Destacadas
Usan al Congreso de SLP como una agencia de colocaciones para la UEC
Los candidatos para entrar a la UEC del Congreso no tenían experiencia, título profesional, o el perfil adecuado… pero muchos eran recomendados
Por: Redacción
Las propuestas de candidatos para ocupar los cargos en la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del Congreso del Estado están llenas de personas sin título profesional, sin el perfil adecuado o sin la experiencia necesaria, pero también muy cercanos a personajes de la política estatal, sin tomar en cuenta las necesidades reales de ese órgano legislativo.
La UEC necesita contratar especialistas en tres ramas específicas: un especialista jurídico legal que trate los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos; un fiscal contable que pudiera revisar las auditorías en fondos y valores públicos de los entes auditables y otro especialista en fiscalización de obras públicas.
Entre los candidatos está Urbano Moreno Vargas, militante panista que incluso como regidor suplente en la planillla de regidores de Alejandro Zapata Perogordo. Es contador público titulado en 1990.
También está José de Jesús Mata Macías, ingeniero agrónomo zootecnista con cédula profesional, pero cuya carrera que no empata con las atribuciones que se solicitan. Su currículum también dice que está cursando la licenciatura en derecho desde mayo de 2018.
David Eduardo Ortega Martínez, es uno de los candidatos que no tiene carrera, o al menos no puede ser localizado en Registro Nacional de Profesiones. Su currículum en cambio dice que estudió administración de empresas, con la leyenda titulación en trámite.
Fernando Alejandro Almazán Maldonado fue postulado para secretario técnico de la UEC. Su currículum menciona que es economista por la Universidad Anáhuac, financiero por la Universidad de Carolina del Sur y econometrista por la Universidad de Chicago. Sin embargo, Almazán Maldonado tampoco aparece en el Registro Nacional de Profesionistas y no adjuntó nada que certifique esa trayectoria académica. Su currículum además menciona que fue asesor de dos gobernadores y de tres secretarios: de Finanzas, Secretaría General de Gobierno y Educación. También dice que fue asesor de tres presidentes de la Comisión de Vigilancia y de uno más de la Comisión de Hacienda. Su resumen además asegura que fue asesor de 27 legisladores de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT. No se especifica, sin embargo, en qué fechas y de qué gobernadores funcionarios y legisladores fungió como asesor.
Otro de los candidatos es Tito Enrique Rodríguez Guerrero, quien podría ser hijo del exdiputado Tito Rodríguez. Rodríguez Guerrero fue militante priista, pero renunció al partido para ser candidato a diputado local independiente por el distrito de Ciudad Valles.
Luis Manuel Ruiz Guzmán es licenciado en Derecho por la UASLP. Sin embargo, según puede verse en fotografías, es una persona cercana al delegado Gabino Morales. Fue subgerente de una tienda de helados Dairy Queen y después se ha dedicado a ocupar cargos partidistas en Morena: como secretario de Formación, Capacitación y Educación Política en el primer comité municipal de Morena; candidato a regidor plurinominal suplente por Morena en el proceso electoral 2015 y candidato a regidor plurinominal, también por Morena. También fue titular de la unidad de información del partido, servidor social en el juzgado cuarto de lo familiar del Poder Judicial. También ha fungido en la secretaría del Bienestar durante este año.
Otro candidato es el contador público Abraham Mora Valenzuela, empleado del partido Conciencia Popular, donde ha sido promotor del voto.
Además está Juan Manuel Rosales Moreno, contador público que labora en la Contraloría General de Gobierno, lo que representaría un conflicto de intereses, pues la UEC vigilaría los trabajos de la Auditoría Superior del Estado.
Está también Juan Eduardo Reyna Ortiz, quien ha fungido como director de recaudación y política fiscal en la secretaría de Finanzas estatal, lo que igual representaría un conflicto de interés.
Otra candidata es Dulce María González Reyes, cuyo currículum menciona que es terapeuta activa, terapeuta floral y practica la aromaterapia.
De Eric Ríos Díaz se sabe que es licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana y trabaja en la Secretaría de Educación estatal desde 2012, es decir, también ocupa un cargo en una dependencia a auditar por la UEC, lo que podría convertirse en un conflicto de intereses..
Juan Carlos Ruvalcaba Segura tiene experiencia como auditor interno de la Secretaría de Educación estatal, por lo que, al igual que Ríos Díaz, podría ser recomendado por Jorge Ovidio Robledo, el titular de la UEC, pues también laboró en la SEGE.
Hugo Israel Luna Cano, otro de los candidatos, trabaja actualmente en la ASE, el órgano al que la UEC vigilaría.
Entre todos estos perfiles, no existe alguno que pueda dedicarse a la revisión de obras públicas.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Destacadas
Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Destacadas
SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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