Por: Abelardo Medellín

Más del 80 por ciento de los 600 recursos de revisión que están en análisis dentro de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, corresponden al Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó en entrevista Paulina Sánchez Pérez, comisionada presidenta de Cegaip.

Comentó que de esos casi 500 casos, algunos ni siquiera fueron respondidos por el ayuntamiento capitalino. En ese sentido, comentó que los organismos gubernamentales o cualquier sujeto obligado, debe responder al 100% de las solicitudes de información en aras de acreditar la factibilidad de su sistema de transparencia “es por incumplimiento a una solicitud de información que se van a recuso y revisión, y es responsabilidad del ciudadano ejercer ese recurso, es decir, se pueden recibir 500 medidas de apremio si se fue omiso a 500 solicitudes de información”.

Cabe recordar que, de acuerdo con la propia Cegaip, hacia finales de 2019, el gobierno de Xavier Nava Palacios únicamente había respondido 811 solicitudes de información de 1, 847 que había recibido, es decir, menos de la mitad.

La comisionada presidenta dijo que las medidas de apremio que pueden recibir los organismos obligados, van de multas que oscilan entre los 12 mil a los 120 mil pesos, hasta inhabilitación de servidores públicos, aunque dijo “es poco común, (hasta ahora) no se ha dado esa inhanbilitación, pero eso no le toca a Cegaip, lo que sí hemos hecho son multas pecunarias, que el año pasado recaudaron 300 mil pesos”.

Finalmente, insistió en que, a partir del trabajo que se realiza actualmente, la comisión ha considerado que “sí hay funcionarios que deberían ser inhabilitados, porque son muy recurrentes en tener altas cifras de recursos de revisión, en ese aspecto las contralorías internas sí deberían ser, no más duras, pero sí hacer su trabajo en forma adecuada, porque si un ente ya tiene varios avisos y es constante de incumplimiento, pues ya debería tener una sanción”.

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