El gobernador de San Luis Potosí llama a la solidaridad y destaca acciones legales contra el acoso en el estado

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló sobre la situación de acoso que sufrió la presidenta de México el pasado 4 de noviembre.

“Todas las mujeres merecen respeto, desde la presidenta hasta cualquier ciudadana que ande en la calle. Eso tiene que ser parejo; no porque sea presidenta se le debe dar más seguridad que a otra mujer. Todas las mujeres piden lo mismo: seguridad y atención, y hay que solidarizarnos con la presidenta y con todas las mujeres”, expresó.

El mandatario señaló que la contribución del gobierno estatal ha sido reforzar las leyes para tipificar como delito todo acto de acoso sexual o acoso hacia mujeres

en el estado, con el objetivo de castigar a los agresores y agresoras.

Por otro lado, advirtió que las autoridades han recibido reportes de personas que merodean las afueras de algunas escuelas con la intención de agredir sexualmente a niñas. Agregó que se ha mantenido comunicación con el personal administrativo y docente para prevenir cualquier intento de agresión dentro o fuera de los planteles escolares.

Finalmente, el gobernador aclaró que ni él ni ningún integrante de su gabinete han enfrentado situaciones de esta naturaleza durante la realización de eventos públicos.

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Los módulos institucionales brindaron orientación en capacitación, financiamiento y desarrollo profesional

Por: Redacción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el respaldo sin límites del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, realizó la Feria de Empleo Comercio y Servicios 2025 en plaza Tangamanga, reuniendo a 31 empresas que ofrecieron más de 500 vacantes bien remuneradas con prestaciones de ley para profesionistas, técnicos y personal operativo.

Durante el evento, más de 600 buscadores de empleo tuvieron la oportunidad de vincularse directamente con el sector productivo, con perfiles solicitados que incluyeron guardias de seguridad, recepcionistas, camaristas, cocineros, meseros y personal de mantenimiento. Empresas como SEPSA, Hotel Fiesta Inn y OXXO estuvieron presentes ofreciendo diversas oportunidades laborales.

Los módulos institucionales brindaron orientación en capacitación, financiamiento y desarrollo profesional, reforzando el compromiso del Gobierno Estado.

De 9 hospitales que supuestamente ofrecen la ILE, varios no la realizan y uno de cada tres médicos se declara objetor de conciencia

Por: Redacción

Hace un año, San Luis Potosí celebraba un avance histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el derecho a decidir sigue siendo, para muchas mujeres y personas gestantes, un privilegio y no una garantía.

La colectiva ILE San Luis Potosí presentó un balance sobre el acceso real a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), resultado de una investigación basada en solicitudes de información pública y visitas directas a hospitales.

De acuerdo con los datos oficiales entregados por los Servicios de Salud del Estado, solo nueve hospitales o unidades médicas realizan el procedimiento de ILE en todo San Luis Potosí. El problema, denuncian las activistas, es que varios de esos hospitales no brindan el servicio en la práctica, pese a figurar en los registros institucionales.

Por ejemplo, el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que opera bajo el esquema IMSS-Bienestar, se negó a ofrecer el servicio a las solicitantes, argumentando que “la mayoría del personal médico es objetor de conciencia”.

En total, la colectiva identificó que, de 107 puestos médicos en hospitales habilitados, uno de cada tres profesionales se niega a realizar el procedimiento. En el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 médicos y enfermeros se reportaron como objetores.

“Esta objeción de conciencia institucionalizada es una forma de negar derechos. Si el personal no está capacitado o se niega, la ley se vuelve letra muerta”, advirtieron.

El segundo hallazgo de la investigación es la falta de transparencia

en los registros de los Servicios de Salud. De acuerdo con la respuesta oficial recibida el pasado 22 de octubre, desde la entrada en vigor de la despenalización —entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025— se registraron 132 interrupciones del embarazo .

Pero de ese total, el 100% corresponde a causales médicas, es decir, ninguno fue catalogado como interrupción voluntaria, pese a que la ley permite esta opción desde hace un año. De las 132 interrupciones, 127 fueron por riesgo a la salud de la madre y cinco por malformación congénita.

“Sabemos de casos de mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria y que sí fueron atendidas, pero en los registros oficiales se invisibiliza su decisión. Esto muestra la resistencia institucional para reconocer el aborto como un derecho y no solo como una emergencia médica”, explicó la colectiva.

La Secretaría de Salud, además, omitió responder a la solicitud sobre el número de quejas o denuncias presentadas por usuarias ante la negativa o mala atención en los hospitales.

El panorama que presentan las activistas revela una brecha profunda entre la ley y la realidad. Aunque el aborto es legal en San Luis Potosí desde octubre de 2024, las instituciones no garantizan su acceso pleno, ni difunden información suficiente, ni aseguran personal capacitado y no objetor.

La colectiva ILE sostiene que los obstáculos no son casuales, sino estructurales. Desde la falta de capacitación, la omisión de registros voluntarios, hasta la opacidad informativa, todo apunta a una resistencia institucional para implementar un derecho conquistado por años de lucha feminista.

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