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Y… ¿Quién le pone el cascabel al narco?
La violencia en el país quedó de manifiesto en los últimos días, pues ha afectado a la cotidianeidad de varias ciudades como Celaya y Uruapan
Por: El Saxofón
Preludio: Celaya, sin tortillas
“Todos tenemos miedo, ¿quién le gana a las balas?”
Esta pregunta, y la afirmación que la precede, no la hizo uno de esos agudos críticos de la estrategia de seguridad del Estado Mexicano, ni un objetivo analista de la crisis de violencia que atraviesa México; la hizo un vendedor de tacos de Celaya, Guanajuato, ciudad donde las tortillerías se vieron obligadas a cerrar debido a las amenazas de muerte y el “cobro de piso” del crimen organizado.
El 6 de agosto, las crónicas de los diarios narraban una escena apocalíptica en la ciudad guanajuatense: “Hombres y mujeres deambulaban este martes por las calles de Celaya en busca de una tortillería abierta”; en los dos únicos locales abiertos había “largas filas”.
Ante las amenazas de los delincuentes, los industriales de la masa y la tortilla acordaron cerrar sus negocios por tres días, del sábado al lunes, tratando con ello de llamar la atención de las autoridades y frenar las acciones de los delincuentes.
Pero las autoridades no hicieron nada; en cambio los criminales fueron y balacearon una tortillería fundada en 1962. Más de 50 años de trabajo e historia, terminaron con la muerte de la dueña del expendio, una señora de 60 años, y sus dos empleadas.
Esto ocurrió el lunes 5, por eso el cierre de las tortillerías se extendió hasta el martes 6.
Al problema, casi absurdo (una ciudad sin tortillas en México), los celayenses le encontraron sus propias soluciones:
“¿Qué se hace, eh? Hay que trabajar, ¿verdad?”, dijo al ser cuestionada al respecto una empleada en una de las dos tortillerías que permanecieron abiertas.
“Todas las tortillerías están cerradas. ¿Ahora qué vamos a hacer?”, se preguntó otra mujer, y, práctica, se respondió de inmediato: “Pues ir a Mega, ahí de seguro hay tortillas”.
Incluso, según un sacerdote, en redes sociales se formaron cadenas de oración para pedir por Celaya. “La oración tiene poder, y que las autoridades hagan lo que les corresponde”, dijo el cura al diario El Universal.
Uruapan: una carnicería
Pero si alguien pensó que dejar sin tortillas a una ciudad ya era un agravio excesivo por parte del crimen, y que la crisis por la inseguridad estaba tocando fondo, aún faltaba algo peor.
El jueves el apocalipsis se trasladó a Uruapan. El municipio michoacano amaneció convertido en una carnicería: 19 cuerpos sin vida, algunos de ellos colgados y regados en un radio de tres kilómetros. Seis cuerpos colgando de un puente, otros siete, troceados y regados: cabezas, brazos piernas. Tres cuerpos completos, más allá, otros tres embolsados por acullá.
A las cuatro de la mañana, la gente que iba a trabajar vio el “operativo” que montaron los criminales para exhibir sus atrocidades: Varios sujetos armados vigilando desde taxis y motocicletas, mientras otros colgaban los cuerpos y regaban los restos en la vía pública.
“Todo el horror de México se concentra en una calle de Michoacán”, cabeceó el diario español El País.
Los diarios nacionales en sus crónicas, usaron palabras como “terror”, “horror”, “masacre”, “jornada violenta”: los viejos lugares comunes de la nota roja mexicana que han vuelto con nuevo brío a las portadas.
Al día siguiente, la fiscalía michoacana dio alguna información sobre 13 de las víctimas. Todas tenían ocupaciones aparentemente normales. Comerciantes, amas de casa, algún estudiante. Algunos habían sido levantados desde el 4 de agosto, pero las familias no se atrevieron a denunciar. Otro dato: en los exámenes toxicológicos todos dieron positivo por metanfetaminas, es decir, o consumían la droga, o los hicieron consumirla en el cautiverio.
La trampa de la guerra
El viernes, desde Durango, donde la inseguridad ha cedido, según las autoridades, el presidente López Obrador declaró: “no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos y que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y violencia”.
“Vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia… la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo el mandatario al reconocer que puede llevar tiempo, pero “esa es la mejor estrategia, la otra (de declarar la guerra) está demostrada que fracasó”.
Por su parte, el sector empresarial expresó su “preocupación”, sobre lo ocurrido en Michoacán.
San Miguel de Allende sin cantinas
El viernes, la agencia Notimex, informó que “Locatarios del Centro Histórico de San Miguel de Allende denunciaron que han sido víctimas de extorsiones, pues hace tres semanas sujetos dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y marihuana con notas donde les daban 22 días para vender la droga. Por miedo, cerraron cinco cantinas, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.
“De manera anónima, por miedo a represalias, comerciantes declararon que prefirieron cerrar sus negocios, antes de que se cumpliera el plazo que venía en la nota escrita a mano en una hoja de libreta, el cual en algunos casos era de hasta un mes.
“Por el temor tampoco han denunciado a las autoridades y solo optaron por tirar a la basura las bolsas con las sustancias ilícitas y cerrar sus negocios”. Al menos 80 personas que trabajaban en dichos sitios perdieron su empleo.
“Los locatarios refirieron que no han presentado las denuncias correspondientes por miedo a que les ocurra lo mismo que a los comerciantes de Celaya, quienes el pasado viernes 2 de agosto, también fueron víctimas de extorsiones; el lunes 5 se manifestaron en la presidencia municipal y horas más tarde les balearon tres negocios y mataron a cuatro personas”.
Epílogo: Quién le pone el cascabel al narco
Los hechos que se narran líneas arriba son apenas un resumen incompleto del panorama sangriento que vive el país. Podemos completarlo un poco diciendo que, el viernes, en Veracruz se localizaron nueve bolsas con cadáveres, o que por la noche en San Luis Potosí, tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad dejaron tres muertos.
Pero eso ya ocurre día y noche en el país. El crimen organizado tiene esclavizado a México. Poco a poco ha ido convirtiendo el territorio nacional en un moridero. Día tras día, la violencia criminal arrastra a jóvenes y no tan jóvenes; ancianos, mujeres y niños caen bajo las balas, o siguen sin hallar descanso en las morgues o peor aún, en las fosas clandestinas. Y a estas alturas tal parece que no hay salida.
Políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, exigen poner fin a tan grave problema.
Quienes escribimos sobre la inseguridad y la violencia somos muchos: unos criticamos la estrategia del gobierno, otros nos limitamos a referir los hechos; otros más aventuran posibles remedios, proponen soluciones.
En suma, todo esto nos recuerda la vieja fábula de los ratones que un día se reunieron para determinar cómo le iban a hacer para poner fin al asedio del gato, y determinaron que lo mejor era ponerle un cascabel, para por lo menos tener tiempo de huir cuando el felino se acercara, pero cuando preguntaron quien se atrevía a ponerle el cascabel, todos se quedaron callados.
La moraleja de la antiquísima fábula se apega mucho a la realidad: la situación que vivimos demanda actos que beneficiarán al colectivo, pero por el riesgo que implica realizarlos no hay voluntarios para ponerlos en práctica.
Con impotencia, debemos entender que no hay soluciones mágicas, y que nos espera un largo proceso, que aún hace falta mucho para que termine la oscura y violenta noche de México.
Corporalidad, oposición y resistencia | Columna de Paul Ibarra
Apuntes
Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:
En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.
La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.
El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.
Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.
Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.
Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.
Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.
“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.
Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?
Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.
Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.
Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.
Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.
El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: “Cien hilos” entre los Azuara, el Huasteco, el PAN y el crimen
Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
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