que tendrían que pasar muchos años y solo terminaríamos ganando lo mismo que nos ofrecen como liquidación”. Ese laudo tendría que ser ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por el retiro voluntario, la liquidación que ofrece el RAN a esos empleados de confianza es de solo tres meses de sueldo, más 20 días por cada año laborado, lo que queda por debajo del finiquito que les correspondería por ley.

A algunos de ellos, además, según explicaron a La Orquesta, no se les tomará en cuenta todo el tiempo que laboraron en el RAN: “Solo quieren respetarnos nuestro trabajo después de haber cumplido un año de haber ingresado en el Servicio Profesional de Carrera. Muchos ya trabajaban antes en el RAN, pero eso no se contará en su antigüedad”.

Según dijeron los empleados que están por ser despedidos del RAN, su baja se da debido a un memorándum del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del pasado 3 de mayo. En él, AMLO menciona que deberán desocuparse, antes del 31 de mayo, “las plazas no autorizadas y deberán ajustarse las estructuras orgánicas”.

El memorándum además señala que “no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades”. 

Los empleados del RAN solo fueron avisados de palabra sobre la cercanía de sus despidos y no han sido notificados al respecto. Dijeron en entrevista con LaOrquesta.MX que sus bajas de la administración pública federal representan una incongruencia de la Cuarta Transformación: “Nosotros llegamos al RAN en distintos sexenios y mediante el concurso de plazas. Somos apartidistas. Este gobierno llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y limpiar las delegaciones. En cambio, se están quedando solo con el personal de base, sindicalizado, que no tiene la misma preparación de los que somos de confianza. Nosotros somos los responsables de las áreas, firmamos y sacamos adelante el trabajo”.

Según denuncian los empleados que serán dados de baja del RAN, “esto tiene un trasfondo: al final se están evitando confrontarse con los sindicatos, porque los ven como cotos de votación. En cambio, los empleados de confianza estamos desprotegidos”.

De acuerdo con la información otorgada por los trabajadores del RAN, en total, la delegación de esa dependencia cuenta con 33 empleados, ya tomando en cuenta a los 11 que serán dados de baja: “Nuestros despidos están hechos de forma incorrecta, pues no han derogado la Ley del Servicio Profesional de Carrera”. 

“Nos hemos enterado que están empezando ya a contratar personal de honorarios para los puestos que vamos a dejar, lo que es una contradicción a lo que han dicho, que nuestros cargos serán eliminados por insuficiencia presupuestal. Pero además están contratando a estas personas sin seguridad social ni pensiones, pero eso sí, con sueldos más altos”.

Además, en caso de que el RAN se mantenga únicamente con sus empleados de base, esto contravendría el artículo quinto de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que menciona que solo el personal de confianza podrá cubrir cargos de mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.

La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, sin embargo, dice también, en su artículo sexto, que los empleados de base son inamovibles.

Según los trabajadores de confianza del RAN, apenas fueron avisados ayer de sus próximos despidos por el comisionado especial de Dirección en Jefe en San Luis Potosí, Ismael Carrillo Ávila. El problema es que, por procedimiento, Carrillo Ávila tampoco puede notificarles de sus bajas, pues no es un empleado en la estructura de la dependencia, sino que está contratado vía outsourcing, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de acuerdo por lo dicho por los empleados que enfrentarán sus bajas.

Además denuncian que las cartas de renuncia que pretenden hacerles firmar están personalizadas y con fecha de al menos hace ocho días, antes incluso de que se enteraran de sus despidos.

“Este gobierno prometió limpiar la administración pública como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Hoy vemos que no es así, que están yendo contra los más vulnerables, que somos nosotros, que no tenemos protección y ganamos menos de 20 mil pesos mensuales”.

Los empleados de confianza del RAN denuncian además que se les ha dicho que cuentan con solo 15 días para realizar la entrega-recepción de sus cargos, pero no saben con quién deben hacerla, puesto que no hay información sobre qué personas puedan suplirlos.

“A final de cuentas esto no solo nos afecta a nosotros, sino que trabajamos con campesinos que vienen de todas las partes del estado, hasta las más alejadas. Se les va a afectar a ellos también”.

Los empleados del RAN que fueron avisados recientemente sobre su baja dicen que han denunciado estas condiciones de sus despidos, para hacerles saber a trabajadores de otras dependencias que pudieran pasar por la misma situación que pueden unirse para enfrentar las que consideran son arbitrariedades del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“No estamos pidiendo un aumento de sueldo, aunque tenemos doce años sin que se nos incremente. Tampoco estamos pidiendo que se nos reduzca la carga laboral. Lo único que queremos es que nos dejen en nuestros puestos”.

Por medio de boquete roban casa de empeño

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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada

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Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

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Ciudad

Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio

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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.

Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.

Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.

El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.

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Opinión

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