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2020 terminará como el año más violento de la década en SLP
El estado es el 11vo. con mayor incidencia delictiva
Por: El Saxofón
El 2020, penúltimo año de la administración de Juan Manuel Carreras terminará -ayudado por la pandemia de Covid-19- con una baja en la incidencia delictiva general. Con base en las estadísticas más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible prever que el año que termina, cerrará con un descenso en el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General Del Estado (FGE). Sin embargo, también terminará como otro año “más violento”, al acumular la cifra de homicidios más alta en la última década: 672 víctimas según el corte del 30 de noviembre.
De este modo, Juan Manuel Carreras, pasará a formar parte de la lista de políticos que han prometido mejorar la seguridad en territorio potosino, y han fracasado, o han sido omisos, o dicho vulgarmente, no han podido con el paquete.
Si bien la incidencia delictiva bajó en un 8.9 por ciento, con respecto noviembre de 2019, el mes pasado, San Luis Potosí escaló al lugar número 11 en incidencia delictiva a nivel nacional, al sumar 3 mil 827 carpetas de investigación abiertas por la FGE por diversos delitos. La entidad registró una tasa de 133.5 delitos por cada 100 mil habitantes, superior a la nacional que es de 121.4, según el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, que publica el Centro Nacional de Información (CNI).
En el caso del homicidio doloso, después de haber vivido un octubre muy violento, con 80 víctimas de asesinato, en noviembre estas se redujeron a 56; aun así, el homicidio aumentó 1.6 por ciento con respecto a noviembre de 2019, y si en once meses suman ya 672 víctimas, es fácil calcular que al concluir el año, se sobrepasarán las 700 víctimas.
En cuanto a la cifra de feminicidios, el panorama es igual de desesperanzador. Hasta noviembre, al menos 24 mujeres han sido asesinadas por razones de género, y en lo que va de diciembre, al menos tres mujeres han sido asesinadas.
La mañana del 5 de diciembre fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en la Zona Industrial. El cadáver fue localizado en un camino de terracería del Eje 140, y a simple vista presentaba heridas por arma de fuego.
El 9 de diciembre se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente entre 18 y 25 años de edad en un predio de la delegación de Villa de Pozos perteneciente a la San Luis Potosí capital. Al parecer falleció víctima de heridas de arma blanca.
Otra mujer perdió la vida en los ataques perpetrados la noche del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en los centros nocturnos Maderos y Calígula, de la carretera 57.
Lo anterior viene a colación, porque el próximo es año electoral, y la seguridad volverá a ser la promesa de campaña preferida de los políticos que aspiran a ocupar el cargo que sea, desde los que se quieren postular para gobernador, hasta los que buscan una alcaldía o un escaño en el Congreso local, o en la Cámara de Diputados.
En los próximos meses nos ofrecerán “un gobierno con seguridad y justicia”, dirán que “resulta impostergable recuperar la paz”, que la seguridad es “el principal reto de San Luis Potosí y del país”.
Quienes buscan cargos ejecutivos, alcaldías o la gubernatura, si son de oposición, criticarán a quienes aún ocupan los puestos a los que ellos aspiran; hablarán de coordinación, pero no tienen ni idea de cómo lograrla en los hechos, hablarán de fortalecimiento de las policías locales, pasando por alto que llevamos escuchando la misma monserga desde hace unos 14 años y las policías no se han fortalecido ni tantito.
Cualquier grupo criminal viene, hace una matazón, y al poco tiempo la vuelve a hacer. En tanto, los políticos se la pasaron lamentando los hechos, y criticando el desempeño de los mandos de seguridad, quienes a su vez hablan de “reforzar la seguridad”, emprender nuevos operativos, sólo para que al poco tiempo ocurra otra masacre.
A principios de noviembre 19 cadáveres fueron arrojados en la frontera con Zacatecas, en dos hechos distintos; primero 6, y luego 13, primero en Vanegas y luego en Villa de Ramos. Se habló entonces de reforzar la seguridad en la zona (cosa que ya se había prometido meses atrás), los gobernadores de Zacatecas y San Luis se reunieron, se hicieron promesas mutuas y acuerdos. De poco valió: el pasado viernes 18 de diciembre, aventaron 7 cadáveres en esta frontera, ahora en el municipio de Salinas.
En este punto, ya deberíamos habernos dado cuenta de que la violencia no va a parar gracias a ningún gobierno, sino sólo por decisión de quienes la generan: el día que la violencia no les sirva más o les sea contraproducente. Por ahora, el homicidio, en el contexto del crimen organizado, es la respuesta inmediata a cualquier obstáculo. Tan es así que, probablemente, a estas alturas, si a ellos mismos se les ocurriera parar, les sería difícil lograrlo.
Como afirma la criminóloga Mónica Ramírez Cano, en una reciente entrevista publicada en el diario español El País, los grupos delincuenciales de hoy, han sustituido “el acuerdo, la negociación, la palabra, por intimidación y violencia”: y ¿Cómo hacer para revertir esa tendencia?
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
También lee: Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal
Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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