Es una gran medida para frenar la presión inmobiliaria que busca urbanizar áreas protegidas: José Luis Fernández

​Por: Roberto Mendoza

​Con una votación unánime de 452 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el dictamen que reforma el Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Los diputados avalaron las modificaciones que transforman diversas infracciones, anteriormente administrativas, en delitos sancionados con penas de prisión, dirigidos principalmente contra la simulación empresarial y la violación de sellos de clausura.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández vinculó la aprobación de este marco legal con la protección directa de San Luis Potosí, específicamente para la Sierra de San Miguelito y la Cañada del Lobo. El legislador del Partido Verde explicó que existe una fuerte presión inmobiliaria en estas zonas, donde los desarrolladores solían apostar a una política de “hechos consumados” para urbanizar; con la reforma al artículo 418, que eleva las penas de prisión cuando se afecta un Área Natural Protegida, se busca frenar estas prácticas de manera definitiva.

​Fernández también destacó que la protección de los recursos hídricos en la región Huasteca se verá reforzada, advirtiendo que el endurecimiento de las penas por descargas de aguas residuales o químicos dota a las autoridades de herramientas para perseguir a quienes contaminan ríos y lagunas. Además, señaló como novedad la introducción de la reparación del daño mediante la repatriación de especies, lo que obliga a los traficantes de fauna silvestre a costear el retorno de los ejemplares a su hábitat de origen, más allá de las sanciones económicas o privativas de la libertad.

​El dictamen aprobado modifica diversos artículos para cerrar brechas legales, como la nueva redacción del artículo 187 que impone penas de dos a siete años de prisión a quien quebrante sellos de clausura, equiparando al delito la continuidad de actividades aunque los sellos permanezcan intactos. Asimismo, se tipifica el fraude por información ambiental falsa o “greenwashing” para obtener lucro financiero, y se establecen penas de cinco a quince años de prisión para el tráfico de especies endémicas como la Totoaba.

Claudia Sheinbaum destacó que en el primer año se entregarán más de 6 mil viviendas nuevas como parte de Vivienda para el Bienestar

Por: Redacción

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que como parte del programa Vivienda para el Bienestar entre noviembre y diciembre de este año se entregarán 6 mil 401 viviendas terminadas: 4 mil 871 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y mil 530 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en el primer año se entregarán más de 6 mil viviendas nuevas como parte de Vivienda para el Bienestar con el que se construirán viviendas a través de la Conavi, FOVISSSTE e Infonavit que además contempla beneficios para 5 millones de familias que verán reestructurados los créditos impagables que se les impusieron en la época neoliberal.

“Durante seis años van a ser: 5 millones de crédito reestructurados, para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además un millón 300 mil viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados, lugares dignos, con acceso a todos los que tienen entre uno y dos salarios mínimos de ingreso y luego 430 mil mejoramientos de vivienda. Y luego aparte para todos los que no tienen Infonavit y que tienen FOVISSSTTE también va a haber construcción de viviendas y además para todos los que no tienen ni FOVISSSTE ni Infonavit. Y ahora ya estamos entregando vivienda en el primer año de Gobierno”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

De las Heras indicó que un 62% de los encuestados cree que hubo grupos pagados para provocar incidentes

Por: Redacción

Una encuesta telefónica nacional realizada por De las Heras el 19 y 20 de noviembre de 2025 muestra que las movilizaciones del 15 de noviembre tuvieron un amplio alcance mediático y social. El estudio, aplicado a mil personas mayores de 18 años con teléfono fijo, señala que el 78% de la población estuvo enterada de las marchas realizadas en diversas ciudades del país, mientras que solo el 22% no tuvo conocimiento del tema.

En cuanto a la percepción sobre quién convocó las movilizaciones, los resultados indican que la ciudadanía no tiene una identificación homogénea. El 33% considera que la organizó la Marea Rosa, mientras que un 26% cree que fueron los jóvenes quienes la impulsaron. Otro 5% considera que ambos grupos participaron, y un 36% dijo no saber.

El estudio también exploró la opinión pública respecto a los hechos de violencia registrados durante las marchas. El 51% de los encuestados señala a un grupo de manifestantes como responsables del inicio de los actos violentos, mientras que el 21% considera que fue la policía. El 28% restante no tiene claridad sobre quién inició los incidentes.

Una percepción similar aparece en torno a la posibilidad de que hubiera grupos infiltrados: el 62% de las personas encuestadas cree que hubo un grupo de manifestantes pagado para provocar disturbios, frente a un 20% que descartó esa posibilidad.

Respecto al desempeño de las corporaciones de seguridad, la opinión de los entrevistados se encuentra dividida. El 39% considera que la actuación policial fue “justa”, mientras que el 28% la califica como “excesiva” y el 15% la ve como “débil”. El resto no logró definir una opinión. Estos datos evidencian una evaluación ciudadana fragmentada sobre el papel de la fuerza pública durante las protestas.

La encuesta también midió la percepción sobre si el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reprime o no la libertad de expresión. Según los datos, el 53% cree que no existe represión, mientras que el 38% considera que sí. El 9% no cuenta con opinión al respecto. Esta división muestra que, pese a la intensidad del debate público alrededor de las marchas, una mayoría sostiene que no existe una política de inhibición directa a las expresiones ciudadanas.

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