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Y… ¿Quién le pone el cascabel al narco?
La violencia en el país quedó de manifiesto en los últimos días, pues ha afectado a la cotidianeidad de varias ciudades como Celaya y Uruapan
Por: El Saxofón
Preludio: Celaya, sin tortillas
“Todos tenemos miedo, ¿quién le gana a las balas?”
Esta pregunta, y la afirmación que la precede, no la hizo uno de esos agudos críticos de la estrategia de seguridad del Estado Mexicano, ni un objetivo analista de la crisis de violencia que atraviesa México; la hizo un vendedor de tacos de Celaya, Guanajuato, ciudad donde las tortillerías se vieron obligadas a cerrar debido a las amenazas de muerte y el “cobro de piso” del crimen organizado.
El 6 de agosto, las crónicas de los diarios narraban una escena apocalíptica en la ciudad guanajuatense: “Hombres y mujeres deambulaban este martes por las calles de Celaya en busca de una tortillería abierta”; en los dos únicos locales abiertos había “largas filas”.
Ante las amenazas de los delincuentes, los industriales de la masa y la tortilla acordaron cerrar sus negocios por tres días, del sábado al lunes, tratando con ello de llamar la atención de las autoridades y frenar las acciones de los delincuentes.
Pero las autoridades no hicieron nada; en cambio los criminales fueron y balacearon una tortillería fundada en 1962. Más de 50 años de trabajo e historia, terminaron con la muerte de la dueña del expendio, una señora de 60 años, y sus dos empleadas.
Esto ocurrió el lunes 5, por eso el cierre de las tortillerías se extendió hasta el martes 6.
Al problema, casi absurdo (una ciudad sin tortillas en México), los celayenses le encontraron sus propias soluciones:
“¿Qué se hace, eh? Hay que trabajar, ¿verdad?”, dijo al ser cuestionada al respecto una empleada en una de las dos tortillerías que permanecieron abiertas.
“Todas las tortillerías están cerradas. ¿Ahora qué vamos a hacer?”, se preguntó otra mujer, y, práctica, se respondió de inmediato: “Pues ir a Mega, ahí de seguro hay tortillas”.
Incluso, según un sacerdote, en redes sociales se formaron cadenas de oración para pedir por Celaya. “La oración tiene poder, y que las autoridades hagan lo que les corresponde”, dijo el cura al diario El Universal.
Uruapan: una carnicería
Pero si alguien pensó que dejar sin tortillas a una ciudad ya era un agravio excesivo por parte del crimen, y que la crisis por la inseguridad estaba tocando fondo, aún faltaba algo peor.
El jueves el apocalipsis se trasladó a Uruapan. El municipio michoacano amaneció convertido en una carnicería: 19 cuerpos sin vida, algunos de ellos colgados y regados en un radio de tres kilómetros. Seis cuerpos colgando de un puente, otros siete, troceados y regados: cabezas, brazos piernas. Tres cuerpos completos, más allá, otros tres embolsados por acullá.
A las cuatro de la mañana, la gente que iba a trabajar vio el “operativo” que montaron los criminales para exhibir sus atrocidades: Varios sujetos armados vigilando desde taxis y motocicletas, mientras otros colgaban los cuerpos y regaban los restos en la vía pública.
“Todo el horror de México se concentra en una calle de Michoacán”, cabeceó el diario español El País.
Los diarios nacionales en sus crónicas, usaron palabras como “terror”, “horror”, “masacre”, “jornada violenta”: los viejos lugares comunes de la nota roja mexicana que han vuelto con nuevo brío a las portadas.
Al día siguiente, la fiscalía michoacana dio alguna información sobre 13 de las víctimas. Todas tenían ocupaciones aparentemente normales. Comerciantes, amas de casa, algún estudiante. Algunos habían sido levantados desde el 4 de agosto, pero las familias no se atrevieron a denunciar. Otro dato: en los exámenes toxicológicos todos dieron positivo por metanfetaminas, es decir, o consumían la droga, o los hicieron consumirla en el cautiverio.
La trampa de la guerra
El viernes, desde Durango, donde la inseguridad ha cedido, según las autoridades, el presidente López Obrador declaró: “no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos y que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y violencia”.
“Vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia… la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo el mandatario al reconocer que puede llevar tiempo, pero “esa es la mejor estrategia, la otra (de declarar la guerra) está demostrada que fracasó”.
Por su parte, el sector empresarial expresó su “preocupación”, sobre lo ocurrido en Michoacán.
San Miguel de Allende sin cantinas
El viernes, la agencia Notimex, informó que “Locatarios del Centro Histórico de San Miguel de Allende denunciaron que han sido víctimas de extorsiones, pues hace tres semanas sujetos dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y marihuana con notas donde les daban 22 días para vender la droga. Por miedo, cerraron cinco cantinas, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.
“De manera anónima, por miedo a represalias, comerciantes declararon que prefirieron cerrar sus negocios, antes de que se cumpliera el plazo que venía en la nota escrita a mano en una hoja de libreta, el cual en algunos casos era de hasta un mes.
“Por el temor tampoco han denunciado a las autoridades y solo optaron por tirar a la basura las bolsas con las sustancias ilícitas y cerrar sus negocios”. Al menos 80 personas que trabajaban en dichos sitios perdieron su empleo.
“Los locatarios refirieron que no han presentado las denuncias correspondientes por miedo a que les ocurra lo mismo que a los comerciantes de Celaya, quienes el pasado viernes 2 de agosto, también fueron víctimas de extorsiones; el lunes 5 se manifestaron en la presidencia municipal y horas más tarde les balearon tres negocios y mataron a cuatro personas”.
Epílogo: Quién le pone el cascabel al narco
Los hechos que se narran líneas arriba son apenas un resumen incompleto del panorama sangriento que vive el país. Podemos completarlo un poco diciendo que, el viernes, en Veracruz se localizaron nueve bolsas con cadáveres, o que por la noche en San Luis Potosí, tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad dejaron tres muertos.
Pero eso ya ocurre día y noche en el país. El crimen organizado tiene esclavizado a México. Poco a poco ha ido convirtiendo el territorio nacional en un moridero. Día tras día, la violencia criminal arrastra a jóvenes y no tan jóvenes; ancianos, mujeres y niños caen bajo las balas, o siguen sin hallar descanso en las morgues o peor aún, en las fosas clandestinas. Y a estas alturas tal parece que no hay salida.
Políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, exigen poner fin a tan grave problema.
Quienes escribimos sobre la inseguridad y la violencia somos muchos: unos criticamos la estrategia del gobierno, otros nos limitamos a referir los hechos; otros más aventuran posibles remedios, proponen soluciones.
En suma, todo esto nos recuerda la vieja fábula de los ratones que un día se reunieron para determinar cómo le iban a hacer para poner fin al asedio del gato, y determinaron que lo mejor era ponerle un cascabel, para por lo menos tener tiempo de huir cuando el felino se acercara, pero cuando preguntaron quien se atrevía a ponerle el cascabel, todos se quedaron callados.
La moraleja de la antiquísima fábula se apega mucho a la realidad: la situación que vivimos demanda actos que beneficiarán al colectivo, pero por el riesgo que implica realizarlos no hay voluntarios para ponerlos en práctica.
Con impotencia, debemos entender que no hay soluciones mágicas, y que nos espera un largo proceso, que aún hace falta mucho para que termine la oscura y violenta noche de México.
Corporalidad, oposición y resistencia | Columna de Paul Ibarra
Las demandas contra los decretos 0571 y 0586 alegan la misma falta que tumbó la ley de 2020
Por: Carlos Ruíz
La alternancia de género cayó el lunes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no termina de revisar la reforma electoral potosina. Le quedan dos decretos. Si los tumba, San Luis Potosí podría votar en 2027 con las reglas de antes, porque ya no da tiempo de hacer una reforma nueva.
El proceso electoral local arranca el 15 de noviembre, según el dato de la autoridad electoral que aparece en el proyecto de sentencia de la propia Corte. Y aquí está el punto: la Constitución federal, en su artículo 105, dice que una ley electoral debe publicarse por lo menos 90 días antes de que empiece la elección en que se va a usar, y que ya iniciado el proceso no se pueden cambiar las reglas de fondo. Esos 90 días se cumplieron el 17 de agosto.
El primer decreto pendiente, el 0571, se publicó el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Cambia cómo se forman los ayuntamientos: fija una sola sindicatura en cada uno. Los síndicos son los integrantes del cabildo encargados de vigilar las finanzas municipales. El decreto también permite que los aspirantes hagan, si quieren, exámenes de control de confianza, y pide que las candidaturas se registren, de preferencia, por un sistema electrónico que defina el Ceepac.
El partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal le pidieron a la Corte que lo anule (acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y 98/2026). Si les da la razón, el decreto deja de valer, y para 2027 se aplicarían las reglas que había antes. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García lleva los dos casos. Desde el 28 de agosto, las partes ya estaban presentando sus argumentos finales.
El segundo, el 0586, se publicó el 12 de agosto, cinco días antes de que se venciera el plazo. Deja en 20 días, en lugar de 40, el tiempo que tienen los aspirantes a gobernador para buscar la candidatura dentro de sus partidos. Somos México argumentó que un plazo tan corto perjudica a los partidos nuevos y a quienes quieren ir como independientes.
Las dos demandas coinciden en algo: el Congreso del Estado no preguntó antes a los pueblos indígenas, a las comunidades afromexicanas ni a las personas con discapacidad, como obliga la ley cuando un cambio les afecta.
Ya pasó en 2020
Por esa misma razón se cayó completa la ley electoral potosina hace seis años. El 5 de octubre de 2020, la Corte anuló la Ley Electoral de ese año (Decreto 0703) porque no se consultó a los pueblos indígenas. Ordenó volver a usar la ley anterior, la de 2014, y con esa se organizó la elección de 2021.
La Corte le dio al Congreso un año, después de esa elección, para hacer la consulta y aprobar una ley nueva. El Congreso respondió con el Decreto 0392, en septiembre de 2022. Pero el 11 de julio de 2023 la Corte volvió a anular una parte, porque la consulta no se hizo como debía. Esta vez le dio 12 meses, contados desde que terminara la elección de 2024, para hacer esas consultas. Ese plazo ya venció.
Qué dicen los diputados
Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, afirmó el 15 de septiembre que la reforma “va a salir adelante”. Sostuvo que las modificaciones son “muy pequeñas y muy simples que no tienen impacto en materia electoral, en materia indígena”.
Héctor Serrano Cortés, coordinador de los diputados del Partido Verde, dijo el 17 de septiembre que, si la Corte modifica o anula las reformas, esas decisiones serán bienvenidas.
¿Y si la Corte tumba los dos decretos antes del 15 de noviembre? Los aspirantes a gobernador podrían volver a tener 40 días para buscar la candidatura, y los ayuntamientos podrían formarse con las reglas que había antes de la reforma.
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La ley fijaría penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas por el uso no autorizado de identidades gráficas gubernamentales
Por: Roberto Mendoza
El Pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen que adiciona el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y modifica el Código Penal Federal. La reforma establece sanciones de uno a cinco años de prisión, así como multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al engaño o cometer un ilícito.
Durante el debate en lo particular, legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denominaron a esta iniciativa como la “Ley Antimemes”. El bloque opositor argumentó que la redacción del dictamen deja abierta la puerta a la criminalización, alertando que las disposiciones podrían utilizarse como herramienta jurídica para hostigar a periodistas, activistas y ciudadanos
Por su parte, el bloque mayoritario defendió la reforma asegurando que obedece al combate masivo a la piratería y responde a los compromisos adquiridos en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura oficialista insistió en que el objetivo central es frenar fraudes y encubrimientos criminales, no perseguir la sátira, posición que resumió el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”. Tras su aprobación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su proceso de revisión final.
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119 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró mil 956 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años durante 2025, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra representa una tasa de 9.5 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, prácticamente en el mismo nivel que la tasa nacional de 9.6.
El dato adquiere otra dimensión al revisar las edades de las madres. De los mil 956 nacimientos registrados en el estado, 119 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 277 fueron de madres de 15 años, 660 de 16 años y 900 de 17 años.
Es decir, casi una de cada diez madres adolescentes registradas en esta estadística tenía menos de 15 años.
La ENR contabilizó en total 38 mil 318 nacimientos registrados en San Luis Potosí durante 2025, por lo que los nacimientos de madres de 10 a 17 años representaron alrededor de 5.1 por ciento del total estatal.
El registro de INEGI también permite observar que el fenómeno no se limita a las adolescentes de mayor edad: aunque la mayor parte de los casos se concentra entre los 16 y 17 años, existen también registros de maternidad en edades de 10 a 14 años.
A nivel nacional, INEGI contabilizó 85 mil 357 nacimientos de madres de 10 a 17 años, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas, Oaxaca y Puebla.
En San Luis Potosí, además, el dato puede contrastarse con las características generales de los nacimientos registrados. Más de nueve de cada diez partos registrados en el estado ocurrieron en hospital o clínica, de acuerdo con la tabla estatal de INEGI.
La estadística, sin embargo, registra nacimientos y no permite por sí sola establecer las circunstancias en que ocurrió cada embarazo. Para dimensionar las causas detrás de los casos en niñas y adolescentes sería necesario contrastar estos datos con información de salud, educación, violencia sexual, uniones tempranas y acceso a servicios de prevención.
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