julio 22, 2026

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Y… ¿Quién le pone el cascabel al narco?

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narcotráfico

La violencia en el país quedó de manifiesto en los últimos días, pues ha afectado a la cotidianeidad de varias ciudades como Celaya y Uruapan

Por: El Saxofón

Preludio: Celaya, sin tortillas

“Todos tenemos miedo, ¿quién le gana a las balas?”

Esta pregunta, y la afirmación que la precede, no la hizo uno de esos agudos críticos de la estrategia de seguridad del Estado Mexicano, ni un objetivo analista de la crisis de violencia que atraviesa México; la hizo un vendedor de tacos de Celaya, Guanajuato, ciudad donde las tortillerías se vieron obligadas a cerrar debido a las amenazas de muerte y el “cobro de piso” del crimen organizado.

El 6 de agosto, las crónicas de los diarios narraban una escena apocalíptica en la ciudad guanajuatense: “Hombres y mujeres deambulaban este martes por las calles de Celaya en busca de una tortillería abierta”; en los dos únicos locales abiertos había “largas filas”.

Ante las amenazas de los delincuentes, los industriales de la masa y la tortilla acordaron cerrar sus negocios por tres días, del sábado al lunes, tratando con ello de llamar la atención de las autoridades y frenar las acciones de los delincuentes.

Pero las autoridades no hicieron nada; en cambio los criminales fueron y balacearon una tortillería fundada en 1962. Más de 50 años de trabajo e historia, terminaron con la muerte de la dueña del expendio, una señora de 60 años, y sus dos empleadas.

Esto ocurrió el lunes 5, por eso el cierre de las tortillerías se extendió hasta el martes 6.

Al problema, casi absurdo (una ciudad sin tortillas en México), los celayenses le encontraron sus propias soluciones:

“¿Qué se hace, eh? Hay que trabajar, ¿verdad?”, dijo al ser cuestionada al respecto una empleada en una de las dos tortillerías que permanecieron abiertas.

“Todas las tortillerías están cerradas. ¿Ahora qué vamos a hacer?”, se preguntó otra mujer, y, práctica, se respondió de inmediato: “Pues ir a Mega, ahí de seguro hay tortillas”.

Incluso, según un sacerdote, en redes sociales se formaron cadenas de oración para pedir por Celaya. “La oración tiene poder, y que las autoridades hagan lo que les corresponde”, dijo el cura al diario El Universal.

Uruapan: una carnicería

Pero si alguien pensó que dejar sin tortillas a una ciudad ya era un agravio excesivo por parte del crimen, y que la crisis por la inseguridad estaba tocando fondo, aún faltaba algo peor.

El jueves el apocalipsis se trasladó a Uruapan. El municipio michoacano amaneció convertido en una carnicería: 19 cuerpos sin vida, algunos de ellos colgados y regados en un radio de tres kilómetros. Seis cuerpos colgando de un puente, otros siete, troceados y regados: cabezas, brazos piernas. Tres cuerpos completos, más allá, otros tres embolsados por acullá.

A las cuatro de la mañana, la gente que iba a trabajar vio el “operativo” que montaron los criminales para exhibir sus atrocidades: Varios sujetos armados vigilando desde taxis y motocicletas, mientras otros colgaban los cuerpos y regaban los restos en la vía pública.

“Todo el horror de México se concentra en una calle de Michoacán”, cabeceó el diario español El País.

Los diarios nacionales en sus crónicas, usaron palabras como “terror”, “horror”, “masacre”, “jornada violenta”: los viejos lugares comunes de la nota roja mexicana que han vuelto con nuevo brío a las portadas.

Al día siguiente, la fiscalía michoacana dio alguna información sobre 13 de las víctimas. Todas tenían ocupaciones aparentemente normales. Comerciantes, amas de casa, algún estudiante. Algunos habían sido levantados desde el 4 de agosto, pero las familias no se atrevieron a denunciar. Otro dato: en los exámenes toxicológicos todos dieron positivo por metanfetaminas, es decir, o consumían la droga, o los hicieron consumirla en el cautiverio.

La trampa de la guerra

El viernes, desde Durango, donde la inseguridad ha cedido, según las autoridades, el presidente López Obrador declaró: “no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos y que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y violencia”.

“Vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia… la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo el mandatario al reconocer que puede llevar tiempo, pero “esa es la mejor estrategia, la otra (de declarar la guerra) está demostrada que fracasó”.

Por su parte, el sector empresarial expresó su “preocupación”, sobre lo ocurrido en Michoacán.

San Miguel de Allende sin cantinas

El viernes, la agencia Notimex, informó que “Locatarios del Centro Histórico de San Miguel de Allende denunciaron que han sido víctimas de extorsiones, pues hace tres semanas sujetos dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y marihuana con notas donde les daban 22 días para vender la droga. Por miedo, cerraron cinco cantinas, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.

“De manera anónima, por miedo a represalias, comerciantes declararon que prefirieron cerrar sus negocios, antes de que se cumpliera el plazo que venía en la nota escrita a mano en una hoja de libreta, el cual en algunos casos era de hasta un mes.

“Por el temor tampoco han denunciado a las autoridades y solo optaron por tirar a la basura las bolsas con las sustancias ilícitas y cerrar sus negocios”. Al menos 80 personas que trabajaban en dichos sitios perdieron su empleo.

“Los locatarios refirieron que no han presentado las denuncias correspondientes por miedo a que les ocurra lo mismo que a los comerciantes de Celaya, quienes el pasado viernes 2 de agosto, también fueron víctimas de extorsiones; el lunes 5 se manifestaron en la presidencia municipal y horas más tarde les balearon tres negocios y mataron a cuatro personas”.

Epílogo: Quién le pone el cascabel al narco

Los hechos que se narran líneas arriba son apenas un resumen incompleto del panorama sangriento que vive el país. Podemos completarlo un poco diciendo que, el viernes, en Veracruz se localizaron nueve bolsas con cadáveres, o que por la noche en San Luis Potosí, tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad dejaron tres muertos.

Pero eso ya ocurre día y noche en el país. El crimen organizado tiene esclavizado a México. Poco a poco ha ido convirtiendo el territorio nacional en un moridero. Día tras día, la violencia criminal arrastra a jóvenes y no tan jóvenes; ancianos, mujeres y niños caen bajo las balas, o siguen sin hallar descanso en las morgues o peor aún, en las fosas clandestinas. Y a estas alturas tal parece que no hay salida.

Políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, exigen poner fin a tan grave problema.

Quienes escribimos sobre la inseguridad y la violencia somos muchos: unos criticamos la estrategia del gobierno, otros nos limitamos a referir los hechos; otros más aventuran posibles remedios, proponen soluciones.

En suma, todo esto nos recuerda la vieja fábula de los ratones que un día se reunieron para determinar cómo le iban a hacer para poner fin al asedio del gato, y determinaron que lo mejor era ponerle un cascabel, para por lo menos tener tiempo de huir cuando el felino se acercara, pero cuando preguntaron quien se atrevía a ponerle el cascabel, todos se quedaron callados.

La moraleja de la antiquísima fábula se apega mucho a la realidad: la situación que vivimos demanda actos que beneficiarán al colectivo, pero por el riesgo que implica realizarlos no hay voluntarios para ponerlos en práctica.

Con impotencia, debemos entender que no hay soluciones mágicas, y que nos espera un largo proceso, que aún hace falta mucho para que termine la oscura y violenta noche de México.

Corporalidad, oposición y resistencia | Columna de Paul Ibarra

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Ciudad

Lavacoches siguen quitándole el agua a los peces koi de la Alameda

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El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo

Por: Redacción

La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.

El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.

Agregó que el problema no se limita al estanque de los peces, pues antes también se presentaba en el área de los patos, previo al inicio de los trabajos de rehabilitación.

Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.

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“No aplicará tarifas dinámicas”: SCT sobre nueva app de taxis

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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital

que calculará el costo del viaje según los kilómetros recorridos y las tarifas autorizadas por la legislación estatal para cada horario.

Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.

La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.

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