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Y… ¿Quién le pone el cascabel al narco?
La violencia en el país quedó de manifiesto en los últimos días, pues ha afectado a la cotidianeidad de varias ciudades como Celaya y Uruapan
Por: El Saxofón
Preludio: Celaya, sin tortillas
“Todos tenemos miedo, ¿quién le gana a las balas?”
Esta pregunta, y la afirmación que la precede, no la hizo uno de esos agudos críticos de la estrategia de seguridad del Estado Mexicano, ni un objetivo analista de la crisis de violencia que atraviesa México; la hizo un vendedor de tacos de Celaya, Guanajuato, ciudad donde las tortillerías se vieron obligadas a cerrar debido a las amenazas de muerte y el “cobro de piso” del crimen organizado.
El 6 de agosto, las crónicas de los diarios narraban una escena apocalíptica en la ciudad guanajuatense: “Hombres y mujeres deambulaban este martes por las calles de Celaya en busca de una tortillería abierta”; en los dos únicos locales abiertos había “largas filas”.
Ante las amenazas de los delincuentes, los industriales de la masa y la tortilla acordaron cerrar sus negocios por tres días, del sábado al lunes, tratando con ello de llamar la atención de las autoridades y frenar las acciones de los delincuentes.
Pero las autoridades no hicieron nada; en cambio los criminales fueron y balacearon una tortillería fundada en 1962. Más de 50 años de trabajo e historia, terminaron con la muerte de la dueña del expendio, una señora de 60 años, y sus dos empleadas.
Esto ocurrió el lunes 5, por eso el cierre de las tortillerías se extendió hasta el martes 6.
Al problema, casi absurdo (una ciudad sin tortillas en México), los celayenses le encontraron sus propias soluciones:
“¿Qué se hace, eh? Hay que trabajar, ¿verdad?”, dijo al ser cuestionada al respecto una empleada en una de las dos tortillerías que permanecieron abiertas.
“Todas las tortillerías están cerradas. ¿Ahora qué vamos a hacer?”, se preguntó otra mujer, y, práctica, se respondió de inmediato: “Pues ir a Mega, ahí de seguro hay tortillas”.
Incluso, según un sacerdote, en redes sociales se formaron cadenas de oración para pedir por Celaya. “La oración tiene poder, y que las autoridades hagan lo que les corresponde”, dijo el cura al diario El Universal.
Uruapan: una carnicería
Pero si alguien pensó que dejar sin tortillas a una ciudad ya era un agravio excesivo por parte del crimen, y que la crisis por la inseguridad estaba tocando fondo, aún faltaba algo peor.
El jueves el apocalipsis se trasladó a Uruapan. El municipio michoacano amaneció convertido en una carnicería: 19 cuerpos sin vida, algunos de ellos colgados y regados en un radio de tres kilómetros. Seis cuerpos colgando de un puente, otros siete, troceados y regados: cabezas, brazos piernas. Tres cuerpos completos, más allá, otros tres embolsados por acullá.
A las cuatro de la mañana, la gente que iba a trabajar vio el “operativo” que montaron los criminales para exhibir sus atrocidades: Varios sujetos armados vigilando desde taxis y motocicletas, mientras otros colgaban los cuerpos y regaban los restos en la vía pública.
“Todo el horror de México se concentra en una calle de Michoacán”, cabeceó el diario español El País.
Los diarios nacionales en sus crónicas, usaron palabras como “terror”, “horror”, “masacre”, “jornada violenta”: los viejos lugares comunes de la nota roja mexicana que han vuelto con nuevo brío a las portadas.
Al día siguiente, la fiscalía michoacana dio alguna información sobre 13 de las víctimas. Todas tenían ocupaciones aparentemente normales. Comerciantes, amas de casa, algún estudiante. Algunos habían sido levantados desde el 4 de agosto, pero las familias no se atrevieron a denunciar. Otro dato: en los exámenes toxicológicos todos dieron positivo por metanfetaminas, es decir, o consumían la droga, o los hicieron consumirla en el cautiverio.
La trampa de la guerra
El viernes, desde Durango, donde la inseguridad ha cedido, según las autoridades, el presidente López Obrador declaró: “no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos y que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y violencia”.
“Vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia… la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo el mandatario al reconocer que puede llevar tiempo, pero “esa es la mejor estrategia, la otra (de declarar la guerra) está demostrada que fracasó”.
Por su parte, el sector empresarial expresó su “preocupación”, sobre lo ocurrido en Michoacán.
San Miguel de Allende sin cantinas
El viernes, la agencia Notimex, informó que “Locatarios del Centro Histórico de San Miguel de Allende denunciaron que han sido víctimas de extorsiones, pues hace tres semanas sujetos dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y marihuana con notas donde les daban 22 días para vender la droga. Por miedo, cerraron cinco cantinas, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.
“De manera anónima, por miedo a represalias, comerciantes declararon que prefirieron cerrar sus negocios, antes de que se cumpliera el plazo que venía en la nota escrita a mano en una hoja de libreta, el cual en algunos casos era de hasta un mes.
“Por el temor tampoco han denunciado a las autoridades y solo optaron por tirar a la basura las bolsas con las sustancias ilícitas y cerrar sus negocios”. Al menos 80 personas que trabajaban en dichos sitios perdieron su empleo.
“Los locatarios refirieron que no han presentado las denuncias correspondientes por miedo a que les ocurra lo mismo que a los comerciantes de Celaya, quienes el pasado viernes 2 de agosto, también fueron víctimas de extorsiones; el lunes 5 se manifestaron en la presidencia municipal y horas más tarde les balearon tres negocios y mataron a cuatro personas”.
Epílogo: Quién le pone el cascabel al narco
Los hechos que se narran líneas arriba son apenas un resumen incompleto del panorama sangriento que vive el país. Podemos completarlo un poco diciendo que, el viernes, en Veracruz se localizaron nueve bolsas con cadáveres, o que por la noche en San Luis Potosí, tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad dejaron tres muertos.
Pero eso ya ocurre día y noche en el país. El crimen organizado tiene esclavizado a México. Poco a poco ha ido convirtiendo el territorio nacional en un moridero. Día tras día, la violencia criminal arrastra a jóvenes y no tan jóvenes; ancianos, mujeres y niños caen bajo las balas, o siguen sin hallar descanso en las morgues o peor aún, en las fosas clandestinas. Y a estas alturas tal parece que no hay salida.
Políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, exigen poner fin a tan grave problema.
Quienes escribimos sobre la inseguridad y la violencia somos muchos: unos criticamos la estrategia del gobierno, otros nos limitamos a referir los hechos; otros más aventuran posibles remedios, proponen soluciones.
En suma, todo esto nos recuerda la vieja fábula de los ratones que un día se reunieron para determinar cómo le iban a hacer para poner fin al asedio del gato, y determinaron que lo mejor era ponerle un cascabel, para por lo menos tener tiempo de huir cuando el felino se acercara, pero cuando preguntaron quien se atrevía a ponerle el cascabel, todos se quedaron callados.
La moraleja de la antiquísima fábula se apega mucho a la realidad: la situación que vivimos demanda actos que beneficiarán al colectivo, pero por el riesgo que implica realizarlos no hay voluntarios para ponerlos en práctica.
Con impotencia, debemos entender que no hay soluciones mágicas, y que nos espera un largo proceso, que aún hace falta mucho para que termine la oscura y violenta noche de México.
Corporalidad, oposición y resistencia | Columna de Paul Ibarra
Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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